Oscar Alejandro Mora Castillo
Expediente 1279/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1279/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Oscar Alejandro Mora Castillo
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 02 DE agosto DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de diez de febrero de dos mil dieciséis (fojas 173 a 183), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso********************, para que el Juez Séptimo de lo Pena de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "a) Provea lo necesario para que se respete la garantía de brevedad en el proceso a que se refiere el artículo 20 Apartado A fracción VIII constitucional a efecto de que en el término de tres días siguientes al en que se le requiera el cumplimiento de esta sentencia desahogue la junta de peritos ordenada por el tribunal de alzada (sólo para el caso de que ésta última todavía no se haya llevado a cabo) incluso haciendo uso de las medidas de apremio que establece la ley procesal de la materia; y, b) Una vez hecho lo anterior, declare cerrada la instrucción (tomando en cuenta que la reposición del procedimiento tiene como único objeto el desahogo de la junta de peritos) y, posteriormente mande a poner la causa a la vista del Ministerio Público para que dentro del término de tres días formule sus conclusiones, las que una vez establecidas tendrá que poner a la vista de la defensa para que dentro del mismo tiempo formule las suyas y, presentadas dichas conclusiones o en caso de que se tengan por formuladas las de inculpabilidad, cite a la audiencia de vista que deberá celebrarse dentro del término de cinco días como lo establece el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, desahogada la misma, proceda a dictar sentencia definitiva en el proceso penal 216/2013 (sic) de su índice, dentro del plazo de seis días que señala el artículo 234 del ordenamiento legal en cita y, dentro de las veinticuatro horas siguientes notifique ese fallo. En la inteligencia que, para poder dar cumplimiento a esta sentencia el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla queda obligado a vigilar que durante la substanciación de la causa penal de origen se respete la garantía de brevedad en el proceso, por lo que, deberá verificar que las diligencias, notificaciones y citaciones se realizaren dentro de los términos que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defesa Social para el Estado de Puebla." (fojas 182 y 183). Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 199 a 201). Mediante oficio 2482 de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, informó a este juzgado que en diligencia de esa misma fecha llevó a cabo el desahogo de la junta de peritos dentro del proceso penal 28/2011 de su índice (fojas 259, 262 y 263). En diverso proveído de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, se nombró perito tercero en discordia que rindió su dictamen y lo ratificó mediante diligencia de cuatro de abril de dos mil dieciséis (fojas 264 y 273) Mediante oficio 3123 el referido juzgador informó que en auto de siete de abril de dos mil dieciséis declaró cerrada la instrucción (foja 280), en diversos oficios 3559 de veinte de abril de dos mil dieciséis y 4679 de veintiséis de mayo del mismo año informó que el ministerio público y la defensa formularon conclusiones y en ese mismo oficio (4679), agregó que en la propia fecha desahogó la audiencia de vista en el referido proceso penal (fojas 295, 315 y 317 a 318). Finalmente, por oficio 5393 de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el Juez Séptimo de lo Penal encargado del cumplimiento, remitió copia certificada de la sentencia pronunciada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis en el proceso 29/2011 y sus respectivas notificaciones (fojas 337 a 357 y 366 a 367). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se negó la suspensión y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de cuatro de julio del año en curso, pues al constituirse en la calle Rio Jamapa 4560 Colonia Jardines de San Manuel en la ciudad de Puebla, y cerciorándose de ser la calle correcta se percató que la numeración termina con el número cuatro mil trecientos cuarenta y dos y continúa cruzando la calle con el número cinco mil ciento uno, lo que hace impreciso el domicilio señalado para el desahogo de la mencionada diligencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese a la parte quejosa el proveído de cuatro de julio del año en curso, el presente auto por medio de lista de acuerdos. EL PROVEÍDO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN LO CONDUCENTE DICE: " Número de expediente: 1279/2015 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera de la ciudad de Puebla, visto su contenido y en cumplimiento al auto de veintiocho de junio del actual, remite la constancia de notificación de la resolución de dos de junio de dos mil dieciséis, dictada dentro de la causa penal 29/2011 de su índice, al aquí quejoso. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, así como, con los diversos oficios con los que se le tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo , dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "
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