Óscar Alfonso Monarca García
Expediente 82/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/12/2018
Partes del expediente
- Óscar Alfonso Monarca García
- Director de Atención Vecinal Y Comunitaria de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento del Municipio de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Estado procesal Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. II. Archivo Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto referido, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este juzgado de distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA 2) *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): I. Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, por propio derecho, por el que desahoga en tiempo la prevención que le fue formulada en auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas siete a nueve). II. Se desecha demanda de amparo: Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Director de Atención Vecinal y Comunitaria de la Secretaría de Gobernación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y otra autoridad, así como el escrito aclaratorio de cuenta; este juzgador federal advierte que el juicio constitucional es improcedente y, por tanto, debe desecharse conforme a las razones siguientes. Del artículo 113 de la Ley de Amparo , se desprende la facultad del juez de distrito de desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que se corrobora con el criterio siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Sentado lo anterior, cabe señalar que la parte quejosa reclama la omisión de las autoridades responsables de proveer sus escritos presentados el cinco y nueve de octubre de dos mil dieciocho, en relación con la solicitud de separación al cargo de Miembros Propietarios en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza de forma patente, notoria y absolutamente clara la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente. ... De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece su procedencia contra leyes o actos de autoridad. ... Es corolario de todo lo anterior, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia o no de la acción de amparo cuando se aduce transgredido el derecho fundamental de petición, como acontece en el caso, se debe atender al caso particular, es decir, al tipo de solicitud que se elevó, pues dependiendo del carácter con el que se solicite que actúe, deberá determinarse si la respuesta puede considerase o no acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001, cuyos datos de localización, rubro y texto son del tenor siguiente. "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Bajo esas premisas, para conocer si la falta de contestación a los escritos presentados el cinco y nueve de octubre de dos mil dieciocho, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, se insiste en que se debe atender al tipo de solicitud que se formuló. Para tal efecto, es conveniente señalar que el derecho de petición constituye uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica que implica la garantía individual. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho, en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. En el caso concreto, los quejosos, bajo protesta de decir verdad, manifestaron que desempeñaban el cargo de ***, respectivamente y, en ese contexto, mediante escritos presentados el cinco y nueve de octubre de dos mil dieciocho solicitaron al Presidente de la Junta Auxiliar Municipal y al Director de Atención Vecinal y Comunitaria de la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento de Puebla su separación como ***. Asimismo, en su escrito aclaratorio, indicaron que las peticiones formuladas tenían por objeto concluir la relación administrativa que tenían con la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, tal como se advierte de la transcripción de los escritos petitorios -en la parte conducente-. ... Los antecedentes previamente reseñados ponen de manifiesto que la petición formulada por los quejosos cuando desempeñaban el cargo de ***, se encuentra inserta en el marco de una relación de supraordinación, es decir, entre órganos del propio Estado, en cuyo caso se deben promover otro tipo de mecanismos de solución política para que se dé por concluida la relación administrativa entre aquéllos y la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. De ahí que respecto del acto reclamado se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en el numeral 113 de la referida ley. No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda. ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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