Óscar Alberto Medellín Cabrera

Expediente 1397/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 30 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1397/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Óscar Alberto Medellín Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. TCC. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa que declaró firme el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, que desechó el incidente de inejecución de sentencia 7/2021; devuelve los autos del juicio de amparo indirecto y un legajo de pruebas. Se toma conocimiento. Se acusa recibo a la Superioridad. Archivo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por auto de doce de julio del año en curso, se reservó el archivo. Por tanto, se provee: Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con la sentencia en la que se determinó por un lado sobreseer y por el otro conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional (..) Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de legajo. Se ordena devolver el legajo de pruebas. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 12 DE JULIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de julio de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de quince de junio de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la sentencia del presente juicio de amparo indirecto; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Reserva. Se reserva el archivo hasta en tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, devuelva los autos del amparo, enviados para el incidente de inejecución de sentencia 7/2021. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. TCC desecha inejecución. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, comunica el acuerdo de la Magistrada Presidenta, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictado en el incidente de inejecución de sentencia *** en cuyos puntos resolutivos establece lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha por improcedente el incidente de inejecución de sentencia promovido por *** en relación con la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 1397/2019 del índice del Juzgado Sétimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO. Háganse las anotaciones pertinentes, devuélvanse los autos a su lugar de origen." Se toma conocimiento de lo anterior. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de junio de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Visto el estado actual que guardan los presentes autos, con base en las manifestaciones que expuso la parte quejosa, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, mediante sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se precisaron los actos de las autoridades siguientes: "a) Del Congreso del Estado de Puebla, Junta de Gobierno y Coordinación Política, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y Secretaría General: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el diecisiete de junio y treinta y uno de julio de dos mil catorce. b) Del Gobernador, así como del Presidente, por sí y en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el veintidós de agosto de dos mil catorce." Asimismo, se determinó sobreseer por cuanto hace a la omisión que se atribuyó al Gobernador del Estado de Puebla, y se concedió a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "VII. DECISIÓN (.) "62. Por otro lado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: Las autoridades legislativas designadas como responsables procedan a dar respuesta de forma congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el quejoso a través de dos escritos recibidos el diecisiete de junio y otro de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce; El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado proceda a dar respuesta de forma congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el quejoso a través de dos escritos de petición recibidos el veintidós de agosto de dos mil catorce. Las autoridades responsables deberán tener presente que el derecho de petición únicamente las obliga a pronunciarse sobre las solicitudes que se les formulen los ciudadanos mas no a que se dicten conforme a sus pretensiones, razón por la cual podrán informar a la parte quejosa que son incompetentes para resolver su solicitud, sin que necesariamente deban resolver el problema planteado en la petición y, hecho lo anterior, ordenen su notificación dentro del plazo legal." Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. En el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se acordó el oficio del Secretario Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, y al efecto remitió copia certificada el oficio número S.J. 134/2021, y de la constancia de notificación de dieciséis y dieciocho de marzo del año en curso, respectivamente; por lo que se dio vista al quejoso con dicho cumplimiento. En el mencionado oficio S.J. 134/2021, se advierte que la autoridad responsable acordó en lo que interesa, lo siguiente: Por cuanto hace a la notificación de dicho oficio, remitió la constancia que evidencia que se realizó el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: Cumplimiento de las autoridades legislativas del Estado de Puebla. Por otra parte, en el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se recibieron los oficios DGAJEPL/CAJC/182/2021 y DGAJEPL/CAJC/183/2021, de la Secretaría General del Congreso del Estado de Puebla y de la Diputada Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en representación del Congreso del Estado de Puebla, a través de los cuales comunicaron el cumplimiento al fallo protector, y al efecto remitieron copia certificada de los diversos oficios 1240/2021 y PJGyCP/051/21, que emitieron como contestación a las peticiones del quejoso, así como de sus constancias de notificación como se advierte de las siguientes imágenes: Con base en lo expuesto, se estima que los efectos de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo se encuentran cumplidos, ya que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por conducto del Secretario Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como la Secretaría General del Congreso del Estado de Puebla, y la Diputada Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por sí y en representación del Congreso del Estado de Puebla, emitieron una respuesta a las peticiones del quejoso. En atención a lo anterior, debe indicarse a la parte quejosa que la sentencia de amparo sólo obligaba a las autoridades responsables a que dieran respuesta de forma congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el quejoso como lo exige el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional. Lo anterior, debido a que el derecho de petición únicamente garantiza que la autoridad otorgue una contestación, sin que exista obligación que la misma sea en un determinado sentido, siempre que sea congruente y que se encuentre debidamente fundada y motivada. De ese modo, en el supuesto de ser desfavorable a los intereses del promovente, se podrá solicitar o exigir mediante la vía recursal o jurisdiccional; pues los recursos administrativos son impugnaciones a la legalidad de los actos de autoridad que se encaminan, esencialmente, a conseguir su nulidad o modificación. "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Así, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, con las constancias antes señaladas, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, al haber dado contestación al quejoso como se ordenó en la sentencia emitida, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. No resultan obstáculo a lo anterior las manifestaciones del quejoso en el sentido que las autoridades legislativas no dieron cumplimiento a la sentencia de amparo, debido a que sólo exhibieron el acuse del escrito de treinta y uno de julio de dos mil catorce, y el de diecisiete de junio de esa anualidad. Sin embargo, debe recordarse que el efecto de la sentencia de amparo consistió en que las autoridades legislativas dieran respuesta a sus escritos recibidos el diecisiete de junio y otro de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, pero no se precisó como un efecto de la sentencia que se exhibieran los acuses correspondientes. Por otra parte, aduce que la Secretaria General del Congreso, en la página dos de su oficio menciona que fue el Director del Periódico Rodolfo Macías Cabrera quien hizo la solicitud en relación a su huelga de hambre; sin embargo, aduce que dicha petición y la huelga de hambre las realizó él mismo. Al respecto, conviene precisar que en el escrito de petición recibido ante el Congreso del Estado de Puebla el treinta y uno de julio de dos mil catorce, el quejoso realizó las peticiones siguientes: a) Se informe por qué razón no se incluyó el ocurso que presentó el Director del Periódico San Antonio Newspaper en relación con la huelga de hambre del quejoso. b) Que se informe al quejoso en qué fecha se incluirá en la orden del día la petición que formuló Rodolfo Macías Cabrera. En relación con tal petición, la referida autoridad legislativa sostuvo esencialmente lo siguiente: Que el ocurso presentado por Rodolfo Macías Cabrera en su carácter de Director del Periódico San Antonio Newspaper, relacionado con su huelga de hambre se incluyó en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de veinte de agosto de dos mil catorce, dentro del punto cuarto, el cual fue turnado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Para acreditar lo anterior, exhibió copia simple del orden del día de dicha sesión, así como copia del escrito de veinte de agosto de dos mil catorce, en el que los integrantes de la Comisión Permanente de dicha Legislatura dispensaron la lectura de los asuntos precisados en los puntos del tres al once, a fin de que fueran turnados a las comisiones Generales; finalmente, acompañó copia de la primera hoja del escrito presentado por Rodolfo Macías Cabrera en el cual se aprecia el título "HUELGA DE HAMBRE", en el que se aprecia en la parte superior derecho que fue asignado el veinte de agosto de la citada anualidad. Con base en lo anterior, se puede apreciar que la solicitud del quejoso consistió en que se le informara por qué no se incluyó el ocurso que presentó el Director del Periódico San Antonio Newspaper en relación con la huelga de hambre del quejoso, y que se le informará la fecha de la sesión en la que sería incluido. Por tal motivo, y sin calificar la legalidad de la respuesta emitida -por no ser materia de este auto-, se puede apreciar que la autoridad legislativa de mérito dio respuesta a la petición del quejoso, pues se refirió al escrito presentado por Rodolfo Macías Cabrera en su carácter de Director del Periódico San Antonio Newspaper, tal como lo solicitó el quejoso, por lo que no podría considerarse que exista algún vicio de incongruencia u omisión en la respuesta emitida. Por otra parte, el quejoso también refiere que no puede considerarse cumplida la sentencia de amparo debido a que falta que cumpla el Pleno del Congreso, para lo cual es necesario que en la respuesta se incluyan las cuarenta y un firmas de las diputadas y diputados, y de igual forma, falta que cumpla la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para lo cual es necesario que en la respuesta se incluyan las diez firmas de las diputadas y diputados que la integran. Sin embargo, contrario a lo señalado por el quejoso, se estima que para el cumplimiento de la sentencia basta la respuesta emitida por la Diputada Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en representación del Congreso del Estado de Puebla, si se pondera que dentro de sus atribuciones se encuentran las relativas a la coordinación de la propia Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como la representación del Poder Legislativo del Estado de Puebla, tal como se desprende del artículo 101, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Congreso de la propia Entidad Federativa, el cual establece: "ARTÍCULO 101. Son atribuciones del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política: (.) II. Coordinar las funciones y actividades de la Junta de Gobierno y Coordinación Política; III. Ejercer la representación legal del Poder Legislativo del Estado, pudiendo delegar dicha representación al Secretario General o al Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos cuando lo considere adecuado;" Con base en lo anterior, y como se adelantó, se estima que las autoridades responsables demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, al haber dado contestación al quejoso como se ordenó en la sentencia emitida, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. En ese sentido, resulta improcedente la solicitud formulada por el quejoso en el sentido de imponer una multa a las autoridades responsables, pues como ha quedado precisado, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia amparadora. Ahora bien, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Quejoso promueve inejecución de sentencia. Por otra parte, de sus escritos se advierte que Oscar Alberto Medellin Cabrera, pretende promover incidente de inejecución de sentencia., por consiguiente, toda vez que este juzgado es legalmente incompetente para analizar la procedencia del mismo se ordena lo siguiente: Fórmese expedientillo, con copia del auto admisorio, de la sentencia definitiva, del auto que causa ejecutoria y los autos subsecuentes; haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Hágase saber a las partes tal determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior y una vez que obren en autos las constancias de notificación y el acuse de recibo del oficio por medio del cual se hace del conocimiento a las autoridades responsables, el contenido del presente proveído, remítase el juicio de amparo a la Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno para la substanciación y decisión que se hace valer. Quejoso señala nuevo domicilio. Finalmente, se advierte que el quejoso señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de veintinueve de marzo del año en curso. Correo electrónico y teléfonos. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/20201, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando una cuenta de correo electrónico y números telefónicos, a fin de mejorar la comunicación -no procesal-. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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