Oscar Alfonso Almeida Díaz

Expediente 948/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
948/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Oscar Alfonso Almeida Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso por el que le fue devuelto el anexo remitido a los presentes autos, consistente en el original del incidente no especificado de traslado, deducido de la causa penal 49/2013-III de su índice. *

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, no se interpuso recurso de revisión dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio, y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase al Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el original del incidente no especificado, derivado de la causa penal 49/2013 III, que remitió como complemento a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Intégrese el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito con residencia en esta ciudad, por medio del cual insta copia certificada de todo lo actuado en el presente sumario, por los motivos que expone. En ese orden, remítase la copia que solicita para los efectos legales a que haya lugar. *

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 948/2019 II-B, original del incidente no especificado de la causa penal *** y el testimonio de la resolución emitida en el Conflicto Competencial 16/2019, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovido pos Oscar Alfonso Almeida Díaz al Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca." En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo este Juzgado, se avoca al conocimiento del presente asunto. Agréguense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones respectivas y acúsese recibo. Ahora, de las constancias que integran los autos, quien resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De ese modo, si el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la orden de trasladarlo del lugar donde se encontraba recluido, esto es, del Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, Almoloya de Juárez Estado de México, a diverso centro de reclusión, así como su ejecución; se puede concluir, que si el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Almoloya de Juárez, el veintiocho de junio de la anualidad que transcurre, al resolver el toca penal ***, confirmó la determinación de cuatro de abril del presente año, emitida en el incidente no especificado de traslado, promovido en la causa penal ***del índice del Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que ordenó el referido traslado, es inconcuso que tal actuación judicial, sustituyó la orden de traslado emitida por la autoridad responsable, aquí reclamada. Por tanto, en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, de la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así, de las constancias de autos se obtiene que la orden de traslado reclamada emitida el cuarto de abril del año en curso por el Juzgado Quinto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, la cual había sido previamente autorizada por la diversa autoridad Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y que fue ejecutada por el Directo del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, Almoloya de Juárez, fue sustituida procesalmente por la determinación de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, por el Tribunal Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Almoloya de Juárez, en la que determinó confirmar la determinación del traslado concretizada por la autoridad penitenciaria, en virtud de que se justificó la necesidad objetiva de realizar la reubicación de diversos sentenciados, entre ellos el quejoso Oscar Alfonso Almeida Díaz, del lugar en donde se encontraba recluido, esto es, del Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, Almoloya de Juárez Estado de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato" ubicado en Ocampo Guanajuato. De ahí, que la orden de traslado reclamada, ya no puede ser sujeta a examen en este juicio de amparo a la luz de los conceptos de violación planteados -como lo pretende la parte quejosa-, dado que no podría estudiarse la legalidad o constitucionalidad sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo. Ilustra las consideraciones anteriores, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, página 1579, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, página 845, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." En apoyo a lo anterior, se cita el criterio contenido en la tesis aislada I.9o.C.28 K, que en materia civil y común emitió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la novena época, tomo XIX, marzo de 2004, página 1528, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. SUS DIFERENCIAS.- En materia administrativa la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad administrativa en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En cambio, la destrucción de los efectos en materia jurisdiccional no se da en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional civil, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de manera tal que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, como por ejemplo el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que la interposición del recurso de apelación tiene el efecto de que el tribunal de alzada revoque, modifique o confirme el auto recurrido, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que el superior confirme, los efectos del auto recurrido cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación." De igual manera, se invoca por las razones que la informan, la tesis aislada III.3o.C.23 K, que en materia común emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de la novena época, tomo V, enero de 1997, página 410, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, respecto de la orden de traslado emitida así como su ejecución; lo anterior con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Conforme al sentido de este fallo, no es procedente atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo, atento a la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Asimismo, se hace la precisión que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, virtud a que contienen los mismos principios de la ley vigente y son aplicables al caso; lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. *

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano