Oscar Alejandro Sánchez Davila

Expediente 1289/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1289/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
07/12/2016

Partes del expediente

  • Oscar Alejandro Sánchez Davila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se otorgó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a destruirlos. Por último, devuélvanse a las responsables, las constancias que remitieron a este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1289/2016; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en esa fecha a este órgano jurisdiccional, Óscar Alejandro Sánchez Dávila por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal el amparo y protección de la Justicia Federal. Segundo. Por auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, este juzgado registró y admitió la demanda bajo el número 1289/2016, solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público Federal y, señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades que tienen residencia dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama del Juez, Notificador y Ejecutor del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México todo lo actuado en el juicio 609/2015. Tercero. Certeza del acto reclamado. Dichas autoridades, al rendir su informe justificado aceptaron el acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Se estima aplicable, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por el juzgador responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 609/2015, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. En estudio preferente, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio. Así, este Juzgado de Distrito, de oficio, advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso. En ese sentido, cabe señalar que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ahora bien, en el presente caso sólo se realizará el estudio del interés jurídico, en atención a que el acto reclamado proviene de un tribunal judicial y la parte quejosa aduce ser titular de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa. Por ende, se indica que el interés jurídico a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, es el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que el quejoso estime violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad que ocasiona un perjuicio a los derechos o intereses de su titular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que el quejoso demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En el caso, la parte quejosa manifiesta que desconoce la naturaleza del juicio del que emanan los actos reclamados, por lo que le resulta la calidad de tercero extraño a juicio, pues, se vulnera en su perjuicio el artículo 14 constitucional ya que los actos reclamados tienen como efecto una privación ilegal de la posesión en su calidad de arrendatario del inmueble ubicado en calle Bosques de Framboyanes, número 109-8, colonia Bosques de Colón, municipio de Toluca, Estado de México. A efecto de acreditar su interés jurídico, el quejoso exhibió el contrato privado de arrendamiento celebrado con Griselda Peña Miranda, en su calidad de arrendadora. Sin embargo, el quejoso no ofreció medio de prueba para acreditar que la arrendadora es dueña del inmueble que fuera objeto del contrato que exhibe para acreditar su interés, pues no basta con que ella se ostente con ese carácter, sino que también debe quedar acreditado con documento que así lo avale. Aunado a ello, al referido contrato de arrendamiento, si bien fue exhibido en original, por sí solo carece de eficiencia jurídica para los efectos pretendidos, toda vez que carece de fecha cierta. En este orden, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En caso de que no se actualice alguno de estos supuestos, o bien algún otro establecido por la jurisprudencia en la que se establezca que determinado acto jurídico da fecha cierta al contrato, el documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, toda vez que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si los actos de que se duele el peticionario de garantías, fueron actos anteriores o posteriores a la celebración del contrato. Se expone tal aserto, pues la fuerza convictiva de un título privado que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la celebración cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos, con lo que se evita que se lleven a cabo operaciones desleales, ya que si bien es cierto que dicho acuerdo de voluntades es eficaz para obtener el uso y disfrute del inmueble en controversia, también lo es que debe cumplir los requisitos antes precisados, con el objeto de que adquiera eficacia jurídica frente a terceros, lo cual en el caso no ocurrió. En esta tesitura, si en la especie el solicitante del amparo exhibe un contrato privado de arrendamiento que carece de fecha cierta -pues del mismo no se advierte que esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, que hayan sido presentado ante un funcionario que en razón de su oficio de certeza de la existencia del mismo o que uno de los firmantes haya fallecido dicho documento-, esa documental carece de eficacia para acreditar la afectación a su interés jurídico. Es aplicable la jurisprudencia 24/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En esa virtud, al quedar materializada la hipótesis de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente litigio constitucional con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Sobreseimiento que deberá hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Ejecutor y Notificador adscritos al Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en virtud de que el mismo no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad atribuida a la actuación reclamada de la autoridad ordenadora. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R e s u e l v e: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Óscar Alejandro Sánchez Dávila, respecto de los actos reclamados a las autoridades que precisados quedaron en el resultando primero y en términos del considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe. El Juez El Secretario

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/1277/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal al suscrito Juez Alberto Roldán Olvera, quien a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente:"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312).Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL SIGUIENTE ACUERDO: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento de veinte de los cursantes, indica el domicilio del tercero interesado José Luis Monroy Martínez, ubicado en calle Nicolás Bravo Sur, número doscientos nueve, despacho doscientos cuatro, colonia Centro, en Toluca, Estado de México. En consecuencia se tiene por desahogado el requerimiento efectuado, y como lo refiere el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de esta adscripción para que realice la notificación del presente proveído, y el diverso de treinta de agosto del año en curso, así como emplace a juicio al tercero interesado antes citado, con las constancias necesarias, en el domicilio que indica la autoridad responsable, aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional.

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