Oscar Alavez Celiz

Expediente 679/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
679/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • Oscar Alavez Celiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Reanudación de los plazos y términos procesales Vista la certificación con la que se da cuenta y atento al estado de autos, del que se desprende que este expediente se (1) Que el asunto a que este expediente se refiere se tramitó de forma física, por lo que quedó suspendido el trámite a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte, (2) Que en proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo (3) Que de la búsqueda que se hizo en el libro de registro de este órgano de control constitucional, no se encontró promoción alguna en la que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo y que el término de quince días previsto por los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo, para interponer el citado recurso, trascurrió para la parte quejosa del diecisiete de marzo al veinte de agosto de la presente anualidad y para el tercero interesado del once de marzo al diecisiete de agosto del año en curso; por tanto, con base en lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se reanudan los plazos y términos procesales y se provee lo conducente. Estado procesal. Ahora, tomando en consideración que los plazos se reanudan en el mismo punto en que quedaron suspendidos al dieciocho de marzo de dos mil veinte, y en el caso, el proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte que declara cumplido el fallo protector, se notificó a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada mediante oficio, en tanto que, la notificación personal a la parte quejosa se realizó el doce de marzo de dos mil veinte, el plazo para que las partes interpusieran el recurso de inconformidad correspondiente, se reanudará acorde a la disposiciones previstas en el artículo 2º, fracción I, del Acuerdo 21/2020 anteriormente citado, esto es, a partir del tres de agosto, conforme al siguiente calendario: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 2 3 4 5 6 7 8 9 Notificación tercero interesado 10 Surte efectos 11 12 de marzo (Notificación parte quejosa) 13. Surte efectos 14 15 16 Inhábil 17 18 Suspensión de labores 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Abril 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 Mayo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Junio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 julio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Agosto 2 3 Reanudación del plazo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Conclusión del plazo parte quejosa. 21 22 23 Conclusión del plazo tercero interesado Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de quince días previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de tres de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y de documentos originales, toda vez que por lo que ve a la primera no se ordenó la apertura de incidente de suspensión por no haberlo solicitado y tampoco se exhibieron los segundos . Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio "Agenda OJ", en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Notificación Se exhorta a los actuarios de la adscripción para que tomen las medidas sanitarias necesarias, debido al fenómeno de salud COVID 19, y previo a trasladarse a realizar las notificaciones que se dicten en este expediente, agoten los medios electrónicos, como pueden ser, correos electrónicos o fax, debiendo recabar el acuse de recibo ya sea electrónico o bien vía telefónica. Anotaciones e integración de expediente electrónico Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así como en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Parte quejosa desahoga prevención formulada en autos. Visto el escrito signado por Oscar Alavez Celiz, por el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, pues señala lo siguiente: I.- Preciso como autoridad responsable ordenadora al Juez Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad de Morelia con domicilio en calzada la huerta número 400 de la colonia nueva Valladolid de esta ciudad. Preciso como autoridad responsable ejecutora al Actuario adscrito al Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad de Morelia con domicilio en calzada la huerta número 400 de la colonia nueva Valladolid de esta ciudad. II.- Preciso como acto reclamado de la Ordenadora, la orden dada al actuario adscrito al Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, a fin de que se constituyera en el domicilio ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, a fin de que se me emplazara respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 636/2020 radicadas en el Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, domicilio del que no soy dueño ni tenga la posesión ni soy arrendatario de dicho predio, lo cual me deja en estado de indefensión y me causa molestias en mi persona. Preciso como acto reclamado de la ejecutora, la orden recibida de las ejecutoras de que se constituyera en el domicilio ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, a fin de que se me emplazara respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 636/2020 radicadas en el Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, domicilio del que soy dueño ni tenga la posesión ni soy arrendatario de dicho predio, lo cual me deja en estado de indefensión y me causa molestias en mi persona. III.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 636/2020 radicadas en el Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, figura como parte actora ELICER JACOBO VALLEJO y como intervinientes el suscrito C.OSCAR ALAVEZ CELIZ u/o dueño y/o representante legal de la moral bar sirenas y/o persona que se ostenta como dueño del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, así mismo manifiesto que la materia de dichas diligencias es la notificación de la terminación del contrato verbal de arrendamiento, y se ordenó la notificación de la terminación del contrato verbal de arrendamiento. IV- Respecto del estado procesal del referido procedimiento de origen, manifiesto que dichas diligencias se encuentran concluidas pues su finalidad es llevar a cabo la notificación de la terminación del inexistente contrato verbal de arrendamiento, acto que fue llevado a cabo por el actuario adscrito al Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad sin que se haya promovido algún recurso de impugnación." En esas condiciones, se ordena proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Síntesis de los antecedentes de la demanda de amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda así como del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido tienen su origen dentro de la sustanciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria 636/2020, que promovió Elicer Jacobo Vallejo, con la finalidad de notificar al aquí quejoso, la terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas". Asimismo, que dicho procedimiento subyacente se encuentra concluido, pues el mismo tenía como única finalidad notificar al quejoso Oscar Alavez Celis, la terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble referido en el párrafo que antecede, lo cual fue ordenado y ejecutado, pues conforme al problema jurídico planteado, la parte quejosa señala como acto destacado, la ejecución de dicha determinación, pues refiere expresamente que el acto reclamado consiste en dicha determinación y su ejecución, es decir, la notificación del contrato verbal de arrendamiento referido, la cual se realizó en el inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad. Fijación del acto reclamado. Así del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: La orden de notificación de las diligencias de jurisdicción voluntaria 636/2020, sobre terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas", del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como su ejecución, la cual se realizó el diecinueve de octubre pasado. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, y la diversa fracción I del artículo 1º, todos de la Ley de Amparo, interpretados estos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En efecto, la invocada disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la constitución federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Ahora, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: I. Actos ejecutados fuera de juicio -entre ellos, medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria-; II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia-; y, III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-. En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido. Sin embargo, la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios connaturales que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste], reglas que derivan de la interpretación constitucional que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de las distintas etapas históricas del Semanario Judicial de la Federación. De manera particular, por lo que ve a los actos de autoridad que se ubican fuera de juicio, como ocurre en el presente caso en que se impugna la orden de que se notififique la terminación del contrato de verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas", el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, consideró que tratándose de actos fuera de juicio que se dicten dentro de un procedimiento o trámite secuencial, el amparo sólo procederá contra la resolución que le ponga fin y, siempre que se afecten los intereses del particular quejoso, por lo cual es conveniente invocar el extracto siguiente: "(.) Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular. Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general, algunas de las cuales han quedado transcritas al inicio de este considerando y a las que conviene agregar la prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual dispone:----Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:- (...) II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.-En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;'(.)-El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquélla con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción II), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución definitiva que autoriza o niega la venta de la prenda (.)". En esa línea de pensamiento, como es apreciable en el texto transcrito, si bien los actos dictados fuera o después de concluidos el juicio representan una hipótesis de procedencia para el amparo indirecto, lo cierto es que cuando dichos actos tengan un procedimiento o trámite secuencial, deben atenderse a la regla general de procedencia del juicio de derechos humanos, a saber, que sólo procede contra la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate siempre y cuando esta cause una lesión a algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Sobre la procedencia del juicio de amparo contra los actos surgidos fuera de juicio, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". La hipótesis de procedencia antes citada deriva de una regla general que, a su vez, deriva del origen connatural del juicio de amparo, el cual se concibe como un medio extraordinario de defensa que, por regla general, tiene la categoría de instancia terminal y, por ello, su procedencia se encuentra supeditada a que se haga valer contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, "por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda" Lo anterior, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94 citada en líneas precedentes y que se reiteró en la diversa ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2015/2009, donde realizó una interpretación de las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde a las fracciones IV y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y que se refieren a la hipótesis de procedencia del juicio de derechos humanos contra actos jurisdiccionales emitidos fuera de juicio o después de concluido; consideraciones que se transcriben a continuación: [.] "Paralelamente, el amparo se sigue admitiendo contra actos emitidos por autoridades distintas a las judiciales, lo cual es connatural a su originaria concepción. En esta materia, y ante el surgimiento de los procedimientos administrativos, no resulta extraño que se establezca para ellos una regla análoga a la creada para el amparo directo, que hoy se consagra en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo: el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Analizado de esta manera, es sencillo desentrañar el sentido de la fracción III del precepto en comento, que reglamenta lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Si los actos emanados de un Juez, dentro de juicio, son susceptibles de análisis constitucional a través del amparo, con mayor razón lo son los actos que el Juez emita fuera de juicio, o después de concluido el mismo. Si se trata de un acto aislado, resulta casi reiterativa la norma, pues lo único que distingue a dichos actos de cualquier otro acto de autoridad, es que son emitidos por una autoridad judicial. El problema surge, una vez más, tratándose de una concatenación de actos, que configuran un procedimiento, pues en esos casos, cobrará aplicación nuevamente una regla análoga a la concebida para el amparo directo, según la cual, únicamente debe señalarse como acto reclamado la última resolución y, por su conducto, vía conceptos de violación, podrá plantearse la inconstitucionalidad de actos intermedios, siempre que hayan dejado indefenso al impetrante. Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio, que afecten garantías individuales de tal manera, que de esperar a que concluya el juicio, la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, esto es, señalándose dichos actos como reclamados, sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Este amparo se plantea ya no ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino ante un Juez de Distrito, esto es, se trata de un juicio de amparo biinstancial o indirecto." [.] Señalado lo anterior, dado que el acto reclamado se emitió fuera de juicio, pues el mismo consiste en la orden de notificar las diligencias de jurisdicción voluntaria 636/2020, sobre terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas", del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como su ejecución, la cual se realizó el diecinueve de octubre pasado, es conveniente señalar que dicha actuación pese a que consiste en la determinación definitiva del procedimiento subyacente, lo cierto es que dicho acto destacado únicamente tiene por objeto notificar el quejoso la terminación del contrato de arrendamiento que tenía celebrado, en los términos solicitados por el arrendador, lo que evidentemente, no le irroga prejuicio alguno, o lo deja en estado de indefensión para que haga procedente la demanda de amparo de mérito, pues inexiste declaración o pronunciamiento judicial alguno por parte de la autoridad judicial, dado que su actuar sólo se circunscribe a llevar a cabo la notificación pretendida por la promovente de dichas diligencias. Es decir, el acto que se reclama en esta instancia constitucional únicamente tuvo por objeto hacer saber a la parte quejosa la voluntad del arrendador de dar por concluido el arrendamiento, lo cual desde luego no constituye un ataque a los derechos sustantivos del quejoso, pues no es un acto de imperio, en atención a que no conlleva algún otro efecto positivo o negativo que incidiera en forma directa en la esfera jurídica del promovente del amparo. Lo anterior se explica dado que el acto reclamado en comento no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, posesión, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, la notificación de la terminación del contrato verbal de arrendamiento que se verificó al quejoso (en cuanto presunto arrendatario), constituye un acto fuera de juicio que indudablemente no afecta derechos sustantivos, ni deja sin defensa a la parte notificada (para que sea procedente el juicio de amparo en contra de la última determinación de dicho procedimiento secuencial), pues en todo caso, el juicio de terminación que en su caso llegue a entablarse en contra de éste, hará viable que el quejoso, en cuanto posible demandado, pueda defenderse alegando lo que a su interés convenga. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Parte quejosa desahoga prevención formulada en autos. Visto el escrito signado por Oscar Alavez Celiz, por el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, pues señala lo siguiente: I.- Preciso como autoridad responsable ordenadora al Juez Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad de Morelia con domicilio en calzada la huerta número 400 de la colonia nueva Valladolid de esta ciudad. Preciso como autoridad responsable ejecutora al Actuario adscrito al Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad de Morelia con domicilio en calzada la huerta número 400 de la colonia nueva Valladolid de esta ciudad. II.- Preciso como acto reclamado de la Ordenadora, la orden dada al actuario adscrito al Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, a fin de que se constituyera en el domicilio ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, a fin de que se me emplazara respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 636/2020 radicadas en el Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, domicilio del que no soy dueño ni tenga la posesión ni soy arrendatario de dicho predio, lo cual me deja en estado de indefensión y me causa molestias en mi persona. Preciso como acto reclamado de la ejecutora, la orden recibida de las ejecutoras de que se constituyera en el domicilio ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, a fin de que se me emplazara respecto de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 636/2020 radicadas en el Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, domicilio del que soy dueño ni tenga la posesión ni soy arrendatario de dicho predio, lo cual me deja en estado de indefensión y me causa molestias en mi persona. III.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 636/2020 radicadas en el Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad, figura como parte actora ELICER JACOBO VALLEJO y como intervinientes el suscrito C.OSCAR ALAVEZ CELIZ u/o dueño y/o representante legal de la moral bar sirenas y/o persona que se ostenta como dueño del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, así mismo manifiesto que la materia de dichas diligencias es la notificación de la terminación del contrato verbal de arrendamiento, y se ordenó la notificación de la terminación del contrato verbal de arrendamiento. IV- Respecto del estado procesal del referido procedimiento de origen, manifiesto que dichas diligencias se encuentran concluidas pues su finalidad es llevar a cabo la notificación de la terminación del inexistente contrato verbal de arrendamiento, acto que fue llevado a cabo por el actuario adscrito al Juzgado Primero De Primera Instancia En Materia Civil de esta ciudad sin que se haya promovido algún recurso de impugnación." En esas condiciones, se ordena proveer lo conducente respecto a la demanda de amparo que nos ocupa. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . Síntesis de los antecedentes de la demanda de amparo. Ahora, de la lectura integral de la demanda así como del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido tienen su origen dentro de la sustanciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria 636/2020, que promovió Elicer Jacobo Vallejo, con la finalidad de notificar al aquí quejoso, la terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas". Asimismo, que dicho procedimiento subyacente se encuentra concluido, pues el mismo tenía como única finalidad notificar al quejoso Oscar Alavez Celis, la terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble referido en el párrafo que antecede, lo cual fue ordenado y ejecutado, pues conforme al problema jurídico planteado, la parte quejosa señala como acto destacado, la ejecución de dicha determinación, pues refiere expresamente que el acto reclamado consiste en dicha determinación y su ejecución, es decir, la notificación del contrato verbal de arrendamiento referido, la cual se realizó en el inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad. Fijación del acto reclamado. Así del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado es el siguiente: La orden de notificación de las diligencias de jurisdicción voluntaria 636/2020, sobre terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas", del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como su ejecución, la cual se realizó el diecinueve de octubre pasado. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del numeral 107, y la diversa fracción I del artículo 1º, todos de la Ley de Amparo, interpretados estos dos últimos en sentido contrario, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". En efecto, la invocada disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la constitución federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. Ahora, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: I. Actos ejecutados fuera de juicio -entre ellos, medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria-; II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia-; y, III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-. En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido. Sin embargo, la procedencia de dicho medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios connaturales que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste], reglas que derivan de la interpretación constitucional que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de las distintas etapas históricas del Semanario Judicial de la Federación. De manera particular, por lo que ve a los actos de autoridad que se ubican fuera de juicio, como ocurre en el presente caso en que se impugna la orden de que se notififique la terminación del contrato de verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas", el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, consideró que tratándose de actos fuera de juicio que se dicten dentro de un procedimiento o trámite secuencial, el amparo sólo procederá contra la resolución que le ponga fin y, siempre que se afecten los intereses del particular quejoso, por lo cual es conveniente invocar el extracto siguiente: "(.) Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular. Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general, algunas de las cuales han quedado transcritas al inicio de este considerando y a las que conviene agregar la prevista en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, la cual dispone:----Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:- (...) II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.-En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;'(.)-El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquélla con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Tal principio rige en los actos viciados provenientes de autoridades administrativas (fracción II), pues si los mismos se dictan dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben reclamarse junto con la resolución que le ponga fin. De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución definitiva que autoriza o niega la venta de la prenda (.)". En esa línea de pensamiento, como es apreciable en el texto transcrito, si bien los actos dictados fuera o después de concluidos el juicio representan una hipótesis de procedencia para el amparo indirecto, lo cierto es que cuando dichos actos tengan un procedimiento o trámite secuencial, deben atenderse a la regla general de procedencia del juicio de derechos humanos, a saber, que sólo procede contra la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate siempre y cuando esta cause una lesión a algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Sobre la procedencia del juicio de amparo contra los actos surgidos fuera de juicio, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". La hipótesis de procedencia antes citada deriva de una regla general que, a su vez, deriva del origen connatural del juicio de amparo, el cual se concibe como un medio extraordinario de defensa que, por regla general, tiene la categoría de instancia terminal y, por ello, su procedencia se encuentra supeditada a que se haga valer contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, "por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda" Lo anterior, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94 citada en líneas precedentes y que se reiteró en la diversa ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 2015/2009, donde realizó una interpretación de las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido corresponde a las fracciones IV y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, y que se refieren a la hipótesis de procedencia del juicio de derechos humanos contra actos jurisdiccionales emitidos fuera de juicio o después de concluido; consideraciones que se transcriben a continuación: [.] "Paralelamente, el amparo se sigue admitiendo contra actos emitidos por autoridades distintas a las judiciales, lo cual es connatural a su originaria concepción. En esta materia, y ante el surgimiento de los procedimientos administrativos, no resulta extraño que se establezca para ellos una regla análoga a la creada para el amparo directo, que hoy se consagra en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo: el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. Analizado de esta manera, es sencillo desentrañar el sentido de la fracción III del precepto en comento, que reglamenta lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal. Si los actos emanados de un Juez, dentro de juicio, son susceptibles de análisis constitucional a través del amparo, con mayor razón lo son los actos que el Juez emita fuera de juicio, o después de concluido el mismo. Si se trata de un acto aislado, resulta casi reiterativa la norma, pues lo único que distingue a dichos actos de cualquier otro acto de autoridad, es que son emitidos por una autoridad judicial. El problema surge, una vez más, tratándose de una concatenación de actos, que configuran un procedimiento, pues en esos casos, cobrará aplicación nuevamente una regla análoga a la concebida para el amparo directo, según la cual, únicamente debe señalarse como acto reclamado la última resolución y, por su conducto, vía conceptos de violación, podrá plantearse la inconstitucionalidad de actos intermedios, siempre que hayan dejado indefenso al impetrante. Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio, que afecten garantías individuales de tal manera, que de esperar a que concluya el juicio, la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, esto es, señalándose dichos actos como reclamados, sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Este amparo se plantea ya no ante un Tribunal Colegiado de Circuito, sino ante un Juez de Distrito, esto es, se trata de un juicio de amparo biinstancial o indirecto." [.] Señalado lo anterior, dado que el acto reclamado se emitió fuera de juicio, pues el mismo consiste en la orden de notificar las diligencias de jurisdicción voluntaria 636/2020, sobre terminación del contrato verbal de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en Paseo de la Republica número 7250 del Fraccionamiento Defensores de Puebla de esta ciudad, lugar en el que se encuentra establecido el bar denominado "Sirenas", del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, así como su ejecución, la cual se realizó el diecinueve de octubre pasado, es conveniente señalar que dicha actuación pese a que consiste en la determinación definitiva del procedimiento subyacente, lo cierto es que dicho acto destacado únicamente tiene por objeto notificar el quejoso la terminación del contrato de arrendamiento que tenía celebrado, en los términos solicitados por el arrendador, lo que evidentemente, no le irroga prejuicio alguno, o lo deja en estado de indefensión para que haga procedente la demanda de amparo de mérito, pues inexiste declaración o pronunciamiento judicial alguno por parte de la autoridad judicial, dado que su actuar sólo se circunscribe a llevar a cabo la notificación pretendida por la promovente de dichas diligencias. Es decir, el acto que se reclama en esta instancia constitucional únicamente tuvo por objeto hacer saber a la parte quejosa la voluntad del arrendador de dar por concluido el arrendamiento, lo cual desde luego no constituye un ataque a los derechos sustantivos del quejoso, pues no es un acto de imperio, en atención a que no conlleva algún otro efecto positivo o negativo que incidiera en forma directa en la esfera jurídica del promovente del amparo. Lo anterior se explica dado que el acto reclamado en comento no afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, posesión, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, la notificación de la terminación del contrato verbal de arrendamiento que se verificó al quejoso (en cuanto presunto arrendatario), constituye un acto fuera de juicio que indudablemente no afecta derechos sustantivos, ni deja sin defensa a la parte notificada (para que sea procedente el juicio de amparo en contra de la última determinación de dicho procedimiento secuencial), pues en todo caso, el juicio de terminación que en su caso llegue a entablarse en contra de éste, hará viable que el quejoso, en cuanto posible demandado, pueda defenderse alegando lo que a su interés convenga. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, y con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No es inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en que se funda este desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera este juicio; sin embargo, tratándose de casos como éste, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que indica: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así también, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la literalidad siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Estado de autos Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de doce de marzo de dos mil veinte, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hiciera, tal y como se advierte de las constancias de notificación que se insertan a continuación: Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, HA CAUSADO ESTADO la citada determinación, para los efectos legales procedentes. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Valoración de expediente Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Devolución de documentos En términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, apercibida que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se ordenó la apertura de incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Por otra parte, se exhorta a la parte quejosa, autoridad responsable y representación social adscrita (intervinientes en este asunto), a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria e.Sat o e.Firma, que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario", asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: Consultar constancias. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. Notificarse. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra". Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente, presentar promociones físicamente o, en su caso, la devolución de documentos, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus COVID-19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio Agenda OJ, en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy, tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes. Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que, fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial. Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales Para el caso de que las partes acudan al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdo general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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