Orlando Riveros Mckay Aguilera

Expediente 687/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
687/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Orlando Riveros Mckay Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Orlando Riveros Mckay Aguilera, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la ley en la materia, se declara firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que obste a lo anterior, que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el ordinal 87, de la Ley de Amparo, éstas sólo pueden recurrir la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el caso, se determinó sobreseer en el juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Ahora, de conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el juicio, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (foja 48), hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo III-687/2018, promovido por Orlando Riveros Mckay Aguilera, por propio derecho, contra actos de: No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO 1 Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. La omisión de dar contestación al escrito presentado en la Oficina de Servicio Postal Mexicano el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda (fojas 2 a 6); auto admisorio de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas 34 a 35). Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO FOJA SENTIDO 1 Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. La omisión de dar contestación al escrito presentado en la Oficina de Servicio Postal Mexicano el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. 41 a 43 Cierto El auto que lo tuvo por recibido y las documentales que adjuntó al informe. En otro orden, el secretario hace constar y certifica: Que el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 47 y 48) , a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a la respuesta dada al escrito que dio origen al juicio de amparo, transcurrió del veintisiete de septiembre al dieciocho de los actuales, sin que lo haya hecho; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante los cuales se tuvo a la autoridad responsable rindiendo informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran las documentales que anexó la parte quejosa a la demanda de amparo (fojas 12 a 33); y, las que adjuntó la autoridad responsable al informe de ley (fojas 41 a 46); a lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes los formuló; a lo que el Juez acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes en alegar y, no habiendo alegatos que relacionar, se cierra esta fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-687/2018; y, RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Orlando Riveros Mckay Aguilera solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por el acto que hizo consistir en: La omisión de dar contestación al escrito presentado en la Oficina del Servicio Postal Mexicano el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Acto que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por la garantía contenida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el que por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho la admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente; 48, 52 fracción I, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque se reclama una omisión que se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de esta potestad federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: La omisión de dar contestación al escrito presentado en la Oficina del Servicio Postal Mexicano el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Tercero. Certeza de actos. La Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, al rendir el informe justificado correspondiente admitió la omisión que se le reclama. Lo anterior, debido que a la fecha en que se le llamó al presente juicio de amparo en cuanto autoridad responsable no había dado respuesta a la petición formulada por el quejoso; sin embargo, también indicó que mediante acuerdo administrativo de dieciocho de septiembre del presente año, se emitió la respuesta correspondiente, la cual le fue notificada el diecinueve de septiembre siguiente, como se obtiene del acuse de recibo respectivo (fojas 41 a 43). Sin embargo, no debe soslayarse que el acto reclamado es una omisión, cuya existencia se dio previo a la presentación de la demanda (veintiuno de agosto de dos mil dieciocho). De ahí que sea cierta la omisión que se le atribuye por lo siguiente. La mecánica en la que opera el derecho humano de petición, reconocido en el artículo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser violado o desconocido de diferentes formas, ya que el contenido del artículo en mención es el siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De esta trascripción se advierte, que el derecho de petición es un derecho humano que otorga a las personas la facultad de exigir a cualquier autoridad, el cumplimiento de la obligación correlativa que lo protege, que se traduce en un hacer positivo. Derecho que comprende dos aspectos, el primero se refiere a la posibilidad de elevar ante cualquier autoridad una petición. Y el segundo comprende la obligación a cargo de la autoridad de dar una respuesta a cualquier petición que se formule por escrito, en breve término, debiendo como corolario de ello, hacerlo saber al gobernado, también en breve término; siempre que el gobernado haya designado un domicilio, dentro de la jurisdicción de la autoridad, para tal efecto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". Dado que el derecho de petición se encuentra protegido por diversas garantías que cualquier autoridad debe cumplir, existen varios escenarios en que puede verse violado o desconocido, y por ello, las consecuencias jurídicas son diversas. Así por ejemplo, si la conducta de la autoridad señalada como responsable es contumaz, y ante una petición formulada por escrito de forma pacífica y respetuosa, simplemente no realiza ninguna actuación, la violación al derecho humano se produce por esa inactividad, y conforme al artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, el efecto de una eventual concesiva en el amparo, sería para constreñir a la responsable a que actúe en el sentido que le impone la norma. En cambio, si la autoridad responsable aduce haber dado respuesta a la petición, en el juicio de amparo que al efecto se promueva, a dicha autoridad corresponde demostrar tanto la existencia de la respuesta como su notificación o, bien, la imposibilidad que tuvo para realizar esto último, ya porque el quejoso no haya señalado domicilio para tal efecto, o en el señalado no se pudo practicar la diligencia. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, sostuvo en la tesis jurisprudencial que a continuación se trascribe, lo siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". En esta hipótesis, si la autoridad responsable logra acreditar que notificó al quejoso la respuesta a su petición, antes de la presentación de la demanda, deberá sobreseerse en el juicio de amparo, porque atendiendo a la fecha de su presentación, es factible que no se haya producido la contumacia que sirve de base para ejercer la acción de amparo; en cambio, si la respuesta y la notificación se dio durante la tramitación del juicio de amparo, la existencia de la omisión reclamada es evidente, puesto que existió la omisión en la fecha de la presentación de la demanda de amparo. El caso específico que nos ocupa, se ubica en la segunda de las hipótesis, pues del contenido del informe justificado se advierte que existe una petición y que la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Circunstancia que se corrobora con la constancia de recibo del acuerdo administrativo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 41 a 43); documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Cuarto. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna causa que conforma a dicha institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la referida Ley de Amparo, la Constitución General de la República y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el artículo 61 de la ley en cita. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Es así, pues en el caso la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a la petición presentada en la Oficina de Servicio Postal Mexicano el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Por su parte, la autoridad responsable, al rendir el informe con justificación, manifestó que la petición que refiere el quejoso fue contestada mediante acuerdo administrativo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho; lo que se corrobora con las documentales que ya fueron valoradas. En ese sentido, es claro que se ha dado respuesta a la petición que hizo el quejoso; asimismo, su contenido ha sido de su conocimiento. De ahí que en el caso se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado, puesto que ello ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de los mismos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a la quejosa en el goce de su derecho humano violado y de la garantía establecida para su protección. En tal virtud, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77, de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos reconocidos en la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las garantías establecidas para su protección, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar aquéllos y cumplir, por su parte, lo que exijan; fin que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste, así como todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Así, los requisitos exigidos por el artículo 8 constitucional, se actualizaron durante la substanciación del juicio, cesando de esa manera los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable venció la contumacia en la que se había colocado y actúo en el sentido de la obligación correlativa que le impone el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley que rige la materia, respecto del acto a estudio. Cobra aplicación al caso, la tesis jurisprudencial 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605, tomo XXIX, enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, materia común, que indica: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Sin que sea inadvertido para este juzgador el hecho de la contestación de la petición únicamente implicó hacer del conocimiento de la parte quejosa para que manifestara si era su deseo atacar dicha contestación; sin embargo, como se estableció en el acta de la audiencia constitucional, la parte quejosa fue omisa en atender la vista ordenada en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 47 y 48), a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de tal situación. De ahí que, si la parte quejosa no optó por ampliar la demanda de amparo, inconcuso es que se actualizó la causa de improcedencia antes mencionado -cesación de efectos-, porque la autoridad abandonó la reticencia para actuar en el sentido que le impone la norma. En relación a lo anterior cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 149/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 77 y 217, de la Ley Amparo, se RESUELVE Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Orlando Riveros Mckay Aguilera, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Orlando Riveros Mckay Aguilera, por propio derecho; atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XII constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite contra actos del Síndico del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, por los actos que hace consistir en: La omisión de dar contestación al escrito presentado en la Oficina de Servicio Postal Mexicano el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Registro. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número III-687/2018, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Suspensión del acto reclamado. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado el quejoso. Intervención de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda que se provee en el local de este juzgado, y notifíquesele el presente auto, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la citada ley, pídase a la autoridad responsable informe justificado, que deberá rendir por escrito, dentro del plazo de quince días; exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio; la constitucionalidad o legalidad del acto que se les atribuyen, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Audiencia constitucional. Con fundamento en el precepto 115, párrafo primero, de la ley en aplicación, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Obligación de manifestar causas de sobreseimiento. Asimismo, con apoyo en lo establecido por el normativo 64 de la ley en aplicación, se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Pruebas. Con fundamento en el precepto 119 de la mencionada ley, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las constancias que adjuntó a su demanda; las cuales se ordena tener a la vista en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se le tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se autoriza a la secretaria firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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