Oscar Adan Rodriguez Guevara

Expediente 311/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
311/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Oscar Adan Rodriguez Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    VI Toluca, Estado de México; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de doce de marzo dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible en su oportunidad de ser destruible (vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    vi) Toluca, Estado de México; doce de marzo de dos mil diecinueve. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Iván Ortega Guevara, en favor de Óscar Adán Rodríguez Gil, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 311/2019-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda se obtiene que el acto se hace consistir en la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica en la especialidad de traumatología, así como proporcionarle tenis de uso especial. Sin que se tenga como actos reclamados la valoración que se hace de los actos consistentes en "malos tratos", pues tal manifestación es una apreciación calificativa del acto reclamado, que se hace derivar de la falta de atención médica, es decir, se mencionan como una consecuencia de ésta y no como un acto reclamado destacado. Al caso se aplica la jurisprudencia publicada en la página 159, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 18, Tercera Parte, materia común, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del registro 239099, la cual establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, es pertinente indicar que si bien es cierto el promovente solicitó la suspensión de plano y oficio del acto reclamado, no menos cierto es que no se ubica en las hipótesis previstas en el ordinal 126 de la Ley de Amparo que obligue a actuar en los términos solicitados, y es facultad del juzgado federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, examinar si entre los hechos denunciados por la parte quejosa y los resultados dañinos temidos por ésta, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar de oficio, lo cual no acontece; lo anterior, dado que los actos reclamados no se ubican en los supuestos previstos por el artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, ya que a juicio del suscrito, no son actos que importen peligro de la privación de la vida y tampoco se trata de actos crueles e inhumanos, pues como ya se dijo, ello es una apreciación subjetiva de la promovente derivada de la falta de atención médica que reclama; máxime que no se aprecia la existencia de otros actos prohibidos por los numerales en comento y que sean objeto de reclamo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° y 15, así como diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda en estudio. Tal consideración se expone, pues en conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." En términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que respecto del acto que se hace consistir en la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica en la especialidad de traumatología, así como proporcionarle tenis de uso especial fue promovida por Iván Ortega Gil, a nombre de Óscar Adán Rodríguez Guevara. Ahora, los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, 6° y 15 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. A lo anterior sirve de apoyo, por haberse interpretado disposición de similar contenido, la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." De acuerdo con los preceptos legales referidos, por regla general el juicio de amparo debe ser promovido por el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y por excepción lo podrá promover cualquier otra persona en su nombre cuando: 1) Éste se encuentre imposibilitado para promoverlo; y, 2) Sólo respecto de actos expresamente señalados por la ley, a saber: los precisados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, resulta claro que el promovente Iván Ortega Gil, no se encuentra legitimado para promover este juicio de amparo, pues el acto reclamado identificado previamente, sólo afecta la esfera jurídica de Óscar Adán Rodríguez Guevara Por tanto, es necesario precisar que la legitimación está íntimamente ligada al concepto de parte, pues implica la capacidad de promover el amparo con ese carácter, en virtud de que dicha legitimación no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia del amparo y consiste en la identidad del agraviado con la persona quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por tanto, el impetrante estará legitimado para promoverlo, cuando ejercite un derecho que realmente le corresponde o que afecte su esfera jurídica, circunstancia que en el caso no acontece, pues los actos reclamados ya referidos sólo afectan la esfera jurídica de Óscar Adán Rodríguez Guevara. En efecto, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado al titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, quienes estarán facultados para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa afectación, de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye la legitimación que debe recaer en el promovente que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. El presupuesto jurídico contenido representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si los actos reclamados no violan los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, sino otros de diversa índole que no tengan ese carácter, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio resulta improcedente por falta de legitimación para promover. En el presente asunto, Iván Ortega Gil, promueve la demanda de amparo a favor de Óscar Adán Rodríguez Guevara, lo cual no es suficiente para tener por acreditada la representación pretendida, pues los actos impugnados por esta vía constitucional no constituyen alguno de los exigidos por la ley, para poder ser promovido por persona diversa al agraviado; ya sea un pariente o persona extraña. Pues no se advierte que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica en la especialidad de traumatología, así como proporcionarle tenis de uso especial; encuadre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, extremos que deben acreditarse a fin de determinar la imposibilidad de Óscar Adán Rodríguez Guevara, para promover el juicio de amparo por propio derecho. En este caso, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. Por tanto, resulta inconcuso que la demanda en estudio respecto del acto reclamado citado, debió tramitarla directamente el quejoso Óscar Adán Rodríguez Guevara, y al no ocurrir tal situación, se justifica proceder conforme con lo apuntado en párrafos precedentes, pues en todo caso, el inconforme debió instar la protección constitucional a través de apoderado legal, tal como lo dispone el artículo 10 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice el hecho de que Iván Ortega Gil, promueve la demanda de amparo a favor de Óscar Adán Rodríguez Guevara, por el acto consistente en la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de brindarle atención médica al quejoso en la especialidad de traumatología, así como proporcionarle tenis de uso especial, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues ello no le da legitimación para promover el amparo por diversos actos a los especificados en el citado numeral. En efecto, el promovente hizo valer el juicio constitucional a nombre y representación de otro a quien le afectaría de forma directa el acto de autoridad, respecto del cual, no se está en presencia de alguno de los supuestos exigidos por la ley para considerar que el solicitante tiene legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional. Tal aseveración se sostiene al estimar que los supuestos en que una persona puede promover amparo en favor de otra son: a) Si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo según el artículo 15 de la Ley de Amparo. b) El acto reclamado emane de un procedimiento judicial y pueda acreditarse la personalidad con la cual se ostenta el promovente, con la certificación emitida por el juez responsable, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. En este asunto no se acredita alguno de los supuestos citados pues: 1) El acto reclamado consistente en la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de brindarle al quejoso atención médica en la especialidad de traumatología, así como proporcionarle tenis de uso especial; no es considerado como alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para constatar que el directo agraviado se encuentra imposibilitado para promover el juicio, según el numeral 15 de la Ley de Amparo, pues dichos actos por sí solos no ponen en peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (esto es, no se trata de penas de mutilación, ni de infamia, marcas, azotes, palos, ni tormento de alguna especie, ni cualquier otra pena inusitada y trascendental); así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2) Los actos reclamados no emanan de un procedimiento judicial, del cual pudiera acreditarse la representación con la cual se ostenta el promovente, con la certificación emitida por el juez respectivo. A la presente determinación se estima aplicable, por haber interpretado disposición de contenido similar, la tesis publicada en la página 272 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Así como, en lo conducente, la tesis publicada en la página 45 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Primera Parte, Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Ante lo expuesto, debe considerarse que el solicitante del amparo carece de legitimación para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, así como los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Iván Ortega Gil, promueve la demanda de amparo a favor de Óscar Adán Rodríguez Guevara, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, de conformidad con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, practíquese al promovente la notificación del presente auto, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito, por así solicitarlo expresamente en la demanda de amparo y al directo quejoso las subsecuentes por ese mismo medio. Sin embargo, por única ocasión y dada la naturaleza del presente proveído notifíquese al interno Óscar Adán Rodríguez Guevara la presente determinación en el lugar en que se encuentra recluido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido.

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