Oscar Adan Rodriguez Guevara
Expediente 1800/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1800/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2019
Partes del expediente
- Oscar Adan Rodriguez Guevara
- Consejo Técnico Interdiciplinario Del Centro Federal De Readaptación Del Centro Federal De Readaptación Social Numero Uno Altiplano
- Victor Magno Escobar Luna
Actuaciones
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; dieciséis de enero de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causarle perjuicio la sentencia de veintisiete de diciembre del dos mil dieciocho (fojas 88 a 92), a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, no la recurrió, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: - El presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de plano y de oficio (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1800/2018-VI, promovido por Juan Rodríguez Guevara en nombre de Oscar Adán Rodríguez Guevara y Víctor Magno Escobar Luna, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano y otra autoridad. ... R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1800/2018-VI, promovido por Oscar Adán Rodríguez Guevara y Víctor Magno Escobar Luna, por los actos, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y para conocimiento de las partes, agréguese el oficio de cuenta, signado por el Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México; al cual adjunta copia certificada de diversas constancias, mediante el cual rinde su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene por anunciada la causa de sobreseimiento, hecha valer por la responsable sin perjuicio de resolver al respecto al momento de dictar la sentencia que se emita. Notifíquese y personalmente al represente común de la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización concedida por la comisión de carrera judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6826/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida Juan Rodríguez Guevara en representación de Oscar Adán Rodríguez Guevara y Víctor Magno Escobar Luna, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Reinserción Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otra; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1800/2018-VI. Precisión Del Acto Reclamado. Se hace la precisión de que los actos reclamados en este asunto se hacen consistir en: La incomunicación y malos tratos. Suspensión de plano y de oficio. Acorde con los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo y ante la incertidumbre de que tal acto atente contra su salud, se concede a los impetrantes de amparo la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que cese de inmediato la incomunicación y malos tratos de los que aducen se encuentran, así como respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional y 126 del ordenamiento citado en primer término. Para el efecto que dichos actos reclamados cesen de inmediato; es decir, para que los quejosos puedan comunicarse con sus familiares, abogados y las demás personas que tengan el derecho legalmente de asistirlos. En el entendido que las autoridades responsables deberán dar cumplimiento de esta determinación de manera inmediata, haciendo de su conocimiento que, de no acatar esta medida suspensional, se harán acreedora a las sanciones a que se refiere el artículo 262 de la ley de la materia vigente. Cabe precisar que queda a cargo y bajo responsabilidad de la responsable, la salud e integridad del quejoso; a fin de que éste no sufra algún atentado contra su salud. Para sustentar tal determinación se aplica por similitud jurídica la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Enero a Junio de 1989, Tomo III, Segunda Parte-2, Octava Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Dicha suspensión no surtirá efecto jurídico alguno si el acto reclamado por el inconforme no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el promovente. Se previene a la autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Ratificación. Con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para que se constituya en las instalaciones del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, y requiera a los quejosos Oscar Adán Rodríguez Guevara y Víctor Magno Escobar Luna, para que en el momento de la diligencia o en el plazo de tres días, manifiesten lo siguiente: Si ratifican o no la demanda promovida en su favor Juan Rodríguez Guevara. Si es su deseo autorizar a Juan Rodríguez Guevara, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, quedando sin efectos las providencias que se han dictado en este proveído. Al respecto resulta ilustrativa la tesis publicada en la página 943, del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 1993, Tomo XII, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro es: "RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR PERSONA DISTINTA DEL QUEJOSO. SOLO PROCEDE ORDENARLA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AMPARO". Reserva. Se reserva acordar lo conducente respecto al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, así como autorizados, hasta en tanto se de cumplimiento a la prevención formulada en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
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