Oscar Abraham Perez Be
Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oscar Abraham Perez Be
- OSCAR ABRAHAM PEREZ BE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo en copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ********************, remitido por la responsable Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estrado, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado; en tal virtud, devuélvasele el citado anexo, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 187/2021-VI-A, promovido por ***y ***, esta última en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales M.D.P.B., contra los actos que reclaman del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, ... CUARTO. El análisis de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el página 95 del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]." El primer precepto transcrito prevé que es improcedente el juicio de amparo cuando los actos que se reclaman de las autoridades responsables no afecten los intereses del quejoso; y el segundo, dispone que sólo podrán promoverlo aquellos gobernados que resientan perjuicio en su esfera jurídica con motivo de una ley, acto u omisión, que vulnere sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 1° Constitucional, y con ello se produzca una afectación en su esfera jurídica. En efecto, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él; no obstante, para que a través de este medio de control constitucional se tutelen los derechos fundamentales de tales sujetos y, por ende, se les conceda la protección de la Justicia Federal, deben acreditar en forma fehaciente, que tales actos afectan su esfera jurídica, es decir, que son titulares de algún derecho legítimamente tutelado, que haya sido vulnerado por un acto de autoridad dentro de un procedimiento jurisdiccional, al cual no hayan sido llamados, a efecto de permitirles que defendieran sus derechos. El respeto al derecho fundamental de audiencia establecido en el artículo 14 constitucional, consiste en que a toda persona se le debe otorgar la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, mediante un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales implican que al afectado se le notifique el inicio del procedimiento y sus consecuencias; tenga oportunidad de ofrecer las pruebas en que base su defensa, así como de alegar, y se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del impetrante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta Magna. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se produce en los derechos o intereses de un particular. Al respecto orienta la jurisprudencia 852, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 581, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". En tal virtud, para efectos de la procedencia del amparo, es indispensable que, a fin de acreditar su interés jurídico, quien se ostente como persona extraña a juicio demuestre el derecho del cual afirma ser titular, o el hecho o acto jurídico del que deriva esa potestad jurídica, por lo cual, tratándose de la propiedad, ésta debe acreditarse mediante el título correspondiente o, en su caso, por medio de alguna probanza apta y suficiente para evidenciar que es titular del mismo. Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1. Auto de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, con el que la Juez responsable, admitió a trámite la demanda que en la vía ejecutiva mercantil promovió Jorge Alberto Solís Vázquez, por conducto de sus endosatarios en procuración, en contra de Irineo Ejidio Pérez Cruz, por lo que ordenó el emplazamiento del mismo (fojas 19-20 anexo). 2. Diligencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en la que, en primer término, el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, emplazó a juicio al demandado Irineo Ejidio Pérez Cruz; asimismo, declaró trabado formal embargo sobre el predio número cuatrocientos noventa y cuatro, letra "Q" (494-Q), de la calle Noventa y uno (91), de esta ciudad (fojas 21-22 anexo). 3. Seguido el juicio en todas sus etapas legales, por resolución de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la Juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por parte la actora (fojas 33-36 anexo). Las anteriores constancias patentizan que los quejosos no son parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por tanto, les asiste el carácter de personas extrañas con que se ostentan. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, los quejosos son personas extrañas a juicio y alegan la violación a su derecho fundamental de audiencia porque, según afirman, se les pretende privar de la propiedad del bien inmueble de que se trata sin que se les haya oído y mucho menos vencido en juicio ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos. Ahora bien, para acreditar su interés jurídico en el presente juicio de amparo, respecto del bien inmueble que defienden, la parte quejosa ofreció como prueba: Copia certificada de la escritura de donación con reserva de usufructo vitalicio, de trece de octubre de dos mil dieciocho, formalizada ante la licenciada Gladys Eugenia López Pavón, Notario Público Número Veintiuno del Estado, con residencia en Mérida, Yucatán, relativa al solar con casa de mampostería y concreto, de un piso, manzana Ciento cuatro (104), de la sección catastral dos, marcado con el número cuatrocientos noventa y cuatro, letra "Q" (494-Q), de la calle Noventa y uno (91), de esta ciudad, y otros, otorgada por Irenio Ejidio Pérez Cruz, como donante, y los menores Oscar Abraham Pérez Be y M.D.P.B., como donatarios, ambos representados por su progenitor Abraham Antonio Pérez Álvarez, al ser en el momento de la donación en cita menores de edad. Sin embargo, que dicho documento público, para efectos del presente juicio de amparo, carece de eficacia legal para acreditar el interés jurídico de los peticionarios de amparo. A fin de arribar a la anterior conclusión, es menester transcribir el artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, vigente al momento de la operación, que a la letra dispone: "Artículo 49.- Los fedatarios públicos, en los actos y hechos jurídicos en los que intervengan en el ejercicio de sus funciones, deberán actuar de la siguiente manera: I.- Cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes. Cuando el Fedatario Público no conozca personalmente a algún compareciente deberá asegurarse de su identidad por cualesquiera documento que, a su juicio sea fehaciente para comprobar dicha identidad, y hará constar en el acta tal circunstancia, asimismo agregará al apéndice del acta el original o copia certificada de lo exhibido por el interesado para acreditar dicha identidad. En el caso de que el Fedatario Público no conociese personalmente a alguno o algunos de los comparecientes y estos carezcan de documento alguno en términos del párrafo que antecede, podrá asegurarse de la identidad de ellos por la declaración de dos testigos que a su juicio sean dignos de crédito y deberá hacer mención de esta circunstancia en el acta respectiva; II.- Cuando una persona represente a otra en un acto, contrato o convenio, el Fedatario Público le exigirá la comprobación de su personalidad y de las facultades de que se halla investida, aun cuando los una el nexo de patria potestad o de tutela y se agregará el documento original al apéndice, a no ser que el interesado pidiere la devolución del original, en cuyo caso se agregará al apéndice una copia certificada. Si no se tratare de documento especial para el acto, o aún siéndolo, la copia certificada podrá contener sólo la parte conducente; III.- Asegurarse de la voluntad y capacidad de los comparecientes para la celebración del acto o convenio de que se trate; IV.- Instruir a los comparecientes del sentido y efectos legales del acto o convenio en que intervengan, dándoles a conocer especialmente el alcance y efectos jurídicos de las renuncias de preceptos legales que hubiesen otorgado; V.- Leer el acta notarial o escritura pública respectiva a las partes y a todos los que hubiesen intervenido en su otorgamiento, pudiendo todos ellos, repetir la lectura por sí mismos o por medio de otra persona; Si alguno de los comparecientes fuere sordo, deberá leer por sí mismo la escritura, pero si no pudiere o no supiere hacerlo, designará a una persona que la lea por él. Si el compareciente fuere invidente, designará a una persona que la lea por él. Para que el Fedatario Público haga constar que los comparecientes tienen capacidad legal, bastará con que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad natural y que no tenga noticias de que están sujetos a un procedimiento de interdicción en términos de la ley; VI.- Cuando alguno de los comparecientes ignore el idioma español, deberá concurrir con un traductor de su confianza, cuyo nombre y generales se mencionarán en el acta notarial o escritura pública, siendo admisible que todos los que ignoren dicho idioma nombren de común acuerdo a un sólo traductor. Lo dispuesto en esta fracción podrá dejar de aplicarse, si el Fedatario Público conoce el idioma de los comparecientes; VII.- Los fedatarios públicos autorizarán las actas notariales y escrituras públicas con la fecha del último documento que deba agregarse al apéndice, y VIII.- Además de los deberes que esta ley impone, los fedatarios públicos deberán cumplir en cuanto al examen de documentos, autorización de escrituras y expedición de testimonios o copias, con las obligaciones que establezcan las demás leyes vigentes; Cuando por error del Fedatario Público hubiere que rectificar algún acta notarial la rectificación se hará a costa del mismo. Para efectos de lo anterior, el Fedatario Público deberá cumplir con las formalidades legales correspondientes a la corrección de que se trate. Cuando por error del Fedatario Público hubiere que rectificar algún acta notarial la rectificación se hará a costa del mismo. Para efectos de lo anterior, el Fedatario Público deberá cumplir con las formalidades legales correspondientes a la corrección de que se trate". En ese sentido, de la interpretación del numeral transcrito, se desprende que los Notarios en ejercicio de su función, están obligados a comprobar la identidad de los interesados; así como la identidad de la persona quien represente a otra en un acto, contrato o convenio. En la especie, del contenido del instrumento de que se trata, se desprende, en lo que interesa: ".Los comparecientes expresaron ser mexicanos por nacimiento e hijos de padres de la misma nacionalidad, quienes se identifican con sus credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, con números de folios el primero [.] y el segundo con número [.], quienes a mi juicio cuentan con plena capacidad legal para obligarse y contratar." En ese sentido, si bien es cierto que la fedataria precisó que los comparecientes Irineo Ejidio Pérez Cruz y Abraham Antonio Pérez Álvarez se identificaron con sus credenciales de elector; también lo es que omitió adjuntar al acta notarial expedida los documentos con los que adujo se identificaron los mismos. Aunado a que del acta en cita tampoco se advierte que la Notario señalara expresamente que conocía personalmente a dichos comparecientes, pues en ese sentido, expresó: ".Así mismo, hago constar que los comparecientes declararan bajo protesta de decir verdad que el contenido del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de negocios con la suscrito Notario por tratarse de un acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana.". Por otro lado, del contenido del referido documento, se desprende también que la fedataria de que se trata fue completamente omisa en asentar la forma en la que tuvo por acreditada la representación que el compareciente Abraham Antonio Pérez Álvarez, ostentó respecto de su entonces menor hijo Oscar Abraham Pérez Be, y la aún menor de identidad reservada de iniciales M.D.P.B., pues no se asentó dato alguno respecto al documentos o documentos que para tal efecto hubiere exhibido el referido Pérez Álvarez, con el que se acreditara tal extremo. En consecuencia, toda vez que la Notario no observó estas formalidades, es indicativo de que no hay certeza de que quienes comparecieron ante él eran las personas que participaron en la celebración del acto jurídico plasmado en el documento de que se trata; así como tampoco existe la certeza de que Abraham Antonio Pérez Álvarez efectivamente tuviera la representación de los menores que adujo eran sus hijos. Como corolario a lo anterior, es menester señalar una diversa inconsistencia que abona a la falta de certeza que aqueja al documento exhibido por la parte quejosa a fin de acreditar su interés jurídico, la cual se desprende de su cláusula quinta: "Quinta.- Los comparecientes hacen constar que para acreditar el parentesco del DONANTE con los DONATARIOS, exhiben ante la suscrita Notario autorizante las correspondientes actas de nacimiento originales expedidas por el Director del Registro Civil de esta ciudad, mismas que se agregan en copias fotostáticas debidamente certificadas al apéndice y testimonio de esta escritura.". Sin embargo, de igual forma la fedataria omitió adjuntar al instrumento de que se trata, las copias certificadas de las referidas actas de nacimiento, no obstante haber señalado que lo haría así; lo que como se dijo, es una circunstancia adicional que le resta validez para acreditar el extremo pretendido por la parte quejosa . De ahí que, como ya quedó indicado, la escritura pública exhibida, para efectos del presente juicio de amparo, carece de eficacia legal para acreditar el interés jurídico de los peticionarios del amparo, pues la aludida fedataria contravino las formalidades previstas en la ley para la elaboración de las escrituras públicas. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el mismo, por las precisiones antes aludidas. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, con número de registro 206338, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra del embargo del bien inmueble que defiende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia; situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Sobreseimiento que se hace extensivo por el acto de ejecución que se le atribuye a la autoridad responsable Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que no se le reclaman vicios propios. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, del Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por OSCAR ***y ***, esta última en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales M.D.P.B., en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito de cuenta signado por JORGE ALBERTO SOLÍS VÁZQUEZ, tercero interesado en este asunto, por medio del cual se apersona a este juicio; y en atención a su contenido, SE ACUERDA: Téngase como domicilio del referido tercero interesado para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su escrito de cuenta y por autorizados a las personas que menciona, con las limitaciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, ténganse por vertidas las manifestaciones que expone a manera de alegatos, para ser relacionadas y tomadas en consideración como corresponda en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 60/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.
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