Orquidea de Tila Juárez Beulo
Expediente 62/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Orquidea de Tila Juárez Beulo
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el toca de amparo directo 700/2018, el toca de apelación 199/2018, el expedientillo de suspensión y el incidente de falta de personalidad deducido del juicio extraordinario 662/2015, que el Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado; por tanto, devuélvase a la nombrada autoridad responsable, las referidas constancias, y pídasele el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 330, con el que transcribe el acuerdo de dieciséis de enero del presente año, dictado en el expediente de amparo directo 700 2018, mediante el cual informa que quedó firme el auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se declaró la incompetencia legal de ese Tribunal para conocer de la demanda de amparo. Razón por la cual, ordenó remitir al Juzgado de Distrito en turno, la demanda de referencia y anexos, consistentes en el toca de amparo directo 700/2018, el toca de apelación 199/2018, el expedientillo de suspensión y el incidente de falta de personalidad deducido del juicio extraordinario 662/2015, todos en original; que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado. Acúsese recibo. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3 2013 y 3 2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión. Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 62 2019-V-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Orquídea de Tila Juárez Beulo, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, que hace consistir esencialmente en: La resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 199/2018, del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que confirmó el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio hipotecario 662/2015 del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. A consideración del suscrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. A fin de evidenciar la improcedencia del presente juicio, se considera pertinente destacar que el citado numeral 107 establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.C. J/2 (10a.)c, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la foja 1539, del tomo III, Mayo de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006338, que precisa: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV 96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", ... Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así, es oportuno precisar que se está ante una violación a derechos sustantivos, cuando el acto reclamado es de tal manera grave, que aunque se obtenga una sentencia favorable, el agravio sufrido ya no será reparable. En esa condición, si se trata de violación a derechos procesales, es indudable que cualquier violación puede ser susceptible de repararse en sentencia. Ciertamente, si el gobernado considera que le afectan diversos actos de naturaleza procesal o adjetiva, como lo es el caso que nos ocupa, en el cual, la parte aquí quejosa, reclama la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 199 2018, del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que desechó el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio hipotecario 662/2015 del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, que reconoció a Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, como cesionario y nuevo acreedor hipotecario de la aquí quejosa. Dicho acto no es violatorio de derechos sustantivos, pues no le causa un perjuicio, ya que si al final de la controversia obtiene sentencia favorable, evidentemente el justiciable no resentiría el perjuicio que consideraba le aquejaba. Caso contrario, de obtener resolución desfavorable, estará en posibilidad de promover amparo directo en contra de tal sentencia, en el que podrá hacer valer la existencia de la violación procesal. Interpretación, la anterior, que además se corrobora, si se toma en cuenta que en la ley en vigor el legislador privilegió el principio de concentración, con la finalidad de que sea en un solo juicio en el que se diriman los problemas y evitar que éstos se prolonguen con amparos para efectos. Por ende, al establecer la procedencia del juicio de amparo indirecto, en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, no consideró las violaciones procesales como actos de imposible reparación, las cuales fueron reservadas para ser reclamadas junto con la sentencia, a través del amparo directo, en términos del ordinal 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través de amparo indirecto. Corolario de lo anterior, como la Ley de Amparo para la procedencia del amparo indirecto considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendido en esa connotación, las violaciones aducidas en cuanto al reconocimiento del cesionario y nuevo acreedor hipotecario; toda vez que dicha actuación sólo afecta derechos procesales, los cuales pueden ser reparados si la aquí quejosa obtiene sentencia favorable. Por tanto, ese tipo de violaciones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerlas valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable al afectado, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 182 de la Ley de Amparo, a fin de que no quede en estado de indefensión, pues esta última fue una de las razones por las cuales, con base en la jurisprudencia, se determinó la improcedencia del amparo indirecto. Así las cosas, la actuación reclamada no produce afectación material de derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos, tal como lo consideró la Suprema Corte de Justicia de la Nación; entonces, es factible colegir que actualmente no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; por no afectar materialmente derechos fundamentales, máxime que en el caso, el promovente no señala que hubiese hecho valer alguna excepción que hiciera procedente el presente juicio de amparo. En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, las causales de improcedencia analizadas, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Orquídea de Tila Juárez Beulo, contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con residencia en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y como su autorizada a Mildred Yaneelli Baas Avilez, con las limitantes que establece la parte final del segundo párrafo del citado numeral, hasta que no acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Finalmente, por lo que hace a los anexos remitidos por la Superioridad, consistentes en el toca de amparo directo 700/2018, el toca de apelación 199/2018, el expedientillo de suspensión y el incidente de falta de personalidad deducido del juicio extraordinario 662/2015, déjense al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese personalmente y regístrese.
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