Ormuz Taboada Hernández

Expediente 468/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
468/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2020

Partes del expediente

  • Ormuz Taboada Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veinte. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 30 a 34), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Ormuz Taboada Hernández, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General2, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. De igual manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días para recoger el documento que, en su caso, hubiere exhibido; apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será depurado junto con las constancias aludidas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veinte. Cumple prevención. Agréguese el escrito signado por Ormuz Taboada Hernández, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veinticuatro de septiembre de este año. Desechamiento de demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: ...De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, de un análisis al escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "1.-De la AUTORIDAD ORDENADORA, reclamo la Violación en perjuicio de la ahora Quejosa, de las disposiciones de los Artículos 1°, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 8°, 24, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos; conocida también como Pacto de San José; así como el Numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concreto LA INDEBIDA NOTIFICACION DEL DOCUMENTO IDENTIFICADO CON NÚMERO DE CONTROL 101908204980278C22295, DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA. 2.- De LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, se señala como acto reclamado LA INDEBIDA EJECUCIÓN DEL ACTO QUE SE PRECISA EN EL PUNTO ANTERIOR, a través del cual se ha impuesto al suscrito Quejoso UNA MULTA por la cantidad de $1,400.00 (UN MIL CUATROCIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)." En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación a los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece: "... Se sostiene lo anterior, porque de conformidad con el artículo 3º, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular al que se le impongan multas por infracción a las normas administrativas federales, debe promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues a través de dicho medio de defensa, el acto puede ser nulificado, revocado o modificado. Al respecto, el precitado artículo prevé: .... Como lo establece la norma citada, los afectados por los actos y las resoluciones del Director de Ingresos y Fiscalización, dependiente de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, mismos que tengan relación con impuestos federales, pueden acudir ante el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, quien es competente para conocer de esa materia conforme al artículo 3, fracción IV, de su ley orgánica. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.XIV.J/1 A (10a.) emitida por Pleno del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 1191, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2006613, que a la letra dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE VERIFICACIÓN Y LOS VICIOS COMETIDOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO EN MATERIA DE AGUAS NACIONALES, AUN CUANDO AQUÉLLA SEA DE NATURALEZA DECLARATIVA. .... De lo anterior se colige que el medio ordinario que se debió agotar lo es el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del cual, existe la posibilidad de suspender el acto, en atención a lo dispuesto por el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cobra aplicación la jurisprudencia 19/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 783, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De ahí que, como lo prevé el citado criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados que los que establece la Ley de Amparo; y en consecuencia, deviene evidente que el acto reclamado que se pretende impugnar en esta vía, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el entendido que, en el caso, tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia que se analiza, consistentes en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, este órgano de control constitucional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad, conforme al precepto legal en comento, ya que los actos no carecen de fundamentación -como se advierte de su sola lectura al haberlo anexado como prueba la parte quejosa-, además que ésta no alega únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se indicó. Ello es así, dado que los planteamientos del promovente no constituyen violaciones directas a la Constitución Federal, sino que se trata de planteamientos de mera legalidad, es decir, violaciones indirectas a la norma fundamental. Así, es menester destacar que el juicio contencioso administrativo, ventilado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está previsto en una ley formal -específicamente en la Ley Federal del Procedimiento Contenciosos Administrativo-, y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, rector de la acción constitucional. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 130/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1446, Libro XXIV, Tomo II, septiembre de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." En conclusión, este órgano jurisdiccional determina que, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede un medio ordinario de defensa, en específico, el juicio contencioso administrativo federal, mismo que previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, al no operar excepción alguna en la especie. Por último, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador que la parte quejosa señala en los hechos narrados como antecedentes del acto reclamado y en sus conceptos de violación que tuvo conocimiento extrajudicial de la multa que se le impuso, así como también refiere defectos en su notificación, lo cual -dice- violó sus garantías de legalidad, debido proceso y adecuada defensa; empero, al respecto, dígasele al accionante del amparo que el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo establece las reglas conforme a las cuales podrá impugnar, además del crédito fiscal determinado, la notificación respectiva, ya sea desde su escrito inicial de demanda o, bien, mediante la ampliación de la demanda, según sea el caso. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

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