Orlando Santacruz Carreño

Expediente 1211/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 27 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1211/2016
Año
2016
Actuaciones
27
Última actuación
07/09/2017

Partes del expediente

  • Orlando Santacruz Carreño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    En Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, siete de septiembre de dos mil diecisiete. Autoridad solicita documento. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, solicita se le devuelva la copia certificada del nombramiento del cargo de Contralor del Ejecutivo, mismo que remitió en apoyo a su informe justificado, en autos del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, visto el estado de autos se advierte que en proveído de cuatro de septiembre del año en curso, causó estado el presente asunto, es por lo que el mismo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, y toda vez que no es necesaria la retención de dicha documental, previa copia certificada que obre en autos, devuélvase a la Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala dicho documento, a través de oficio que al efecto se gire. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Doctor en Derecho Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Secretario que autoriza, Isaias Sánchez García. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días concedido a las partes en proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 815 a 819), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió por una parte y por otra se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de depuración, por tanto, deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Ahora, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos que fueron aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  3. Incidental

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días concedido a las partes en proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete (fojas 815 a 819), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió por una parte y por otra se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de depuración, por tanto, deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Ahora, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos que fueron aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  4. Principal

    En Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Se declara cumplida sentencia. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado en proveído de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, para que la parte quejosa manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, este Juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, por su idea jurídica la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página 243, tomo XI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Ahora, el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por tanto, mediante resolución constitucional de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 596 a la 628), este órgano jurisdiccional determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Orlando Santacruz Carreño, para los efectos siguientes: "VIII.-DECISIÓN 108. En las relatadas condiciones, al ser fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, relativo a la incompetencia de la Síndico Municipal de Apizaco, Tlaxcala, para instaurar y tramitar el procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades responsables Ayuntamiento y Síndico del Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, dejen insubsistente todo lo actuado en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A./S.M./02/2014 de su índice, únicamente respecto al quejoso Orlando Santacruz Carreño. 109. Sin que lo anterior prejuzgue respecto de la atribución del ayuntamiento para instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del quejoso, por las irregularidades derivadas de la auditoría correspondiente, en los términos señalados en esta resolución. 110. Expuesto lo anterior y dada la concesión del amparo resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación restantes hechos valer por la parte quejosa; lo anterior, en términos de la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 72 del volumen 175-180, cuarta parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja. 111. La concesión de mérito deberá hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados a las autoridades Síndico Municipal y Notificador, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, así como a la contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en virtud de que no se impugna por vicios propios, sino que se hace depender del reclamado a las diversas autoridades ordenadoras. (.)" Transcurrido el término legal, sin que las partes hubieran promovido recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, causó ejecutoria por auto de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, y se tuvo a las autoridades responsables Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, Presidente Municipal y Síndico Municipal y Representante Legal, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, remitiendo constancias que acreditan el cumplimiento de la sentencia de amparo, así como su respectiva notificación a las parte quejosa. Por acuerdo de dieciocho de julio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por el Ayuntamiento responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. En tal sentido, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que las parte quejosa no desahogó la vista ordenada en el proveído de referencia, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora bien, mediante oficios recepcionados en este Juzgado Federal el veintidós de junio, diez y diecisiete de julio del año en curso, registrados con los números de folio 9059, 10005, 10016 y 10411, respectivamente, la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, Presidente Municipal y Síndico Municipal y Representante Legal, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, respectivamente, informaron el cumplimiento del fallo protector, remitiendo para ello constancias que así lo acreditan, mismas que en la parte que interesa dice: "(.) Que en cumplimiento a la sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete y oficio número 17715/2017, de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, éste último notificado a esta Autoridad Administrativa el día diecinueve del mes y año que transcurre, me permito expresar a Su Señoría, que se ha dejado sin efecto la inscripción realizada en el Sistema de Registro Estatal de Inhabilitaciones e Imposición de Sanciones Administrativas que se lleva en esta Contraloría del Ejecutivo, respecto de la sanción administrativa que se impuso al quejoso Orlando Santacruz Carreño, consistente en una inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por el plazo de tres años, esto con motivo de la resolución de fecha quince de diciembre de dos mil quince, dictada por el Honorable Cabildo del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa número P.R.A/S.M/02/2014, misma que fue informada a través del oficio número S.M./2016/070, de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, por la Contadora Pública Anai Hernández Sánchez, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. (.)" "(.) con fecha doce días del mes de julio del año que transcurre, se celebró la novena sesión ordinaria de cabildo del H. Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala mediante la cual entre otros puntos, se tocó el relativo a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en que se actúa, ante ello, me permito informar, que se tomó como determinación del Ayuntamiento, dejar insubsistente todo lo actuado en el procedimiento de responsabilidad administrativa que se identifica con número P.R.A/S.M./02/2014 de los radicados en Sindicatura Municipal de Apizaco, Tlaxcala, y por ende enviar los oficios de estilo a la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y Auditoría Superior de la Federación para efecto de borrar de la lista de inhabilitados al hoy quejoso, y por último, se ordenó notificar personalmente al hoy quejoso de la determinación del cuerpo colegiado (Ayuntamiento) así como sus efectos, en el domicilio que señalo en el procedimiento de responsabilidad (.)" "(.) 57SOC/12/07/2017 Se aprueba por unanimidad la ejecución de la sentencia derivada del Juicio de Amparo que se identifica con número de expediente 1211/2016-I de los radicados en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en la Ciudad de Tlaxcala, de Xicohténcatl, Tlaxcala en el sentido de que se deja sin efecto alguno (insubsistente) todo lo actuado dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que se identifica con número P.R.A/S.M/02/2014 de los radicados en Sindicatura Municipal de Apizaco, Tlaxcala (.)." Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En las relatadas circunstancias, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables: Dejaran insubsistente todo lo actuado en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A./S.M./02/2014 de su índice, únicamente respecto al quejoso Orlando Santacruz Carreño. Por tanto, de las constancias que remitió la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, Presidente Municipal y Síndico Municipal y Representante Legal, ambos del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, se advierte que: Por sesión ordinaria de cabildo realizada el doce de julio de dos mil diecisiete, se dejó insubsistente todo lo actuado en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa P.R.A./S.M./02/2014, del índice del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, mismo que fue notificado el catorce de julio del año en curso para su conocimiento, tal y como se acredita con las constancias remitidas por las responsables. En consecuencia, es evidente que las mencionadas autoridades responsables acreditaron haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, pueden interponer recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante la Secretaria que autoriza, Olga Viviana López González. Doy fe.

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