Orlando Martinez Chacon

Expediente 795/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Orlando Martinez Chacon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta del quejoso ********************; visto su contenido, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 82, 83, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y una vez que el expediente de que se trata se encuentre debidamente integrado, esto es, que obren en autos las constancias de notificación a las partes, de la sentencia recurrida y del presente auto; remítanse éstos a la superioridad, para la substanciación del recurso de revisión que hace valer el promovente, para lo cual se ordena al secretario vigilar el cumplimiento del mandato. Fórmese cuaderno de antecedentes y distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 795/2023 ....C O N S I D E R A N D O:**************************************** PRIMERO. Competencia.******************** Este juzgado federal es competente para conocer y********************resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional.******************** SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.******************** Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo.******************** Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:******************** .... Del Presidente Municipal, Síndico Municipal y Alcalde Municipal, todos de la Villa de Zaachila, Oaxaca, reclama: ******************** La orden verbal dada con fecha veintiocho de julio del presente año, para privar al quejoso de la propiedad y posesión de una fracción de terreno sin número ubicado en el ********************, así como la orden para impedirle la entrada a dicho inmueble y todas las consecuencias de hecho y de derecho que deriven de tales órdenes. ********************Mientras que del Síndico y Alcalde municipales de la referida villa de Zaachila, reclama: ********************La falta de contestación por escrito a la petición realizada en ocurso datado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, recibido el veintiocho del propio mes y año en las oficialía de partes de la Alcaldía Municipal y de la Sindicatura Municipal de la referida población, así como su falta de notificación. ******************** Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. ********************TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados.******************** Las autoridades responsables Presidente Municipal, Síndico Municipal y Alcalde Municipal, todos de la Villa de Zaachila, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negaron la orden verbal dada con fecha veintiocho de julio del presente año, para privar al quejoso de la propiedad y posesión de una fracción de terreno sin número ubicado en el ********************, así como la orden para impedirle la entrada a dicho inmueble y todas sus consecuencias.******************** Abundando el último, que lo cierto es que el quejoso, tiene problemas con vecinos del Barrio Guadalupe de esa Villa. ********************En ese tenor, ante la negativa de las responsables de la existencia de los actos reclamados, y al no existir prueba en contrario de las pruebas ofrecidas por el quejoso, que la desvirtúe, con fundamento en el numeral 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio.********************El mismo sentido, por inexistencia del acto atribuido a la Síndica Municipal de la villa de Zaachila, es con respecto a la falta de contestación por escrito a la petición realizada en ocurso datado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, recibido el veintiocho del propio mes y año, pues el quejoso no demostró con prueba alguna haber hecho la solicitud a dicha autoridad, para considerar la existencia del acto de omisión que se le reclama.********************CUARTO. Existencia de los actos reclamados.******************** El Alcalde único Constitucional de la villa de Zaachila, Oaxaca, en su informe justificado, con respecto a la falta de contestación por escrito a la petición realizada en ocurso recibido el veintiocho de junio del año en curso, reconoció su existencia, abundando, sin embargo, que la solicitud hecha por el quejoso ya fue acordada y notificada. ******************** QUINTO. Causas de improcedencia.******************** La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente:******************** "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".********************En la especie, se estima que se surte LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ******************** Es así, porque del sumario constitucional y de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado consistente en la falta de contestación a la solicitud hecha por el quejoso al alcalde único Constitucional de la villa de Zaachila, Oaxaca, mediante ocurso presentado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, ya fue contestada, como así se advierte en acuerdo de veintiocho de agosto del año en curso, mismo que fue notificado al directo quejoso por cédula de notificación de fecha cinco de septiembre posterior.********************Por tanto, con lo anterior fue colmada la pretensión del quejoso en cuanto a que se contestara su solicitud y la respuesta le fuera debidamente notificada, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa. ********************En ese orden de ideas, sería irrelevante examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: ********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo ... "..." , es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo ... "...." ".********************....En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.******************** SEXTO. Publicación de la sentencia******************** En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis.******************** Por lo expuesto y fundado, se ****************************************R E S U E L V E:****************************************ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio promovido por ********************por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia.********************NOTIFÍQUESE.**

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, por medio del cual el quejoso ********************ofrece las pruebas testimonial, inspección judicial y pericial en materia de topografía y agrimensura; en su atención, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir dichos medios de prueba, en la consideración de que su ofrecimiento resulta extemporáneo. En efecto, según el contexto integral de la demanda de amparo, de los actos reclamados el quejoso tuvo conocimiento el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. De donde, como dicho numeral 119 establece que las pruebas deben ofrecerse con cinco días de anticipación a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, y siendo que la primera fecha para la celebración de la audiencia fue señalada para las diez horas con seis minutos del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, es claro, que el ofrecimiento de aquellas se torna extemporáneo. No siendo obstáculo para justificar ese ofrecimiento tardío, la circunstancia de que las responsables en sus informes justificados hayan negado los actos objeto de reclamo, pues en este punto, se repite, desde la fecha de presentación de la demanda ya conocía de los actos, y desde entonces debió haber ofrecido dichos medios de prueba. Se invoca en apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Registro digital: 2021347, consultable en la página 2644, libro 74. Enero de 2020 tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. OPORTUNIDAD DE SU OFRECIMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES NEGADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Desde que se presenta la demanda, el quejoso debe estar preparado para demostrar la existencia del acto reclamado y su inconstitucionalidad, sobre todo en aquellos casos en que éste no le resulta desconocido, al exponer en la demanda sus particularidades; sin que con ello se desconozca que la negativa del acto por parte de la autoridad responsable, genera una consecuencia específica para el quejoso, pues le irroga la carga probatoria para acreditar su existencia. De ahí que se justifique que cuente con la posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes, respecto de lo cual, el artículo 119 de la Ley de Amparo, incluso regula la oportunidad con que deben ofrecerse la pericial, la testimonial y la inspección judicial, que guarda correlación con la fecha señalada para la audiencia constitucional, y una excepción aplicable cuando se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Ahora bien, si la autoridad se limita a negar el acto que se le reclama, en realidad no está aportando hechos o constancias novedosas, que no fueran del conocimiento del justiciable; por el contrario, sólo fija su postura, respecto de lo alegado en la demanda; por lo que en este caso no opera la excepción antes referida, para el ofrecimiento de las pruebas que requieren preparación, cuando la intención del oferente es acreditar el acto, con base en los hechos que eran de su conocimiento desde la presentación de la demanda, ya que debió ofrecer las que tuviera a su alcance, en un procedimiento en el que se privilegia su expeditez y se le brinda una amplia posibilidad de probar; sin que la consecuencia legal de presumir cierto el acto reclamado cuando la autoridad no rinde su informe justificado, sea una regla general a la que deba sujetar su oferta probatoria, sino un caso de excepción, que se reglamentó para hacer funcional un juicio de control constitucional, en un país en donde debe prevalecer el Estado de Derecho y en el que los actos de las autoridades se presumen constitucionales y de buena fe. En tal virtud, en supuestos como el que se refiere, no es dable supeditar la oportunidad en el ofrecimiento de pruebas, a uno diverso, como es la distribución de las cargas probatorias sobre la comprobación de la existencia del acto reclamado, si desde el escrito de demanda se externan las particularidades de éste, con base en hechos que el quejoso alega de su pleno conocimiento, y son precisamente los que se pretenden acreditar con el ofrecimiento de las pruebas; por ello, no se justifica su ofrecimiento inoportuno, bajo el argumento de que se pretende desvirtuar la negativa del acto reclamado contenida en el informe justificado. Lo que no se contrapone con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVO.", ya que en dicho criterio, si bien es cierto que se reconoce la posibilidad de desvirtuar en la audiencia constitucional la negativa del acto reclamado, también lo es que no permite que se lleve a cabo mediante el ofrecimiento inoportuno de las pruebas que se estimen pertinentes para tal finalidad". Así como también la diversa tesis del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto circuito, Registro digital: 177860, consultable en la página 1502, tomo XXII, julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA EN EL AMPARO. SON EXTEMPORÁNEAS SI DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE CONOCEN LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES VERSARÁN, POR LO QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO DEBÍAN OFRECERSE, SIN ESPERAR LA LLEGADA DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, NI QUE SE APERSONARA EL TERCERO PERJUDICADO. Si el quejoso en el capítulo de antecedentes de su demanda señala que con base en las copias certificadas deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales acompañó, tuvo conocimiento de que ese acto se verificó de manera distinta a lo establecido en la ley, desde entonces conocía tales actos, y a partir de ese momento estuvo en posibilidad de ofrecer pruebas tendentes a demostrar su ilegalidad precisamente, porque sabia la fecha y condiciones en que se realizaron, por lo tanto, resulta evidente que estaba en aptitud de ofrecer las pruebas testimonial y pericial en grafoscopía con la debida oportunidad, desde el momento en que presentó la demanda y hasta antes de la fecha señalada inicialmente para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que al ofrecerlas con posterioridad, su derecho procesal había precluido porque no tenía que esperar la llegada de los informes justificados, ni que se apersonara al juicio de garantías el tercero perjudicado formulando alegatos; consecuentemente, si el Juez Federal consideró que las pruebas fueron anunciadas de manera extemporánea, resulta correcta esa determinación, porque no fueron ofrecidas con la oportunidad debida a que se refiere el artículo 151 de la Ley de Amparo". Con respecto a la petición que hace el quejoso, en el sentido que se gire oficio al Alcalde Municipal de la villa de Zaachila, Oaxaca, para efecto de que a la brevedad posible señale fecha y hora para la realización de la diligencia de apeo y deslinde, dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad, ante el hecho de que el presente asunto no ha sido resuelto, de modo tal que en términos del numeral 77, fracción I de la ley de Amparo, se haya emitido determinación que deba ser cumplida en ese sentido, como se solicita. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA. Así lo proveyó y firma electrónicamente, RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde el Alcalde Único Constitucional de la Villa de Zaachila, Oaxaca; dese vista a las partes con el citado informe, por un término de ocho días; a efecto de que se impongan de su contenido. Con fundamento en el artículo 9 del ordenamiento legal antes invocado, se tiene a la citada responsable designando como su delegado a la persona que refiere, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos. En ese tenor, ante la circunstancia de que dicho informe no será conocido por las partes, sino hasta que se haga publicación de este proveído, en consecuencia, a fin de que la parte quejosa no quede en estado de indefensión, la audiencia constitucional señalada para esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO para que tenga verificativo. Se invoca en apoyo la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del tercer circuito, consultable en la página 1449, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Registro digital: 184700, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS. Si entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la nueva que se fije para que tenga verificativo la misma, con motivo de su diferimiento porque no transcurrió el tiempo suficiente para que el quejoso tuviere conocimiento del o los informes justificados rendidos por las responsables, no mediaron cuando menos ocho días hábiles y continuos, es obvio que se violan en perjuicio del agraviado las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo el diferimiento de la audiencia constitucional persigue que el impetrante de garantías o el tercero perjudicado se impongan del contenido de los referidos informes y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes, a saber, la testimonial, pericial o de inspección, toda vez que atento lo establecido en el segundo párrafo del numeral 151 de la ley de la materia en mención, éstas deben anunciarse cuando menos cinco días hábiles antes a la celebración de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el de la citada audiencia, de lo contrario el quejoso o el tercero perjudicado no tendrían el tiempo suficiente para imponerse de los informes justificados, dejándolos en un estado de indefensión en el juicio de garantías. NOTIFÍQUESE.

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