Orlando Hernandez Gonzalez

Expediente 372/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
372/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Orlando Hernandez Gonzalez

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional, sin embargo, se negó la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original sería destruible dentro de tres años. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el capítulo del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el punto 7.5, 1, "Tratamiento del incidente de suspensión (original)" atendiendo a que en el presente asunto hubo ampliación de demanda en el juicio principal, por lo que en el primer auto relativo a la demanda primigenia se concedió la suspensión provisional, y en la interlocutoria respectiva se negó por una parte y por otra se concedió la suspensión definitiva, este expediente ES DEPURABLE, después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "-.. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 372/2022 promovido por Orlando Hernández González, contra actos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca y otras autoridades; y, (...) ; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una multa y su ejecución, emitida en un procedimiento tramitado ante una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. (Ordenadoras). Orden verbal o escrita de imposición de multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional). La imposición de la multa sin que se le haya notificado personalmente el inicio de algún procedimiento sobre dicha multa. La orden verbal o escrita de cualquier determinación para solicitar a la autoridad ejecutora la materialización de dicha multa. Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. La falta de notificación del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintiuno. La orden a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, para la emisión del mandamiento de ejecución de dicha multa. Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. (Autoridad ejecutora). El cumplimiento material de la imposición de multa y El exigimiento del pago de la multa de mérito. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados, la falta de respeto a su garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 Constitucional; el acto de molestia sin ser dictado por autoridad competente mediante escrito fundado y motivado, en el que se le informara o requiriera conducta alguna, ya que se tratan de conceptos de violación contra la legalidad de la multa reclamada. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de actos. Son inexistentes los actos reclamados a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, consistentes en: Orden verbal o escrita de imposición de multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional). La imposición de la multa sin que se le haya notificado personalmente el inicio de algún procedimiento sobre dicha multa. La orden verbal o escrita de cualquier determinación para solicitar a la autoridad ejecutora la materialización de dicha multa. Ya que al rendir su informe justificado, negó la existencia de dichos actos y no se advierte prueba en autos que demuestre su emisión, aunado a que los mismos actos también son atribuidos al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, quien al rendir su informe justificado aceptó su existencia, ya que fue la autoridad que ordenó la imposición de la multa de mérito. En ese contexto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto a los actos y autoridades precisados en este considerando. A este respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 1089, aparece publicada en la página 755, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, quinta época, con registro 395045, que enseguida se reproduce: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo". CUARTO. Certeza de actos. Como cuestión previa y de acuerdo a la técnica que rige el juicio de amparo, lo procedente es verificar la existencia de los actos reclamados, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio constitucional y, en su caso, la constitucionalidad de los citados actos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/10, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, página 68, Abril 1994, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Son CIERTOS los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. (Ordenadora). Orden verbal o escrita de imposición de multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional). La imposición de la multa sin que se le haya notificado personalmente el inicio de algún procedimiento sobre dicha multa. La falta de notificación del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintiuno. La orden verbal o escrita de cualquier determinación para solicitar a la autoridad ejecutora la materialización de dicha multa. La orden a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, para la emisión del mandamiento de ejecución de dicha multa. Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. (Autoridad ejecutora). El cumplimiento material de la imposición de multa y El exigimiento del pago de la multa de mérito. Por así haberlo aceptado las citadas autoridades en su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones relativas al juicio electoral de origen, así como al diverso procedimiento administrativo de ejecución formado con motivo de la imposición de la multa de mérito, que fueron remitidas por las autoridades responsables en apoyo al informe con justificación; documentales que en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en materia de amparo, resultan suficientes para tener certeza sobre la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitieron las autoridades responsables, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser expedidas por autoridad competente en uso de las facultades que les fueron conferidas. En el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca se tramitó el juicio para la protección de Derechos Político Electorales de la ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, identificado con el número JDCI/83/2019, promovido por Evelyn Nataly Mendoza Nava, contra el Presidente Municipal y los Integrantes del Ayuntamiento de San Raymundo Jalpan, Oaxaca. En dicho juicio, con fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la que se reencausó el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano JDC/101/2019, al juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos JDCI/83/2019, y se ordenó al aquí quejoso en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, realizara todos los actos necesarios para que la ciudadana Evelyn Nataly Mendoza Nava pudiera ingresar a las instalaciones en las que despachaban los entonces concejales a efecto de que pudiera desempeñar su cargo de regidora de obras. Ante el incumplimiento a lo ordenado en el fallo de origen, por acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal Electoral responsable impuso al aquí quejoso una amonestación pública. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió nuevamente al aquí quejoso para que en el plazo de tres días hábiles informara sobre dicho cumplimiento, apercibiéndolo que de no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, se le impondría como medida de apremio una multa de cien unidades de medida y actualización. Por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al aquí quejoso incumpliendo con lo ordenado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que se le hizo efectivo el medio de apremio y se le impuso una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, cero centavos, moneda nacional), en términos de lo dispuesto en el artículo 37, inciso b) de la Ley de Medios de Impugnación. Cantidad que debería pagar dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de dicho auto, en la cuenta bancaria del fondo para la administración de justicia del Tribunal. Apercibido que de no realizar el pago ordenado, se daría vista a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para que procediera al cobro respectivo a través del procedimiento económico coactivo. Tal determinación le fue notificada mediante oficio TEEO/SG/A/8152/2019 el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veinte, se hizo constar el incumplimiento al pago de la multa impuesta y aunque derivado del proceso electoral 2020-2022, de las comunidades que se rigen por su sistema normativo interno, el aquí quejoso dejó de ostentar el cargo de síndico municipal, la multa impuesta fue de carácter personal, al ser el titular del cargo en la fecha en que se impuso la multa de mérito. Por lo que se requirió al actual Presidente Municipal para que informara el domicilio de los entonces concejales del referido Municipio, incluido el del quejoso, para rellenar los formatos correspondientes y remitirlos a la Secretaría de Finanzas para su cobro respectivo, tal y como se le había apercibido en caso de incumplimiento (en auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve). Mediante acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinte, al adquirir la multa el carácter de crédito fiscal, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Medios de Impugnación, se giraron los oficios respectivos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para que procediera al cobro de la multa a través del procedimiento de ejecución, tal y como se le apercibió en el acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve. Derivado de la sanción de multa impuesta en el expediente electoral de origen, la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, emitió el mandamiento de ejecución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, con número de control 33011910202588, correspondiente al crédito fiscal 47878, a nombre del aquí quejoso Orlando Hernández González; el cual constituye la actuación que apertura el procedimiento administrativo en su fase ejecutiva, por ser el primer acto tendente a obtener el pago del crédito fiscal. Sin embargo, dicho mandamiento no se pudo materializar a través del acta de requerimiento, ya que el notificador de la Secretaría de Finanzas se encontró imposibilitado para realizar dicha notificación, por lo que aún no se traba formal embargo. Los autos indicados en los incisos 5, 6, 8 y 9 son los actos reclamados en el presente juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, la autoridad responsable Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca manifiesta que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo al actualizarse las siguientes causales de improcedencia: Artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo resulta extemporáneo, ya que el acuerdo en que se impuso la multa se notificó al quejoso el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio TEEO/SG/A/8152/2019, por lo que a la fecha de presentación de la demanda -trece de diciembre de dos mil veintiuno-, transcurrió en exceso el plazo para su presentación. Artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, relativa a que se trata de una determinación que emana de una resolución en materia electoral. Por su parte, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal dependiente de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Secretaría de Finanzas y de la Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, hizo valer las siguientes causales de improcedencia: La emisión del mandamiento de ejecución reclamado es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que no es un acto de imposible reparación porque el procedimiento, se encuentra en su fase ejecutiva, al ser un acto tendente a obtener el pago del crédito fiscal; de ahí que no es la resolución que pone fin a dicho proceso y es posible de reparación al quejoso, por lo que debe esperar la resolución definitiva y si le perjudica atacarla junto con las violaciones al procedimiento. La ejecución de la multa, deriva de actos consentidos por lo que es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII y XXIII de la Ley de Amparo; ya que la orden para materializar el mandamiento de ejecución y su ejecución por la autoridad fiscal, derivan del auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente de origen, en el que se impuso la sanción de multa al aquí quejoso, por lo que se reitera, se trata de actos consentidos. Al respecto, es fundada, la primera causal de improcedencia invocada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en cuanto al acto reclamado consistente en la orden de imposición de multa reclamada -auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve-; en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo resulta extemporáneo, numerales que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De lo anterior, se advierte que la referida improcedencia deriva del consentimiento tácito para promover la acción constitucional; es decir, cuando la presentación de la demanda se realiza fuera del plazo que la ley establece. Así, en el asunto, el acto reclamado se ubica dentro de la regla genérica de quince días, pues no se refiere a alguna de las excepciones establecidas en las fracciones del citado artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, la resolución reclamada, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Atento a lo anterior, se advierte que el promovente del amparo, tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, cuando fue notificado mediante oficio del acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se le impuso la multa reclamada; así, se concluye que el juicio de amparo fue promovido de forma extemporánea. Ello, ya que en términos del citado artículo 324 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, que rige el juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, la notificación realizada al aquí quejoso en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, surtió efectos al día siguiente en que se efectúo, es decir el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. De ahí que resulta evidente que si la demanda de amparo se presentó hasta el once de diciembre de dos mil veintiuno, transcurrió en exceso el plazo de quince días para su presentación, por lo que la misma fue extemporánea. Por otra parte, respecto al cumplimiento material de la imposición de la multa y el exigimiento de su pago, lo cual se traduce en la emisión del mandamiento de ejecución con número de control 330119102102588, correspondiente al crédito fiscal 47878, a nombre del aquí quejoso, que se atribuye a la Coordinadora de Cobro Coativo, se advierte que resulta FUNDADA LA PRIMERA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA que hace valer la citada autoridad fiscal. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Del análisis integral del último numeral transcrito se infieren tres hipótesis de procedencia del amparo contra actos u omisiones derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a saber: De la primera parte del inciso a), se desprende que el amparo indirecto procede en contra de la resolución definitiva dictada en los procedimientos de que se trate, por violaciones cometidas en la propia resolución. En la segunda parte del inciso a), se establece que es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones definitivas por violaciones cometidas durante el procedimiento, si con motivo de ellas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. En el inciso b), se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, siempre y cuando sean de imposible reparación, esto es, que afecten directa y materialmente derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, debe tomarse en consideración que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente. De ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la secuela procesal, sino hasta la resolución definitiva, pues si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones al procedimiento. Al establecer el inciso a), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho de audiencia. Apoya a lo anterior, por las razones que la conforman, la Jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Abril de 2003, página 196, Novena Época, Materia Común, Registro digital 184435, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". Ahora, el procedimiento administrativo de ejecución previsto para exigir el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos del Código Fiscal del Estado de Oaxaca, se integra por cuatro etapas: Mandamiento de ejecución; Requerimiento de pago de los créditos fiscales y/o embargo de bienes; En su caso, la intervención de la negociación embargada; y, Remate de los bienes embargados. Entonces, si en la presente instancia se reclama el cumplimiento material de la imposición de multa y el exigimiento de su pago, actos que se traducen en el mandamiento de ejecución del crédito fiscal a nombre del quejoso, se trata de actos dentro del procedimiento y, por tanto, no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, sino en conjunto con la respectiva resolución definitiva, esto es, hasta que la autoridad competente emita la resolución concerniente. Por tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, el acto emitido en dicho procedimiento administrativo y que no constituye la resolución final, como acontece en el caso particular, no puede ser cuestionado en sede constitucional por su sola emisión, siendo factible su estudio como violación al procedimiento cuando se reclame la resolución definitiva. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 17/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 187, Novena Época, Materia Administrativa, Registro digital 196530, de título y contenido siguientes: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los actos que se analizan en este apartado, no constituyen actuaciones que se traducen en la violación de algún derecho sustantivo, toda vez que los efectos no son de imposible reparación y, por tanto, no causan al quejoso un perjuicio que lo ubique en la hipótesis de procedencia, pues, en su caso, sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable. En consecuencia, si los actos reclamados constituyen las actuaciones con las que inició el procedimiento administrativo de ejecución, el juicio de amparo es improcedente, porque dichos actos no constituyen la última resolución del citado procedimiento; y no se trata de un acto de imposible reparación. Máxime que aún no se ha materializado el acta de requerimiento, por lo que aún no se traba formal embargo al quejoso, ya que el ejecutor de la Secretaría de Finanzas no pudo notificar dicha acta. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia de mérito, lo procedente será SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades precisados en este apartado. Ahora, por lo que hace a los actos reclamados al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, consistentes en la orden de cualquier determinación para solicitar la materialización de la multa impuesta y la orden a la Secretaría de Finanzas del Estado, para la emisión del mandamiento de ejecución, que se traducen en el auto de veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictado en el juicio de origen, en que se ordenó la materialización y ejecución de dicha multa-, resultan infundadas las causales de improcedencia realizadas por las autoridades responsables. Es así, porque contrario a lo que afirma el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, no se actualiza la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que el amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Ello, porque la determinación emitida a efecto de materializar y ejecutar la multa impuesta, no tiene un contenido electoral, ni versa sobre derechos políticos, por lo que el actuar del Tribunal responsable sí está sujeto a control constitucional. De igual forma, resulta infundada la causal de improcedencia que hace valer la autoridad fiscal en cuanto a que la orden para materializar el mandamiento de ejecución, es un acto derivado de actos consentidos. Lo anterior, porque el auto en que se determinó lo conducente para materializar y hacer efectiva la multa al quejoso -de veintinueve de mayo de dos mil veinte- no deriva propiamente del auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, por el que se le impuso la multa al aquí quejoso y se le apercibió que de no cubrir la cantidad dentro del plazo de quince días, se daría vista a la Secretaría de Finanzas del Estado para que procediera al cobro mediante procedimiento económico coactivo. Ya que el auto de veintinueve de mayo de dos mil veinte, fue el resultado de la omisión y actuación del aquí quejoso para pagar ante el Tribunal la cantidad que le fue fijada, al imponerle la multa de mérito; por esa razón no se puede sostener que el auto de mandamiento de ejecución, sea un acto derivado de otro consentido, ya que no es una consecuencia legal necesaria del acuerdo en que se impuso la multa. Al respecto, debe tenerse presente que el apercibimiento es una prevención de la autoridad a la persona que debe hacer o dejar de hacer algo y se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento. En el caso, el apercibimiento dictado en auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se impuso al aquí quejoso una multa, consistió en que de no pagar la cantidad requerida dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de la notificación de dicho auto, se daría vista a la Secretaría de Finanzas del Estado para que iniciara el procedimiento de cobro mediante el procedimiento económico coactivo, en términos del artículo 40, numeral 2 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. Es decir, se especifica el hacer que debió cumplir el quejoso y se le advirtió la aplicación de una medida en caso de incumplimiento. De modo que el apercibimiento decretado en auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, no puede considerarse como inminente, por lo que es incierto y depende del incumplimiento del sujeto obligado (el aquí quejoso) para hacer efectivo dicho apercibimiento, con la consecuencia de dar vista a la Secretaría de Finanzas para iniciar el procedimiento de cobro coactivo. De ahí que el auto en que se impuso la multa es autónomo y distinto de aquel que ordenó la remisión para su ejecución, pues el afectado tuvo la posibilidad de obedecer esa orden evitando la sanción con que se le conminó, por lo que resulta infundada la causal de improcedencia que hace valer la autoridad fiscal, relativa a que la orden del Tribunal para materializar la multa deriva de un acto consentido. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 1/2013 (10a.), registro 2003086, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1426, de rubro y texto: "MULTA. EL AUTO QUE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO E IMPONE LA REFERIDA SANCIÓN NO ES UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO, AUN CUANDO NO SE HUBIERE IMPUGNADO DICHA PREVENCIÓN. La advertencia de que se impondrá una multa en caso de no acatar una orden, es un acto autónomo y distinto del acuerdo que impone la referida sanción, ya que este último depende de la falta de acatamiento a la orden mencionada por parte del sujeto obligado. Lo anterior quiere decir que la imposición de la multa no deriva propiamente del auto en el que se apercibe con su aplicación, sino de la actuación y omisión del interesado. Por esa razón, la circunstancia de que no se impugne el proveído por el cual se determina que en caso de no cumplir una obligación se harán acreedores a una multa, no conduce a sostener que el auto que hace efectivo el apercibimiento e impone la referida sanción, sea un acto derivado de otro consentido y que, por tanto, el juicio de amparo promovido en su contra sea improcedente, en virtud de que no es una consecuencia legal necesaria de dicho acuerdo.". Así como la diversa tesis I.4o.C. J/8 K (10a.), registro 2024025, Undécima Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2707, de rubro y texto: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. NO ES CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La causa de improcedencia del juicio constitucional, generalmente referida como "actos derivados de otros consentidos", no está prevista en la actual Ley de Amparo, sino que tiene su origen en un criterio jurisprudencial emitido con base en la ley abrogada, siendo éste consultable como la tesis 17, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", que aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, con el número de registro electrónico: 393973. Sin embargo, una revisión de los precedentes que integran tal criterio, revela que ésta no reunía las características que daban lugar a considerarlo como criterio obligatorio. En efecto, los artículos 217, 222 y 225 de la actual Ley de Amparo disponen que son jurisprudencia obligatoria para los órganos jurisdiccionales locales y federales del país, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los siguientes supuestos: a) cuando se sustenten en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en distintas sesiones y que hayan sido aprobadas por una mayoría de cuando menos cuatro votos; y, b) cuando se diluciden los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas del Máximo Tribunal, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados en los asuntos de su competencia. Estos elementos de conformación de la jurisprudencia, son sustancialmente similares a los exigidos en la Ley de Amparo de 1919, vigente al momento de la publicación de ese criterio, pues el artículo 148 de aquel ordenamiento preveía que las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, votadas por mayoría de siete o más de sus miembros, constituirían jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuentre en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. Ahora bien, en la revisión del Apéndice al Tomo XXXVI de la Quinta Época del Semanario Judicial de octubre de mil novecientos treinta y cinco, donde está la publicación original de la tesis no menciona la palabra "improcedente", sino que dice "El amparo es, el que se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos", fue hasta la publicación del Apéndice L, de noviembre de mil novecientos treinta y ocho, cuando se agregó la expresión "El amparo es improcedente". Luego, en los precedentes compilados para integrar esa tesis, no se advierte que se haya expresado el sentido de ese criterio, dado que en todas esas ejecutorias no se trató como punto fundamental lo atinente a la improcedencia del juicio de amparo. Incluso, en todos los fallos se pronunciaron decisiones de fondo y en ninguno se expresó que el juicio de amparo fuera improcedente respecto de actos derivados de otros consentidos. Por tanto, no hay base alguna para afirmar en forma contundente que de las referidas ejecutorias eran aptas para constituir jurisprudencialmente una causa de improcedencia del juicio de amparo. Cuando el acto reclamado deriva de otro consentido, y al tratarse de una excepción a la procedencia del juicio de amparo, no debe invocarse en forma extensiva. Dicho juicio es la defensa idónea para combatir las violaciones a los derechos humanos y garantías individuales que cometan las autoridades, no obstante se han regulado excepciones al ejercicio de un derecho las cuales deben ser de interpretación estricta, de tal manera que no se deben realizar interpretaciones extensivas para restringir la procedencia del juicio constitucional. De ahí que tal circunstancia de causalidad sea, más bien, parte del análisis de fondo sobre la pretendida ilegalidad que se aduzca respecto del acto reclamado, cuando se le atribuyan vicios propios o, incluso, cuando éstos se adviertan al suplir la queja deficiente de los planteamientos expresados en la demanda de amparo.". Por tanto, procede analizar los conceptos de violación respecto a tales actos. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Respecto de los actos consistentes en: La imposición de la multa sin que se le haya notificado personalmente el inicio de algún procedimiento sobre dicha multa. La falta de notificación del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintiuno. La orden verbal o escrita de cualquier determinación para solicitar a la autoridad ejecutora la materialización de dicha multa. La orden a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, para la emisión del mandamiento de ejecución de dicha multa. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo y en su escrito aclaratorio, los cuales son de similar contenido, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se vulnera en su perjuicio el artículo 14 Constitucional ya que debe existir un procedimiento seguido en forma de juicio en el que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento como son el llamar al gobernado a que comparezca al juicio a defender sus derechos, ofrecer pruebas y formular alegaciones y utilizar medios de defensa por lo que puedan ser revocados o nulificados los actos, y en el caso no se respetó su garantía de audiencia para la imposición de la multa impuesta. Se contraviene el artículo 16 Constitucional, ante la falta de fundamentación y motivación, ya que refiere que la autoridad responsable no cumplió con dicho requisito. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Son INFUNDADOS los conceptos de violación, aún suplidos en su deficiencia, -en atención a que el quejoso se ostenta como indígena de la comunidad de San Raymundo Jalpan, Oaxaca- . Es así porque respecto al primer concepto de violación relativo a que no se respetó su garantía de audiencia al imponerle una sanción (imposición de multa), es infundado ya que el Tribunal Electoral responsable sí notificó -mediante oficio- al aquí quejoso en su carácter de síndico municipal la determinación de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en que se le impuso la multa de mérito. De las constancias remitidas por el Tribunal responsable, como justificación a su informe, se advierte que el veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio TEEO/SG/A/8152/2019, se notificó al quejoso el auto relativo a la imposición de la multa reclamada. Sin que sea obstáculo el hecho de que dicha notificación se realizó mediante oficio dirigido al citado quejoso en su calidad de Síndico Municipal de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, ya que al ser autoridad demandada en el juicio de origen y por tanto parte en el mismo, las notificaciones se le practican mediante oficio en términos de lo dispuesto por el artículo 324 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, y del el artículo 103, numeral 2, inciso b) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca; normativas que rigen el juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos, origen del presente juicio de amparo. "Artículo 324 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 1.- Las notificaciones se harán a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes al en que se dicten las resoluciones que las motiven y surtirán sus efectos al día siguiente en que fueron realizadas. 2.- Cuando la resolución entrañe una citación o un plazo para la práctica de una diligencia se notificará personalmente, al menos con tres días hábiles de anticipación al día y hora en que se deba celebrar la actuación o audiencia. Las demás se harán por cédula, que se fijará en los estrados del Instituto Estatal o del órgano que emita la resolución de que se trate. En todo caso, las que se dirijan a una autoridad u órgano partidario se notificarán por oficio. (.)". "Artículo 103. (.) 2. Las sentencias recaídas a los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos serán notificadas: a) Al actor que promovió el juicio, y en su caso, a los terceros interesados, a más tardar dentro de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, de forma personal siempre y cuando haya señalado domicilio en la ciudad sede de este Tribunal. En cualquier otro caso, la notificación se hará por correo certificado, por telegrama o por estrados; y b) A la autoridad responsable, a más tardar dentro de los dos días siguientes al en que se dictó la sentencia, por oficio acompañado de la copia certificada de la sentencia". De ambos numerales, se advierte que la forma en que se notificarán las determinaciones a las autoridades demandas en los Juicios para la Protección de Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas Normativos Internos -como el juicio del que deriva el presente amparo-, será mediante oficio a las autoridades demandas. Por tanto, la normativa aplicable no prevé una notificación personal al quejoso, sino mediante oficio, al ser autoridad demandada en el juicio de origen, ya que la multa en comento se le impuso con motivo del cargo público que ostentó, cuando fue omiso al dar cumplimiento a la sentencia electoral, y estar en ejercicio de sus funciones públicas al incurrir en tal omisión. De ahí que sí se notificó al quejoso la determinación mediante la cual se le impuso la multa reclamada, por lo que es infundado el concepto de violación relativo a que se vulneró su garantía de audiencia. Asimismo, deviene INFUNDADO el primer concepto de violación en cuanto a que no se le notificó el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintiuno, ya que de las constancias remitidas por el Tribunal Electoral en el Estado de Oaxaca, no se advierte la existencia de un proveído de esa fecha, pues los autos derivados de la multa datan del año dos mil diecinueve y dos mil veinte, en específico trece de diciembre de dos mil diecinueve, en que se impuso la multa reclamada y veintinueve de mayo de dos mil veinte, en que se proveyó girar oficios al Titular de la Secretaría de Finanzas, para hacer efectivo el cobro de la multa impuesta al aquí quejoso. Por tanto, al no quedar acreditada la emisión de dicho acuerdo, resulta evidente que la autoridad responsable no se encontraba obligada a notificar tal determinación; máxime que el quejoso no realiza ninguna manifestación en sus conceptos de violación relativa a algún perjuicio que le genere la falta de notificación del acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, resulta INFUNDADO el segundo concepto de violación, porque contrariamente a lo manifestado por el quejoso, la autoridad responsable sí fundó y motivó la determinación de veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictada en el procedimiento de origen, en la que ordenó la materialización de dicha multa y por ende a la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, la emisión del mandamiento de ejecución de dicha multa. Es así porque en dicha determinación el Tribunal Electoral dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 2, del artículo 40 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, que dispone: "Artículo 40. 1. Las multas que imponga el Tribunal, tendrán el carácter de crédito fiscal; se pagarán en la Secretaría de Finanzas del Estado en un plazo improrrogable de quince días, los cuales se contarán a partir de la notificación que reciba la persona sancionada, misma que deberá informar del debido cumplimiento, para efectos de mandar archivar el asunto correspondiente. 2. En caso de que la multa no sea cubierta en términos del numeral anterior, el Presidente del Tribunal girará oficio a la Secretaría de Finanzas, para que proceda al cobro de la misma a través del procedimiento de ejecución respectivo, solicitando que oportunamente informe sobre el particular." De modo que ante la omisión del aquí quejoso de cubrir la cantidad de la multa impuesta en la cuenta bancaria del Fondo para la Administración de Justicia del Tribunal, dentro del plazo de quince días otorgado en auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, para hacer efectiva la multa impuesta, la cual tiene el carácter de crédito fiscal, procedió a dar trámite al procedimiento económico coactivo, en términos del citado artículo. De ahí que la responsable hizo referencia al precepto legal en que apoyó su determinación (fundar), y dio las razones del por qué dichos preceptos eran aplicables al caso (motivar). Para lo anterior, orienta la jurisprudencia VI.2o. J/43, Novena Época, registro digital 203143, emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento." En tal contexto, es que deviene lo infundado de los conceptos de violación analizados del quejoso, por lo que al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Orlando Hernández González, contra los actos reclamados al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, precisados en el considerando séptimo de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por... contra actos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca; Coordinadora de Cobro Coactivo de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, por las razones apuntadas en el considerando sexto de esta resolución. Segundo. Se NIEGA el amparo y protección de la justicia federal a ... contra actos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, precisados en el considerando séptimo de esta resolución, por las razones apuntadas en el último considerando. NOTIFÍQUESE.

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