Orlando Francisco Ramos Hernández

Expediente 823/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
823/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Orlando Francisco Ramos Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó a través de su escrito presentado el siete de octubre de este año. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, por una parte se negó y por otra, se concedió la protección constitucional a FRANCISCO RAMOS HERNÁNDEZ, para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 3B-2622/2018, emita un auto en el que deje sin efectos el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, o en su caso, el que difiera la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, únicamente en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la citada audiencia inicial, y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes para que tenga verificativo dicha audiencia". Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Mediante oficio presentado el veintisiete de septiembre de este año, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada de la audiencia de esa misma fecha, celebrada en el juicio laboral número 3B-2622/2018, a través de la cual, señaló las trece horas del veintidós de octubre de este año, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de dicho asunto, comisionando al actuario de la adscripción para que emplace a la parte demandada. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse señalado una nueva para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral número 3B-2622/2018, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones que vierte la apoderada de la parte quejosa en su escrito presentado el siete de octubre del año en curso, en el sentido de que la responsable no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ya que no ha emplazado a los demandados dentro del juicio ordinario laboral; sin embargo, se estima que no procede requerir a la responsable para tal efecto, toda vez que sería imponerle un lineamiento o cuestión que no fue materia de la concesión del amparo dictado en el presente asunto, la cual, se delimitó únicamente a que se señalara fecha para que tenga verificativo la audiencia en comento; lo que en la especie, ya observó la junta responsable, y por tanto, no procede requerirla para que cumpla con diversos aspectos que no fueron materia de la ejecutoria de amparo, pues se estaría inobservando lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; máxime, que respecto a la omisión de emplazar a la demandada Delegación de Árbitros Profesionales de Futbol en el Estado de Michoacán, asociación civil, en la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, se determinó negar el amparo solicitado respecto de dicho acto, aunado a que, de haber existido alguna inconformidad de la parte quejosa en relación al sentido de la sentencia y los efectos y alcances del amparo concedido, tuvo a su alcance los medios legales para impugnar esa determinación y como no lo hizo, causó ejecutoria y se requirió a la responsable para que cumpliera con la misma, en los términos en que fue dictado el fallo protector. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número CV/2013 (10ª), del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN EL QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª.J.45/2007)" Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo con la fracción IV del artículo vigésimo primero, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectivas, haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Devolución de documentos Finalmente, con fundamento en el punto vigésimo del Acuerdo General en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días naturales, contado a partir del siguiente al de la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recoger la carta poder de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (que obra a foja 4); bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se concede, dicha documental podrá ser depurada con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Parte quejosa realiza manifestaciones Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, apoderada del quejoso ORLANDO FRANCISCO RAMOS HERNÁNDEZ, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos, en los términos precisados en su escrito de cuenta, manifestaciones que se ordena tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cabal cumplimiento del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de agosto del año en curso, en la que por una parte se negó el amparo, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Orlando Francisco Ramos Hernández; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Precisión de puntos a cumplir de ejecutoria. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase al tribunal laboral responsable, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 3B-2622/2018, emita un auto en el que deje sin efectos el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, o en su caso, el que difiera la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, únicamente en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la citada audiencia inicial, y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes para que tenga verificativo dicha audiencia". Superior jerárquico. Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad laboral responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo V-823/2019 promovido por Orlando Francisco Ramos Hernández, a través de sus apoderados, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no hay persona alguna con el carácter reconocido de tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, la Secretaria da cuenta con el oficio recibido en esta fecha, registrado con el folio 13637. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; por otra parte, en relación al oficio con el que se da cuenta, se tiene al Presidente de la Junta responsable remitiendo copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 3B-2622/2018; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza tal documental. Secretaria, dé cuenta con el informe justificado rendido por las autoridades responsables. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente y la Actuaria de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos la documental que el quejoso acompañó a su escrito de demanda; de la misma forma, la diversa que las autoridades señaladas como responsables adjuntaron como sustento de su informe justificado, así como al oficio que se tiene por recibido en esta actuación, consistente en copia certificada de diversas actuaciones relacionadas con el juicio ordinario laboral 3B-2622/2018. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado formuló los alegatos que a su parte corresponden, a través del pedimento 383/2019. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-823/2019, promovido por Orlando Francisco Ramos Hernández, a través de sus representantes, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el dieciséis de julio pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido el mismo día a este órgano jurisdiccional por razón de turno, Orlando Francisco Ramos Hernández, por conducto de sus apoderados, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 8, 13, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de diecisiete de julio de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, misma que quedó registrada bajo el número V-823/2019; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión atribuida autoridades laborales con residencia en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de las responsables de administrar justicia en los plazos legales, particularmente, el señalamiento de una fecha remota de la audiencia inicial, es decir, las diez horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, así como la omisión de emplazar a la parte demandada. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se obtiene que aceptaron la existencia del acto reclamado y, al efecto remitieron copia certificada de las constancias relativas al juicio ordinario laboral 3B-2622/2018. A dicha documental remitida por las responsables se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente del amparo, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores". QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. PRIMERA PARTE. Es infundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa aún en suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que ve a la omisión de emplazar a la Delegación de Árbitros Profesionales de Fútbol en el Estado de Michoacán, asociación civil, en cuanto parte demandada. En el mismo, quien se agravia, aduce que con las omisiones apuntadas la Presidenta de la Junta responsable infringe sus derechos en razón de que no ha cumplido con los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Como se adelantó, dicho argumento resulta infundado, por los motivos que a continuación se exponen. De la narración de antecedentes, así como de las constancias relativas al juicio 3B-2622/2018, se advierte que efectivamente la autoridad responsable no ha emplazado a la referida demandada; para tal efecto, de la demanda relativa al juicio de origen, se obtiene que la propia parte actora proporcionó el domicilio de la accionada. En ese tenor, una vez admitida la demanda laboral, se fijaron las diez horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia inicial, sin que hubiere sido posible su desahogo virtud a que no se había realizado el emplazamiento correspondiente, por lo que se difirió la audiencia para las nueve horas del cuatro de julio pasado; una vez llegada tal fecha, la diligencia se postergó por el motivo antes señalado, señalando ahora las diez horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Posteriormente, por auto de uno de los actuales, se comisionó a la Actuaria de tal adscripción, a fin de que emplace a la parte demandada, siendo que el veintitrés del mes y año en curso, levantó una razón en el sentido de que el domicilio proporcionado por el actor y aquí quejoso, es incorrecto. Dada la referida razón actuarial, por auto de veintiséis de agosto actual, la Junta laboral requirió a la parte actora para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación relativa, proporcione el domicilio correcto de la demandada, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, comenzará a operar en su contra la caducidad prevista por el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, se determina que son infundados los conceptos de violación, ya que primeramente el propio quejoso fue quien proporcionó de manera incorrecta el domicilio de la parte accionada, de tal modo que, si virtud a cuestiones ajenas a la autoridad responsable, no ha sido posible llamar a juicio a la demandada, es inconcuso que el retraso se ha debido a la imprecisión en el señalamiento del domicilio que puede ser atribuible al propio quejoso. Por tanto, contrario al argumento del quejoso, el hecho de que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el Presidente de la junta no haya llevado a cabo el emplazamiento, no vulnera en su perjuicio algún derecho fundamental, esto porque si bien se ha dilatado el procedimiento de origen, ello ha atendido a cuestiones ajenas a la autoridad. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que, si bien la autoridad laboral responsable no ha acatado los términos establecidos por la ley obrera, no ha sido posible llamar a juicio a la demandada por una cuestión ajena a la autoridad responsable. SEGUNDA PARTE. Es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación al señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En efecto, en el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos legales, particularmente, el señalamiento de una fecha remota de la audiencia inicial, es decir, las diez horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve, en relación al juicio ordinario laboral 3B-2622/2018. En sus conceptos de violación, en esencia, la parte quejosa se duele de que se violentan sus derechos fundamentales, relativos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita, en términos de los numerales 1, 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la autoridad responsable en su informe justificado se limitó a manifestar que los actos reclamados se encuentran ajustados a las disposiciones emanadas de la Ley Federal del Trabajo. A efecto de expresar claramente las razones que llevan a este juzgador a sostener que asiste razón al quejoso, conviene precisar que el segundo párrafo, del artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [.]" El precepto constitucional citado reconoce en favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, mediante la cual, el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por el promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis de rubro y texto siguientes: "Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente". "Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. Amparo civil en revisión 2443/35. Arriaga Agapito, quiebra de. 18 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Luego, a propósito del proceso contencioso laboral, conviene señalar el contenido del artículo 873 de la Ley Federal de Trabajo, que establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor". Como se puede observar, una vez recibida la demanda por parte de la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que dicha audiencia deberá señalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda correspondiente. Ello es así, pues evidentemente lo que el legislador buscó al establecer el plazo de quince días para que tenga verificativo la referida audiencia, fue lograr un equilibrio entre el principio de celeridad en la impartición de justicia y el diverso principio de seguridad jurídica de la parte demanda, al darle un plazo suficiente para preparar su defensa en el controvertido laboral. Ahora, trasladando estas premisas al caso que nos ocupa, tenemos como antecedente al acto que ahora se analiza, que por acuerdo de cuatro de julio pasado, ante la falta de emplazamiento de la parte demandada, se difirió la celebración de la audiencia inicial, para las diez horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, evidencia que efectivamente la autoridad responsable ha pasado por alto los plazos que establece la ley en el trámite de las etapas procesales que rigen el controvertido laboral de origen, pues la temporalidad que media entre tal actuación y la fecha señalada para la audiencia inicial, excede por mucho el plazo de quince días que establece la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de dichas audiencias, es decir, más de dos meses. En ese orden de ideas, es claro que la actuación de la responsable violenta los derechos fundamentales antes expuestos, específicamente, el derecho humano de celeridad en la impartición de justicia contenido en el artículo 17 del pacto federal, el cual entre otros aspectos, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente. Circunstancia que no aconteció en el caso a estudio, por las razones anteriormente expuestas. Consecuentemente, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Orlando Francisco Ramos Hernández, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Para el caso de que a la fecha de que cauce ejecutoria la presente resolución aun no haya tenido verificativo la audiencia inicial dentro del juicio ordinario laboral 3B-2622/2018, emita un auto en el que deje sin efectos el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, o en su caso, el que difiera la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, únicamente en lo concerniente a la fecha para que tenga verificativo la citada audiencia inicial, y emita un nuevo auto en el que señale una nueva fecha dentro de los quince días hábiles siguientes para que tenga verificativo dicha audiencia. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Orlando Francisco Ramos Hernández, a través de sus apoderados, contra los actos que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por los motivos expuestos en la primera parte del considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Orlando Francisco Ramos Hernández, a través de sus apoderados, contra los actos que reclamó del titular de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta capital, y otra autoridad, para los efectos precisados en la segunda parte del considerando quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

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