Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán

Expediente 662/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
662/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO TRIBUNAL COLEGIADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió el juicio de amparo número IX-662/2023, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos; asimismo informa a este órgano jurisdiccional que se admitió dicho recurso, quedando registrado con el número 338/2023 de su control. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés.********************SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE A REVISIÓN.********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer ********************, apoderada de la moral quejosa ******************** en contra de la sentencia dictada el siete de agosto de dos mil veintitrés, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata.********************En consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el original del juicio de amparo en que se actúa, original y copia del escrito de agravios y un cuaderno de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar.********************Notifíquese. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito signado por Ana Karina Garca Valverde, quien se ostenta apoderada de la moral quejosa Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud en Michoacán, carácter que con fundamento en el artículos 10 de la Ley de Amparo se le reconoce en términos de las copias cotejadas de los poderes notariales pasado ante la fe del Notario Público 97, con ejercicio y residencia en esta ciudad, que obran en autos; a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de agosto de dos mil veintitrés. CÓRRASE TRASLADO A LAS PARTES En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por interpuesto dicho recurso, por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el escrito original de agravios y la copia, para el Fiscal Federal de su adscripción al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 662/2023-IX, promovido por Patricia Botello Hernández, apoderada de Servicios de Salud y Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el treinta de mayo de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, Patricia Botello Hernández, apoderada de Servicios de Salud y Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, así como del acto siguiente: "(.) IV. ACTO QUE SE RECLAMA: El acto que reclamo de la autoridad responsable es la sentencia interlocutoria de data 27 veintisiete de abril de 2023 dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio laboral número J.3C-2122/2021, promovido por HETEL HUERTA HERRERA. (.)." En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la admitió a trámite; se solicitó su informe justificado a las autoridad responsable; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese acuerdo, se reconoció como tercera interesada a Hetel Huerta Herrera, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, de la que se ordenó su emplazamiento, lo que tuvo verificativo el seis de julio de dos mil veintitrés. A las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional por el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como encargado del despacho, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional. No obstante, virtud de la fecha en que se dicta el fallo, corresponde al Titular del Juzgado Federal su emisión; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de autoridad en materia laboral, que se verificó en la circunscripción territorial en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional consiste en: La resolución interlocutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral número 3C-2122/2021, donde la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, declaró "improcedente" el incidente de incompetencia planteado por las aquí quejosas. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Contrario a lo indicado en el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, son ciertos los actos reclamados, debido a que al rendir su informe con justificación la autoridad responsable aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas que integran el expediente 3C-2122/2021 de la estadística de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de constancias expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo. Toda vez que este órgano jurisdiccional constitucional advierte que no se actualiza alguna causal de improcedencia, ni existe diversa invocada por las partes; lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo con los conceptos de violación hechos valer. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Además tales motivos de disenso se analizarán bajo el principio de mayor beneficio. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEXTO. Antecedentes. Previo a determinar lo conducente, se traen a glosa los siguientes antecedentes: 1. En la vía ordinaria laboral y por la prórroga de contrato por tiempo indeterminado, Hetel Huerta Herrera, por propio derecho, promovió demanda en contra de Servicios de Salud y Secretaria de Salud, ambos del Estado de Michoacán, así como en contra de quien o quienes resultaran ser los responsables de la relación laboral con ésta, de quienes reclamó las siguientes prestaciones: "(.) De quienes se demanda LA PRÓRROGA DE CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE SUBSISTE LA MATERIA DE TRABAJO, COMO CONSECUENCIA, EL NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL PUESTO Y ÁREA DESEMPEÑADA, QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR LA REINCORPORACIÓN Y/O REINSTALACIÓN EN SUS LABORES, y el pago de los salarios caídos durante todo el tiempo que dure en resolverse el juicio que nos ocupa, así como el pago de todas y cada una de las prestaciones consistentes en: vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; prestaciones que se reclaman desde que la actora inició a prestar sus servicios personales subordinados para la demandada, esto es, a partir del 01 primero de julio de 2014 dos mil catorce al 10 diez de septiembre de 2021 dos mil veintiuno; igualmente, se reclama el pago de SALARIOS CAÍDOS desde que aconteció el despido injustificado de la trabajadora actora, hasta que se dé el cumplimiento total al laudo que en su momento procesal oportuno se deberá pronunciar; de igual forma, se reclama el pago de los incrementos que se hubieren generado desde un año anterior a la presentación de la demanda y hasta que se lleve a cabo la reinstalación en el empleo, de igual forma, se reclama el pago de las prestaciones estipuladas en las condiciones generales de trabajo, signadas entre el Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud. De igual forma se reclaman las prestaciones estipuladas en las condiciones generales de trabajo, que rigen las relaciones entre el trabajador demandante y la parte patronal, siendo las siguientes: (.) De igual forma, se reclama la inscripción ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y, EN SU CASO, DE LAS MULTAS, en razón de que el trabajador nunca fue inscrito ante dicho instituto de seguridad social, tal y como era su derecho, en atención al derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales que reconocen tal derecho de los trabajadores inherentes a los derechos sociales. (.)." 2. De esa demanda correspondió conocer a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la que por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, le asignó el número de expediente 3C-2122/2021, la admitió, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó correr traslado a la parte demandada. 3. En audiencia de nueve de febrero de dos mil veintitrés, una vez que se desahogó la etapa de conciliación, en la que se precisó que las partes no llegaron a un arreglo conciliatorio; por lo que se continuó con la correspondiente a demanda y excepciones, en la que la actora ratificó su escrito inicial de demanda, y la demandada hizo lo mismo, pero del escrito por el que dio contestación a la incoada en su contra, e interpuso incidente de competencia. Una vez cerrada la etapa de demanda y excepciones, la responsable admitió el incidente citado en el párrafo precedente, suspendió el procedimiento principal, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia incidental. 4. El ocho de marzo de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental y el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la Junta responsable dictó resolución interlocutoria en la que declaró improcedente el incidente de previo y especial pronunciamiento de incompetencia; en tal virtud, levantó la suspensión del procedimiento y señaló día y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. La última determinación citada constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa atento a las siguientes consideraciones. En ellos quien se agravia señala que: 1) El acto reclamado carece de una debida fundamentación, en atención a que no se ajusta a los criterios actualizados respecto de los Organismos Públicos Descentralizados, además de que era necesario que la responsable realizara un verdadero análisis de tales organismos. A más de que no se aplica el criterio jurisprudencial más actual contenido en la tesis 10/2021 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.", lo que también denota falta de exhaustividad. También arguye que la junta no abordó en forma exhaustiva los argumentos que expuso en su incidente de incompetencia sobre que: a) Aplican al caso las cláusulas tercera, fracción IV, último párrafo; décimo sexta y décimo octava del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Organismos Públicos de Salud; b) Desapareció la restricción para que la relación de trabajo de los organismos descentralizados con sus empleados se regule en la legislación laboral burocrática; c) Acorde al numeral 1° del Decreto de Creación de los Servicios de Salud del Estado de Michoacán y 701 de la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán y de sus Municipios, esta es de observancia general, regula las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados; por tanto, debe conocer el tribunal burocrático. d) Lo que se refuerza con lo previsto en los artículos 1° y 13, fracción IX, del Reglamento Interior del Organismo Descentralizado; los transitorios de las Condiciones de Trabajo y el contenido de la tesis 145/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ISAPEG). LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEBEN APLICARSE EN TODO AQUELLO QUE FAVOREZCA A SUS TRABAJADORES Y QUE NO SE OPONGA AL RÉGIMEN PREVISTO EN EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", registro 171745. 2) Que la autoridad responsable aplicó los criterios de reglas generales incompletas, siendo inadecuado aplicar una regla general por exclusión. Siendo que de conformidad con los artículos 116, fracción VII y 123, apartado B), fracciones V, VII y VIII, Constitucionales; 1° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; clausulas 3, fracción IV, último párrafo, del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de los Organismos Públicos; y, tercero transitorio, párrafos segundo y quinto, de las Condiciones Generales de Trabajo; corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje la competencia para conocer del juicio natural; al tratarse la reo de un organismo descentralizado parte del Ejecutivo Estatal; virtud de la relación de trabajo entre las partes; y, que es competencia de dicho tribunal resolver tales controversias. 3) Además, que es inexacta la aplicación del artículo 1° de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán, al ser gramatical y restrictiva, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, cuando así lo decida el legislador secundario, se podrán regir las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados no solamente a través del régimen del apartado A del artículo 123 Constitucional, sino también por el apartado B o incluso del régimen mixto, a cuyo efecto invocó la tesis 10/2021. 4) Asimismo señaló que el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud se firmó cuatro años después de los hechos sujetos al control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que considera que es válido afirmar que las relaciones con sus trabajadores se han regido y se rigen en la actualidad por el apartado B. 5) Que del artículo 1° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios se colige que dicha legislación regula las relaciones laborales existentes con los trabajadores que prestan servicios a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre otros, y que los conflictos individuales que se susciten entre ellos deben ser resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Los conceptos de violación son infundados. En primer lugar cabe destacar que la junta responsable declaró improcedente (sic) el incidente de previo y especial pronunciamiento de incompetencia bajo los siguientes argumentos: a) Que dadas las circunstancias particulares que rodean al organismo descentralizado demandado, corresponde conocer del conflicto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que no se contempló por el legislador local la aplicación expresa de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. b) Que por el contrario, dada la participación de la federación (vía acuerdo de coordinación y la propia creación del organismo), la solución de conflictos estará sujeta a la Ley Federal del Trabajo, y bajo ese contexto legal, debe concluirse que las relaciones laborales de un organismo público descentralizado de carácter local debe regirse por el apartado A del artículo 123 Constitucional. c) Que los organismos descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo y, por igualdad de razón, tampoco integran al Poder Ejecutivo local. d) Que por tanto la competencia para resolver esos conflictos debe recaer en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues dada la participación de la federación, la solución de conflictos estará sujeta a la Ley Federal del Trabajo. e) Que si bien en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, para establecer el régimen laboral de los organismos descentralizados; en el caso concreto, el órgano creador del organismo descentralizado no decidió su régimen laboral, pues no se hizo referencia expresa, por lo que, empleando el método de exclusión, deben solucionarse los conflictos a la luz de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, la competencia para resolverlos recae en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado. f) Además que se debe atender conforme a lo dispuesto en los artículos 73, fracción X, última parte; 115, fracción VIII; 116, fracción VI y 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto I y apartado B, de la Constitución Federal; así como a los diversos 1°, 2° y 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; atento a los cuales se evidencia que la demandada es un organismo público descentralizado y que al no especificarse que para dirimir controversias de índole laboral sea aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, estos deben solucionarse a la luz de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, la competencia para resolverlos recae en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. g) Máxime que del contenido de los artículos 4° y 5° del decreto que crea al organismo demandando, se observa que para su funcionamiento recibe aportaciones del gobierno federal, circunstancia que además verifica el acuerdo de coordinación, situación que fortalece la hipótesis de que dadas las circunstancias particulares que rodean al organismo descentralizado, corresponde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado la solución de conflictos, ya que cuenta con una personalidad jurídica distinta a la del Estado y, por consiguiente, sus relaciones de trabajo no pueden incluirse en el apartado B, que se refiere a relaciones burocráticas y menos regirse por las leyes de trabajo expedidas por las legislaturas de los Estados. i) Finalmente, que el apartado B del multicitado precepto, es limitativo en su ámbito de aplicación, por lo que fuera de los poderes de un Estado, no es constitucionalmente válido incluir en el régimen burocrático a sujetos ajenos a los enunciados, como los organismos descentralizados que no forman parte del Poder Ejecutivo, por lo que sus relaciones laborales escapan a las facultades reglamentadoras de las legislaturas locales. (Hasta aquí lo resuelto por la junta) De ahí que, contra lo afirmado por la quejosa en los motivos de disenso precisados, en una parte del numeral 1), la resolución sí es exhaustiva porque implícitamente la junta abordó los temas propuestos esencialmente en el incidente de incompetencia planteado, con vinculación a los ordenamientos y convenios invocados. De ahí que sea infundado el argumento en análisis. Al margen de que tales argumentos reiterados en sus conceptos de violación aquí expuestos y precisados en los numerales del 1) al 5), también son infundados. En efecto, la determinación de la junta responsable es legal, ya que, en principio, el Alto Tribunal del país ha sostenido reiteradamente la libertad configurativa que tienen los Estados de la Federación para regular las relaciones laborales entre los organismos locales - centralizados, descentralizados e incluso constitucionalmente autónomos- y sus trabajadores, según lo juzguen conveniente, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que la obligación de hacerlo se encuentre sujeta a alguno de ellos en especial. Es así -explica el Alto Tribunal del País- en primer lugar, porque de esta manera se atiende a la voluntad del Poder Reformador de otorgar flexibilidad para que las normas locales, respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada Estado y Municipios; y, en segundo lugar, porque refleja una interpretación gramatical del texto del artículo 116 constitucional, en su fracción VI , en tanto que afirma que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, lo que significa para los poderes locales, organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como organismos constitucionales autónomos de la entidad, quedan sujetos a un régimen especial de derecho. El Tribunal Constitucional agregó que no es obstáculo para arribar a tal conclusión, lo que sostuvo la Segunda Sala al resolver los amparos en revisión 783/2011, 163/2012, 164/2012, 365/2012, 372/2012, 389/2012, 478/2012 y 503/2012, en cuanto a que lo determinante para concluir si los organismos descentralizados se rigen por algún apartado del artículo 123 Constitucional, es precisamente su característica de descentralización. Esto es así, ya que lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución Federal, se refiere específicamente a las empresas que "sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal" y no a las entidades que dependan de los gobiernos locales. En ese orden, lo que se determinó fue que las actividades que tienen encomendadas los organismos descentralizados corresponden a fines muy variados, como podrían ser la prestación de algún servicio público o social; la explotación de bienes o recursos estatales; la investigación científica o tecnológica; la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad sociales, entre otras finalidades que, incluso, se multiplican a nivel local. Consecuentemente la multiplicidad de organismos y de funciones es precisamente la razón por la que se le otorgó la facultad expresa al Legislador Local para que, atendiendo a las particularidades de las entidades que forman el orden jurídico local, emitiera la normatividad que regulara las relaciones de trabajo de los servidores públicos con el Estado, por lo que no podría considerarse que únicamente por tratarse de organismos descentralizados, las relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el apartado A del artículo 123 Constitucional. El Alto Tribunal hizo la precisión de que si se toma en cuenta que el ámbito de aplicación del apartado A del artículo Constitucional referido, consiste en cualquier contrato de trabajo en la República Mexicana y que el Poder Reformador, al modificar en mil novecientos sesenta el artículo 123 Constitucional, quiso distinguir de manera expresa las relaciones laborales de los servidores públicos y las personas que prestan servicio de índole privado (o público y que la Constitución lo haya diferenciado expresamente); de así estimarlo, la Legislatura Estatal, al regular las relaciones laborales de los organismos descentralizados, que en el algunos casos actúan de manera similar a empresas privadas, podría atenerse al contenido del apartado A) del artículo Constitucional referido o, incluso, remitirse directamente a él y a su ley reglamentaria, en atención, precisamente, a las funciones económicas equivalentes a las entidades del sector privado (como se hace a nivel federal). Sin embargo -precisó la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, no todos los organismos descentralizados actúan como empresas paraestatales, y aún si se toma en cuenta que una de las características principales de estos es que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propios, lo anterior no implica que tengan una finalidad distinta a la de contribuir al bienestar general y que, por ende, sus trabajadores ejerzan una función pública que los hace sujetos de la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Federal. Por tanto -concluyó-, que las relaciones de los trabajadores de los organismos descentralizados de carácter local como entes públicos que cumplen con diversos propósitos dentro de la actividad estatal forman parte de la atribución prevista en el artículo 116, fracción VI, Constitucional, por lo que las Legislaturas Locales gozan de libertad configurativa para emitir la normatividad correspondiente que atienda a las características y particularidades de cada localidad. Este criterio fue reflejado en la tesis de jurisprudencia 130/2016 (10a.), citado como sustento de lo resuelto por la junta responsable, que dice: "Época: Décima Época Registro: 2012980 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 130/2016 (10a.) Página: 1006 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." En ese tenor, lo importante -entonces- es conocer cuál es la voluntad del legislador michoacano. Para ello, debemos acudir a los numerales 1° y 2° de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, puesto que tales dispositivos normativos establecen que la Ley aludida regula las relaciones laborales de los organismos descentralizados siempre y cuando en sus leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación, que establecen: "Artículo 1. La presente es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los Municipios, por una parte y por la otra, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. Artículo 2. La relación jurídica de trabajo reconocida por esta Ley se entiende establecida, para los efectos legales, entre los trabajadores de base al servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos y aquellos organismos e instituciones, a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley." Como se ve, el legislador michoacano estatuyó que la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado está supeditada a que la ley, decreto o reglamento que regule al organismo descentralizado señale su aplicación. Sentado lo anterior, el organismo público descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, se descentralizó a través del "Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Michoacán, para la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad", publicado el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis. Dicho acuerdo hace referencia a las relaciones laborales entre el organismo público y los trabajadores, que por virtud a aquella descentralización, fueron trasladados de la federación al Sistema Estatal; empero, nada se dice de los que no pertenecen a la federación. Al respecto, el acuerdo en cita establece en su capítulo V de título "DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SSA QUE SE INCORPORRAN AL SISTEMA ESTATAL" lo siguiente: "DECIMOSEXTA. EI proceso de descentralización de los servicios de salud deberán garantizarse los derechos adquiridos por los trabajadores, tales como inamovilidad, catálogo de puestos, escalafón, permutas y otros de índole muy diversa, consagrados en el Apartado B del Artículo 123 y su Ley Reglamentaria, y en las Condiciones Generales de Trabajo de la SSA y en sus reformas futuras, comprendiendo las prestaciones genéricas y específicas, así como los mecanismos vigentes de actualización salarial y los acuerdos y convenios celebrados sobre el particular con el SNTSSA, conforme a la legislación federal. [...] VIGESIMA. Se reconoce al SNTSSA, en su estructura de Comité Ejecutivo Nacional, secciones, subsecciones y delegaciones sindicales, como el representante legal, legítimo y único de los derechos laborales de los trabajadores de base que prestan sus servicios al Gobierno Federal y que pasarán a prestarlos a los organismos descentralizados estatales que se harán cargo de los servicios de salud y de los que en el futuro se incorporen a dicho organismo, conforme al proceso de descentralización." A su vez, el organismo público descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Michoacán de Ocampo fue creado por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el diez de septiembre de dos mil quince, el cual contiene solamente un artículo que hace alusión a las relaciones laborales pero sin establecer un régimen específico. El citado normativo establece: "Artículo 21. Las relaciones laborales entre el 'REPSS' y sus trabajadores se regirán por los ordenamientos legales aplicables." En ese contexto, dado que no existe una norma especializada que con base en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, sea el competente para conocer de la controversia, es aplicable la norma general; por tanto, dada la libertad configurativa del legislador michoacano y la naturaleza de la demandada, como lo consideró la responsable, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado es la competente para conocer del conflicto laboral. La determinación adoptada también encuentra sustento en los razonamientos vertidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2020, suscitado entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, (aquí autoridad responsable), en el que determinó: "...Por tanto, aplicando el método de exclusión, habrá de estimarse que en las leyes o decretos, donde no se expresa claramente la aplicación de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, deben solucionarse a la luz de la Ley Federal del trabajo y, por ende, la competencia para resolver estos conflictos laborales debe recaer en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado." Contra lo afirmado por las quejosas, tales consideraciones convergen con lo expuesto en la tesis con registro digital 2024102, aun cuando no fue expresamente citada por la responsable; y que dice: "Registro digital: 2024102 Instancia: Pleno Undécima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 10/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. CON BASE EN LA LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL ÓRGANO DE CREACIÓN, SU RÉGIMEN LABORAL PUEDE REGIRSE POR EL APARTADO A O POR EL B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN; POR LO QUE NO RESULTA INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Hechos: Derivado de la aplicación de casos concretos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó la sustitución de la tesis jurisprudencial P./J. 1/96 mediante la cual, el Pleno del Alto Tribunal determinó que las relaciones de trabajo de los organismos descentralizados se rigen por lo previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, contrario a lo señalado en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala considera que existe absoluta libertad de configuración del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo Federal, según corresponda, para establecer el régimen laboral de tales organismos. Criterio jurídico: El artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General, no contiene una regla sobre el régimen laboral de los organismos descentralizados, sino sólo un criterio de competencia en favor de los tribunales federales, por lo que existe libertad configurativa para establecer en la ley, o en los decretos de creación respectivos, el régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados. Justificación: No es posible derivar el tipo de régimen laboral de los organismos descentralizados de una interpretación sistemática de otras disposiciones de la Constitución General considerando un criterio funcional, pues sólo en el caso de las universidades e instituciones de educación superior, así como tratándose de la banca de desarrollo, se adopta un régimen laboral específico en forma expresa; de este modo, debe atenderse a la libertad de configuración tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal, porque la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión de política pública, en donde el órgano creador del organismo descentralizado federal decide su régimen laboral, a fin de lograr de una mejor manera la finalidad para la que fue creado." Máxime que, en ejercicio de su libertad contractual, al celebrar las condiciones de trabajo las partes no acordaron que para dirimir las controversias que se suscitaran con motivo de tales condiciones, se sometían a la jurisdicción del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, pues no se hace referencia expresa que sea aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Bajo esa tesitura, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al organismo público descentralizado Servicios de Salud y Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán. No pasa inadvertido para quien suscribe lo resuelto por los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que involucran un pronunciamiento de fondo, sin embargo, estos no resultan vinculantes para quien suscribe y disiente de dichos criterios, en atención a que del análisis de fondo se aprecia que las alegaciones vertidas no tienen sustento legal. Máxime que existe una determinación de un Tribunal Colegiado de este Circuito, en el sentido en que se dicta el presente fallo. Finalmente, dado el sentido del presente fallo, se considera innecesario hacer mayor pronunciamiento en torno a los alegatos formulados por el Agente del Ministerio Público de la Federación, máxime que no forman parte de la Litis. Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario pronunciarse sobre los alegatos vertidos en autos, aunado a que no forman parte de la Litis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al organismo público descentralizado Servicios de Salud y Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán, en contra de los actos que reclamaron de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy siete de agosto de dos mil veintitrés en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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