Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán.
Expediente 326/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán.
- Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Amas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por Mario Eduardo Sanabria Pacheco, en cuanto titular del Enlace Jurídico del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Séptimo Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La orden de lanzamiento del inmueble ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco Márquez Número 652, de la colonia Chapultepec sur de esta ciudad, dictado dentro del juicio sumario 251/2017. En el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia conforme a lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107 fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. El acto reclamado lo hace consistir el quejoso en la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Francisco Márquez Número 652, de la colonia Chapultepec sur de esta ciudad, dictado dentro del juicio sumario 251/2017. Sin embargo, de los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto a la resolución que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En tales condiciones se advierte que la orden de lazamiento decidida por la responsable no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de ser reclamado por medio del juicio constitucional, en razón de que el último acto es aquel mediante el cual concluye el procedimiento de ejecución, lo que en la especie no acontece, puesto que el acto combatido consistente en la orden de lanzamiento recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de una controversia judicial resuelta en definitiva; además, no se advierte que exceda los límites de la sentencia definitiva que se pretende cumplimentar, máxime que la parte quejosa fue plenamente oída y vencida en dicho juicio, y este juzgador estima que con dicho acto no se afecta derechos del inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio de origen. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Lo anterior, se considera así en razón de que será hasta que la sentencia se declare cumplida o determine la imposibilidad material o jurídica para dar cabal cumplimiento a esta, cuando se esté en condiciones de hacer valer las violaciones que estime pertinentes en la fase de ejecución de sentencia. Ello, pretende evitar la interposición de juicios de amparo que inhiban el cumplimiento de las sentencias, por lo que ha de ser hasta que se emita la última resolución cuando ha de impugnar lo que sus intereses convenga. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada el doce de abril de dos mil dieciocho, atento a su contenido se acuerda: No ha lugar a tener al promovente cumpliendo con la prevención de mérito, toda vez, que si bien es cierto cumplió con el primero de los puntos requeridos, que es precise cual es el acto reclamado, también es verdad que no hizo lo conducente con el segundo punto, esto es, no manifestó el estado procesal del juicio en el que es parte o si ya compareció al sumario de origen. En el entendido que la parte quejosa puede subsanar dicha omisión dentro del mismo término, el cual se interrumpió con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído. Lo anterior en atención a que el referido auto en que se formuló la prevención de doce de abril de dos mil dieciocho (fojas 39-41), le fue notificado al quejoso el veinte de abril del mes y año en mención (foja 42-43) y surtió sus efectos el veintitrés siguiente; por tanto, el plazo de cinco días otorgado para cumplir con la aclaración formulada transcurre del veinticuatro al treinta de abril de dos mil dieciocho. Ahora, al haber presentado la promoción en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito de Morelia, Michoacán, el veinticuatro de abril del año en curso, se interrumpió el citado cómputo; por tanto, tiene cuatro días del plazo otorgado para que la parte quejosa desahogue la vista formulada. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 39/2012, de Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 2000702, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En el entendido que de no acatarlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada el doce de abril de dos mil dieciocho, atento a su contenido se acuerda: No ha lugar a tener al promovente cumpliendo con la prevención de mérito, toda vez, que si bien es cierto cumplió con el primero de los puntos requeridos, que es precise cual es el acto reclamado, también es verdad que no hizo lo conducente con el segundo punto, esto es, no manifestó el estado procesal del juicio en el que es parte o si ya compareció al sumario de origen. En el entendido que la parte quejosa puede subsanar dicha omisión dentro del mismo término, el cual se interrumpió con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído. Lo anterior en atención a que el referido auto en que se formuló la prevención de doce de abril de dos mil dieciocho (fojas 39-41), le fue notificado al quejoso el veinte de abril del mes y año en mención (foja 42-43) y surtió sus efectos el veintitrés siguiente; por tanto, el plazo de cinco días otorgado para cumplir con la aclaración formulada transcurre del veinticuatro al treinta de abril de dos mil dieciocho. Ahora, al haber presentado la promoción en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito de Morelia, Michoacán, el veinticuatro de abril del año en curso, se interrumpió el citado cómputo; por tanto, tiene cuatro días del plazo otorgado para que la parte quejosa desahogue la vista formulada. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 39/2012, de Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 400, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 2000702, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En el entendido que de no acatarlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.
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