Omar Sosa Dueñas
Expediente 726/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Omar Sosa Dueñas
- Juez Primero de lo Civil de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito judicial de Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el ocho de julio pasado, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, en atención a la solicitud de la parte quejosa, reservada el trece de julio pasado, se le hace saber que respecto a los documentos originales que obren en el expediente, cuenta con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Quejoso solicita devolución de documentales. Agréguese el escrito signado por el quejoso Omar Sosa Dueñas, por medio del cual solicita la devolución de las documentales que exhibió con su escrito inicial de demanda; resérvese proveer lo que en derecho corresponda hasta en tanto cause estado el auto por el que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Omar Sosa Dueñas, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a los autorizados y domicilio para recibir notificaciones que señala en su escrito de cuenta, toda vez que mediante proveído de cuatro de julio del año en curso, se proveyó lo conducente. DESECHA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Omar Sosa Dueñas, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Pátzcuaro, Michoacán. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de la autoridad responsable: Los autos de quince de junio de dos mil veintidós y uno de julio de dos mil veintidós, por el que se requirió a la parte quejosa para exhiba la suma que corresponda por concepto de pago de alimentos que adeude, con el apercibimiento legal que de no hacerlo, se decretará embargo en bienes de su propiedad. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Esta juzgadora estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista por en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. La jurisprudencia por contradicción P. /J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado deriva del juicio ordinario familiar 569/2013, del índice del Juez Primero de lo Civil de Pátzcuaro, Michoacán, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones siguió María Guadalupe Castillo García, frente al aquí quejoso, expediente en el que se dictó sentencia el veintiocho de marzo de dos mil catorce decretando la disolución del vínculo matrimonial y una pensión alimenticia de treinta salarios mínimos actualizados al salario vigente correspondiente en el Estado de Michoacán. Juicio que actualmente se encuentra en ejecución de la pensión alimenticia, pues de los antecedentes que narra el quejoso en el escrito de demanda y en el escrito de cumplimiento, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno inició incidente de reducción de pensión, dictándose sentencia interlocutoria el diecisiete de diciembre siguiente, en la que se le concedió una reducción a un veinticinco por ciento. Determinación contra la que actora promovió recurso de apelación del que tocó conocer a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándola con el número I-37/2022, en el cual se incrementó la pensión a un treinta por ciento, quedando en una cantidad de $1,080.00 (mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional). Posteriormente, el diez de junio pasado, la actora presentó escrito solicitando el embargo de bienes para cubrir la cantidad de $25,622.40 (veinticinco mil seiscientos veintidós pesos 40/100 moneda nacional), correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, petición a la que recayó el auto de quince de junio, que es uno de los aquí reclamados, en el que se le requiere al quejoso para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga y efectué el pago de las pensiones alimenticias que se adeudan, y el uno de julio recayó diverso acuerdo en el que se requiere al accionante para que dentro del término de tres días, exhiba la suma que corresponda al concepto de pago de alimentos que deuda, con el apercibimiento que de no hacerlo se decretará embargo en bienes de su propiedad, siendo este el segundo acto reclamado. Esto es, el quejoso pretende a través del juicio de amparo, que se analice unos proveídos en los que se le requiere mediante notificación personal, a fin de que cumpla voluntariamente con el pago de la pensión alimenticia decretada en el juicio de origen, en el cual ya hay sentencia definitiva, con apercibimiento de embargo de bienes; requerimiento que corresponde a la etapa de ejecución de sentencia, y no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia aduciendo que no ha incurrido en hacer los pagos de la pensión de alimentos a que fue condenado. En ese tenor, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir el requerimiento para que cumpla de manera voluntaria con el pago de las obligaciones de alimentos a los que fue condenado en sentencia definitiva, así como la ejecución forzosa a través del embargo de bienes; con dichos actos, no se está privando al quejoso de ningún derecho fundamental, ya que el embargo del bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se ha llevado a cabo, por lo que no se está ante un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, el requerimiento de cumplimiento voluntario dictado en ejecución de una sentencia firme, en un juicio, en el que el quejoso es parte, no es una determinación definitiva en esa fase, ni guarda independencia respecto a la cosa juzgada, pues si bien se dirige a preparar y lograr el cumplimiento de lo sentenciado, se encuentra supeditada a la eficacia de la ejecución material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos encaminados a la satisfacción de lo fallado. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Tienen aplicación al caso el siguiente criterio: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico lic.fvh@gmail.com, así como el número telefónico 43 41 03 77 72 y 43 41 28 99 70, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, téngase a la parte quejosa, manifestando su oposición a la publicación de datos personales; por tanto, lo anterior hágase del conocimiento del Analista Jurídico SISE, así como del Actuario Judicial adscrito a este Órgano jurisdiccional, para que no se publiquen los datos correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA OMAR SOSA DUEÑAS LA DETERMINACION DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Omar Sosa Dueñas, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a los autorizados y domicilio para recibir notificaciones que señala en su escrito de cuenta, toda vez que mediante proveído de cuatro de julio del año en curso, se proveyó lo conducente. DESECHA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Omar Sosa Dueñas, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Pátzcuaro, Michoacán. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, al examinar integralmente la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de la autoridad responsable: Los autos de quince de junio de dos mil veintidós y uno de julio de dos mil veintidós, por el que se requirió a la parte quejosa para exhiba la suma que corresponda por concepto de pago de alimentos que adeude, con el apercibimiento legal que de no hacerlo, se decretará embargo en bienes de su propiedad. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Esta juzgadora estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista por en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los actos en ejecución de sentencia tengan autonomía y sean ajenos a la cosa juzgada. Lo anterior, porque el juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece la procedencia del amparo hasta dictada la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, se podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a esa regla será, como ya se dijo, su autonomía respecto al procedimiento de ejecución, ya que en ese caso la violación invocada no podrá ser motivo de análisis en la última resolución. La jurisprudencia por contradicción P. /J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado deriva del juicio ordinario familiar 569/2013, del índice del Juez Primero de lo Civil de Pátzcuaro, Michoacán, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones siguió María Guadalupe Castillo García, frente al aquí quejoso, expediente en el que se dictó sentencia el veintiocho de marzo de dos mil catorce decretando la disolución del vínculo matrimonial y una pensión alimenticia de treinta salarios mínimos actualizados al salario vigente correspondiente en el Estado de Michoacán. Juicio que actualmente se encuentra en ejecución de la pensión alimenticia, pues de los antecedentes que narra el quejoso en el escrito de demanda y en el escrito de cumplimiento, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno inició incidente de reducción de pensión, dictándose sentencia interlocutoria el diecisiete de diciembre siguiente, en la que se le concedió una reducción a un veinticinco por ciento. Determinación contra la que actora promovió recurso de apelación del que tocó conocer a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, registrándola con el número I-37/2022, en el cual se incrementó la pensión a un treinta por ciento, quedando en una cantidad de $1,080.00 (mil ochenta pesos 00/100 moneda nacional). Posteriormente, el diez de junio pasado, la actora presentó escrito solicitando el embargo de bienes para cubrir la cantidad de $25,622.40 (veinticinco mil seiscientos veintidós pesos 40/100 moneda nacional), correspondiente a los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, petición a la que recayó el auto de quince de junio, que es uno de los aquí reclamados, en el que se le requiere al quejoso para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga y efectué el pago de las pensiones alimenticias que se adeudan, y el uno de julio recayó diverso acuerdo en el que se requiere al accionante para que dentro del término de tres días, exhiba la suma que corresponda al concepto de pago de alimentos que deuda, con el apercibimiento que de no hacerlo se decretará embargo en bienes de su propiedad, siendo este el segundo acto reclamado. Esto es, el quejoso pretende a través del juicio de amparo, que se analice unos proveídos en los que se le requiere mediante notificación personal, a fin de que cumpla voluntariamente con el pago de la pensión alimenticia decretada en el juicio de origen, en el cual ya hay sentencia definitiva, con apercibimiento de embargo de bienes; requerimiento que corresponde a la etapa de ejecución de sentencia, y no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia aduciendo que no ha incurrido en hacer los pagos de la pensión de alimentos a que fue condenado. En ese tenor, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir el requerimiento para que cumpla de manera voluntaria con el pago de las obligaciones de alimentos a los que fue condenado en sentencia definitiva, así como la ejecución forzosa a través del embargo de bienes; con dichos actos, no se está privando al quejoso de ningún derecho fundamental, ya que el embargo del bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se ha llevado a cabo, por lo que no se está ante un acto definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ciertamente, el requerimiento de cumplimiento voluntario dictado en ejecución de una sentencia firme, en un juicio, en el que el quejoso es parte, no es una determinación definitiva en esa fase, ni guarda independencia respecto a la cosa juzgada, pues si bien se dirige a preparar y lograr el cumplimiento de lo sentenciado, se encuentra supeditada a la eficacia de la ejecución material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos encaminados a la satisfacción de lo fallado. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Tienen aplicación al caso el siguiente criterio: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. Con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, reformado por los diversos 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, relativo al Esquema de Trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública Derivado del virus COVID-19, téngase a la parte quejosa proporcionando la dirección de correo electrónico lic.fvh@gmail.com, así como el número telefónico 43 41 03 77 72 y 43 41 28 99 70, para efecto de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, téngase a la parte quejosa, manifestando su oposición a la publicación de datos personales; por tanto, lo anterior hágase del conocimiento del Analista Jurídico SISE, así como del Actuario Judicial adscrito a este Órgano jurisdiccional, para que no se publiquen los datos correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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