Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara
Expediente 429/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/05/2023
Partes del expediente
- Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Ejecutoria de colegiado, recurso de queja. Téngase por recibidos los oficios del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en la que declaró infundado el recurso de queja 88/2023 de su índice. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. i. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, acúsese de recibo al Tribunal Colegiado del conocimiento y, glósese el cuaderno de antecedentes, en el entendido que deberán destruirse las copias de las constancias que ya existan agregadas en el expediente original, a fin de evitar su duplicidad. Archivo. En esas condiciones, toda vez que el tribunal colegiado del conocimiento declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés en que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, el expediente se encuentra en los supuestos previstos en los incisos d y j del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación al tercero interesado, ni la comunicación oficial enviada para tal efecto. En esas condiciones, se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, que de no tener inconveniente o impedimento legal, remita a este juzgado la comunicación oficial 74/2022 (orden 212/2022) de esta estadística, o bien, informe a este juzgado federal las gestiones realizadas para el cumplimiento de la diligencia encomendada. En consecuencia, se ordena expedir el oficio vía interconexión para su conocimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo.
- Principal
V I S T O S, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1863/2022, promovido por Cuauhtémoc Anuar Morales León, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Cuauhtémoc Anuar Morales León, solicitó la suspensión contra las autoridades y por los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo. SEGUNDO. Apertura del incidente. Por auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, tal como se ordenó en el cuaderno principal, se formó el presente incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran en el plazo de cuarenta y ocho horas sus informes previos; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. Cabe precisar que en esa fecha en el cuaderno principal del que deriva el incidente en que se actúa, se desechó parcialmente la demanda por lo que respecta a los actos atribuidos al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, determinación que fue recurrida en queja, la cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en resolución autorizada en sesión de dos de febrero de dos mil veintitrés, en la queja 439/2022 declaró fundado dicho recurso. TERCERO. Audiencia incidental. Por resolución de once de octubre de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. CUARTO. Ampliación de demanda. El veinte de octubre de dos mil veintidós, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional de los actos reclamados en escrito de ampliación de demanda. QUINTO. Audiencia incidental respecto de la ampliación a la demanda de amparo. En audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se resolvió la suspensión definitiva de los actos materia de ampliación. SEXTO. Se ordena admitir acto que anteriormente se desechó. Por auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó admitir a trámite la demanda respecto del acto reclamado consistente en "La futura e inminente omisión de declararme ganador en el concurso de oposición al suscrito", atribuido al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera en el plazo de cuarenta y ocho horas su informe previo; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. Finalmente, se celebra la audiencia incidental, respecto el citado acto reclamado, conforme el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. Del análisis acucioso del presente sumario en concatenación con la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en resolución autorizada en sesión de dos de febrero de dos mil veintitrés, en la queja 439/2022, se advierte que la presente resolución únicamente se analizara el acto reclamado atribuido al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que se hace consistir en "La futura e inminente omisión de declararme ganador en el concurso de oposición al suscrito" En el entendido que se analizará la procedencia de la suspensión definitiva independientemente de los efectos que se solicitan, ya que es obligación del órgano jurisdiccional precisar los efectos y consecuencias. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad Presidente y Representante del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, al momento de rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado. Luego, dado que la quejosa no aportó elemento de prueba alguno que desvirtúe el contenido del informe previo señalado, respecto de la negativa que sostiene la autoridad de que se trata, cobra firmeza el contenido de su informe previo, por lo que a nada práctico llevaría el conceder la suspensión respecto de los actos que se aseveran como inexistentes, cuya acreditación correspondía a la peticionaria de amparo. En esas condiciones, lo procedente es negar la medida suspensiva solicitada respecto del acto que se les atribuye, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia de rubro: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. Existencia de los actos. La responsable Presidente de la Comisión Transitoria Especial para la Elección de Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios Instructores en Materia Laboral del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, al rendir su informe previo, aceptó que el quejoso no resultó acreditado para continuar en las etapas subsecuentes en los concursos de oposición libre abierta para integrar las listas de reserva estratégica de diecinueve juezas y jueces en materia laboral. En el mismo sentido se pronunciaron el Pleno y Secretario General, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, al sostener que en la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, el citado Pleno aprobó el dictamen propuesto por la Comisión Transitoria Especial para la Elección de Juezas, Jueces, Secretarias y Secretarios Instructores en Materia Laboral, en la que se determinó quiénes fueron las y los aspirantes acreditados que continuaban en las etapas subsecuentes de los concursos antes señalados, lista en donde no se encuentra el justiciable. Con los citados argumentos, se tiene por acreditado el acto reclamado, en la medida que las citadas responsables reconocen, de forma implícita, que la futura e inminente omisión de declarar al quejoso, como ganador en el concurso de oposición antes señalado, se debió porque no resultó acreditado para continuar en las etapas subsecuentes en los concursos de oposición libre abierta para integrar las listas de reserva estratégica de diecinueve juezas y jueces en materia laboral. QUINTO. Posibilidad de restablecer en el goce del derecho reclamado. A fin de proveer sobre la suspensión solicitada, se debe de tomar en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Así, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: 1. Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; 3. Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, 4. En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia (tutela efectiva) y el debido proceso legal. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. La apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición del solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar lo solicitado en relación con ese derecho, hay por tanto, un juicio de probabilidad y verosimilitud. Exigencias y parámetros para la suspensión del acto reclamado. Constitucionales. El párrafo primero del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: ".. X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." Reglamentarios. Por su parte, los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. ." Como se ve, el citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. Pero además, dado el marco Constitucional aplicable, con el otorgamiento de la medida no se debe seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, y el otorgamiento de la medida nunca podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Noción de interés suspensional. Con relación a la apariencia del buen derecho, el orden público e interés social. En ese contexto, precisa señalar que la noción de interés suspensional, en relación con los diversos numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, y basta la prueba indiciaria para conceder la medida. De conformidad al artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 128 y 139 de la ley de la materia, en materias como la administrativa se tiene que los requisitos para conceder la medida cautelar son los siguientes: a) Que sea solicitada por el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan normas de orden público; y, c) Que exista peligro inminente que de ejecutarse los actos reclamados, se causen perjuicios de difícil reparación. El primer aspecto, como se vio, tiene relación íntima con la apariencia del buen derecho (fumus bonus iuris), que constituye uno de los presupuestos materiales para obtener una resolución favorable en las medidas cautelares, a las que se asemeja la suspensión en el amparo (atento a que ambas tienen finalidades afines, como lo es la conservación del derecho materia de la contienda). Tal elemento se sustenta en un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Es menester precisar que los indicados presupuestos no deben analizarse de forma aislada, sino que debe valorarse en conjunción con el diverso requisito marcado con el inciso b, esto es, la afectación al orden público y al interés social, como se ve de la siguiente jurisprudencia: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO" En este punto, conviene señalar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. Además, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Y en ese sentido, es dable concluir, que el orden público y el interés social se afectan no sólo en los supuestos del artículo 129 de la Ley de Amparo (que es enunciativo, no limitativo), sino también, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Ahora, atendiendo a que los actos reclamados son de naturaleza omisiva, se desprende que en la actualidad la suspensión de éstos permite, entre otros aspectos, restablecer al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De tal manera que, la suspensión está dotada de una genuina medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), por lo que incluso se equipara a un amparo provisorio. Incluso el Máximo Tribunal del país ha determinado que es posible conceder la suspensión contra actos de carácter omisivos o negativos, pero eso dependerá de cada caso en particular, atendido a la naturaleza del acto, para lo cual la persona juzgadora debe de evaluar los elementos que obran en el incidente respectivo. De lo anterior, emanó el criterio 1a./J. 70/2019 (10a.), que dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA" Aplicación de los principios antedatados al caso concreto. La parte quejosa reclama: ".La futura e inminente omisión de declararme ganador en el concurso de oposición al suscrito.". Así, en el caso, no se infringen cuestiones de orden público, ni del interés social que impida la concesión de la presente medida. Sin embargo, examinados los actos reclamados y los datos que conforman esta incidencia, a criterio de quien esto resuelve, se determinar NEGAR la suspensión definitiva de éstos. Así, no procede el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados ya que, atendiendo a las circunstancias específicas que envuelven este caso en concreto, esta juzgadora considera, que no se cuenta con los elementos suficientes que permitan avizorar de manera probable y anticipada, si las consecuencias de los actos repercuten, efectivamente, en la esfera jurídica de la parte quejosa que permita en este momento, restituirla provisoriamente en el goce del derecho que dicen les ha sido violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De ahí que se determine negar la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción.
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