Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara
Expediente 1218/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se negó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Ha´ganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino expediente principal. Por otro lado, tomando en consideración que se negó el presente juicio de amparo, dicha hipótesis se encuentra en el supuesto previsto en la fracción III, inciso a, del artículo 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; por tanto, será conservable una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Destino cuaderno incidental. En cuanto al incidente de suspensión es conservable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 17, fracción III, inciso b, del Acuerdo General, toda vez que la suspensión definitiva se concedió por una parte y se negó por otra, a la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1218/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, el Organismo Público Descentralizado, Hospital Civil Guadalajara, por conducto de su Coordinadora General Jurídica, ingresó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda promovida, por lo cual solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; asimismo, se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. El veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se reconoció a Armando Daniel González Flores el carácter de tercero interesado. Seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia de trabajo y reclamarse actos de una autoridad residente dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: - Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral 1232/2019-A1, mediante la cual resuelve la planilla de liquidación propuesta. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, pues así lo reconoció al rendir su informe de ley; de ahí, que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente de origen, del índice del tribunal responsable, a la que se otorga el carácter de documento público de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a funcionarios investidos de fe pública, expedidos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular en los documentos por los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les confiere eficacia demostrativa plena en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del citado código. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Las causas de improcedencia son cuestiones de orden público, las cuales deben analizarse preferentemente ante cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Litis constitucional. La litis en el presente juicio de amparo se centra en determinar si es constitucional la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el juicio laboral 1232/2019-A1, mediante la cual resuelve la planilla de liquidación propuesta. Conceptos de violación. La parte quejosa refiere que la autoridad responsable transgredió sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la constitución, por lo siguiente; a. No se corrió traslado a la parte quejosa con la planilla de liquidación presentada por la parte actora, toda vez que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, únicamente se le dio vista con la planilla propuesta para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho corresponda. b. No se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que carece de los sustentos legales, lo que genera un estado de indefensión, por lo que las cantidades establecidas no se encuentran fundamentadas ni sustentadas legalmente, dado que no establece las cuentas y/u operaciones aritméticas correspondientes para concluir las cantidades plasmadas. c. No valoró el oficio signado por la autoridad demandada, mediante el cual se informó los incrementos salariales, respecto de la actora demandada, como fue solicitado, a fin de resolver y establecer las cantidades correctas, a fin de no exceder de las cantidades solicitadas, sin que pueda subsanarse los errores de cálculo. d. No tomó en consideración las manifestaciones realizadas por las partes, por lo que no es congruente y exhaustiva, de conformidad con el artículo 136 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. El análisis de los precitados conceptos de violación se realizará bajo el principio de estricto derecho, toda vez que no opera la suplencia de la deficiencia en los conceptos de violación, cuando el promovente del juicio constitucional es el patrón, lo cual es el caso. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 42/97, con número de registro 197696, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 305, de rubro y contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es menester realizar una breve relación de algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada del juicio laboral de origen, allegadas por el tribunal responsable en apoyo a su informe de ley, los cuales serán a partir del laudo dado que la determinación reclamada, se encuentra en etapa de ejecución, de ahí que se hacen en los siguientes términos: El veinte de enero de dos mil veintiuno, se dictó laudo en el juicio laboral 1232/2019-A1, en la que se condenó a la autoridad demandada, al pago de salarios vencidos con sus incrementos salariales, así como al pago de las aportaciones correspondientes al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco; e intereses generados sobre el importe de quince meses en razón del 2% mensual, capitalizable hasta la fecha en que se dé su cumplimiento; así como al pago de aguinaldo y prima vacacional; absolviendo al pago de vacaciones reclamadas. Inconforme con dicha determinación, la autoridad demandada promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, radicado con el número 440/2021, de su índice, quien por ejecutoria emitida en sesión de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, determinó negar el amparo y protección solicitado. El quince de marzo de dos mil veintidós, en atención a la planilla de liquidación propuesta por la parte actora, se dio vista a la contraria, para que dentro del término de tres días hábiles, realice las manifestaciones que a su consideración corresponda y señaló día y hora para llevar a cabo la reinstalación de la parte actora, aquí tercera interesada. El quince de junio del año pasado, se llevó a cabo la reinstalación de la parte actora, en los términos de la diligencia realizada para ello. El veintiocho de junio del año anterior, se admitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el ente demandado respecto de la determinación de quince de marzo de esa anualidad, fijándose día y hora para llevar la audiencia incidental. El veintiséis de agosto de la anualidad pasada, se emitió la resolución en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones. El veinticuatro de octubre de dos mi veintidós, se requirió al organismo público descentralizado demandado informara los incrementos salariales respecto del cargo de auxiliar de admisión, perteneciente a la rama paramédica en dicha institución, a partir del cuatro de mayo de dos mil diecinueve. El trece de febrero del año pasado, se tuvo a la autoridad demandada informando los incrementos salariales solicitados; motivo por el cual se turnaron los autos para resolver la planilla de liquidación propuesta. El dos de marzo de dos mil veintitrés, se emitió la resolución interlocutoria, en la que determinó que la cantidad total a pagar, respecto de los conceptos de salarios vencidos, aguinaldo y prima vacacional, ascienden a $382,234.56 (trescientos ochenta y dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 56/100 moneda nacional). Determinación que corresponde al acto reclamado en el presente amparo. Decisión sobre la litis constitucional. Son inoperantes los conceptos de violación sintetizados en los incisos a y b; e infundados los diversos conceptos identificados en los incisos c y d, como se establece a continuación. La parte quejosa en el concepto identificado con el inciso a, aduce que el tribunal responsable no le corrió traslado con la planilla de liquidación presentada por la parte actora, toda vez que mediante proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, únicamente se le dio vista con la planilla propuesta para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su derecho corresponda. Resulta inoperante el precitado concepto, toda vez que como lo refiere la parte quejosa, en contra del auto de quince de marzo de dos mil veintidós, promovió incidente de nulidad, el cual se declaró improcedente; determinación en la que se estableció que toda vez que la apertura del incidente de liquidación de sentencias resulta excepcional, por lo que al no haberse dado inicio a dicha incidencia, a fin de que las partes estén en aptitud de manifestar ofrecer pruebas, no existe la obligación de correr traslado a dicha parte. De ahí, que al no realizar manifestación alguna en contra de los argumentos realizados en dicha determinación, y únicamente establecer que el tribunal responsable fue omiso en correrle traslado con la planilla de liquidación, lo que fue materia del incidente de nulidad, deviene inoperante su argumento. De igual forma, resulta inoperante el diverso concepto de violación identificado con el inciso b, mediante el cual aduce que no se encuentra debidamente fundamentada, toda vez que carece de los sustentos legales, lo que genera un estado de indefensión; ya que las cantidades establecidas no se encuentran fundamentadas ni sustentadas legalmente, dado que no establece las cuentas y/u operaciones aritméticas correspondientes para concluir las cantidades plasmadas. La calificación realizada a dicho concepto obedece a que la entidad quejosa se limita a realizar diversas afirmaciones genéricas sin especificar con claridad la transgresión reclamada, sin que baste para ello el señalamiento en el sentido de que no se encuentran establecidas las operaciones aritméticas que evidencien el resultado obtenido, dado que, dicho argumento de igual forma es genérico; pues para ello, se debió precisar qué cantidades a su consideración no son correctas y así desarrollar las operaciones que lo sustenten, lo cual no realizó, de ahí que resulte inoperante tal argumento, dado que el análisis de los conceptos de violación en el presente caso es de estricto derecho. Tiene apoyo lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/44, con número de registro digital 203136, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 736, de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION NO RAZONADOS, AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRON. Cuando es el patrón el que acude al amparo, no basta la simple afirmación de que la responsable no examinó sus pruebas aportadas para que pueda efectuarse el estudio de éstas, toda vez que con base en el principio de estricto derecho, es necesario que el quejoso señale concretamente qué pruebas fueron las que aportó y por qué considera que no se le examinaron. Por otra parte, resulta infundado el diverso concepto de violación identificado en el inciso c, por el cual la peticionaria hace valer que el tribunal responsable no valoró el oficio mediante el cual se informó de los incrementos salariales, respecto de la actora demandada. En efecto, en la determinación reclama se advierte que una vez establecido el salario base para cuantificar, el tribunal responsable tomó en consideración el oficio mediante el cual la entidad demandada, aquí quejosa, informó los incrementos salariales respecto del cargo de auxiliar de admisión, perteneciente a la rama paramédica, en dicha institución, a partir del cuatro de mayo de dos mil diecinueve y valorar dicha determinación. Estableciendo que resultó necesaria para cuantificar las prestaciones laudadas, en beneficio de la parte trabajadora; de ahí que, contrario a lo señalado por el peticionario, la responsable sí valoró el oficio precitado, dado que estableció su eficacia para realizar la cuantificación con motivo de la planilla de liquidación propuesta, pues sirvió de base para ella. Cierto, el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, establece que son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones, lo cuales harán fe en el juicio sin necesidad de legalización. En otras palabras, los documentos públicos aportados en los juicios laborales harán prueba plena; de ahí que, el tribunal responsable, al tomar en cuenta el oficio de incrementos salariales, valoró su contenido y alcance probatorio, documental que resultaba necesaria para llevar a cabo la cuantificación de los conceptos a los que fue condenado el ente demandado. Finalmente, es infundado, el diverso concepto identificado con el inciso d, mediante el cual refiere que la autoridad responsable, no tomó en consideración las manifestaciones realizadas por las partes, de ahí que la determinación reclamada no es congruente y exhaustiva, de conformidad con el artículo 136 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Así, contrario a lo señalado por la parte quejosa, de la revisión realizada de las copias certificadas del juicio laboral de origen, no se advierte constancia alguna mediante la cual haya realizado alguna manifestación respecto del incidente de liquidación, ya que únicamente obra el oficio mediante el cual informó los incrementos salariales de respecto del cargo de auxiliar de admisión, perteneciente a la rama paramédica, en dicha institución, a partir del cuatro de mayo de dos mil diecinueve, como le fue solicitado por el tribunal responsable. De ahí que al no existir las referidas manifestaciones a la que hace alusión, deviene infundado tal argumento. En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitado. Ante ello y en razón de lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 1o, 63, 73 a 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Organismo Público Descentralizado, Hospital Civil Guadalajara, por conducto de su Coordinadora General Jurídica, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el diverso quinto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
De la certificación de cuenta, se advierte que el incidente de suspensión 551/2020, se encuentra debidamente integrado y como está ordenado en proveído de catorce de junio de dos mil veintitrés, remítase copia certificada del expediente en que se actúa y el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Copias certificadas. Por otra parte, téngase por recibido el oficio remitido por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, atento a su contenido y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; expídanse copias certificadas de las constancias que indica, previo recibo y razón que de ello otorgue en autos cualquiera de sus delegados.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio firmado por Rosa Imelda Hernández Muñoz, en su carácter de apoderada de la quejosa Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara mediante el cual cumplió con el requerimiento realizado en el proveído trece de junio del presente año; y, al efecto, proporcionó un domicilio donde puede ser emplazado el tercero interesado Armando Daniel González Flores, por lo que se ordenó llevar a cabo dicha diligencia, por lo que se está a la espera del llamamiento a juicio del citado tercero. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
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