Oreste Cristhofer Rodríguez Pérez y Otros.

Expediente 260/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
260/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/06/2023

Partes del expediente

  • Oreste Cristhofer Rodríguez Pérez y Otros.
  • Director de la Estación Migratoria ern la Ciudad de Tijuana, Baja California, dependiente del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo indirecto al rubro citado; asimismo, se advierte que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado bajo el número 324/2023, de su índice. En merito en lo anterior, toda vez que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, se reservó proveer respecto el oficio firmado por el Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, remítase al homologo Federal que se avocó al conocimiento del presente asunto. Por otra parte, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que habilite los permisos concernientes a la vinculación del presente asunto, en relación con el referido sumario constitucional, del índice del juzgado oficiante, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", permanentemente, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 19, fracción I, del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en el presente asunto este Juzgado declinó competencia para conocer del juicio biinstancial; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran SEIS MESES, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 19, antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza al secretario y/o actuario de la adscripción a firmar el oficio que derive del presente asunto. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Medardo Gordillo Vargas, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que devuelve diligenciado el exhorto 233/2023, de su índice, formado con el motivo del diverso exhorto 30/2023 orden 102/2023, de la estadística de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, únicamente dese de baja la comunicación oficial en mención y hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, si bien del contenido del exhorto se desprende que los directos quejosos ratificaron el contenido de la demanda de amparo promovida a su favor, cierto es que el dieciséis de marzo del año en curso, se declinó la competencia de este asunto a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, por razón de territorio. En consecuencia, resérvese proveer lo que en derecho corresponda, hasta en tanto este juzgado federal tenga conocimiento a qué órgano jurisdiccional federal en el Estado de Baja California, le correspondió conocer del presente sumario constitucional. Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que el dieciséis de marzo del año en curso, se declinó la competencia de este asunto a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, por razón de territorio. En tales condiciones, resérvese proveer lo conducente respecto al oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable Titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada dentro del presente asunto. Lo anterior, hasta en tanto este juzgado federal tenga conocimiento a qué órgano jurisdiccional federal en el Estado de Baja California, le correspondió conocer del presente asunto, al haberse declinado competencia por razón de territorio. Cúmplase.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante José Alfredo León Ortega, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla, a favor de Melissa Isabel Llanes Ortiz y Oreste Cristhofer Rodríguez Pérez, contra actos del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de Tijuana, Baja California, dependiente del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación. En consecuencia, regístrese bajo el número 260/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Suspensión de plano. Del análisis íntegro del escrito de demanda promovida por Gabriel Domínguez Bobadilla, a favor de Melissa Isabel Llanes Ortiz y Oreste Cristhofer Rodríguez Pérez, se advierte se reclama entre otros actos, la privación ilegal de la libertad personal, con fines de deportación, así como actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, dentro de los antecedentes, el promovente señala que: "2. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, .por lo que al llegar a este país de México, se presentaron ante las autoridades migratorias del Estado de Chiapas, para iniciar un procedimiento de Regularización Migratoria y no las quisieron recibir, esto sucedió en varias ocasiones, a pesar de haberse quedado a dormir desde días anteriores afuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración pero nunca se les permitió entrar y ser atendidas, además que las citas para iniciar un Procedimiento de Reconocimiento de Refugio es COMAR son demasiado largas, y algo que está sucediendo es que hay una persecución a través de redadas por parte de los agentes federales de migración y de la policía del Estado de Chiapas, quienes los extorsionan y les rompen las citas para llevarlos a la Estación Migratoria en Tapachula, Chiapas, por lo que decidieron trasladarse a la Ciudad de Tijuana, Baja California para regularizar su situación migratoria (.)". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo, 160 y demás relativos, de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO a los directos agraviados Melissa Isabel Llanes Ortiz y Oreste Cristhofer Rodríguez Pérez, para el efecto de que cese cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, sean puestas en libertad, siempre y cuando los actos reclamados se hayan emitido sin una orden migratoria previa. Lo anterior, tomando en cuenta que, de las manifestaciones formuladas en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, no se advierte en esta fase procesal que exista algún procedimiento administrativo seguido contra de los directos agraviados. En el entendido de que, las autoridades migratorias responsables deben ajustarse a los parámetros establecidos en la Ley de Migración, de manera que de acuerdo a los dispuesto en el numeral 101 de dicho ordenamiento, informe a los agraviados, que hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país: Podrán quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien de persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos. Tendrán la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria o zona conurbada de Tijuana, Baja California, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio, en caso de que llegara a instaurarse; y, Deberán comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se les requiera. De no hacerlo así, la presente medida cautelar quedará sin efectos. Se reitera, la suspensión surtirá efectos siempre y cuando no se haya emitido resolución relativa sobre la situación migratoria de las extranjeras, derivada de algún procedimiento administrativo migratorio seguido en su contra (lo que impide sean puestas en libertad absoluta sin que previamente sea estudiada la constitucionalidad del acto reclamado, lo cual es propio de la sentencia de amparo, no de la suspensión de plano). Además, la suspensión no surtirá efectos en caso de que la detención hubiera sido ordenada por autoridad jurisdiccional, o por haberse cometido un ilícito, y se encuentre instruyéndose o se instruirá contra la parte directamente agraviada una causa penal; o bien, tales actos, emanen de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o por hechos diversos a los plasmados en el ocurso constitucional. En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de su legal notificación, informen a este Juzgado de Distrito, la forma y términos en que se dio cumplimiento a esta medida cautelar; así como para que, en su caso, acrediten dentro del citado plazo con las constancias respectivas, la existencia de las órdenes giradas para su cumplimiento; se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 262, fracción III, y 266, fracción, I de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se les reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apoya la anterior determinación, la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO". Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que de INMEDIATO, envíe los oficios que deriven del presente acuerdo. Asimismo, infórmese a las autoridades señaladas como responsables, que podrán remitir su informe sobre la suspensión de plano, al correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Incompetencia. Ahora, toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, se debe considerar si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por la parte agraviada, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Cabe precisar que en la demanda de amparo, conforme a las manifestaciones del promovente de amparo, el acto reclamado tiene ejecución en Tijuana, Baja California, lugar en el que manifiesta que los directos agraviados se encuentran detenidas en la estación migratoria de esa localidad. Al respecto, este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, considera que no es legalmente competente, por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados precisados en la demanda de amparo, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia. (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto, existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- la jurisprudencia criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época, rubro: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO" Así como la jurisprudencia sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO". La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, la lectura integral de la demanda de amparo clarifica que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la privación ilegal de la libertad personal, con fines de deportación, así como actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en la estación migratoria de Tijuana, Baja California. De manera que el acto reclamado, sí tiene ejecución material y ésta estriba en dicho municipio, toda vez que así se desprende de la demanda de amparo. Como se ve, en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque dicho acto, dada su naturaleza, se ejecuta por parte de las autoridades responsables en el Municipio de Tijuana, Baja California. Ahora bien, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este último, que dispone: ".XV. DECIMOQUINTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Mexicali del Estado de Baja California y por el municipio de San Luis Río Colorado del Estado de Sonora. Los juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana. (.)" De lo anterior, se advierte que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, conocer de los juicios de amparo contra actos que actualmente se ejecutan en ese mismo municipio. Por tal motivo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se declina competencia, por razón de territorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Por consiguiente, sin proveer sobre la admisión de la demanda, remítase aquélla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito con residencia en esa localidad, que corresponda por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese a dicho órgano jurisdiccional tenga a bien acusar el recibo correspondiente e informar si acepta o no la competencia declinada. Exhorto. Ahora, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; y, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para que ordene al actuario judicial de su adscripción para que de manera inmediata se constituya en la estación migratoria de Tijuana, Baja California, y; 1. Una vez lograda la comparecencia de los directos agraviados Melissa Isabel Llanes Ortiz y Oreste Cristhofer Rodríguez Pérez, les notifique personalmente el presente acuerdo, las requiera, para que en el acto de la notificación o a más tardar dentro del término de tres días siguientes, contados legalmente, ratifiquen la demanda ante la presencia judicial, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo fijado, el juzgado legalmente competente, tendrá la facultad de tener por no presentada la demanda de que se trata, quedando sin efectos las providencias dictadas. Además, el fedatario judicial deberá requerir a los directos agraviados, en los términos siguientes: a. Manifiesten en la diligencia de que se trata, si es su voluntad señalar como autorizado al promovente del amparo, y en qué términos los autoriza; o en su defecto señale autorizados para tal fin. b. Señalar en el acto de la diligencia domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se notificarán por lista de acuerdos los subsecuentes, incluso los de carácter personal; o en su defecto, precisar si se tiene como tal, el señalado en la demanda de amparo. 2. Notifique los oficios dirigidos a las autoridades responsables (a los cuales se anexa copia del escrito de demanda de que se trata), que deriven del presente acuerdo, debiendo recabar el acuse de estilo correspondiente y, remitirlo inmediatamente a este Juzgado Federal. Para lo cual, se solicita al Juzgado exhortado faculte al actuario de su adscripción para el caso de que al constituirse en el domicilio de las autoridades responsables, en ese acto corrija la denominación de dichas autoridades siempre que fuere necesario, para efecto de que las responsables reciban los oficios que al efecto se libren. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio del promovente del amparo, el que indica en su demanda de amparo y como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la persona que menciona. Correo electrónico. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el correo electrónico proporcionado por la parte promovente, no se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es por lo que no ha lugar a acordar de conformidad su petición respecto de que se realicen notificaciones por dicho medio. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la secretaria para que firme el oficio correspondiente. Notifíquese personalmente al promovente del amparo y por exhorto a los directos agraviados.

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