Orali Guillermina Martínez Valenzuela

Expediente 1147/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1147/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
16/11/2022

Partes del expediente

  • Orali Guillermina Martínez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero de lo civil especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, Estado de Oaxaca, no ha rendido su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada el veinte de octubre del año en curso, y haber transcurrido el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 párrafo tercero, 117 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la Materia, requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada de este acuerdo, remita copia certificada completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado, es decir del expediente 200/2021, de su índice. Apercibida, que de hacer caso omiso, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; lo anterior, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 260, ambos de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada programada para este día y se señalan las ONCE HORAS CON UN MINUTO DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el terminó de tres días concedido en proveído de veinte de octubre del año en curso, al tercero interesado Fausto José Hernández Barbosa, a fin de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca o en esta localidad; sin que haya señalado domicilio para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, y se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realicen por medio de lista de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27 fracción II, de la Ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos Encargada por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veinte de octubre del año en curso, remite la constancia de emplazamiento del tercero interesado Fausto José Hernández Barbosa. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional está a la espera que trascurra el termino concedido al referido tercero interesado, en el aludido proveído; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Incidental

    La Jueza acuerda declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. Acto seguido, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. Abierta dicha audiencia, el secretario da lectura a las constancias que existen en autos, como son: copia de la demanda de amparo e informes previos de las autoridades responsables Jueza y Actuario ambos del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito judicial de Huajuapan de León Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca; CERTIFICA: De los informes previos, se desprende que las responsables negaron los actos que se les reclama. La Jueza acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio el secretario certifica: que la parte quejosa anexó documentales a su escrito de demanda, no así las demás partes. La Jueza, acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexó la quejosa a su escrito de demanda y se tiene por perdido el derecho para ofrecer pruebas las demás partes. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. A continuación, se procede a dictar la siguiente interlocutoria. Vistos, para resolver en definitiva, los autos del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo indirecto 1147/2022; al tenor de los siguientes: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Orali Guillermina Martínez Valenzuela, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama contra actos y autoridades que señaló en su escrito de demanda. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se aperturó el presente cuaderno incidental; se solicitaron informes previos a las autoridades señaladas como responsables, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. Acto continuo, el día de hoy conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se celebró la audiencia incidental en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión ya que aquí se tramita el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. SEGUNDO. Precisión del acto por el cual se solicitó la suspensión. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso a estudio, el acto reclamado, consiste esencialmente, en: -La falta de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 200/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, Estado de Oaxaca; y, sus consecuencias legales. Tercero. Sentido del informe previo. Las autoridades responsables Jueza y Actuario ambos del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito judicial de Huajuapan de León Oaxaca y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca; negaron los actos que se les reclama. No obstante, dichas negativas se desvirtúan con lo informado por las responsables, toda vez que manifestaron que existe el juicio ejecutivo mercantil, en el cual la quejosa cuenta con carácter de deudora principal; y, que en siete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por perdido su derecho para contestar demanda; además el treinta y uno de mayo del año en curso, dictó sentencia en dicho juicio, en donde se le condeno a la quejosa al pago de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), por lo que en diez de agosto de este año causo ejecutoria la mencionada sentencia y se requirió a la quejosa cumpliera voluntariamente con la misma, apercibiéndola de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa de la misma. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, solo para el efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En este tenor, este Juzgado de Distrito procede a analizar la procedencia de la suspensión definitiva solicitada. Cuarto. De la suspensión solicitada. Para decidir si la medida solicitada debe o no concederse, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción X de la Constitución Federal, en relación con los numerales 125, 128, 129, 138, 147 todos de la Ley de Amparo, lo que lleva a analizar, por regla general, los siguientes aspectos: 1) La presunción de existencia del acto reclamado; 2) Que exista solicitud del agraviado, quien debe acreditar indiciariamente su interés suspensional; 3) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza sea susceptible de supenderse; 4) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; 5) Junto con el examen del interés social y el orden público, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para poder justificar que se decrete la medida cautelar, cuando sea urgente y necesaria la paralización de los efectos del acto reclamado; 6) Superado el análisis de procedencia de la suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, siempre que sea jurídica y materialmente posible, se reestablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, lo que implica la posibilidad de dar efectos restitutorios a la medida cautelar. En ningún caso la suspensión podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda, conforme dispone el artículo 131 de la ley de la materia. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados es conveniente establecer que de la interpretación de la fracción I del artículo 128 en relación con el 139 ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el juez de Distrito, conforme a su arbitrio, debe pronunciarse sobre ella en los términos y para los efectos en que habrán de quedar las cosas, para conservar la materia del juicio, pero solo por los actos reclamados en la demanda. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia P./J. 4/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes uno de febrero de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." De la demanda de amparo, se considera que la quejosa esencialmente reclama de la autoridad responsable: -La falta de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil 200/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, Estado de Oaxaca; y, sus consecuencias legales. Considerando que la suspensión en el juicio de amparo es una providencia cautelar que tiene por objeto fundamental conservar la materia del amparo, dejando las cosas en el estado en que se encuentran, impidiendo que el acto de autoridad impugnado en la vía constitucional se ejecute o produzca sus efectos o consecuencias y llegue a consumarse de manera irreparable antes de que se resuelva en forma definitiva si es o no contrario a derecho; esto es, la suspensión tiende a evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio de amparo, los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle. Este juzgado únicamente se pronunciara respecto a las consecuencias del acto reclamado por así haber solicitado la suspensión la parte quejosa. Lo que encuentra apoyo en la jurisprudencia 111/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, del tomo XVIII, de diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo título es: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Ahora bien, la parte quejosa acredita indiciariamente el interés respecto del bien inmueble ubicado en carretera Venustiano Carranza número veintinueve, Letra "A", Colonia Centro, Huajuapan de León, Oaxaca; (antes una fracción de terreno ubicada en la Carretera Internacional de la mencionada ciudad) al NORTE: mide trece metros cinco centímetros y colinda con carretera Venustiano Carranza; al SUR: mide trece metros y treinta y cinco centímetros y limita con propiedad particular; al ORIENTE: mide veinticinco metros sesenta centímetros y colinda con propiedad particular; y, al PONIENTE mide veinticinco metros cincuenta y siete centímetros y limita con propiedad del vendedor, inscrito con el carácter definitivo bajo el registro 43, tomo LXXXIV, con registro de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, ante el Instituto de la Función Registral; por lo que satisface los requisitos previstos en los numerales 128, fracción I, en relación con el 139, de la norma en consulta, dado que recae sobre un bien que aduce es de su propiedad, con lo cual demuestra el peligro en la demora, de que el acto reclamado se ejecutará en su contra. En esa línea de pensamiento, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, para el efecto de que sin suspender el procedimeinto de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 200/2021 del índice de la responsable, no se otorgue la escritura pública relativa al inmueble embargado; hasta que quede firme la sentencia que, en su caso, se dicte dentro del juicio de amparo a que este incidente corresponde. En ese sentido, se estima que procede otorgar la suspensión definitiva de los actos reclamados, dado que el interés público que existe en que se lleven adelante las sentencias que han causado ejecutoria, solamente puede concebirse cuando la parte quejosa ha sido escuchada en la contienda respectiva, por ser indispensable su intervención para la constitucionalidad del fallo correspondiente, mas no cuando se está en la hipótesis antes referida, esto es, cuando se reclama la falta de notificación de la demandada, así como el procedimiento de ejecución, pues afirma no tuvo conocimiento, por lo que se considera que si en la controversia de origen existen actos positivos que deben suspenderse para evitar la realización de actos que tiendan a ejecutarla, se estima que existe materia para conceder la medida cautelar solicitada, respecto de todas las consecuencias que pudieran emanar de la sentencia definitiva dictada en dicho asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la contienen la tesis IV.3o.C.20 K, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1283, Tomo XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CUANDO SE RECLAMA UNA SENTENCIA DEFINITIVA Y SUS ACTOS INMINENTES DE EJECUCIÓN, SI EL AMPARO SE PROMUEVE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL Y EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN." Ahora, de conformidad con el numeral 132 de la Ley de Amparo, resulta procedente fijar garantía a la parte quejosa para que la medida cautelar concedida continúe surtiendo sus efectos durante la tramitación de este asunto, la que deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada. Para lo cual se debe tener presente la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 5, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". Así como la jurisprudencia 1a./J. 6/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 466, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.", estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas". En ese sentido, cabe destacar que por daño, debe entenderse la pérdida o menoscabo que le acarrea al tercero, no disponer desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo o sentencia reclamada; de manera que no es equivalente al monto total de la condena en la sentencia o laudo que constituye el acto reclamado, porque la caución que se otorga en el juicio de amparo no es una vía alternativa para lograr la ejecución de la resolución jurisdiccional que constituye el acto reclamado, por lo que una vez quede firme la sentencia definitiva, deberá ejecutarse atendiendo a las disposiciones aplicables del juicio de origen. Por tanto, la indemnización por concepto de "daño" derivado de la suspensión en el amparo, sólo responde por la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que debió recibir el tercero en virtud de la condena, durante el lapso que duró el juicio de amparo, por no haber podido disponer de la misma. Y, los perjuicios son la privación de las ganancias lícitas que obtendría éste de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de amparo; la respectiva prestación pecuniaria, equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado de dinero. Así las cosas, a fin de cuantificar los daños y perjuicios que pudiera generar la suspensión concedida en este juicio de amparo, a efecto de impedir la ejecución de la condena en cantidad líquida a favor del tercero, se debe recurrir, por un lado, al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para cuantificar los daños y, por otro, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de veintiocho días, publicada en el Diario Oficial de la Federación, como un indicador de base anual, para calcular los perjuicios. En el caso, la garantía para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión concedida se calculará sobre el monto líquido de la condena, que asciende a $450,000.00 moneda nacional (cuatrocientos cincuenta mil pesos, moneda nacional), que corresponde a la suerte principal; lo anterior de acuerdo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la quejosa. En ese orden, tomando en consideración que la cantidad relativa a los daños y perjuicios deben calcularse en relación a la duración del juicio de amparo, es decir, debe tomarse en consideración el tiempo de la vigencia de la suspensión; por tanto, resulta necesario calcular un plazo probable para la resolución del citado juicio de garantías. Así, es importante tener presente que a efecto de fijar el monto de la garantía señalada en el artículo 132 de la Ley de Amparo, la ley de la materia no señala de manera específica el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía indirecta, sin embargo, por lo general, puede ser de seis meses, siendo este parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.35/2018 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. FORMA DE CALCULAR EL PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA A EFECTO DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde el momento en que se pronuncia el acuerdo relativo y deja de surtirlos si dentro del plazo de 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Sin embargo, la ley citada no señala de manera específica el plazo para que se resuelva el juicio constitucional en la vía directa, a efecto de fijar el monto de la garantía respectiva; de ahí que, para determinarlo, debe atenderse al tiempo probable de su duración, pues precisamente durante ese lapso estará suspendida la ejecución del acto reclamado. Al respecto, la ley mencionada establece los siguientes plazos para tramitar y resolver el juicio de amparo directo: el artículo 178 prevé el de 5 días para que la autoridad responsable certifique las fechas de notificación y presentación, corra traslado al tercero interesado y rinda informe justificado; el artículo 179, el de 3 días para que el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito provea sobre la admisión de la demanda; el artículo 181, el de 15 días para alegar o promover amparo adhesivo; el artículo 183, el de 3 días para turnar el expediente y el de 90 días posteriores para pronunciar la sentencia; y el artículo 184, el de 10 días siguientes a su aprobación para la firma del engrose. La suma de los plazos aludidos es de 126 días hábiles, que divididos entre los días hábiles del mes calendario (en general 22 por mes), dan un total de 5.7 meses, plazo al que deben agregarse los días para realizar las notificaciones de cada una de las actuaciones necesarias, relevantes e indispensables para poder tramitarlo; de ahí que se considere que, por lo general, el juicio de amparo puede durar 6 meses, siendo este último parámetro el que debe observarse para fijar el monto de la garantía correspondiente cuando la suspensión se solicita al promover el juicio de amparo; no obstante, en atención a que la resolución de los juicios de amparo directo no siempre ocurre durante los plazos legales, pues en la práctica pueden existir distintas cuestiones que generarán un aumento en el lapso para su resolución, se considera válido que la autoridad facultada para decidir sobre la suspensión pueda, fundada y motivadamente, aumentarlo, siempre y cuando advierta razones que en el caso concreto justifiquen que la duración del juicio se prolongará más allá de la regla general apuntada, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda solicitar por hecho superveniente el aumento de la garantía por la demora en la solución del juicio. Asimismo, el plazo precisado puede disminuirse cuando la suspensión se solicite con posterioridad a la presentación de la demanda, para lo cual, habrá de atenderse al momento en el cual se solicita, pues el plazo de duración del juicio será menor. Lo anterior, para que se restaure eficazmente el equilibrio perdido entre las partes ante la concesión de la suspensión del acto reclamado. Puntualizado lo anterior, en torno a los daños, considerados como la pérdida del poder adquisitivo de la cantidad que debió recibir el vencedor en virtud de la sentencia condenatoria, en el lapso que dura el juicio de amparo, por no haber podido disponer de la misma, el procedimiento es el siguiente: Se toma como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo probable que podría durar el juicio de amparo directo, que en el caso, como se vio, asciende a seis meses, y considerando que no se puede computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse, se ocupa el porcentaje de inflación alcanzado en los últimos seis meses, anteriores "a la fecha en que se decrete la garantía", como se precisó en la jurisprudencia P./J.71/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita. Así, la inflación de los últimos seis meses anteriores "a la fecha en que se decrete la garantía" (conforme a los datos con que se cuenta, obtenidos de la página de internet oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/calculadorainflacion.aspx, consultada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós) -que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuya imagen se inserta a continuación- de abril a septiembre de dos mil veintidós, que es el último mes cuya información se localiza acerca de la inflación que aparece publicada, - abril (1) mayo (2) junio (3), julio (4), agosto (5), y septiembre (6) de dos mil veintidós-, ascendió al 3.11% (tres punto once por ciento), lo que se multiplica por el valor de la condena líquida, $450,000.00 moneda nacional (cuatrocientos cincuenta mil pesos, moneda nacional); de donde se obtiene la cantidad de $13,995.00 (trece mil novecientos noventa y cinco pesos moneda nacional), que es el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, por lo que se refiere a los daños. Respecto a los perjuicios, considerados como la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido el tercero interesado de haber incorporado en su esfera jurídica la prestación pecuniaria a la que tiene derecho con motivo del fallo condenatorio a su favor, desde "la fecha en que se decrete la garantía", el procedimiento es el siguiente: El valor de la condena, $450,000.00 moneda nacional (cuatrocientos cincuenta mil pesos, moneda nacional); debe multiplicarse por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibro (TIIE), publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la "la fecha en que se decrete la garantía" -veinticuatro de octubre de dos mil veintidós-, 9.567000% (que corresponde a la del plazo a 28 días como lo señala la jurisprudencia) y que se obtuvo de la página de internet https://dof.gob.mx/indicadores_detalle.php?cod_tipo_indicador=165&df echa=21%2F10%2F2022&hfecha=24%2F10%2F2022#gsc.tab=0.(consultada el veinticuatro de octubre del año en curso), que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que se corrobora con la siguiente imagen: De donde se obtiene el monto anual, que corresponde a $43,051.5 M. N. (cuarenta y tres mil cincuenta y un pesos, cinco centavos, moneda nacional); que dividido entre doce (número de meses en un año), arroja como resultado $3,587.625 (tres mil quinientos ochenta y siete pesos, seiscientos veinticinco centavos); que a su vez se multiplica por los seis meses, lapso probable de resolución del juicio de amparo, para obtener la cantidad de $21,525.75 (veintiún mil quinientos veinticinco pesos, con setenta y cinco centavos, moneda nacional), que es el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, por lo que se refiere a los perjuicios. Por lo anterior, al sumarse las cantidades obtenidas de los daños y perjuicios la garantía que deberá exhibir la parte quejosa es de $35, 520.75 (treinta y cinco mil quinientos veinte pesos, setenta y cinco centavos moneda nacional), en cualquiera de las formas legales. Misma que podrá ser exhibida en cualquier forma establecida por la ley, a nombre de la parte solicitante del amparo y a disposición de este juzgado federal, a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercera interesada, dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, como lo establecen los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo. Suspensión definitiva que surte efectos desde luego y hasta que se notifique a las autoridades responsables el auto que declare que ha causado ejecutoria la sentencia que en el fondo del asunto se pronuncie; en el entendido que de no otorgarse la garantía solicitada en el plazo señalado, dejará de surtir efectos la suspensión definitiva decretada, y expeditas las facultades de las responsables para ejecutar el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional, en relación con los numerales 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a Orali Guillermina Martínez Valenzuela; la suspensión definitiva de los actos reclamados en términos del considerando CUARTO de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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