Onorio Martínez Muñoz

Expediente 95/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
95/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Onorio Martínez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de abril del año en curso, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que tanto el presente juicio de amparo como el incidente de suspensión derivado del mismo se encuentran clasificados como depurables, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrense, por separado, los tomos de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************u********************RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día, ********************u H********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, que hizo consistir en la orden de reaprehensión dictada en su contra por los hechos constitutivos del delito de violación agravada. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de catorce de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como ********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete y se ordenó emplazar a la representación social que intervino en la causa penal de origen y a la víctima del delito, por conducto de su representante legal. En proveído de uno de marzo de dos mil diecinueve, se hizo determinó que la Coordinadora de Ministerios Públicos del Distrito Judicial Galeana, se trata de la denominación correcta de las autoridades señaladas por la parte quejosa como "agente del ministerio público del estado de chihuahua adscrito a la fiscalía general de justicia del estado de chihuahua, en la ciudad de nuevo casas grandes del distrito judicial galeana" y "agente del ministerio público del estado, en la ciudad de nuevo casas grandes"; Finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida y, finalmente, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que el acto que reclama la parte quejosa lo constituye, únicamente: La orden de aprehensión librada en su contra por la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por el hecho que la ley señala como delito de VIOLACIÓN CON PENALIDAD AGRAVADA, cometido en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales ******************** Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana aceptó la existencia del acto reclamado y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de la orden de aprehensión librada el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (lo cual constituye el acto reclamado), documental a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; por ende, se tienen por cierto el acto que le fue imputado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por otra parte, al rendir su informe con justificación, que la Coordinadora de Ministerios Públicos del Distrito Judicial Galeana, negó la existencia del acto de ejecución que le fue reclamado. No obstante, del informe rendido por la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, se advierte la existencia de la orden de aprehensión emitida contra el quejoso, en la causa penal ********************, con motivo de los hechos constitutivos del delito de violación agravada; por tanto, atendiendo a que el numeral 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al Agente del Ministerio Público, por conducto de los agentes policiales, a ejecutar una orden de aprehensión, es posible señalar que éstos pueden dar cumplimiento a dicho mandato judicial, aun cuando hasta el momento en que rindió su informe con justificación no tuviera conocimiento del acto que se le endilga; en consecuencia, se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad mencionada. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, materia civil, página 11, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías. Finalmente, la diversa autoridad responsable, Coordinador Regional de la Policía Ministerial adscrito a la Fiscalía General del Estado, en Nuevo Casas Grandes, fue omisa en rendir su informe con justificación, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio en el que se le requirió el mismo, desde el veinticinco de febrero del actual; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierta su existencia, tanto más que de conformidad con el precitado artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los agentes policiales tiene facultades para ejecutar una orden de aprehensión. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada, en términos del numeral 61 de la Ley de Amparo y su interpretación, ni este juzgador advierte que se actualicen, por lo que se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado de Distrito. Los conceptos de violación expresados de manera general son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal, promovido por el inculpado, quien formuló la demanda de amparo. A efecto de explicar las razones que llevan a concluir lo anterior, conviene establecer que el quejoso reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, la orden de aprehensión emitida en su contra, en la causa penal ********************, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de violación agravada. Lo anterior derivado de que el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos, solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, la emisión de la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por hechos constitutivos del delito de violación con penalidad agravada. El veinticuatro de noviembre siguiente, el Juez de Control dictó la orden de aprehensión de que se trata, en la que determinó que obraban datos de investigación que permitían establecer la existencia de hechos constitutivos del delito de violación agravada, prevista y sancionada en el artículo 172, fracción I y último párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua; asimismo, consideró que existía la probabilidad de que el ahora quejoso había participado en su comisión, cometidos en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales ******************** Contra esa determinación, el quejoso formuló la demanda de amparo que dio origen a este expediente y argumentó, en esencia, que al dictar la orden de aprehensión, la responsable violó el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucional. En ese aspecto, no asiste razón al quejoso. Para evidenciar el anterior aserto, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución General de la República establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Asimismo, establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y el fundamento legal en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que se recibieron, relativas a la causa penal ********************, de su índice, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del Agente del Ministerio Público de referencia, por la comisión de hechos que la ley considera como delitos de violación con penalidad agravada. Al respecto, es necesario señalar que el artículo 141 del Código procesal de la materia, en que el Juez de Control apoyó su determinación, es del contenido siguiente: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. A partir de esta disposición, se colige que para que un Juez de Control pueda librar orden de aprehensión, en contra del acusado deben reunirse los requisitos previstos en el primer párrafo del citado numeral, es decir: 1) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 2) Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, 3) Que exista la necesidad de cautela. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe algún derecho constitucional contenida en diverso precepto; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse los casos siguientes: a) Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b) Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d) Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Constitución General de la República. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 166, Tomo II, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, contra lo sostenido por el quejoso, la orden de aprehensión librada en su contra, sí reúne los requisitos establecidos para su libramiento, como enseguida se pone de relieve: 1) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El primero de los requisitos se encuentra plenamente satisfecho, dado que, como se señaló, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por una autoridad judicial, es decir, por el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes, según se desprende de las constancias que integran la causa penal ********************, de su índice, con motivo de la denuncia presentada por ********************(padre de la víctima menor de edad, de iniciales ********************). 2) Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Como aspecto previo, es conveniente señalar que las bases primarias para la emisión de la orden de aprehensión están contenidas en los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Federal. Las cuales es importante tener presentes conforme al sistema procesal penal acusatorio y oral a que se refiere la Constitución. El texto de las disposiciones constitucionales referidas, en lo conducente, es el siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. [.] 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. [.] Del contenido de los preceptos transcritos se desprenden las premisas siguientes: a) el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos; b) en la solicitud de la orden de aprehensión de una persona, la autoridad judicial deberá tener conocimiento de que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, los artículos 141, quinto párrafo, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen lo siguiente: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: . En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. [.] 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la anterior reproducción, se colige que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá, previo cumplimiento de diversos requisitos legales, solicitar al Juez de Control el libramiento de la orden de aprehensión. Para tal efecto, el Ministerio Público debe realizar una clasificación jurídica de los hechos, en la que se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. En tal solicitud el Representante social debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes, así como exponer las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado. Al resolver sobre esa solicitud, el Juez de control se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud y en caso de que la solicitud de orden de aprehensión no reúna alguno de los requisitos exigibles, prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. Las anteriores premisas permiten establecer que, en el caso, se encuentra satisfecho el segundo requisito para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya expuesto las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado, es decir, que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido el hecho que se configura como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Esto es así, porque en la especie, el Representante social consideró que en la carpeta de investigación existían datos que permitían establecer la existencia de hechos que se encuadraban en el delito de violación agravada, previsto y sancionado en el artículo 172, fracción I y último párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua; asimismo, consideró que existía la probabilidad de que el ahora quejoso había participado en su comisión, en perjuicio de la persona menor de edad de iniciales ******************** A partir de esa narrativa, la Juez responsable se pronunció sobre los elementos planteados en la solicitud y determinó que con los datos que le fueron puestos bajo su conocimiento era posible establecer la existencia de hechos configurativos del referido delito. Respecto del delito de violación agravada, en la hipótesis respectiva (realice cópula con persona menor de catorce años de edad), pues determinó que probablemente el activo, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, como a las ocho de la noche, sujetó de los brazos a la sujeto pasivo, le tapó la boca para que no gritara, lo que ejecutó con mucha fuerza, para posteriormente subirla a un vehículo automotor de color blanco (identificado como "troca"); enseguida, la amenazó de muerte y la trasladó al lugar de las "labores", esto es, "por donde andan trabajando" y la sujetó con fuerza, enseguida le bajó el pantalón y calzón, lo que el activo realizó a fin de para imponerle la cópula por vía vaginal. Asimismo, consideró que se encontraba indiciariamente probada la intervención del ahora quejoso, ********************u ******************** en esos hechos, en su calidad de autor material, conforme con el artículo 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que en su contra obraba el señalamiento de la víctima ********************, a quien identificó como la persona que ejerce el cargo de Mayordomo en el lugar donde trabajaba, en el Rancho el Menón, en su comparecencia ante la Representación Social, así como ante su propio padre, y los peritos que la examinaron (médico legista y psicóloga); lo que el Juez penal consideró un dato suficiente, hasta este momento procesal, para sustentar su resolución. De igual manera, la responsable se apoyó en el informe del médico legista, quien al examinar a la menor víctima ********************, refirió la existencia de datos que permitían concluir la existencia de signos de penetración forzada recientes. De igual manera, consideró como dato de prueba el acta de nacimiento de la persona menor víctima del delito, que le permitió concluir la fecha de nacimiento de aquélla. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, se encuentra justificado el segundo de los elementos que la legislación procesal exige para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya anunciado que obran en la carpeta de investigación datos que establecen que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el acusado lo haya cometido o participado en su comisión. 3) Que exista la necesidad de cautela. Finalmente, es necesario establecer que otro de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, en el caso, lo constituye la necesidad de cautela. Cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en el numeral 168 del citado Código Nacional, que establece: 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de la medida de cautela, la Juez de Control consideró que el delito por el cual se solicitó la orden de captura, es de aquellos que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera como de prisión preventiva oficiosa, por lo que el indiciado no tendría derecho a enfrentar el juicio en libertad, lo que aunado a la pena de prisión que corresponde al delito que se le atribuyó, consideró que eran aspecto relevantes para considerar que el quejoso podría sustraerse de la acción de la justicia, razón por la cual, determinó que la manera de garantizar la presencia del quejoso, sería mediante una orden de aprehensión y no de una citación. La consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima esencialmente correcta, en la medida que el delito de violación agravada es de aquellos que el legislador estableció que ameritan prisión preventiva oficiosa, en cuyo caso el inculpado no tiene derecho a enfrentar el proceso en libertad. Por ende, tratándose de hechos configurativos de ese tipo de delitos (que ameritan prisión preventiva oficiosa), la necesidad de cautela se encuentra implícita, al así haberlo dispuesto el legislador (necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva por la naturaleza del delito), dado que con posterioridad al cumplimiento de la orden de aprehensión ya no podría obtener su libertad durante el proceso, ante una eventual vinculación a proceso, porque en estos casos, la única medida que se puede imponer es la de prisión preventiva; de ahí que, en este aspecto, la orden de aprehensión reclamada no lesione los derechos del quejoso. En las relacionadas condiciones, desestimados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ********************u ******************** contra la orden de aprehensión dictada en su contra el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado así lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ÚNICO: LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, CONTRA LA ORDEN DE APREHENSION DICTADO EN LA CAUSA PENAL ***.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informa que el diverso juicio de amparo 133/19-III-A, de su índice, fue promovido por el aquí quejoso *******, contra las mismas autoridades (con excepción de una de las ejecutoras) y por los mismos actos que el expediente en que aquí se actúa y acredita que aquél se presentó con posterioridad al que dio origen a este asunto (dieciocho de febrero de dos mil diecinueve). En tal sentido, una vez analizadas las constancias que remite el juzgado oficiante, el suscrito resolutor estima que se actualiza a favor de este tribunal la hipótesis de competencia prevista en el artículo 49 de la Ley de Amparo, por conocimiento previo, ya que tanto ese juicio como en el que se actúa, fueron promovidos por la misma parte quejosa en el presente negocio, contra idénticas autoridades responsables y actos reclamados, y, por último, es de destacar que este juzgado tuvo conocimiento previo del asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, este juzgado determina que se trata del mismo asunto y, por ende, es al que suscribe a quien le corresponderá conocer del juicio de amparo de que se trata; por lo cual, se solicita al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, de no tener impedimento legal alguno, remita a este órgano jurisdiccional los autos del juicio que se menciona en párrafos precedentes, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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