Omar Sánchez Pedroza
Expediente 86/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 28 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Omar Sánchez Pedroza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de quince de junio del año en curso, a través de la cual se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego, según lo dispuesto por el artículo 21, inciso c) del Acuerdo General Conjunto multicitado, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva. En cuanto al duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, del artículo 20 del Acuerdo en mención, transcurridos seis meses es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo **/2021-VII, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de febrero del año en curso, en la Oficialía de partes de este juzgado federal, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, y de otras autoridades. SEGUNDO. Tramitación del incidente. En proveído de doce de febrero del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables, y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Jefa del Departamento de Gobernación del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua capital, negó la existencia de los actos que se le reclamaron; sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Informe que dado su carácter de público, por haber sido emitido por autoridad en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio del que deriva el presente asunto, conforme lo prevé el artículo 2° de la Ley de Amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva en relación con actos reclamados a la autoridad responsable señalada en este considerando. Por lo expuesto y fundado, se resuelve; UNICO. Se niega al quejoso, aquí incidentista, ***, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la autoridad responsable Jefa del Departamento de Gobernación del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua capital, por los motivos precisados en el segundo considerando. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con cuarenta minutos del quince de junio de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo **********/2021-VII, la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con el licenciado **********, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia, a la cual no compareció ninguna de las partes, no obstante que se les indicó que podrían comparecer mediante escrito. Así, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo; así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua; Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; Directora de Gobernación Zona Norte, Estado de Chihuahua; Comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua; Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, todas con sede en la ciudad del mismo nombre; Director de Regulación Comercial del Municipio de Juárez, Chihuahua y Directora General de Desarrollo Urbano, con sede en esta ciudad. Enseguida, se certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción alguna dirigida a este expediente, que se encuentre pendiente por acordar. En atención a lo anterior la Jueza, acuerda: con fundamento en los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de cuenta. Acto continuo, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la Jueza abrió el periodo probatorio, donde se dio cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda, así como con las constancias que remitieron las responsables correspondientes en compañía a su informe justificado, mismas que se tienen por desahogadas. Con lo cual, se cierra este periodo. Continuando con la diligencia, la Jueza ordenó pasar a la etapa de alegatos. En dicha fase, el Secretario hizo constar que las partes no los formularon, por lo que, se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y la Jueza ordenó dictar la sentencia correspondiente. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de junio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-VII, promovido por el quejoso **********, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y de otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda en la ciudad de Chihuahua. Mediante escrito recibido el diez de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnada el día siguiente hábil, ********** promovió juicio de amparo contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, y de otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: (.) IV.- Acto que de cada autoridad se reclama: De la autoridad señalada como ordenadora se reclama el Acuerdo 018/2021 publicado el 30 de enero del año en curso y que entró en vigor por disposición expresa del artículo Transitorio Único el día primero de febrero de 2021, mismo que reforma el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020 publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico oficial del Estado mediante el cual "en este tenor mediante el presente instrumento se modifican las disposiciones referidas a la etapa de color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, a fin de adecuar a las necesidades actuales a la sociedad, así como facilitar la operación de diversos sectores que han permanecido activos durante la contingencia sanitaria, y fomentar la recuperación y reapertura de diversas actividades económicas, sociales y recreativas. Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien emitir el siguiente: Acuerdo 018/2021. Único.- Se reforma anexo 1 del acuerdo 102/2020, publicado 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado para quedar de la siguiente forma. (.) De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo el cumplimiento que pretenden dar a la orden de las autoridades ordenadoras sin que provenga como resultado de una resolución ni determinación judicial ni resolución gubernativa derivada de procedimiento en forma de juicio en el que haya sido emplazado. (.) De todas las autoridades señaladas de la misma forma reclamo: Del C. Gobernador del Estado, la creación y actuación de las llamadas "células covid", que pretenden llevar a cabo y de hecho llevan a cabo actualmente en los negocios que se encuentran en funcionamiento, acciones de vigilancia sanitaria careciendo de facultades para ello ya que se encuentran reservadas para llevarse a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social. SEGUNDO. Derechos que se estimó vulnerados. El quejoso señaló como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número 86/2021-VII; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O NS I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: El Acuerdo 018/2021 publicado el 30 de enero del año en curso, por el cual se reforma el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020 publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico oficial del Estado, en el que se modifican las disposiciones referidas a la etapa de color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico, a fin de adecuar a las necesidades actuales a la sociedad, así como facilitar la operación de diversos sectores que han permanecido activos durante la contingencia sanitaria, y fomentar la recuperación y reapertura de diversas actividades económicas, sociales y recreativas; La ejecución de la anterior determinación; y, La creación y actuación de las llamadas "células covid", a fin de realizar vigilancia sanitaria a los negocios que se encuentran en funcionamiento, relativas a la etapa de color naranja del semáforo de riesgo epidemiológico en esta entidad federativa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el quejoso al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Comisionada Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua y Secretario de Salud del Gobierno del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, pues así lo aceptaron al rendir sus informes con justificación. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, porque la existencia de los preceptos que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, ya que basta con que estén publicados en un medio de difusión oficial -como lo es el Periódico Oficial del Estado-, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 260, del tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, registro 191452, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2º.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable a página 205, del tomo XV- I, Febrero de 1995, Octava Época, registro 209107, del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Por su parte, las diversas responsables Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua; Directora de Gobernación Zona Norte, Estado de Chihuahua, todas con sede en la ciudad del mismo nombre; Director de Regulación Comercial del Municipio de Juárez, Chihuahua y Directora General de Desarrollo Urbano, con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que le atribuye la parte quejosa, consistentes en la ejecución del Acuerdo impugnado, materia de la presente suspensión. Sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que basta la publicación del referido Acuerdo 018/2021, para tener por acreditada su existencia; por tanto, es claro que los actos de aplicación de ese precepto a quienes se encuentran en sus hipótesis normativas es un acto cuya actualización es razonable legal y lógicamente en el futuro, y que aunque las autoridades encargadas de aplicar el precepto niegue haber dictado algún acto en ese sentido, está en condiciones latentes de dictarlo legalmente en el futuro; por tanto, ese acto sí debe considerarse como inminente. En esas condiciones, deben tenerse por ciertos los actos de ejecución que la quejosa reclama a las referidas autoridades. Apoya las anteriores consideraciones, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, materia constitucional, página 218, del siguiente tenor: SUSPENSIÓN. LEYES AUTOAPLICATIVAS. Si se pide amparo contra la expedición y futura aplicación de un precepto legal, es claro que los actos de aplicación de ese precepto a quienes se encuentran en sus hipótesis normativas es un acto cuya actualización es razonable legal y lógicamente en el futuro, y que aunque la autoridad encargada de aplicar el precepto niegue haber dictado algún acto en ese sentido, deberá dictarlo legalmente en el futuro, por lo que ese acto sí es susceptible de suspensión. De otra manera, se hace más inútil, o por lo menos, menos eficiente, la institución de la suspensión, pues se obliga a los quejosos a litigar contra la amenaza y el peligro de que se les apliquen sanciones y se les considere infractores si no obtienen y de litigar contra actos consumados. Siendo de notarse que los quejosos garantizan los daños y perjuicios que puedan causar con la suspensión, mientras que las autoridades no se suelen estimar obligadas a indemnizar los daños y perjuicios que causan con sus actos ilícitos, cuando se tiene que volver las cosas al estado anterior a la violación (sin que aquí se deba resolver sobre la interpretación del artículo 80 de la Ley de Amparo). CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, tal como la invocan las responsables Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua, precepto que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, que puede darse en dos hipótesis, a saber, por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido; es decir, se concreta en el caso de que el acto destacado como reclamado es sustituido procesalmente mediante diversa actuación, también posterior, aún y cuando los efectos del primer acto originario no sean destruidos. Resulta aplicable la tesis con registro electrónico 165870, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención. Ello es así, toda vez que la parte agraviada reclama el acuerdo número 018/2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de enero de dos mil veintiuno, por el que se reforma el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020, publicado el día diez de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se determina como semaforización en naranja para las dos regiones del Estado de Chihuahua, debido a la propagación del virus SARS-Cov 2 (COVID-19). No obstante lo anterior, el veintidós de mayo de dos mil veintiuno, se emitió el acuerdo 074/2021, por parte del Gobernador del Estado de Chihuahua, por medio del cual se reformó el Anexo 1, del acuerdo 102/2020, publicado el diez de agosto de dos mil veinte; así como el diverso Nº SS/SEM 013/2021, suscrito por el Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, por el que se determina la semaforización sanitaria en el que se encontrarán las dos regiones del Estado. Así, los referidos acuerdos establecen en lo que interesa lo siguiente: "(.) (.) ACUERDO Nº SS/SEM 013/2021 De los acuerdos insertos, se desprende que la semaforización en el Estado de Chihuahua, cambio el veintidós de mayo de este año, a amarillo respecto a la propagación del virus SARS-Cov 2 (COVID-19), en el que ya se permitió a las negociaciones encaminadas al rubro de bares un aforo del 30% de conformidad con las Medidas de Reapertura emitidas por la Secretaría de Salud; cuando en los acuerdos reclamados se encontraba en naranja y los bares se encontraban suspendidos y/o cerrados al público. Consecuentemente, el acuerdo reclamado 018/2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de enero de dos mil veintiuno, por el que se reforma el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020, publicado el día diez de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se determina como semaforización en naranja para las dos regiones del Estado de Chihuahua, debido a la propagación del virus SARS-Cov 2 (COVID-19), cesaron en sus efectos, al haber quedado substituido por los diversos 074/2021, y SS/SEM 013/2021, no obstante que subsista la afectación o violación que se alegue, ya que son los nuevos acuerdos los que, de causar perjuicio, pueden ser combatidos, no así los primeros que dejaron de surtir sus consecuencias. De ahí que, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado analizado. Lo anterior, en virtud de que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza, no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se sustituyan sus efectos en el contenido de otra actuación procesal subsecuente dictada por la autoridad, de modo que el agravio causado al amparista ya no es efecto de la primera determinación -acuerdo 018/2021, sino de los diversos 074/2021 y SS/SEM 013/2021. Ello, en tanto que son estos últimos acuerdos emitidos por el Gobernador del Estado de Chihuahua y el Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, los que afectan actualmente a la parte quejosa; por lo que, para efectos del juicio de amparo, ningún fin práctico tendría estudiar los primeros, por haberse sustituido por la autoridad responsable, al dictar los acuerdos de veintidós de mayo de este año, en el Periódico Oficial del Estado, respecto de la nueva reglamentación relativa a la estrategia para la reapertura de actividades, así como un semáforo de riesgo epidemiológico que identifica con colores las etapas en que deben adoptarse diversas medidas de seguridad sanitaria para la prevención de la transmisión del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19. En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización en esta acción constitucional, de la causa de improcedencia aludida en párrafos anteriores, siendo procedente en consecuencia sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro electrónico 197367, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Apoya también a lo considerado la diversa Tesis con registro 196820 que dice "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tal contexto, la causal de sobreseimiento actualizada impide realizar el análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, ya que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia número II.3º. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada es la que debe prevalecer, y lo segundo porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable a respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Así como la jurisprudencia 1028 que aparece en la página 708, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 65 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo se: SE RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, en términos de lo analizado en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, como de la certificación de cuenta se advierte, que para el presente día se encuentra señalada la audiencia incidental en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no se cuenta con el informe previo de la autoridad señalada como responsable Jefa del Departamento de Gobernación del Estado de Chihuahua, residente en la ciudad del mismo nombre, ni el acuse de recibo relativo al oficio a través del cual se le solicitó. En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia incidental y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para tal cometido. Tiene aplicación a lo anterior, Jurisprudencia 2a./J. 137/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época; publicada el viernes 20 de octubre de 2017, número de registro 2015318 , con texto y rubro siguientes: AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 78/2001 (*), sostuvo que la audiencia incidental se rige por los principios de indivisibilidad, continuidad y celeridad procesal; sin embargo, los artículos 141 de la Ley de Amparo vigente y 133 de la abrogada prevén una excepción, a partir de la cual puede diferirse la audiencia incidental en los casos en que, por causas no imputables a la autoridad responsable que reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo, no estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. Así, de la interpretación sistemática de esos numerales, en relación, respectivamente, con los diversos 138 a 140, 142, 143 y 155 de la Ley de Amparo vigente, así como 130, 132 y 139 a 142 de la abrogada, se obtiene que es posible diferir la audiencia incidental respecto de las autoridades locales o foráneas, cuando por causas no imputables a ellas no pudieron rendir oportunamente su informe previo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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