Onésimo Méndez Covarrubias

Expediente 316/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
316/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Onésimo Méndez Covarrubias
  • Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Recepción de exhorto. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 53/2021, con número de orden 129/2021 de nuestro índice. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones en el libro cuatro de juzgado de "Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Apercibimiento efectivo. En virtud de que la parte promovente, no cumplió con el requerimiento impuesto en autos, conforme a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, de la ley de Amparo, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones se practicarán por medio de lista que se fije en estrados. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de queja en contra del auto de tres de junio de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 28/JUNIO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Recepción de exhorto. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 53/2021, con número de orden 129/2021 de nuestro índice. Dese de baja de la estadística mensual la referida comunicación oficial, debiéndose realizar las anotaciones en el libro cuatro de juzgado de "Registro de Comunicaciones Oficiales Enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Apercibimiento efectivo. En virtud de que la parte promovente, no cumplió con el requerimiento impuesto en autos, conforme a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, de la ley de Amparo, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones se practicarán por medio de lista que se fije en estrados. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de queja en contra del auto de tres de junio de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de junio de dos mil veintiuno. 1. Competencia. Visto los oficios de cuenta por los cuales el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informan que en el conflicto competencial 13/2021, se declaró legalmente competente a este juzgador para conocer de la demanda promovida por Onésimo Méndez Covarrubias, contra el acto que reclama del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades, que se materializa o ejecuta en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del presente asunto única y exclusivamente por lo que a tal acto respecta. Acúsese el recibo de estilo correspondiente de los oficios que remite el Tribunal Colegiado y el homologo federal, respectivamente. 2. Desechamiento. Vista la demanda presentada por Onésimo Méndez Covarrubias, en contra de los actos reclamados al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras autoridades, se advierte que es improcedente y, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, deberá desecharse de plano. En principio, debe precisarse que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de aseguramiento, bloqueo o inmovilización de la cuenta bancaria 0469282580, aperturada en la sucursal 1108, de BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, ubicada en boulevard Morelos esquina Paseo de las (sic), colonia Bachoco, de esta ciudad. De lo expuesto, se desprende de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, cabe transcribir para pronta referencia el artículo en cita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado En ese sentido, es importante establecer que de los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, prevén que la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Por tanto, si el acto reclamado consiste en la orden de afectación, inmovilización, aseguramiento o congelamiento de la cuenta de cheques aperturada por la parte quejosa; la impetrante debió de haber impugnado esa omisión a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo que prevén las respectivas legislaciones en cita, previo a la promoción del juicio de amparo, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia; y, si no lo hizo así, su petitoria constitucional resulta improcedente. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.18/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Debe acotarse que el quejoso no se ubica en alguna de las excepciones al principio de definitividad que consagra la Ley de Amparo, en razón de que el particular no reclama aquellos actos a los que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que, conforme a lo estatuido en el diverso numeral 113 de la propia ley, procede desechar la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición del justiciable para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la parte promovente para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 6. Comunicación oficial enviada. Atento a que el domicilio que señaló la promovente para oír y recibir notificación se encuentra fuera de la localidad de este juzgado, esto es, ubicado en calle Norte 80A, número 5610, colonia Gertrudis Sánchez, código postal 07839, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese vía electrónica atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que comisione a quien corresponda y proceda notificar el presente acuerdo a la parte promovente. Asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, aún las de carácter personal, conforme a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, de la ley de Amparo. En la inteligencia de que, se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para llevar a cabo la diligencia ordenada, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias para ello, incluyendo habilitar días y horas inhábiles. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación. Se exhorta a la parte promovente para que transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese; vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y por exhorto a la parte promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de abril de dos mil veintiuno. Se solicita informe sobre declinación de competencia. Del estado procesal que guardan los autos se advierte que el diez de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional dictó un acuerdo en el cual rechazó la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sin que a la data se advierta su postura, por lo tanto, se solicita a la autoridad declinante informe lo conducente. Notifíquese; y por vía electrónica al homologo federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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