Onésimo Méndez Covarrubias

Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 54 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
14/2023
Año
2023
Actuaciones
54
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Onésimo Méndez Covarrubias
  • Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Incidental

    Audiencia incidental de modificación a la suspensión definitiva. En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia incidental relativa a la modificación a la suspensión definitiva en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 14/2023, promovido por Onésimo Méndez Covarrubias, contra actos de la directora general de la Unidad de Inteligencia Financiera, de esta ciudad, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Acto continuo, el secretario procede a relatar las constancias que obran en el presente incidente, entre las que se encuentran: copia de la demanda de amparo; el auto de suspensión provisional de seis de enero de dos mil veintidós, informe previo de las autoridades señaladas como responsables, resolución interlocutoria de dieciséis de febrero del presente año, auto de veintiocho de marzo pasado por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria antes mencionada, y escrito por el que se promueve la modificación a la suspensión definitiva, estas dos últimas actuaciones, impulsadas por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su carácter de autoridad responsable. Visto los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 14/2023; para resolver el incidente de modificación a la suspensión definitiva, promovido por la autoridad responsable; y Antecedentes y trámite del incidente de modificación a la suspensión definitiva. Por acuerdo de seis de enero del presente año, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente 14/2023, y en el expediente en que se actúa se concedió la suspensión provisional del acto reclamado. Por resolución de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. Mediante oficio recibido el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable promovió incidente de modificación a la suspensión definitiva por hecho superveniente; y mediante proveído de veinticuatro del mismo mes y año, se admitió a trámite la incidencia, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, y posteriormente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental correspondiente, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el incidente de modificación a la suspensión definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 154 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 242, publicada en la página 198, Tomo VI, apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." Análisis de la procedencia del incidente de modificación a la suspensión definitiva. Inicialmente, el artículo 154 de la ley de la materia, con motivo de supuestos hechos supervenientes, dispone: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión." Del numeral citado, se desprende que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiéndose tramitar tal cuestión de igual forma que el incidente de suspensión. Así, para determinar si resulta o no procedente la solicitud de la modificación a la suspensión definitiva en términos de lo dispuesto por el precepto transcrito, es necesario que se satisfagan los requisitos siguientes: Que ocurra un hecho superveniente que lo motive. No se haya pronunciado sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, es importante destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un hecho superveniente es aquel que tiene verificativo con posterioridad o anterioridad a la determinación por la cual se haya concedido la suspensión, desconocido por el juez y las partes, que cambie la situación jurídica de los elementos que el juzgador tomó en consideración para conceder o negar la medida cautelar solicitada. De tal suerte que un hecho superveniente es aquel ocurrido en relación con el propio acto reclamado y que por sus consecuencias permite al juzgador resolver sobre la cuestión planteada con base en nuevos elementos. En apoyo a lo anterior se cita la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1422, del Tomo LXXXV, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 804670, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Uno de los requisitos esenciales para que pueda producirse la modificación o revocación del auto en que se concede o niega la suspensión, en los términos que establece el artículo 140 de la Ley de Amparo, es la existencia de un hecho superveniente que amerite esa modificación o revocación; y por causa superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente, y de tal naturaleza, que ese cambio lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada y motivada de la suspensión." (Énfasis propio) Después, la autoridad responsable, mediante escrito recibido en este juzgado el veintiuno de abril del presente año, solicitó la apertura del incidente de modificación a la suspensión, en el que argumentó, que la medida otorgada debía modificarse al actualizarse un cambio de situación jurídica, ya que el impetrante de amparo promovió juicio contencioso administrativo, en contra de la resolución dictada en el procedimiento de origen, a saber, la garantía de audiencia 326/2019. El juicio contencioso administrativo al que se refiere, es el expediente 26670/22-17-06-8, del índice de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe mencionar que para explicar lo anterior, la responsable hace valer la tesis 2a. CXI/96, de rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, REGLA GENERAL", la cual, en lo que interesa, orienta al exponer las formas en las que se actualiza dicha situación, a saber: I. Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento que suscitó el cambio de situación jurídica. Sin que pase inadvertido por este juzgador que dicha situación se encuentra prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Luego, para sustentar lo anterior, la promovente del incidente en cuestión, remitió copia de la resolución interlocutoria dictada por dicha Sala el diez de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó la suspensión solicitada por la parte actora, aquí quejosa. En el entendido de que, la responsable asevera que la aludida suspensión fue solicitada para el efecto siguiente: ".solicito la liberación de mis fondos bancarios y especialmente mi cuenta débito BBVA número 0469282580 y de mi cuenta pagaré fondo de inversión BBVA número 1372432943 toda vez que desde 2019 está bloqueado mi dinero." Ante ello, la responsable aduce que se evidencia, que el aquí quejoso promovió diverso medio de defensa, que puede modificar, revocar o nulificar su inclusión a la Lista de Personas Bloqueadas y, por ende, el "desbloqueo" de sus cuentas bancarias, lo que resulta ser la misma pretensión en el presente incidente. Actualizando así, según la promovente del incidente, la existencia de un hecho superveniente, pues al momento que el Juzgado de origen concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, esto es la resolución incidental que se pretende modificar, no tenía conocimiento del diverso medio de defensa presentado por el aquí quejoso, así como tampoco de la resolución interlocutoria que se resolvió dentro de ese mismo. Igualmente, es necesario mencionar que, no se ha dictado sentencia ejecutoria en el juicio principal del que deriva este incidente. En este punto, resulta oportuno destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la liberación y cualquier restricción bancaria respecto de la cuenta de débito 0469282580 y la diversa cuenta pagaré fondo de inversión 1372432943, abiertas a su nombre en la institución bancaria BBVA Bancomer. También, es menester precisar que en la resolución interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en la parte que interesa se le concedió la suspensión de la referida restricción, es decir, para se le otorgue el libre manejo de dichas cuentas. En el entendido de que la aludida medida suspensional, se concedió también con los siguientes condicionamientos: 1) Que la orden de inmovilización de la cuenta bancaria, no haya sido emitida por una autoridad distinta o actos distintos a los aquí señalados. 2) Que no exista un crédito fiscal líquido y exigible en contra del quejoso Onésimo Méndez Covarrubias; o bien, si se emitió dentro de un embargo o aseguramiento precautorio. 3) Si la restricción derivaba de la integración de una carpeta de investigación, o que se hubiese emitido conforme a las facultades de investigación o persecución de delitos. 4) Que tuviere por objeto el garantizar la reparación del daño, dentro de un proceso penal. 5) Que sea en cumplimiento de una obligación contraída con el gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. También, cabe mencionar que este juzgador resolvió conceder la suspensión definitiva solicitada, con base en el análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, de manera indiciaria y provisional, se advirtió que el actuar de la responsable no se ajustaba a la ley aplicable, pues del análisis preliminar del acto reclamado, se desprendía que en relación con el fondo del asunto pudiera asistirle un derecho a la solicitante de la protección constitucional, que hiciera posible anticipar, con cierto grado de acierto, el resultado del fallo, sin perjuicio de que lo anterior pudiera ser modificado con posterioridad, derivado de la certeza del acto reclamado y pertinencia del derecho, por ser estos aspectos propios de la resolución final del juicio. Además, se consideraron satisfechos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, no se advierte la actualización de hecho superveniente que sea determinante para modificar la medida cautelar definitiva. En efecto, lo argumentado por la autoridad responsable es factible, sin embargo, como se expuso en la resolución reclamada de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, del análisis preliminar del acto reclamado, se desprendía que en relación con el fondo del asunto podía asistirle un derecho al solicitante de la protección constitucional, que hacía posible anticipar, con cierto grado de acierto, el resultado del fallo, sin perjuicio de que lo anterior pudiera ser modificado con posterioridad, derivado de la certeza del acto reclamado y pertinencia del derecho, por ser estos aspectos propios de la resolución final del juicio Por ende, se concedió la suspensión definitiva que solicitó para los efectos incrustados en líneas anteriores, así como con sus respectivas limitaciones. Con independencia de lo anterior, como se hizo patente con la transcripción de la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, la figura del cambio de situación jurídica, en todo caso podría originar el sobreseimiento del juicio, más no así la modificación de la medida cautelar. Por tanto, es incuestionable que la situación hecha valer por la autoridad responsable es materia del fondo del presente asunto en el juicio principal y no en este incidente, por lo que no se actualiza la modificación a la suspensión. En consecuencia, es improcedente el incidente de modificación en trato. Decisión. Con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, deviene improcedente el incidente de modificación a la suspensión definitiva por hecho superveniente promovido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia con número 1a./J. 109/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 354, del Tomo I, correspondiente al mes de diciembre de dos mil trece, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro, 2005043 de rubro: "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: Único. Se declara improcedente el incidente de modificación a la suspensión definitiva por hecho superveniente, promovido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que las partes quedaron debidamente notificadas respecto al proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes respecto de la admisión a trámite del incidente de modificación a la suspensión definitiva promovido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; toda vez que a la fecha ha transcurrido el plazo previsto por el artículo 67 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 154 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cuarenta minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia del incidente de modificación a la suspensión definitiva. Interpone recurso de queja. Por otro lado, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso g), 98 fracción I, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el autorizado de la parte quejosa, en contra de la resolución incidental por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del ********************, dictada en la presente incidencia. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. De acuerdo con lo señalado en el numeral 101, segundo párrafo, de la ley de la materia, una vez notificadas las partes, remítase inmediatamente, con los insertos necesarios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno, a efecto de resolver el medio de impugnación hecho valer. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Audiencia y resolución incidental - exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de Amparo, procedió a celebrar la audiencia incidental en este juicio sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos, dando cuenta con copia del escrito de denuncia de dieciocho de julio de dos mil veintitrés y las constancias de notificación de las partes. También, la fedataria pública da cuenta con un oficio y un escrito, registrados con folios 16081 y 16204, los cuales consisten en el informe en relación con la citada denuncia, registrado, rendido por el director general de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, en representación del titular de dicha Unidad; así como alegatos y pruebas ofertados por el autorizado legal de la parte quejosa, respectivamente. El juez acuerda, téngase por hecha la certificación secretarial. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció pruebas documentales, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones; así como la prueba documental anunciada de la autoridad responsable; por otro lado, la representación social de la adscripción no ofreció medios de convicción; el juez acuerda, Con fundamento en el artículo 208, fracción III de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza los medios de convicción en trato, a cuyo estudio se remitirá este juzgador para dirimir la litis en el presente incidente. Por otro lado, téngase por perdido el derecho de la parte restante para ofrecer medios de prueba. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones en torno a la procedencia del incidente en que se actúa. El juez acuerda, téngase en consideración las aseveraciones hechas por dicha parte, por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva pronunciada en el juicio de amparo 14/2023 A - II; y R E S U L T A N D O: Primero. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la directora General adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, con domicilio en dicha ciudad. Segundo. Dicha demanda fue turnada al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, el cual, previa prevención, se declaró incompetente en razón de la materia. Por lo que, previa substanciación del conflicto competencial respectivo, el ocho de diciembre de dos mil veintidós el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, resolvió declarar legalmente competente al juzgado de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad dentro del expediente 27/2022 de su estadística. Tercero. El tres de enero pasado, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, el juicio de amparo indirecto 946/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México y resolución del conflicto competencial 27/2022 el cual fue remitido mediante oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, mismo que por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de Distrito. Cuarto. El seis siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo y se ordenó la apertura del incidente de suspensión, se solicitaron los informes respectivos y se proveyó en cuanto a la medida cautelar provisional. Así las cosas, toda vez que la parte quejosa señaló como acto reclamado la liberación y cualquier restricción bancaria respecto de la cuenta de débito 0469282580 y la diversa cuenta pagaré fondo de inversión 1372432943, abiertas a nombre del quejoso en la institución bancaria BBVA Bancomer; se le concedió la suspensión de la referida restricción, es decir, para se le otorgue el libre manejo de dichas cuentas. En el entendido de que la aludida medida suspensional, se concedió también con los siguientes condicionamientos: 1) Que la orden de inmovilización de la cuenta bancaria, no haya sido emitida por una autoridad distinta o actos distintos a los aquí señalados. 2) Que exista un crédito fiscal líquido y exigible en contra del quejoso ********************; o bien, si se emitió dentro de un embargo o aseguramiento precautorio. 3) Si la restricción derivada de la integración de una carpeta de investigación, o que se hubiese emitido conforme a las facultades de investigación o persecución de delitos. 4) Que tuviere por objeto el garantizar la reparación del daño, dentro de un proceso penal. 5) Que sea en cumplimiento de una obligación contraída con el gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado Mexicano. Quinto. Posteriormente, el dieciséis de febrero de este año, se resolvió lo correspondiente a la suspensión definitiva, la cual, se concedió en idénticos términos a la suspensión provisional. Sexto. No obstante lo anterior, por escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la parte quejosa, denunció defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva decretada, manifestando que no se había levantado la restricción aludida en líneas que anteceden. De tal suerte, se ordenó el trámite del incidente en que se actúa, se solicitó a la responsable el informe sobre los hechos de denuncia y el diecinueve de septiembre siguiente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de alegatos a que se refiere el numeral 208 de la Ley de Amparo, la que dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XVII, Constitucional, así como 158 en relación con los diversos 206, 207 y 208, todos de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una denuncia de incumplimiento de una medida suspensional emitida por este juzgado. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 242, publicada en la página 198, Tomo VI, apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son: "INCIDENTES EN EL AMPARO, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS. Es competente para conocer de los incidentes la autoridad que conoce del negocio principal, y si es competente un Juez de Distrito para conocer del amparo, el mismo funcionario lo es para conocer de los incidentes que del propio juicio deriven." En ese tenor, la procedencia del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, se sujeta a la actualización de los siguientes presupuestos: a) La existencia de un acuerdo o resolución en que se otorgue la suspensión y que ésta surta efectos; b) Legitimación del promovente; y, c) La materia de la litis que debe consistir en la denuncia de un desacato a la suspensión. Así, el primero de los requisitos se encuentra acreditado con la determinación de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, emitida por este juzgador en el presente sumario, en la que se decretó la suspensión definitiva del acto reclamado, medida cautelar que surtió sus efectos desde el momento mismo de su emisión. La segunda de las exigencias de procedencia se demuestra con la circunstancia de que la parte promovente del cumplimiento defectuoso a la suspensión resulta ser el autorizado legal del peticionario de amparo, quien acudió a la instancia constitucional. El tercero de los elementos de procedencia, queda actualizado con el escrito de denuncia recibido en este juzgado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el que la parte quejosa formuló el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva que se analiza como materia de la Litis. En esa medida, se encuentra acreditada la existencia de una determinación en la que se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa incidentista, quien se encuentra legitimada para presentar la incidencia que constituye el objeto de estudio delatado, con lo cual se acreditan los requisitos de procedencia, por lo que el objeto será efectuar el estudio y calificación correspondiente de la litis suscitada; es decir, si la autoridad incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión. III. Estudio y calificación de la denuncia por defecto en el cumplimiento a la suspensión. A efecto de determinar si existe o no desacato respecto del cumplimiento a la suspensión definitiva, como lo sostiene la parte quejosa, es pertinente acotar lo siguiente: Los artículos 125, 128, 136 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." [.] "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." [.] "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. [.]" "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.]" Como se advierte de los numerales transcritos, la obligación de las autoridades responsables de cumplir la resolución en que se concede la suspensión definitiva del acto reclamado surge a partir de que se les notifica la determinación, por lo que a partir de ese momento deben realizar las diligencias necesarias para su cumplimiento y cumplir la suspensión de manera inmediata en los términos en los que fue otorgada la medida cautelar, ya que no hacerlo implica necesariamente un desacato o desobediencia a ese mandato judicial. Ahora, del citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene que el incumplimiento de la suspensión, puede dar lugar a los siguientes supuestos legales: a) La persona que encarna a la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión, siendo denunciada por ello, será sancionada de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. b) La sanción se aplicará por cuanto a la desobediencia cometida. c) El único requisito para que se imponga dicha sanción es que el acuerdo de suspensión le haya sido debidamente notificado a la autoridad responsable y que ésta no lo cumpla en sus términos. d) La sanción prevista para la desobediencia a la suspensión decretada en un juicio de amparo será independiente de los demás delitos en que pudiera incurrir. También debe acotarse, que cuando se trata del incidente por cumplimiento defectuoso o excesivo, su objeto tiene como finalidad analizar si la autoridad responsable ha cumplido de manera precisa con la suspensión del acto reclamado. Al respecto la Ley de Amparo, en su Capítulo V, titulado "Incidente por Exceso o Defecto en el Cumplimiento de la Suspensión", regula su procedencia en el artículo 206, de contenido normativo siguiente: "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo." Asimismo, para el caso de que dicho incidente por incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión se considere fundado, el artículo 209 de la ley de materia, establece lo siguiente: "Artículo 209. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley." De lo anterior, como se anticipó en párrafos que anteceden, se obtiene que procede la denuncia en la vía incidental cuando cualquier persona (con legitimación) se considere afectada por el incumplimiento a la suspensión sea de plano o definitiva, o sea porque se considere que existe defecto o exceso en su acatamiento. En ese orden de ideas, tenemos que dada la relevancia e implicaciones jurídicas que la suspensión del acto reclamado tiene en un juicio constitucional, la Ley de Amparo no sólo establece los medios necesarios para preservar la materia del juicio a través de la suspensión, sino que impone consecuencias ante el incumplimiento de la misma. Consecuentemente, la materia de dicho incidente es advertir, según sea el caso, si la autoridad responsable incumplió o no la suspensión, o si está en aptitud de rectificar los errores en que incurrió (por exceso o defecto) y, de ser el caso, confirmar el apercibimiento, consistente en denunciar a la autoridad responsable ante el Ministerio Público de la Federación, por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Ahora, para la correcta resolución del incidente que nos ocupa y adecuada fijación de la litis incidental, a fin de tutelar el derecho Constitucional de seguridad jurídica de las partes involucradas, se debe atender a la forma en la que se denunció el cumplimiento defectuoso a la suspensión. Lo anterior significa que se debe analizar si se controvierte un incumplimiento en sentido lato sensu -primer supuesto-, o porque la autoridad responsable sí desplegó actos tendentes a acatar la medida, pero lo hizo de manera defectuosa -segunda hipótesis- o bien, si la autoridad al tratar de dar cumplimiento lo hizo de manera excesiva -tercer supuesto-, extralimitándose de los efectos delimitados en la suspensión. De ahí que, para determinar si existe o no el exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, se debe analizar si se reúnen o no los siguientes requisitos: a) Que la medida cautelar con efectos concretos se haya concedido por el órgano competente; b) Que el acuerdo donde se otorgó y decidió la suspensión haya surtido efectos, se haya notificado a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se hubiesen enterado de su existencia; y, c) Que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecuten los actos reclamados materia de la suspensión concedida o bien, se resistan de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas por el órgano competente. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, VIOLACIÓN A LA, PRESUPUESTOS QUE DEBEN REUNIRSE. Para que pueda determinarse violación a la suspensión provisional, es indispensable que se evidencie lo siguiente: a), que la medida cautelar se concedió por el órgano competente; b), que el acuerdo donde se otorgó y decidió surtió efectos, se notificó a las autoridades responsables o éstas, por cualquier medio, se enteraron de su existencia, y c), que en fecha posterior al conocimiento de la medida suspensiva otorgada, las autoridades responsables ejecutaron los actos reclamados materia de la suspensión concedida." Como se vio, este incidente tuvo su génesis en el escrito presentado por la quejosa por incumplimiento a la suspensión definitiva, por lo que, con base en esa proposición se procederá a fijar la litis incidental para su resolución, en aras de tutelar, como ya se anticipó el principio constitucional de seguridad jurídica. El estudio de este asunto se circunscribe a determinar si la autoridad en mención ha incurrido en desacato a la suspensión emitida en este sumario. Al efecto, se toma en consideración la pretensión de la parte quejosa, consistente en tener acceso a las cuentas bancarias que fueron precisadas en líneas anteriores; en contraste con el contenido de los oficios remitidos por la autoridad a la que se imputa defecto en el cumplimiento a la suspensión que nos ocupa. En su escrito incidental la parte quejosa denuncia incumplimiento a la suspensión por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo la manifestación de que esa autoridad no ha levantado la restricción que le fue ordenada mediante la medida cautelar definitiva. Por su parte, la autoridad denunciada, aseveró haber dado cumplimiento a la suspensión definitiva. Para ello, hizo mención en su informe, el oficio con número de requerimiento 110/K/891/2023, dirigido al vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que se le instruyó a lo siguiente: "Primero.- Levántese la restricción de las cuentas que a continuación se precisan: Cuentas débito: 0469282580 y pagaré fondo de inversión 1372432943, contratadas ambas con BBVA México, S.A. Segundo.- La presente determinación no representa la eliminación de la Lista de Personas Bloqueadas de ********************, incluido a Lista de Personas Bloqueadas mediante el Acuerdo 230/2019; tampoco surtirá efectos el desbloqueo si alguna de las cuentas aquí descritas se encuentra relacionada o vinculada con diverso acuerdo de la Lista de Personas Bloqueadas o relacionada con diversa persona incluida a la referida lista o esté contratada a nombre de otra persona que no sea ********************; o bien se encuentre asegurada, bloqueada, inmovilizada o embargada por instrucción de otra autoridad." También, allega en el aludido informe, la respuesta dada a la transcrita instrucción, por la entidad bancaria BBVA Bancomer, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en las cuales, en lo que interesa, se denota que se procedió al desbloqueo de las cuentas precisadas en párrafos anteriores. De lo anterior, se dilucida que, en efecto, la autoridad responsable realizó las acciones conducentes para dar cumplimiento a la suspensión definitiva decretada por este órgano jurisdiccional. Asimismo, estableció los respectivos condicionamientos, en concordancia con los límites establecidos por este juzgador al otorgar la medida cautelar en cuestión, los cuales fueron precisados en líneas precedentes. Ahora bien, el aquí quejoso, por conducto de su autorizado legal, asevera que en ningún momento, se le levantó la restricción de la que se duele y que el requerimiento apenas relatado consiste en una orden realizada "sólo en papel". No obstante, a pesar de las pruebas ofrecidas por la quejosa, y sus manifestaciones, no desvirtúan fehacientemente que la inmovilización deviene del mismo procedimiento que ataca en este biinstancial. Pues como se plasmó en líneas anteriores, una de las limitaciones establecidas para la concesión de la suspensión definitiva consistía en que la orden de inmovilización de la cuenta bancaria, haya sido emitida por una autoridad distinta o actos distintos a los aquí señalados, lo cual, pudiese ser el caso. Con independencia de lo anterior, este juzgador advierte que la Unidad de inteligencia Financiera realizó las acciones conducentes y acató la medida cautelar aquí decretada, pues acreditó haber girado las instrucciones a quien corresponde para efecto de levantar la multicitada restricción, en las cuentas que se señalaron para tal efecto. Se afirma lo anterior, en razón de que la parte quejosa no desvirtuó, que si se encuentra impedido para hacer movimientos en las cuentas mencionadas, es en razón del mismo procedimiento y acto por el que acudió al juicio Constitucional. Por último, cabe señalar que el autorizado legal de la parte quejosa realiza diversas manifestaciones en torno al desbloqueo de cuentas bancarias de ******************** y ********************; no obstante, estas no guardan relación con el presente incidente, tal cual quedó precisado en los efectos de la suspensión que fueron plasmados en líneas superiores. En consecuencia, se decreta infundado el incidente de incumplimiento por defecto a la suspensión definitiva. IV. Decisión Con base en lo expuesto, al no advertirse el incumplimiento de la medida cautelar, procede declarar infundado este incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. Es infundado el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, planteado por********************, autorizado legal de ********************, por los motivos y sustentos legales precisados en el considerando III de esta interlocutoria. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Admite recurso de revisión **. Glósese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la resolución incidental de dieciséis de febrero pasado, emitida en la presente incidencia; asimismo, comunica que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca ***, de su índice. Informe materia de la queja ***. Por otro lado, agréguese a los autos la comunicación suscrita por la actuaria adscrita al órgano revisor mencionado en el párrafo que antecede, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto, toda vez que este órgano jurisdiccional en atención a lo establecido en el numeral 28, fracción III y último párrafo, de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para ordenar, ha utilizado para llevar a cabo la notificación de las autoridades responsables en la presente incidencia, el medio de comunicación autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, a saber, correo postal. Precisado lo anterior, remítase a la brevedad el recurso de queja interpuesto mediante proveído de veintiocho de marzo del año en curso, a fin de que el órgano revisor se encuentre en posibilidad de proveer lo que conforme a derecho proceda. Ahora, de conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo y los principios de impulso tecnológico, interoperabilidad y de adaptación tecnológica previstos en el artículo 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación, se pone a disposición del Tribunal de alzada las constancias del expediente digital en que se actúa, las cuales podrán ser extraídas del cuaderno correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que se omite remitir fotocopia certificada del presente expediente, al ponerse a disposición de la Alzada las constancias necesarias del expediente digital las cuales, como ya se dijo, podrán ser extraídas del cuaderno correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con motivo de su digitalización. Notifíquese; y por oficio al órgano revisor. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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