Omar Velasco Urrea
Expediente 871/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Omar Velasco Urrea
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la determinación de veintiséis de julio del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio promovido por Omar Velasco Urrea; en tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación. En consecuencia, archívese el presente asunto. Ahora, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que consta que mediante auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, se recibió el oficio remitido por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaria de Gobernación, con sede en esta ciudad, por medio del cual informó que se otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a favor del quejoso Omar Velasco Urrea. Ahora, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige que la parte quejosa reclamó por esta vía constitucional detención, presentación, privación de la libertad, deportación, expulsión y traslado. Atento a lo anterior, de lo informado por la responsable se colige que, durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha sobrevenido causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La lectura de la disposición legal antes transcrita, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, del oficio y el anexo que remitió la autoridad responsable Instituto Nacional de Migración por conducto de su representante local en Mexicali, Baja California, consistente en copia certificada del oficio 3661/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por medio del cual informó que se otorgó documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a favor del quejoso Omar Velasco Urrea. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -doce de junio de dos mil veintidós-, la autoridad responsable aun no ponía en libertad al quejoso, tal afectación a la esfera jurídica del gobernado cesó una vez que dicha responsable dictó el oficio 3661/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad al quejoso. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, ya que si en el caso es patente la cesación de los actos reclamados, entonces esperar hasta la fecha de la audiencia constitucional para sobreseer sólo traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las diez horas con siete minutos del día de hoy. Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Agréguese el informe justificado que rinde el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad; con el mismo, dése vista a las partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. Por lo que, se le tiene designando delegados y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, agréguese el oficio que envía el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, mediante el cual remite copia digital del documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas a favor del quejoso ******************** Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba dicha documental, misma que se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ella al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva; asimismo, dese vista a las partes con la referida constancia.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que firma electrónicamente Librado Heriberto Trujillo González, promovente del juicio en que se actúa, mediante el cual solicita que se le autorice el acceso al presente expediente en su versión electrónica en el portal correspondiente, a través del usuario que proporciona, así como para que se le realicen las notificaciones vía electrónica. Al respecto, dígasele al ocursante que por auto de doce de junio de dos mil veintidós, se autorizó el acceso y visualización del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a la parte quejosa mediante el usuario que indica, así como la práctica de las notificaciones respectivas vía electrónica. No obstante lo anterior, en el caso de que las actuaciones no aparezcan visibles en el sistema correspondiente por no estar debidamente ligadas las notificaciones, se instruye al Actuario adscrito para efecto de que vincule las notificaciones a las determinaciones correspondientes en el expediente electrónico del presente juicio. Por otra parte, con vista a las partes, intégrese el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, mediante el cual de 01/02/24 21:19:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.64.0e EUDELIA ANAYA BRICEÑO conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde informe en relación con la suspensión de plano y anexa constancias del procedimiento administrativo relativo a la situación migratoria del quejoso en el juicio; mismas que se tienen por ofrecidas como prueba de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo. Atento a su contenido, en primer término se le tiene informando que acata la suspensión de plano, asimismo se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica para tal efecto. Luego, de dicho informe y de las constancias que remite se advierte que el quejoso ..., se encuentra a disposición de esa autoridad a fin de verificar su situación migratoria en el país, dado que no se logró constatar que cuenta con visa mexicana valida, por lo que el diez de junio de este año se inició el procedimiento administrativo migratorio. En ese contexto, toda vez que del diez de junio de dos mil veintidós a la presente fecha transcurrieron más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, y de las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 de referido ordenamiento, sin que la autoridad responsable haya informado en relación a que los quejosos hayan sido puestos en inmediata libertad, es procedente requerir de nueva cuenta a la autoridad migratoria a fin de que en el término improrrogable de doce horas siguientes a su notificación, informe sobre el cabal cumplimiento dado a la suspensión de plano.... Bajo apercibimiento que de no atender este requerimiento, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 260 fracción IV de la Ley de Amparo. Además, se le indica que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracción III y IV de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal.
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