Omar Rodarte Trujillo
Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Omar Rodarte Trujillo
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE Mexicali, Baja California, ocho de junio de dos mil veintiuno. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y otras autoridades; fórmese el expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 598/2021-8. Ahora bien, a efecto de determinar la procedencia de la acción de amparo, es menester precisar el acto reclamado a partir del cual se hace valer conforme las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 183/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 . 1 Registro: 176329. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, página 778. "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna Acorde con ello, se tiene que la petición de amparo se entabla contra la omisión de las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California de pagar el salario íntegro al quejoso, con motivo de la relación laboral que desde el diez de febrero de dos mil veintiuno se derivada de la reinstalación a su fuente de empleo. Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, 1º, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;[.]" "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizar se crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos en cita, se obtiene que el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra actos de autoridad irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 598/2021-8 que vulneren derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, por acto de autoridad, debe entenderse aquel acto unilateral a través del cual un órgano del Estado, en un plano de supra a subordinación y en ejercicio de una facultad decisoria, con fundamento en una norma legal, crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados y acorde a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo en vigor. Dicho concepto se encuentra implícito en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, que, a la letra, dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En el caso, la parte quejosa se duele de la falta de pago de su salario con motivo de prestar sus servicios ante las responsables, acto que indudablemente es consecuencia de una relación laboral entablada entre el quejoso y el Gobierno del Estado de Baja California, luego, los conflictos de carácter laboral que se suscitan en el plano de coordinación entre los trabajadores y el Gobierno Estatal, podrán ser ventilados a través de los tribunales del trabajo. Por ende, si la parte quejosa reclama la falta de pago de su salario con motivo de que presta sus servicios ante las responsables, con quienes tiene una relación laboral, lo cual queda demostrado con las propias manifestaciones del Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 598/2021-8 promovente en su escrito inicial de demanda; en tal virtud, es inconcuso que al tenor de las consideraciones expuestas, el juicio de amparo es improcedente, al no asistirle a las autoridades señaladas como responsables tal carácter para los efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 5 fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable al asunto que nos ocupa por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1639, Libro 28, tomo II de marzo de 2016, consultable bajo registro 2011298, cuyo rubro y texto señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 del Sexto Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 1956, Libro 29, tomo III de abril de 2016, consultable bajo registro 2011343, cuyo rubro y texto señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 598/2021-8 DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra subordinación." En consecuencia, al ser manifiesta, notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, ya que en el caso es patente que no le revestirle el carácter de autoridades a las señaladas en su escrito inicial, por lo tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, VII, enero de 1991, página 211, Materia Común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. La notoria improcedencia referida y contemplada por el artículo 145 de la Ley Reglamentaria de Garantías, debe advertirse o desprenderse de lo expuesto por el promovente en la propia demanda de amparo, pues tal es el sentido de dicho dispositivo, de ahí que para la aplicación de tal precepto es incorrecto que el juzgador se apoye en elementos ajenos a aquella demanda." Domicilio de la parte quejosa y autorizados Téngase señalado como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito; asimismo, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas ..., al no haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema habilitado para ello, y únicamente para oír y recibir notificaciones al diverso mencionado en su ocurso. Habilitación de días y horas inhábiles Luego y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; impone al suscrito el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, en base en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los Juzgado Primero de Distrito en el Estado Juicio de Amparo 598/2021-8 sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
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