Omar Solis Cante

Expediente 1494/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1494/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
10/04/2017

Partes del expediente

  • Omar Solis Cante
  • OMAR SOLIS CANTE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos así como de las constancias de referencia se considera que se actualiza una causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, y se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." A fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en mención, es necesario precisar que el acto reclamado en esta vía constitucional, lo constituye la omisión en la investigación y en consecuencia la abstención de determinar el ejercicio de la acción penal de la averiguación previa número AP-2030/2013/7APUE, atribuido al agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 4 de la Unidad Norte del Sistema Tradicional, antes denominada Mesa de Trámite Matutina, de la Agencia del Ministerio Público Séptima Delegación. Luego, se advierte de autos y de las constancias relativas remitidas por la autoridad responsable, así como del Director General de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, que con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis por conducto del Encargado del Despacho de la Unidad de Consignaciones se ejerció acción penal dentro de la averiguación previa 2030/2013/7APUE, misma que al ser consignada correspondió por turno al Juzgado Primero de lo Penal de Puebla (fojas 86 a 88); documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, es dable colegir que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, la omisión de que se trata se encontraba vigente; sin embargo, la misma dejó de estarlo, pues, se insiste, el agente responsable determinó ejercitar acción penal en la Averiguación Previa 2030/2013/7APUE, la cual fue consignada y turnada el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis al Juzgado Primero de lo Penal de Puebla. En esas condiciones, resulta incuestionable que en el caso de que se trata, han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable ya ejercitó acción penal y, por esa circunstancia, dejó de existir la aludida omisión; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de dicha Ley, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 81 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo VI, Apéndice 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que a la fecha en que se actúa no obra la constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada JORGE DOMÍNGUEZ ESPINOZA, a cuyo efecto se giró exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, correspondiendo por turno al Juzgado Séptimo, quien ya procedió a su diligenciación. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que no obra la constancia de emplazamiento de la parte tercera interesada Jorge Domínguez Espinoza. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo.

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