Omar Sanchez Martinez
Expediente 586/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Omar Sanchez Martinez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco; haciendo constar que se recibió por medio digital, a través del panel de promociones del expediente electrónico del sistema integral de seguimiento de expedientes, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción en toda la República de rubro: *** En tales condiciones, visto su contenido, téngasele manifestando a este juzgado federal que acepta la competencia declinada para conocer de la demanda que dio origen al presente asunto y acusa recibo del original del juicio de amparo 586/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Omar Sánchez Martínez; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruible. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Omar Sánchez Martínez, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL NORTE CON SEDE EN ZACATLAN, PUEBLA, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 586/2019. INCOMPETENCIA Ahora bien, atento al contenido de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que Omar Sánchez Martínez, por derecho propio, promueve demanda de amparo indirecto contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: 1. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGION JUDICIAL NORTE CON SEDE EN ZACATLAN, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 2. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 3. JEFE INSPECTOR DE LA POLICIA DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 4. ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACION REGION NORTE DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 5. COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACION EN CHIGNAHUAPAN, PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) 6. COMANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACION EN ZACATLÁN PUEBLA (AUTORIDAD RESPONSABLE) Actos reclamados: A. La ilegalidad de la Orden de Búsqueda, Aprehensión y Detención libra en contra del suscrito, por la autoridad señalada como responsable. B. De las autoridades ejecutoras, el cumplimiento y ejecución de la orden de búsqueda aprehensión y detención librado en mi perjuicio. Actos reclamados que de acuerdo a las manifestaciones realizadas por el quejoso quien se encuentra actualmente interno en el Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala. Por lo que, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Omar Sánchez Martínez, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, precepto que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, de la lectura integral del artículo transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito deba conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señalada en el inciso a), pues evidentemente el acto reclamado debe tener ejecución en Apizaco, Tlaxcala, lugar en el que se ubica el centro penitenciario en el que actualmente está recluido el aquí quejoso, a saber, Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala. Lo anterior, en razón de que el quejoso señaló como actos reclamados la orden de búsqueda, aprehensión y detención por parte de las autoridades responsables que pretenden ejecutar en su contra, lo cual incide directamente con su libertad personal, lo que se traduce en un efecto positivo, y por ende, en un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo. Pues, al continuar la situación de privación de libertad del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando donde se encuentra recluido y, por lo mismo, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J. 54/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, Tomo XXII, del mes de Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Así también, la tesis 1a./J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXI, del mes de junio de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." En mérito de lo cual, se puede constatar que el acto reclamado tiene ejecución en Apizaco, Tlaxcala, lugar donde se ubica el Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala, en el que se encuentra recluido el aquí quejoso; por lo que este juzgado determina carecer de competencia legal para conocer del asunto. Máxime que de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo no se advierte indicio alguno de que dicho acto pueda tener ejecución en el territorio en que el suscrito ejerce su jurisdicción. En consecuencia, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, en turno, por ser este quien ejerce jurisdicción en el Municipio Apizaco, para conocer de la demanda de amparo promovida por Omar Sanchez Martinez; para lo cual se remite el expediente de amparo en que se actúa, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como en conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, informe si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala, en el que se encuentra recluido como lo señala en su demanda, así como por autorizadas a las personas que refiere en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir sus notificaciones. En tales condiciones, gírese exhorto vía sise al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en el interior del Centro de Readaptación Social de Apizaco, Tlaxcala, y una vez teniendo a la vista al quejoso Omar Sánchez Martínez, le notifique de manera personal el contenido del presente proveído, acompañando copia autorizada del mismo; solicitándole que una vez realizada dicha diligencia devuelva la comunicación oficial correspondiente. Se solicita al citado juez federal que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al actuario encargado de practicar la notificación que nos ocupa, para de ser necesario pueda constituirse en el domicilio proporcionado en distintos días y horas hábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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