Omar Pacheco Ramos

Expediente 55/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 32 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
55/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
15/12/2021

Partes del expediente

  • Omar Pacheco Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a *****, a través de su defensor particular *****; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en los Distritos Hidalgo, Aldama y Alarcón, con en esta ciudad, un tomo de pruebas y los discos de audio y video que adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    2. Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vistos los oficios del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero, se le tiene devolviendo sin diligenciar el despacho 170/2021, número de orden 585/2021; dése de baja la referida comunicación oficial del libro de gobierno respectivo y acúsese recibo. Ahora, toda vez que el veintisiete de julio de dos mil veintiuno se resolvió el presente juicio, glósense a los autos los referidos comunicados sin mayor trámite. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    2. Amparo 55/2020-2 En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las nueve horas del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 55/2020-2, promovido por Omar Pacheco Ramos, por derecho propio, Carlos René Hernández Maza, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/1886/2021, suscrito electrónicamente por el Secretario Técnico de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien da fe, procedió a celebrarla sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, reproduce todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Encargado del Despacho acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable. Sin pruebas pendientes que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 55/2020-2; y, R E S U L T A N D O I. Mediante oficio del veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitió por incompetencia la demanda de amparo presentada el día veintiuno anterior por Omar Pacheco Ramos, por conducto de su defensor particular, donde demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en esta ciudad y Jurisdicción y Competencia en el Distrito de Hidalgo. II. En auto del veintisiete de febrero de dos mil veinte, este Juzgado Federal aceptó la competencia para conocer de dicha demanda y la admitió a trámite; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en los artículos 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que ejerce jurisdicción dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto consiste en: -El auto de vinculación a proceso dictado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la carpeta judicial C27/2020, por el delito de robo agravado. TERCERO. La autoridad señalada como responsable, Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado con residencia en esta ciudad y jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, por lo cual se tiene por cierto; esto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Aunado a que así se advierte de las copias certificadas de la carpeta judicial C-27/2020 que remitió el juez responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o. CUARTO. En virtud de que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, y este juzgador no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. QUINTO. Ahora dado que no existen diversas causales de improcedencia que pudieran actualizarse en el sumario en que se actúa, resulta viable entrar al estudio del fondo del asunto, sin que este órgano de control tenga la obligación de analizar todas las que hipotéticamente prevé tal precepto. No se transcriben los motivos de disenso, sin que por ello deba considerarse incongruente o incompleta esta sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo. El quejoso en su concepto de violación alega lo siguiente: - Que el juez responsable transgrede en su perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos exicanos, en razón de que el auto de vinculación del treinta y uno de enero de dos mil veinte, carece de una debida fundamentación y motivación. - Que la autoridad responsable vinculó a proceso al quejoso sin existir datos de prueba que establecieran que en la especie se acreditaba el delito de robo agravado que la Fiscalía le imputó. - Que no se cumplen con los elementos del tipo penal para acreditar el delito de robo previsto en el artículo 223 del Código Penal del Estado de Guerrero. - Que no existen datos de pruebas o indicios dentro de la carpeta de investigación que acredite que los objetos asegurados fueran sustraídos por el ahora quejoso. - Que el juez responsable no atendió a los argumentos vertidos por la defensa, en razón de que se limita a decir que los objetos se habían asegurado por los aprehensores sin especificar cuál era el medio de convicción que respaldaba dicha aseveración. - Que el juez responsable no atendió a lo previsto en el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no realizar una valoración conjunta integral y armónica de los datos de prueba, tal y como le refiere el citado precepto. Lo que sustentó con el criterio de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEAN LA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE SE CONSIDERRON PARA SU DICTADO AL ESTAR ESTOS SUJETOS A CONTRADICCIÓN, AQUÉLLOS DEBEN ANALIZARSE PARA DETERMINAR SI ESOS DATOS SON IDENEOS Y ARROJAN INDICIOS QUE PERMITAN SOSTENER EL ACTO RECLAMADO" Resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la defensa del quejoso, analizados de manera conjunta, dada su estrecha relación, aun suplidos en la deficiencia de la queja, dado que se estima del estudio de la resolución reclamada que la misma se encuentra dictada conforme a derecho. En principio debe destacarse que en el nuevo sistema penal acusatorio, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base a los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales no tiene el juez en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino únicamente la mención que realiza el Agente del Ministerio Público al hacer la imputación. Al respecto, el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "ARTÍCULO 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso --- (.) El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. (.)." Sobre esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, entendiendo como tales aquellos elementos de convicción recabados en la fase indagatoria que resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado. En ese contexto, el juez instructor -al emitir el auto de vinculación a proceso- o bien, el tribunal de apelación -al pronunciar la resolución de segunda instancia- no valoran las pruebas legalmente aportadas a la causa, sino únicamente se basan en los datos de prueba aportados que establezcan que se ha cometido un hecho delictuoso sancionado con pena privativa de libertad y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitado para justipreciar los medios de convicción que no fueron tomados en consideración ni valorados, ya sea por el juzgador natural, o bien por el tribunal de alzada, al emitir la resolución judicial en su respectivo ámbito de competencia. Por tanto, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado debe hacerse también con base en los datos de prueba que fueron aportados por el ministerio público en la audiencia de formulación de imputación. Conviene acotar que el auto de vinculación a proceso que prevé el nuevo sistema acusatorio, conforme a lo previsto en el artículo 19 constitucional reformado, no se puede analizar a la luz de las reglas y consideraciones legales que rigen el auto de formal prisión a que aludía ese precepto en su anterior redacción. Al respecto, se destaca que son claras las diferencias entre ambas instituciones, tanto de fondo como de forma; y en ese sentido, la fundamentación y la motivación deben tener correspondencia con dicha naturaleza, particularmente por cuanto hace a la intensidad probatoria que amerita el dictado del auto de vinculación a proceso como el que originó la determinación que aquí se reclama. Para clarificar lo anterior, conviene señalar que una resolución judicial de esa naturaleza tiene como antecedente básico la etapa preliminar o de investigación, durante la cual el Ministerio Público realiza acciones de investigación con los cuerpos de policía, bajo la vigilancia garantizada por el juez de control cuyo objeto es verificar si existen elementos para decretar la vinculación a proceso del inculpado, lo que no es seguro, sino que ello depende del resultado de la investigación. En esta línea de pensamiento, se tiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, además de los requisitos que establece el artículo 19 de la Constitución Federal, debe tomarse en consideración lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 16 de esa propia legislación, que establece: "ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece los requisitos rectores que han de observarse para vincular a proceso, los cuales se encuentran previstos en su artículo 316, que establece: "ARTÍCULO 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". Como se ve, el artículo 16 constitucional, así como el diverso numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos formales y materiales que debe satisfacer el auto de vinculación a proceso, destacando los atinentes a que dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, en la cual se precise el hecho delictuoso que se imputa. Al respecto, resulta conveniente dejar establecido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación, conforme al artículo 16 de la Constitución Federal, transcrito en párrafos precedentes, el cual impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar las resoluciones que emitan, como en la especie lo es la que emitió la Sala responsable que aquí se reclama. Así, fundar, en tratándose de actos provenientes de la autoridad, significa expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, motivar, consiste en señalar con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto. Además, es indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia 204, visible en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". En ese contexto, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Novena Época, Diciembre de 2005, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. En acatamiento al mandato que consigna el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el juez debe justificar argumentativamente si procede o no vincular a proceso al inculpado; al igual que el tribunal de apelación al analizar la determinación que emita el juzgador de primer grado. Es decir, las citadas autoridades judiciales cumplirán la exigencia de fundar y motivar sus actos, en la medida en que en sus determinaciones, en principio, citen los preceptos legales que los faculten para emitirlas, así como aquéllos que les sirvan de apoyo al caso particular; además, expresen los razonamientos lógicos y jurídicos que les conduzcan a determinar que el asunto sometido a su potestad, encuadra en los supuestos de las normas invocadas. Bajo ese orden de ideas, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la defensa del quejoso, ya que el Juez responsable únicamente debía atender el hecho o los hechos ilícitos, y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. En efecto, se arriba a tal conclusión, en atención a que para el dictado del auto reclamado, el juez responsable estimó que se verificaba como hecho circunstanciado que: El veintiocho de enero de dos mil veinte, en la carpeta judicial C 27/2020, tuvo verificativo la audiencia inicial donde el Agente del Ministerio Público formuló imputación contra el imputado Omar Pacheco Ramos y otros, por el hecho delictuoso de robo agravado, previsto y sancionado por el artículo 223 fracción IV, 227 fracción II y el diverso 229 fracción I y II todos del Código Penal del Estado de Guerrero. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, el juez de origen resolvió la situación jurídica del imputado, decretando auto de vinculación a proceso; en el entendido de que el juez de control estimó que la fiscalía acreditó el hecho delictuoso y la probable participación, bajo el hecho circunstanciado de que: "Para verificar que se actualiza la descripción normativa, es necesario acreditar los elementos configurativos del hecho, como son el apoderamiento de una cosa ajena, esto se justifica con las entrevistas de las víctimas, testigos presenciales y de los policías auxiliares que vigilaban el lugar donde se cometieron los hechos, para ello, se precisa que se tiene la entrevista de Gabriel Adahir Ocampo Ramírez, de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, quien refiere que es propietario del local con razón social "Princesa", que se ubica en el local 16, pasillo A, en el interior del mercado de joyerías, ubicado sobre la calle Galeana, número 66, colonia Centro de esta ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero; y que el día veintiséis de enero de dos mil veinte, llegó a su local comercial su trabajadora Margarita Elizabeth Barrera Acevedo, quien después de haber realizado el aseo comenzó a colocar en los exhibidores de las alhajas de oro, y que a las doce del día la víctima comentó a la empleada que iba a la farmacia que se encuentra a la vuelta del mercado, quedando su empleada atendiendo a los clientes, al regresar se percató de que afuera del mercado de joyerías, en la calle Galeana, se encontraban obstruyendo el paso de los vehículos una camioneta tipo Van, color beige, estacionada con las puertas abiertas , y estaba cerrado uno de los accesos hacia el mercado de joyerías, al acercarse con mucha precaución supuso que algo estaba pasando, se pasó a la acera de enfrente, se acercó a la camioneta cuando se dio cuenta que un sujeto del sexo masculino llevaba en su mano derecha una pistola, quien al darse cuenta que el denunciante estaba checando la camioneta, le apuntó con la pistola y enseguida le hizo un disparo, sin lograr herirlo, porque corrió hacia atrás de una urban del servicio público que estaba estacionada atrás de la referida camioneta, posteriormente el sujeto realizó tres disparos al aire y empezó a sonar como una como trompeta de aire, después se percató la víctima que del mercado de joyerías salieron corriendo varias personas del sexo masculino armados y cargando bolsas grandes en sus manos, y que metieron las bolsas dentro de la camioneta percatándose que dos de esos sujetos salieron del pasillo de donde se encontraba su local comercial, uno vestía playera blanca con mangas de color negro, con una boina gris, en su mano derecha una pistola color plateada; el otro sujeto vestía una sudadera de blanca, pantalón beige, tenis blancos y traía atravesada una bolsa roja con cinta negra, después vio que más adelante de la camioneta se encontraba, dos vehículos de la marca Dodge, modelos recientes, conducidos por mujeres, en donde se subieron varios sujetos del sexo masculino con bolsas y armas de fuego, y se condujeron con dirección hacia el centro de esta ciudad, después la victima va hacia su local comercia para ver qué había pasado y al entrar al pasillo donde se encuentra su local comercial vio a un policía auxiliar tirado sobre el suelo, y una persona del sexo masculino que al parecer era un cliente, además, estaba su empleada Margarita, quien se encontraba muy nerviosa, y dentro de su local comercial todo se encontraba tirado y en desorden, diciendo la empleada Margarita que los hombres que habían salido corriendo del mercado de joyerías se habían llevado mercancía del local, es decir las alhajas de oro de su propiedad, y que tenía en exhibición, además la empleada señaló que quien vestía la playera de manga corta, roja, con estampado de color negro en forma de raya, es precisamente el imputado Reynaldo Jesús Jara Juárez y el otro sujeto es Gregorio Fuentes Dorantes, y que son los que habían robado en su local comercial; objetos que asciende a 200 gramos de oro amarillo de 14 quilates, Y varias prendas de bisutería fina y que asciende a la cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo tanto, presentó su denuncia correspondiente en contra de los imputados". Hechos que materializan el delito de robo agravado, previsto y sancionado por el artículo 223 fracción IV, 227 fracción II y el diverso 229 fracción I y II todos del Código Penal del Estado de Guerrero. El aludido hecho circunstanciado se basó en los siguientes datos de prueba, para así acreditar los elementos del delito, siendo los siguientes: 1. Entrevista a Juan Manuel Ocampo Meléndez del veintisiete de enero del año dos mil veinte. 2. Entrevista de la víctima Ángel Palacios Sebastián del veintisiete de enero del año dos mil veinte, 3. Entrevista de la víctima Raúl Eleonay Gaona Hernández del veintisiete de enero del año dos mil veinte. 4. Entrevista del Manuel Román Palacios, que comparece en calidad de denunciante, como representante y apoderado legal del Grupo Román Núñez sociedad anónima de capital variable. 5. Entrevista de Margarita Elisabeth Barrera Acevedo, del veintisiete de enero de dos mil veinte. 6. Entrevista de Eva Velázquez Wences del veintisiete de enero de dos mil veinte. 7. Entrevista de Alfredo Tolentino Trejo, policía auxiliar municipal. 8. Entrevista de Juan Carlos Moctezuma Chávez. 9. El dictamen pericial en materia de criminalística de campo y fotografía forense del veintiocho de enero del año dos mil veinte. 10. El dictamen en materia de criminalística de campo y fotografía forense del veintisiete de enero de dos mil veinte, 11. El dictamen de criminalística de campo y fotografía forense del veintiocho de enero de dos mil veinte, suscrito por el perito Vicente Díaz Román. 12. El dictamen médico de lesiones del veintisiete de enero de dos mil veinte, emitido por el doctor Adolfo Román Rabadán. Datos de prueba que ciertamente consideró idóneos para establecer la existencia del hecho delictuoso, en virtud de que se trata de actuaciones que fueron practicadas por autoridad en ejercicio de sus funciones y atribuciones, lo que da seguridad jurídica a dicha diligencia procesal. En efecto, en el acto reclamado sí se apreció el hecho delictuoso cierto y los datos expuestos conforme a la sana crítica, en virtud de que al ponderar los citados datos se explicó en lo individual por qué se estimaban idóneos y pertinentes, así como en su conjunto eficientes para acreditar el delito robo agravado, previsto y sancionado por el artículo 223 fracción IV, 227 fracción II y el diverso 229 fracción I y II todos del Código Penal del Estado de Guerrero. Expresando de manera razonada y lógica cómo se complementa la información que cada uno de ellos aporta para constatar la existencia del hecho delictuoso por el que en su momento se dictó vinculación a proceso. En ese sentido, este órgano de control constitucional coincide con el Juez responsable en estimar que existen datos suficientes y contundentes que establecen que se cometió un hecho ilícito, pues al respecto expresó en lo que interesa, que los elementos del hecho ilícito se evidenciaban con los datos de prueba mencionados, argumentando que eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para demostrar el evento delictivo que nos ocupa; de ahí la ineficacia de los conceptos de violación en estudio. Se precisa también que esa autoridad jurisdiccional emitió su determinación apegada a derecho, motivo por el que de ninguna manera se advierte que esa resolución y que es la primordialmente reclamada en la presente instancia constitucional carezca o adolezca de la fundamentación y motivación que toda determinación jurisdiccional debe contener. Aunado a que el juez responsable, se insiste, debidamente tuvo por acreditados los elementos mínimos y necesarios para confirmar el auto de vinculación contra el solicitante de la protección constitucional. Además, conviene reiterar que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, Materia Penal, Décima Época, con registro 2014800, del rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Así como la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2377, Materias Constitucional y Penal, Décima Época, con registro 2007811, que indica: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRAARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." En ese contexto, se estima que la resolución del treinta y uno de enero de dos mil veinte, emitida en la carpeta judicial C 27/2020, relativa al auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, cumplió con los requisitos de forma y de fondo que exige el artículo 19 constitucional, analizados bajo el estándar probatorio que se rige sólo por el grado de razonabilidad de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía. En ese orden de ideas, al no estar demostrado que el acto reclamado transgreda prerrogativa constitucional alguna, en perjuicio del quejoso, aun supliendo la deficiencia de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. No es óbice el hecho de que no obre el emplazamiento del tercero interesado, pues aun cuando se le diera intervención a juicio, el sentido de la sentencia en este asunto no podría ser distinto y no le depararía un perjuicio lo aquí resuelto, lo anterior en aras de una impartición de justicia pronta y expedita. Resulta aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196912, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Omar Pacheco Ramos, por los motivos expuestos en el considerando de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Carlos René Hernández Maza, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/1886/2021, suscrito electrónicamente por el Secretario Técnico de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    2. Iguala de la Independencia, Guerrero, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio con el cual el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero, devuelve sin diligenciar el despacho 151/2021, número de orden 405/2021; dese de baja la referida comunicación oficial del libro de gobierno respectivo y acúsese recibo. Ahora, la autoridad oficiante refiere como imposibilidad para diligenciar la aludida comunicación oficial que no se precisó el nombre la población en la que se encuentra la calle Benito Juárez Oriente, número 23; sin embargo, no manifiesta que en Coyuca de Catalán, Guerrero, no exista dicho domicilio o que existan diversas localidades con nombre de avenida similar. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Mina, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Juzgado ordene a quien corresponda que se constituya en el domicilio ubicado en calle Benito Juárez Oriente número 23, en Coyuca de Catalán, Guerrero. Y una vez que se cerciore de su identidad, con copia simple de la demanda y de este acuerdo, así como los diversos del veintisiete de febrero y tres de agosto de dos mil veinte, le emplace a juicio, notificándole el contenido de dichos autos. De igual manera, le prevenga para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con la prevención que de incumplir en ello, con fundamento en lo dispuesto en el citado numeral las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista electrónica. Se faculta al Juez requerido para que habilite horas y días inhábiles para la realización de la diligencia encomendada en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo; así también, para que haga uso de los medios que estime pertinentes para lograr el emplazamiento del tercero interesado y lograr el objetivo para el que se libra el despacho. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 28 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · 3,239 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano