Omar Mondragón Acevedo
Expediente 238/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Omar Mondragón Acevedo
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Del estado que guarda este expediente y la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En virtud de lo anterior, archívese el expediente en el que se actúa como asunto totalmente concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Finalmente, sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, dado que de la certificación de cuenta se advierte que la parte impetrante no los exhibió. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Alarcón; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 238/2022-II. Ahora bien, el quejoso reclama el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente ****, por medio del cual ordenó de oficio el desahogo de la prueba de genética de paternidad (ADN). Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, la cual estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Ahora, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, el quejoso tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, prevé: "CAPITULO II RECONSIDERACIÓN ARTICULO 381.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del artículo trascrito se aprecia que procede el recurso de reconsideración contra los autos que no fueren apelables y los decretos, emitidos por el juez que los dictó. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente ******, por medio del cual ordenó de oficio el desahogo de la prueba de genética de paternidad (ADN). En ese sentido, dado que el recurso de reconsideración es el medio de impugnación por el cual se pudo revocar o modificar el acuerdo reclamado, resulta incuestionable que el quejoso, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación federal prevé y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el juez reconsidere la determinación previamente asumida, a fin de que en el supuesto de existir algún vicio en aquélla, determine lo que en derecho corresponda, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación. Entonces, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el quejoso necesariamente debe agotar el recurso de reconsideración al tener como finalidad que el órgano jurisdiccional que los emitió pueda revocarlos, modificarlos o confirmarlos y con ello, impedir las consecuencias de las que se aqueja. Además, la parte quejosa no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad previstas en la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia. Ello, porque el acto reclamado proviene de un juicio civil en el que es la parte actora y el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, es claro en señalar que los autos que no son apelables pueden ser reconsiderados por el juez que los emitió. Corolario a lo anterior, lo procedente es desechar la demanda de amparo propuesta. Sin que haya lugar a tener como domicilio el boletín judicial para oír y recibir notificaciones, toda vez que la ley de la materia no lo contempla; no obstante ello, téngase como tal la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Se autorizan a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que deberán contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Omar García Leyva, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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