Omar Martínez Salazar

Expediente 823/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
823/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Omar Martínez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto es el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso Omar Martínez Salazar, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular del Instituto Federal de Defensoría, Delegación Baja California, con residencia en Tijuana, y del Defensor Público Federal, Alfredo López Hernández, adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, consistentes en: La negativa a proporcionarle un defensor público; y La negativa a otorgarle una defensa adecuada, tales como entrevistarse con su defensor e impulsar el incidente preliberacional promovido. Al rendir informe justificado (fojas 14 y 23 a 25), las autoridades responsables negaron dichos actos, en su ámbito de competencia, argumentando que: La Delegación Baja California, Tijuana, del Instituto Federal de Defensoría Pública, únicamente se concretó a comisionar al defensor público José Luis Armenta Chapinal, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en esta Ciudad, para que, en coordinación con el defensor público que le fue asignado al quejoso, de nombre Alfredo López Hernández, practique las visitas carcelarias relativas. Para acreditarlo, el Titular de la Delegación remitió copia certificada de las actas de visita carcelarias de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, seis y veinticinco de junio, diez de julio y veintitrés de agosto de dos mil diecinueve; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. Del contenido de las documentales, se advierte que el defensor público comisionado, José Luis Armenta Chapinal, se constituyó en el Centro de Readaptación Social "La Mesa" e hizo del conocimiento del quejoso, en lo conducente: El inicio del procedimiento de ejecución de la pena de prisión que le fue impuesta, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, bajo el expediente SIPE 600/2017. Además, que le asistiría en su defensa en esa etapa, el defensor público adscrito al juzgado del conocimiento, Alfredo López Hernández. La designación de José Luis Armenta Chapinal, como defensor público en el amparo 574/2019, del índice del Juzgado Segundo de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en el que se reclamó el estudio de su liberación. La recepción, en el Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, de la solicitud de descuento de prisión preventiva en la causa penal 180/2015 y que se encontraba pendiente la ratificación de dicha solicitud. La sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en esta ciudad en el amparo 574/2019, en la que sobreseyó en el juicio por haber dado respuesta el Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México al escrito de solicitud de descuento de la prisión preventiva de seis de febrero de dos mil diecinueve, por auto de tres de julio de dos mil diecinueve, relativo a la causa penal 180/2015 y que la probable fecha para compurgar es el tres de septiembre de dos mil veintidós. Y que inició el trámite del incidente no especificado de libertad condicionada en alguna de sus modalidades, dentro del cuaderno SD 300/2019, derivado del diverso SIPE 600/2017. Por otra parte, el defensor público Alfredo López Hernández, argumentó que fue notificado de su designación el trece de diciembre de dos mil dieciocho y, el veintiuno de ese mes y año, envió acta de visita en el que proporcionó al quejoso direcciones de correo electrónico y física para que sus familiares estuvieran en contacto con él; de igual forma, que ha proporcionado la debida defensa y le ha informado al quejoso el estatus de su situación jurídica. Con el fin de corroborarlo, aportó como medio de prueba, copia certificada de las actas de visita carcelaria de cuatro de enero y doce de abril, ambos de dos mil diecinueve y del escrito de manifestaciones presentado el cinco de julio del mismo año, ante el Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos descritos en párrafos precedentes. Del contenido de esos medios de convicción, resalta que el defensor público hizo del conocimiento del quejoso, el cuatro de enero de dos mil diecinueve, la designación respecto del expediente de ejecución del índice del Juzgado Cuarto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y que se le siguen las causas penales 133/2010, 66/2010 y 28/2009, ante los juzgados Octavo de lo Penal y Cuarto de Distrito, respectivamente, ambos en el Estado de Baja California; así como las direcciones de correo electrónico y física para contactarlo. Por otro lado, se advierte que desahogó la vista otorgada al quejoso en el expediente SD 300/2019, relativo a la solicitud de libertad condicionada, mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecinueve, en el que formuló alegatos y ofreció pruebas. Con base en lo expuesto, este juzgador estima que procede sobreseer el juicio fuera de audiencia, al estar demostrado que no existe el acto reclamado a las autoridades responsables, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Efectivamente, de la relatoría del material probatorio, resulta que los actos reclamados a las autoridades responsables no existen, pues con anterioridad a la presentación de la demanda, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el quejoso contaba con defensor público que lo asistió en la solicitud de beneficio preliberacional y de quantum de prisión preventiva que se tramitaron en los expedientes SIPE 600/2017 y su derivado SD 300/2019. Sin que, por el contrario, la parte quejosa aportara elemento de convicción alguno del cual se advierta siquiera de manera indiciaria que el defensor público asignado o el diverso comisionado omitieron realizar los actos que les correspondían para la defensa adecuada del reo. Como se relató, de las constancias que obran en autos aparece que le fue informado al quejoso que en el juicio de amparo 574/2019, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se tuvo como fecha probable para compurgar el tres de septiembre de dos mil veintidós. Lo anterior, con motivo de la resolución del descuento de prisión preventiva que solicitó. Asimismo, que inició el trámite del incidente no especificado de libertad condicionada en alguna de sus modalidades. De tal manera que al no observar conducta alguna de las autoridades señaladas que impactara en la debida defensa del quejoso, previo a la presentación de la demanda de amparo, procede sobreseer el juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es orientador al criterio sustentado, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, enero de 2019, Tomo IV, página 2646, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha de audiencia señalada para las nueve horas con cuarenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve. Comuníquese a las partes.

  2. Principal

    visto el estado de autos se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo

  3. Principal

    Agréguese a los autos con vista a las partes el informe justificado de cuenta, que remite la autoridad responsable, el cual será tomado en cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva en el presente asunto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas las documentales adjuntas, las cuales se tienen por ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo y sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    visto el estado de autos se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo...

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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