Omar Martínez Salazar

Expediente 578/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 40 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2019
Año
2019
Actuaciones
40
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Omar Martínez Salazar
  • Roberto Carlos Toscano Rodríguez
  • OMAR MARTÍNEZ SALAZAR y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Vista la constancia secretarial que antecede, de la cual se advierte que el quejoso no impugnó el auto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado. De igual forma no es necesario notificar a las autoridades responsables el presente proveído para remitir el presente expediente al archivo, con motivo de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y únicamente a la parte quejosa es a quien le pudo causar afectación el sentido del proveído en cuestión; y por consecuencia, el único legitimado para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Ahora bien, desprendiéndose de autos que este juicio de amparo en el que se sobreseyó, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a tres de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta suscrito por el director del Centro del Reinserción Social Tijuana, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se informe el estado procesal de este expediente; en consecuencia, se hace de su conocimiento que mediante acuerdo de veintiocho de abril del presente año, se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia; y que el quejoso fue notificado el cuatro de mayo pasado; lo anterior, para los fines legales conducentes. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito Juzgador y la Secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese sin mayor proveído el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico encargado de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad; toda vez que por auto de veintiocho de abril del año en curso, se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia.

  4. Principal

    Vista la cuenta que antecede, así como la sesión remota de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que resolvió la contradicción de tesis 448/2019, y por unanimidad de votos, se aprobó la propuesta de la Ministra Ponente, cuyo contenido se publicará en su oportunidad, la cual resolvió que contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe promoverse el recurso previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal antes de interponer juicio de amparo. este Juzgado de Distrito concluye que, en el presente caso, se debe decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. En efecto, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En términos de lo dispuesto en las porciones normativas previstas en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), se advierte que, el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley de la materia, determinación contra la cual incluso se establece la procedencia del recurso de revisión. No obstante, de acuerdo a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello está condicionado a que la actualización de la causa de improcedencia sea indudable, lo que significa que no podría desvirtuarse con ningún elemento de prueba, alegatos, informes u otro. .. Sobre esa base el suscrito advierte de oficio que en el caso se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, como a continuación se justificará. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo IX, del mes de enero de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito". De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el traslado del Centro de Reinserción Social en La Mesa, Tijuana, al diverso Centro de Reinserción Social "El Hongo". Ahora bien, la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)" De la interpretación literal del precepto aludido, se observa que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los siguientes supuestos: a) Cuando deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan; b) Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. No obstante, para que se surta la última de las hipótesis planteadas, se exige como condicionante para su aplicación, que no se actualice alguno de los siguientes supuestos: Que conforme a las leyes que rijan a los actos reclamados, sean susceptibles de suspenderse sus efectos de oficio o mediante la interposición del propio juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. Que con la interposición del recurso o medio de defensa se obtengan iguales alcances que los que prevé la propia Ley de Amparo. Que no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para conceder la suspensión definitiva. Que el recurso no contemple un plazo mayor que el que se establece en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior, con independencia de que el acto impugnado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la aludida legislación de amparo. En el caso, resulta necesario puntualizar, que el principio de definitividad atiende a la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, que consiste en la obligación del quejoso previamente a instar la acción de amparo, de agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado. Lo que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Un medio ordinario de defensa, es aquél que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, la citada legislación en su artículo 1, fracción II, prevé los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; y en su ordinal 2, el ámbito de aplicación de la normatividad en comento, que incluye a todas las personas privadas de la libertad, sin importar el estado procesal en que se encuentren. Precisado lo anterior, el peticionario de amparo debió cumplir con el principio de definitividad establecido en el primer párrafo de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, habida cuenta que, contra el actuar de la autoridad que reputa constitutiva del acto reclamado, existe un medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser reinstalado en el módulo y estancia en los que se encontraba habitando, previsto precisamente en la ley que rige al acto, esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en razón de lo que disponen los normativos 1, fracción II, 2, 3, fracciones X, XI, XII, XVI, XVII y XXIV, 4, 5, 7, 9, fracciones I, IV, IX, X y XII, 24, 25 y 31 establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, siendo un ordenamiento de orden público y observancia general en la Federación y las entidades federativas, en todo lo que atañe al internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas, derivadas de la comisión de hechos que la Ley penal considera como delictivos, sean competencia de los tribunales de fuero federal o local, partiendo de la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que forme parte el Estado mexicano, entre ellos, el aspecto que aquí nos atañe, esto es, la orden de traslado a diverso centro de reclusión, en lo que interesa, el capítulo V del Título Segundo, de la ley en consulta, relativo a los traslados, establece tres modalidades en que puede darse el movimiento administrativo: a) El TRASLADO VOLUNTARIO, consiste en aquél que solicita el propio interno, ante la autoridad jurisdiccional competente. En este supuesto, la autorización será mediante resolución que en su momento emita la autoridad judicial ante quien se encuentre a disposición la libertad personal de la persona privada de la misma. b) El TRASLADO INVOLUNTARIO tanto de procesados como sentenciados, regulado por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aquél que debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de APELACIÓN. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. c) El TRASLADO URGENTE O EXCEPCIONAL, tiene su origen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del juez, por cuenta propia y en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Sin embargo, el ordinal 52 de la citada ley, le impone la obligación de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; quien, a su vez, calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, de modo tal que se está en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Contra la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá la APELACIÓN, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una CONTROVERSIA JUDICIAL contra la determinación administrativa. En este caso excepcional la eventual autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. De lo anterior se obtiene que los traslados, cualquiera que sea su naturaleza, siempre tienen aparejado el control judicial por el órgano jurisdiccional competente; la regla general nos dice que la autorización debe ser previa y, de manera excepcional, posterior a la ejecución del traslado; en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado -misma que es recurrible vía controversia judicial, en los casos en que no se pronuncie sobre la calificación de su legalidad el juez competente, y agotada dicha controversia, procede el recurso de apelación-, por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre deberá ser autorizada por un juez, por esa razón la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Bajo ese panorama, como se dijo, un medio ordinario de defensa es aquél que se encuentra establecido dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar el mismo. En el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinda los medios de defensa a las personas privadas de su libertad, contra el traslado involuntario, dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En caso que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En ese tenor, de los informes en alcance rendidos por el Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, inició con el procedimiento que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a un eventual traslado urgente, previsto por el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, partiendo de esa premisa y de lo expuesto en párrafos precedentes se obtiene que, los quejosos previo a acudir al amparo, debió agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III de la Ley de Ejecución Penal, y en caso desfavorable, interponer el recurso de apelación que prevé el numeral 131 de citada ley; lo que pone de relieve que tiene a su alcance un medio de defensa ordinario; y, por tanto, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Es importante mencionar que el criterio asumido por este órgano jurisdiccional en el presente asunto, atiende a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 448/2019; en el sentido de que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, como se puntualizó previamente, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. Como se observa en el citado criterio, de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al interpretar la Sala emisora los artículos 117, fracción III, y 132 concluyó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que el citado criterio jurisprudencial, de aplicación obligatoria, fue sesionado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la emisión del acto reclamado; sin embargo, la jurisprudencia, como fuente formal del derecho, únicamente refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino que sólo establece el verdadero alcance de una norma previamente existente, además de que, en el caso, no conlleva un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, pues no se actualizan los supuestos de la jurisprudencia 2a./J. 199/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 38, enero de 2017, tomo I, página 464, cuyo contenido es: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo al citado principio, la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: (I) al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; (II) antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y (III) la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad tutelado en el artículo 217, párrafo último, de la Ley de Amparo." Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 61, fracción XX, en relación con el ordinal 63, fracción V en relación con el diverso 217, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por Omar Martínez Salazar y Roberto Carlos Toscano Rodríguez, en contra del acto reclamado consistente en el traslado urgente. Conclusión que debe hacerse extensiva por lo que respecta a las restantes autoridades responsables, que al rendir los informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin que los quejosos desvirtuaran tales negativas y, por ende, se actualiza la hipótesis que prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y del conocimiento a la autoridad responsable. Este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito juzgador y la secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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