Omar Maldonado Cornejo

Expediente 1092/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1092/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Omar Maldonado Cornejo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. HA CAUSADO ESTADO EL DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Omar Maldonado Cornejo, haya interpuesto recurso de queja contra el auto de nueve de octubre del año en curso, por el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL ASUNTO. Tomando en consideración que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar en este cuaderno, formado con motivo de haberse desechado la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior, y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno, ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con este asunto; aunado a que el presente cuaderno de desechada no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se estima encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo primero, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que ES SUSCEPTIBLE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Daa

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil diecinueve. CUMPLE CON PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos, mediante el cual el quejoso manifiesta que es su deseo reclamar la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 463/2016, del índice del Juzgado Primero de lo Civil de este Distrito Judicial e insiste en señalar como fecha de conocimiento de los actos reclamados el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, exhibiendo las copias de su ocurso para correr traslado a las partes; por tanto, se tienen cumplidas las prevenciones formuladas en proveído de cuatro de octubre del año en curso. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Precisado lo anterior, se procede al análisis de la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo generadora del expediente en que se actúa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, 62 y 113, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De una interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio; también se obtiene que, por regla general, el juicio de control constitucional, no procede contra actos que se hayan consentido tácitamente. Asimismo, se establece la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Novena Época Registro: 196196 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A. J/4 Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 161/93. José Rojas Martínez. 12 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 1281/97. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 9 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Secretario: Francisco José Alvarado Díaz. Queja 621/97. Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 19 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 3641/97. Eduardo Ramírez Martínez. 9 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López. Amparo en revisión (improcedencia) 31/98. Ecoambiental Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 12 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Hugo Guzmán López.". Conforme a dicha obligación y del análisis de la demanda, así como de su escrito aclaratorio, el suscrito juzgador estima que la misma es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y a fin de evidenciarlo, se expone lo siguiente. De conformidad con transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para interponer la demanda de garantías es de quince días, el cual, en términos del artículo 18 de dicha ley, debe computarse de acuerdo a los siguientes supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame. 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, 3) Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese contexto, es conveniente destacar el quejoso Omar Maldonado Cornejo, reclama del Juez y actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 463/2016, promovido por María Magdalena Villegas Sánchez frente a Mario Maldonado Pérez y María Magdalena Villegas Sánchez, como consecuencia de ello, la orden de desalojo y desocupación del inmueble ubicado en periférico Paseo de la República número 5631, colonia Jardines de Guadalupe de esta ciudad. Asimismo, es necesario establecer que no obstante que el amparista al cumplir con el punto dos del auto de prevención formulada en auto de cuatro de los actuales, insistió en señalar como fecha de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad el veintisiete de septiembre del año en curso; sin embargo, de la certificación secretarial se desprende que ante este juzgado de Distrito se tramitó el diverso juicio de amparo IV-18/2018 promovido por mismo quejoso, expediente que se invoca como un hecho notorio, conforme al artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, y en términos de la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de tesis 2a./J. 103/2007, consultable en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE, del que se desprende lo siguiente. a. Contario a lo manifestado por el amparista, tuvo conocimiento del juicio de origen, así como de la falta de emplazamiento, al menos desde el quince de enero de dos mil dieciocho, fecha en la que presentó la demanda que dio origen al juicio de amparo 18/2018 del índice de este juzgado. b. De la orden de desalojo de que se duele, tuvo conocimiento al menos desde el diez de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en que solicitó la modificación de la suspensión respecto al acto reclamado consistente en la orden de desalojo, virtud a que el juez de origen, el once de julio de ese año dictado en el juicio natural, fijó fecha y hora para la entrega del inmueble que pretende defender en esta vía el amparista. c. Que en ese juicio, reclamó todo lo actuado, incluyendo la orden desalojo del inmueble ubicado en periférico Paseo de la República número 5631, colonia Jardines de Guadalupe de esta ciudad. Por tanto, desde que las autoridades responsables rindieron sus informes, estuvo en aptitud de conocer la naturaleza del juicio y que el inmueble que ahora defiende, es el motivo de litigio en ese controvertido de origen. Esto es, de lo expuesto y corroborado con las constancias que integran el juicio de amparo IV-18/2018 del índice de este juzgado, se desprende que, el amparista tuvo conocimiento pleno de su falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 463/2016 y de la existencia de dicha controversia, así como de la afectación del inmueble que defiende, pues en el libelo de ese juicio manifestó que al constituirse en el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, quien lo atendió le manifestó que "como no era parte en ese juicio no se me podía prestar el expediente"; mientras que, en relación a la orden de desalojo, tuvo conocimiento al menos desde el diez de septiembre de dos mil dieciocho, fecha en la que como ya se dijo pretendió la modificación de la suspensión definitiva. En ese contexto, si el amparista manifestó haber tenido conocimiento de la existencia del juicio de origen desde el quince de enero del dos mil dieciocho y de la orden de desalojó desde el diez de septiembre de ese mismo año, es válido establecer desde esas fechas se encontraba en posibilidad de reclamar dichos actos en la presente vía de amparo, por lo que el plazo de quince días que la ley de la materia le otorgó para ello, le transcurrió con exceso. De manera que, al haber presentado su libelo generador del expediente en que se actúa, hasta el dos de octubre de dos mil diecinueve, patentiza la causal de improcedencia invocada. No es un obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que el quejoso manifieste que el juicio de amparo 18/2018, se sobreseyó sin analizar al fondo del asunto, primeramente es de destacar que, ello no sucedió por la falta de publicación de los edictos a cargo del propio quejoso, esto es, fue por omisión de su parte y no del juzgado; además, la causa de improcedencia invocada no es la de cosa juzgada. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Omar Maldonado Cornejo, por propio derecho, contra actos del Juez y actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de demanda promovida por Omar Maldonado Cornejo, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda sobre lo siguiente: 1. Manifieste si es su deseo reclamar en esta vía de amparo, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 463/2016, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, toda vez que como tal no lo señala; sin embargo, refiere que se le pretende desalojar del inmueble ubicado en periférico Paseo de la República número 5631, colonia Jardines de Guadalupe de esta ciudad, sin haber sido oído ni vencido. 2. Precise la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que pretende reclamar en esta vía de amparo, ya que es omiso en hacer dicha precisión, y si bien, refiere que el veintisiete de septiembre del año en curso, se constituyó una persona en el inmueble que pretende defender, y le manifestó que había una orden de un juez y que sería sacado del mismo; de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juzgado se tramitó el juicio de amparo 18/2018, mismo que se invoca como un hecho notorio y del cual se desprende que, el quince de enero de dos mil dieciocho, el aquí quejoso promovió demanda contra todos los actos derivados del mismo juicio ordinario civil 463/2016, incluyendo la falta de emplazamiento y orden de desalojo al juez y actuario señalados ahora como responsables, en el que precisó como fecha de conocimiento del acto reclamado el doce de enero de dos mil dieciocho. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2005636 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 161/2013 (10a.) Página: 1079 DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. Contradicción de tesis 334/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Noveno Circuito y Cuarto de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 13 de noviembre de 2013. Cinco votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María Estela Ferrer Mac-Gregor Poisot. Tesis de jurisprudencia 161/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de noviembre de dos mil trece. Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". 3. Indique al momento de desahogar la presente prevención, sí se dio cumplimiento o no a la orden de desalojo que pretende combatir, ya que refiere en su libelo que el veintisiete de septiembre pasado, fue informado que el "viernes próximo", esto es, el día de hoy, sería desalojado del inmueble que pretende defender como poseedor en esta vía de amparo. En la inteligencia que el cumplimiento de todo lo antes requerido, deberá realizarlo bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por la quejosa bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tienen aplicación a lo anterior, las tesis de los rubros y textos siguientes. "Época: Novena Época Registro: 175345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Abril de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A.100 K Página: 990 DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 77/2005. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S. de E. de I.P. 15 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Nota: Por ejecutoria del 26 de junio de 2013, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 103/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.". "Época: Décima Época Registro: 2014917 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis I.3o.C.87 K (10a.), de título y subtítulo: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI DE LAS ACTUACIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO SE ADVIERTE LA REALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE LLEVARLA A CABO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de agosto de 2015 a las 14:26 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2645, y El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la aclaración de sentencia derivada del amparo directo 237/2015. El Tribunal Pleno, el trece de julio en curso, aprobó, con el número 13/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a trece de julio de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". 3. Solventado lo anterior, deberá exhibir ocho copias de su escrito aclaratorio, necesarias para correr traslado a las dos autoridades responsables, tres terceros interesados, agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y formar los dos cuadernos incidentales. APERCIBIMIENTO. Apercibido de que, en caso de no cumplir con lo requerido en los puntos uno y dos, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, sin las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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