Omar Israel Castro Mota
Expediente 351/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 05/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Omar Israel Castro Mota
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las constancias que en su momento remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil diecinueve. AUTORIDAD INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que tuvo por recibido el diverso 2272, suscrito por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, a través del cual se le informó que se declaró firme el sobreseimiento decretado por extinción de la acción dictado de conformidad con el artículo 327, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal 13/2019, instruida a Omar Israel Castro Mota, el delito de violación agravada, en prejuicio de la menor del sexo femenino de identidad reservada e iniciales B. V. G., de lo anterior únicamente se toma conocimiento, toda vez que el dieciocho de los actuales, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia oficial concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2830/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.DAA
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-351/2019 promovido por Omar Israel Castro Mota, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Omar Israel Castro Mota, por conducto de su defensor, promovió demanda de amparo indirecto en contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad. En ese ocurso, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previo cumplimiento de una prevención, por auto de cuatro de abril del actual se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente III-351/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: La resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve dictada dentro del toca de apelación XI-10/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado el pasado cinco de febrero del año en mención, dentro del proceso penal 13/2019 que se instruye en contra del aquí quejoso, por el delito de violación agravada, en agravio de la menor de iniciales B.V.G. Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, así como del Director del Centro de Reinserción Social de Sahuayo, Michoacán. La ejecución del acto inmediatamente descrito. TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables anteriormente precisadas aceptaron el acto que dentro de sus respectivas competencias se les atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el toca penal XI-10/2019, su formato digital (CD-R), así como los registros de audio y video de las audiencias orales, carpeta electrónica e índices cronológicos, relativos a la causa penal 13/2019. Documentales a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de un documento certificado por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y que, con arreglo a la ley, goza de fe pública. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, cuyo contenido es el siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como lo dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado consistente en la negativa de concesión de beneficio o sustitutivo de la pena, a través del auto de once de abril de dos mil diecinueve emitido por el juez responsable, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, se recuerda que la parte quejosa reclama la resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve dictada dentro del toca de apelación XI-10/2019, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado el pasado cinco de febrero del año en mención, dentro del proceso penal 13/2019 que se instruye en contra del aquí quejoso; así como su ejecución. Por otro lado, de las constancias remitidas por el juez y el magistrado responsables, se colige que el pasado cinco de junio de la presente anualidad, tuvo lugar dentro de la causa penal de que se trata una audiencia en la que, de manera preponderante, la fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa, virtud de considerar que el hecho cometido no permite considerar que constituye delito la conducta por la cual se vinculó a proceso al acusado. Así, a las diecinueve horas con once minutos de ese día, el juez responsable decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria, con fundamento en el artículo 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, dejó sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, ordenando además girar el correspondiente oficio al Director del Centro de Reinserción Social de Sahuayo, Michoacán, así como al Magistrado de la Séptima Sala Penal. Ahora si bien, al sumario no allegó el disco óptico que contenga el registro de audio y video de la audiencia que se describe, es el caso que el Magistrado responsable allegó en copia certificado el registro cronológico de la citada audiencia, documental en la que incluso se observa la firma de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, de la Región Zamora. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de un documento certificado por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y que, con arreglo a la ley, goza de fe pública. Lo anterior, pone de manifiesto que al haberse sobreseído el procedimiento penal en cuestión, ha quedado sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa que a su vez fue confirmado por el magistrado responsable, de modo que tal que las consecuencias jurídicas de la actuación de la autoridad se han destruido en forma total sin dejar huella alguna dentro de la esfera jurídica del amparista, volviendo las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación alegada, con lo cual se restituyó al promovente en el pleno goce de sus garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita, sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se reclaman en este juicio. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Omar Israel Castro Mota, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas de conformidad con lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil diecinueve. DEVUELVE EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 10646, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual devuelve diligenciado, el exhorto número 398/2019-162.E, por el que se le encomendó emplazar a las víctimas terceras interesadas Sandra García Palomares y Francisco Cuevas Alcalá o Francisco Villanueva Alcalá, representantes legales de la menor del sexo femenino de iniciales B.V.G. así como a esta última. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ACUSE DE RECIBO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes y acúsese el recibo respectivo. CUENTA CON CERTIFICACIÓN Ahora, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha fenecido el término concedido en proveído de diez de abril de dos mil diecinueve a las víctimas terceras interesadas citadas en el párrafo anterior, a fin de que comparecieran a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hayan hecho manifestación alguna. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en el auto en cita, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a las víctimas terceras interesadas las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezcan ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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