Omar Lino Mendoza Torres
Expediente 342/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Omar Lino Mendoza Torres
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de ocho de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por César Augusto Aguilar Garlant, por propio derecho y en representación del imputado Omar Lino Mendoza Torres, respecto del acto reclamado del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional del Primer Distrito Judicial, que hizo consistir en la intención de continuar con el proceso penal 108/2018 en su etapa intermedia; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de ocho de abril de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase al Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede, San Luis Potosí, el disco compacto que allegó al presente juicio, previa certificación de desglose que se deje en autos; asimismo, remítasele copia autorizada del referido acuerdo de ocho de abril del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
ÚNICO. SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, al que se acompaña copia certificada del juicio de amparo 116/2019-VI, promovido por César Augusto Aguilar Garlant, por propio derecho y en representación del imputado Omar Lino Mendoza Torres, respecto del acto reclamado del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional del Primer Distrito Judicial, que hace consistir en la intención de continuar con el proceso penal 108/2018 en su etapa intermedia; fórmese el expediente respectivo, acúsese recibo, y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 342/2019-II. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la citación a la audiencia intermedia y como consecuencia la continuación del proceso penal 108/2018 por parte del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional del Primer Distrito Judicial, en esta ciudad. Al respecto, es oportuno destacar que los artículos 211 y 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme". "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio". De los dispositivos transcritos, se desprende que el procedimiento penal se compone de tres etapas, siendo la segunda de ellas la intermedia, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, con lo cual da inicio la etapa de juicio. Además, que la etapa intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, componiéndose de dos fases, una escrita y una oral. En ese contexto, el acto reclamado en el presente juicio se encuentra comprendido dentro de la etapa intermedia, esto es, antes de la etapa de juicio. Ante ello, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo , establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de Tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 141/2018, estableció que ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben ser de imposible reparación, esto es, deben afectar de manera directa y actual derechos sustantivos de la parte quejosa, como lo es la libertad . Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 78/2018 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239 del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Ello, pues al resolver la contradicción de tesis que dio origen a dicha jurisprudencia, determinó que tratándose de actos fuera de juicio, éstos deben causar una afectación a derechos sustantivos del quejoso, que justifiquen la procedencia del amparo, lo cual no acontece cuando se trata de una citación a una audiencia, pues ello tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de dicho gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones y propiedades, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales puesto que el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, en principio, debe tenerse presente que el acto atacado en este juicio, no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna, pues de ninguna forma es constitutivo de derechos ni de condena, sino que simplemente es una actuación que es parte del procedimiento derivado del juicio relativo que se encuentra relacionada con acontecimientos que acaecerán en la audiencia intermedia; por tanto se puede afirmar que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, lo que, sin duda, genera que sus efectos no se identifiquen con el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Al respecto, cabe citar la tesis XVII.1o.P.A.27 P (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página dos mil seiscientos veintiocho, del Libro 34, septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , de rubro y texto, siguientes: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de Garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior.". Esto es así, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, dicho precepto y fracción establece una precisión para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación", contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos, como el que nos ocupa en el caso concreto. Razonablemente, conforme al artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, los actos en juicio que se consideran de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan de manera directa e inmediata no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales. Cabe precisar que los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo, etcétera, que limitan los derechos constitucionales de libertad personal, libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable, nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó. En cambio, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio, sin tener aquellas características, y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable. Consecuentemente, si en el caso concreto el acto reclamado se hace consistir en la citación a la audiencia intermedia y como consecuencia la continuación del proceso penal 108/2018 instruido en su contra, en la cual habrán de admitirse y desahogarse los medios de pruebas que ofrezcan las partes; de ello claramente emerge que en el presente asunto los efectos del acto que se reclama no son de imposible reparación, ya que en los términos antes precisados, no se afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; lo anterior al margen de su "trascendencia predominante o superior", pues en la vigente Ley de Amparo se abandonó ese criterio, para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que tengan efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos, lo que por sí descarta cualquier posibilidad de procedencia del amparo indirecto contra actos de naturaleza procesal, lo que se robustece con la tesis anteriormente citada bajo el rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P).". En efecto, es incuestionable que las presuntas violaciones que reclama la parte quejosa no afectan materialmente sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como podrían ser la vida, la libertad, la propiedad, la integridad personal, etcétera; es decir, el hecho de que se continúe con el proceso penal 108/2018 en su etapa intermedia, no resulta de imposible reparación, pues no afecta algún derecho sustantivo; lo anterior es así, pues, la admisión y valoración de pruebas que en dicha audiencia se emita, podría resultarle próspero a sus intereses, resultándole favorable la sentencia que se dicte; o, en caso de que tal determinación le fuera desfavorable tendría la oportunidad de hacer valer las violaciones procesales de que se duele, al momento de impugnar el auto de apertura a juicio. Al respecto, resulta aplicable la tesis XVII.32 P del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 2188, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN AUDIENCIA INTERMEDIA. SU EXCLUSIÓN POR EL JUEZ DE GARANTÍA CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE CONTRA EL QUE PROCEDE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). La exclusión de pruebas para la audiencia de debate se lleva a cabo dentro de la etapa intermedia ante el Juez de Garantía y, posteriormente, se dicta el auto de apertura de juicio oral, el cual será remitido por éste al tribunal competente para que, con ello, dé inicio la siguiente etapa del procedimiento, que es el juicio. Por tanto, si al ordenarse la celebración del juicio queda intocado el auto de apertura dictado por el Juez de Garantía (artículo 315 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua), no existe forma de analizar si la exclusión de pruebas llevada a cabo por dicho juzgador (artículo 314 del citado ordenamiento legal) es correcta o incorrecta. En tal virtud, la exclusión de pruebas en la audiencia intermedia es un acto de imposible reparación contra el que procede el juicio de amparo indirecto, porque no podrá ser materia ni del juicio oral ni del recurso de casación que, en su caso, se interponga contra violaciones procesales cometidas en el juicio oral o contra la sentencia dictada en dicho juicio. No resulta óbice a la anterior conclusión que el artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo establezca como violación procesal, reclamable en amparo directo, el hecho de que a la parte quejosa no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, ya que la exclusión de pruebas por parte del Juez de Garantía constituye una excepción a la regla prevista en dicho artículo, pues la posible violación procesal sería cometida por dicho juzgador, y el recurso de casación no es procedente para impugnarlas; consecuentemente, no tendría el alcance de afectar lo resuelto por el Juez de Garantía, ya que, según los artículos 423 y 424 del alulido Código de Procedimientos Penales, el recurso en mención únicamente procede contra actos emitidos por el tribunal del juicio oral mas no contra los del Juez de Garantía." En ese contexto, se tiene que conforme al artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia del procedimiento acusatorio, tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral y; de forma que, la continuación de la audiencia respectiva, sólo tiene como consecuencia para el acusado la imposición de un plazo (hasta la víspera del inicio de la audiencia), para que presente por escrito o en forma verbal los vicios formales del escrito de acusación y para solicitar su corrección si lo estima pertinente y/o deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, exponer argumentos de defensa que considere necesarios, señalar los medios de prueba que desea se reciban en la audiencia de juicio, incluso solicitar el diferimiento de la audiencia, desde luego, exponiendo las razones justificadas por las que lo pide; esto último, de conformidad con lo establecido en los numerales 340 y 341, de la propia codificación adjetiva federal. Bajo esa tesitura, se estima que la continuación de la etapa intermedia no afecta los derechos sustantivos del inculpado, pues sólo tiene consecuencias intraprocesales relacionadas estrictamente con la recepción del material probatorio y fijar las bases para el desarrollo del juicio oral en materia de los hechos controvertidos y objeto de prueba, pero no conlleva a que se adopten determinaciones que de manera directa o inmediata extingan, genere o desconozca un derecho sustantivo. Cabe destacar que es en la celebración de la audiencia intermedia a que se refiere el precepto 344, ibídem, cuando el juez podrá emitir determinaciones en relación a la corrección de vicios formales y resolver excepciones de previo y especial pronunciamiento, decidir lo relativo a la unión o separación en caso de que se formulen diversas acusaciones, fijará los acuerdos probatorios adoptados por las partes, resolverá si estima pertinente excluir el desahogo de determinadas pruebas ofertadas y se pronunciará en relación a la apertura del juicio; es decir, es en la audiencia intermedia en la que el juez adopta esas determinaciones, por lo que sólo tendrán consecuencias intraprocesales que podrán verse subsanadas, inclusive si el juez de control decidiera no emitir un auto de apertura a juicio, verbigracia en razón de haber declarado fundada alguna incidencia o excepción de pronunciamiento previo, sin perjuicio que de no ser así entonces las eventuales decisiones que se hayan pronunciado en esa etapa podrán impugnarse como violaciones adjetivas en el amparo indirecto que en su caso se promueva en contra del auto de apertura a juicio. Por todo lo anterior, válidamente puede decirse que el acto reclamado en este juicio no constituye una actuación de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente, dado que la citación a la audiencia intermedia -en la que habrán de ofrecerse las pruebas de las partes-, se trata de un acto procesal que, por regla general, no tiene una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a la anterior determinación la tesis II.2o.P.10 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1891, de la Décima Época, Registro: 2000637, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN LA AUDIENCIA INTERMEDIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DESECHA O ADMITE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). El desechamiento y admisión de pruebas son, por regla general, reclamables junto con la sentencia definitiva en el juicio de amparo directo, pues no concurren circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que dependan para el dictado de la sentencia o para asegurar la continuación del trámite del juicio natural. Este criterio debe seguir rigiendo, salvo casos específicos, en términos del artículo 160, fracción VI, de la Ley de Amparo para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el Estado de México, pues las reglas a seguir para la procedencia del juicio de garantías, hasta este momento, siguen siendo las mismas; consecuentemente, contra la resolución que admite o desecha pruebas documentales en la audiencia intermedia es improcedente el amparo indirecto, pues además de que no constituye un acto de ejecución irreparable, el artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México prevé que procederá la reposición del procedimiento cuando el tribunal de apelación advierta que hubo alguna violación procesal que haya afectado los derechos de alguna de las partes y que hubiera trascendido al sentido de la resolución, de modo que mediante la promoción del recurso ordinario respectivo el quejoso tiene la posibilidad de reparar dicha violación en una instancia ulterior si es que tal proceder trasciende al resultado del fallo, lo que implica que no desaparece la posibilidad de obtener un fallo definitivo favorable.". Asimismo, al respecto es aplicable la diversa tesis II.2o.P.9 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1968, de la Décima Época, Registro: 2000673, del epígrafe siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES INFUNDADO EL ARGUMENTO DE QUE AL TRATARSE DE AQUÉL, SEA MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO QUE DEBA ANALIZARSE EL DESECHAMIENTO O ADMISIÓN DE PRUEBAS, SI LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO SON LAS MISMAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La resolución que desestima y desecha las pruebas documentales ofrecidas por la defensa del quejoso y admite las diversas planteadas por el Ministerio Público en la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal en el Estado de México no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues con su pronunciamiento no se afectan los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad, sino que se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal que no afecta derechos fundamentales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en su contra, dado que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no lo fuera, esto aun no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla en amparo directo, en términos de los artículos 158 y 160 de la Ley de Amparo. Por tanto, es infundado el argumento de que al tratarse del nuevo sistema de justicia penal, es reclamable en amparo indirecto porque constituye un acto de ejecución irreparable, pues independientemente de que estas violaciones procesales se hayan dado dentro del desarrollo de dicho sistema de justicia, no debe soslayarse que las reglas para la procedencia del amparo, hasta este momento, siguen siendo las mismas.". Por último, se cita como apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 358 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 303 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo tenor es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda de amparo y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia a las personas que señala, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP
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