Omar Jacob Alba Cano
Expediente 218/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Omar Jacob Alba Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa, acompañó al presente juicio un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de abril de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Susceptible de destrucción Ahora bien, acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa, acompañó al presente juicio un documento que por sus características debe ser devuelto, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia del documento que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales, haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Recepción de escritos. Vistos los escritos de cuenta signados por el quejoso Omar Jacob Alba Cano, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y sus escritos aclaratorios, se colige, que la parte quejosa reclama el acuerdo dictado el treinta y uno de enero del año en curso, en el juicio 1422/2017, del índice de Juzgado Tercero Familiar, de esta ciudad, a través del cual, entre otras cosas, se le dijo que no ha lugar a tenerlo garantizando los alimentos, tal y como se le requirió mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia. Respecto de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Expuesto lo anterior ha de decirse que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden: "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J. 37/2014. Caso concreto. De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa se advierte: 1. Omar Jacob Alba Cano, promovió juicio de tramitación especial (controversia familiar por regulación de visitas) el cual se radicó el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, bajo el consecutivo 1422/2017, del índice del Juzgado Tercero Familiar, de esta ciudad. 2. Seguido el juicio, el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, las partes presentaron un convenio, el cual se aprobó y se elevó a categoría de cosa juzgada. 3. El doce de julio de dos mil dieciocho, el ahora quejoso solicitó incidente de modificación de convenio, el cual se resolvió el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el cual se declaró la procedencia de la acción de modificación de convenio. 4. Posteriormente, el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se requirió al quejoso para que exhibiera la forma de garantizar la pensión alimenticia en favor de su menor hija. 5. Luego, mediante auto de treinta y uno de enero del año en curso, se le dijo al quejoso que no había lugar a tenerlo garantizando los alimentos, tal y como se le requirió mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso. Determinación ésta que constituye el acto reclamado. Ahora bien, se advierte que con el dictado del auto reclamado, consistente en el auto de treinta y uno de enero del año en curso, dictada dentro del expediente 1422/2017, del índice del Juzgado Tercero Familiar, de esta ciudad, no se causa al quejoso una afectación material a derechos sustantivos, pues en el referido auto únicamente se le dijo al quejoso que no había lugar a tenerlo por garantizando los alimentos, tal y como se le requirió mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través de la determinación reclamada, la autoridad responsable determinó que no había lugar a tener al quejoso por garantizando los alimentos, tal y como se le requirió mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso, es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, se trata de una decisión intermedia emitida en el referido procedimiento de ejecución de convenio, la cual no es de imposible reparación, al no atentar, por sí misma, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, pudiendo reclamarse dicha violación procesal en la vía de amparo indirecto, contra la última dictada en el procedimiento respectivo, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derechos sustantivo constitucional o convencional. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuáles se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia o convenio, pues la aludida determinación emitida en la referida etapa de ejecución, tiene como finalidad, directa e inmediata, hacer del conocimiento del quejoso que no ha lugar a tenerlo garantizando los alimentos, tal y como se le requirió mediante proveído de veinticuatro de enero del año en curso. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Decisión. En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Diversas determinaciones. Respecto a la persona que autoriza para oír y recibir notificaciones, dígale que se esté a lo acordado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso ***** y su autorizada, mediante el cual pretenden dar cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; en atención a su contenido, se acuerda: El promovente no da cabal cumplimiento a la prevención formulada el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, toda vez que se le requirió para que: "A. Manifieste específicamente el acto que reclama de las autoridades responsables. Lo anterior, en virtud de que en el capítulo de acto reclamado señala: ".todas y cada una de mis peticiones que le eleve por escrito, de manera pacífica y respetuosa desde el día del acuerdo de fecha 31 de enero de 2022 y hasta la fecha, en especial, mi promoción de fecha: de febrero del año en curso." [.] ".omisión para formular y publicar conforme a derecho el acuerdo que corresponde a todas y cada una de mis peticiones que eleve por escrito, de manera pacífica y respetuosa desde que fue acordada de fecha 31 de enero del año en curso." ".Juez tercero de lo familiar me trata de imponer multa por el 20 días de salario mínimos de umas de concomida con sus criterios que no se unifican ya que estamos en ejecución de sentencia." Posteriormente en el capítulo denominado de garantías individuales, manifiesta lo siguiente: ".nunca fui debidamente emplazada en mi domicilio y como la justicia." [.] "no me emplazaron en el domicilio." [.] ". el Emplazamiento del practicado ilegalmente con vicios de acuerdo al Código Civil es que se emplazó en lugar distinto del domicilio de la suscrita." En ese tenor, bajo protesta de decir verdad, requiérase para que precise si el acto reclamado en esta instancia constitucional, lo constituye: a) El acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. b) O la falta de contestación a algún escrito; y en su caso, la fecha de dicho ocurso, esto último pues hace alusión a uno de "febrero del año en curso" y a otro de veintisiete de enero de dos mil veintidós. c) O el emplazamiento realizado en el juicio 1422/2017 que señala en su demanda. d) O la determinación en la que se le impuso una multa por "20 días de salario mínimos de umas". En el entendido de que, en caso de que sea su deseo señalar alguna determinación de las mencionadas en los incisos a) y c), deberá precisar bajo protesta de decir verdad, la fecha exacta del mismo y la data en que tuvo conocimiento de ésta, así como la forma en que se le hizo sabedor (si fue personalmente o por lista). B. Bajo protesta de decir verdad, precise en forma concreta, cronológica y ordenada, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto que reclame de forma específica, debiendo proporcionar todos y cada una de los antecedentes relacionados con el acto reclamado, tales como: b.1) El estado procesal en que se encuentra el expediente de origen. b.2) Si ya se dictó sentencia y en caso de encontrarse en la etapa de ejecución de sentencia, de manera clara y cronológica deberá hacer una reseña sucinta de las actuaciones contenidas en dicha etapa. b.3) Transcriba o exhiba copia o impresión fotográfica de la determinación de treinta y uno de enero de dos mil veintidós." Ahora, del escrito que se provee se advierte que si bien es cierto que realiza diversas manifestaciones en pro de dar cumplimiento al requerimiento formulado; también lo es que del mismo no se advierte con claridad el acto o actos que reclama; de igual manera no narra en forma cronológica, sucinta y ordenada, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de manera específica del acto o actos que reclama, como se le requirió en el aludido proveído. Por lo cual, deberá de precisar de manera clara cuál es el acto que reclama, lo anterior para estar en posibilidad de fijar debidamente la Litis. Es decir, deberá indicar sí reclama el acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintidós o la falta de contestación a algún escrito; y en su caso, la fecha de dicho ocurso, esto último pues hace alusión a uno de "febrero del año en curso" y a otro de veintisiete de enero de dos mil veintidós; o, la determinación en la que se le impuso una multa por "20 días de salario mínimos de umas". Subsiste prevención. En consecuencia, atento a lo precisado en párrafos precedentes, desde este momento se interrumpe el plazo de cinco días que se le concedió en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en virtud de que presentó el escrito que se provee. Ahora bien, por medio del escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se interrumpe nuevamente el plazo de cinco días, por lo que aún cuenta con dos días más para dar cumplimiento a la prevención realizada en el multicitado auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, se hace la precisión de que el plazo será reanudado una vez que surta sus efectos la notificación que del presente acuerdo se practique. Haciendo hincapié en que, de no cumplir dentro del plazo que para tal efecto se le indica, se hará efectivo el apercibimiento anunciado en el referido auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a/J.106/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." Asimismo, la jurisprudencia 1a./J.39/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO, EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Diversas determinaciones. Respecto a la persona que autoriza para oír y recibir notificaciones, dígale que se esté a lo acordado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.
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