Omar Jarquin Diaz

Expediente 699/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
699/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Omar Jarquin Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, se advierte la declaración de días inhábiles durante el periodo comprendido del dieciocho al veintisiete de los corrientes; ello, conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos de éste Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la ... emitida en esta última data por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por los citados coordinadores el veinticinco de este mes. Asimismo, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales pendientes de devolver. DESTINO Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio se sobreseyó en el juicio, este expediente es susceptible de destrucción dentro de tres años. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. Por último, toda vez que al rendir su informe justificado el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, remitió en apoyo al mismo tres discos compactos en formato ... en consecuencia, dado que carece de objeto que continúen en este juzgado, se ordena su devolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. ARCHIVO Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; por tanto, con fundamento en el artículo 9° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Se precisa que el presente incidente de suspensión no contiene documentos originales pendientes de devolver. DESTINO Por otra parte, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) del invocado Acuerdo General, atendiendo a que por una parte, se negó y por otra, se concedió la suspensión provisional y se NEGÓ y CONCEDIÓ la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es CONSERVABLE dentro de tres años. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, dado que carece de objeto que continúe en este juzgado, el disco compacto en formato dvd que remitió el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet; devuélvase el citado disco. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 699/2023 promovido por ...contra actos de la Jueza de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y otra autoridad; y, .... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de amparo indirecto en materia penal, promovido contra actos de autoridades que residen dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Jueza de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Resolución dictada en la audiencia de revisión de medida cautelar el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ... en donde se negó revocar, sustituir o modificar la prisión preventiva oficiosa, derivada de la vinculación a proceso impuesta al quejoso el veinte de octubre de dos mil veinte, por el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación de la mendicidad ajena agravada, en perjuicio de la víctima ******** Director el Centro de Reinserción número tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Ejecución de dicha resolución. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Jueza de control señalada como responsable, toda vez que así lo manifestó en su informe justificado. Por tanto, no obstante que el Director del Centro Penitenciario Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, al estar señalado como autoridad ejecutora, y quedar demostrada la existencia de la resolución reclamada, cuya ejecución necesariamente incide en el internamiento del quejoso en el aludido centro de reclusión, se desvirtúa su negativa, y se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad judicial, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, en relación con lo expuesto por la quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad, y de donde se advierte lo siguiente: El once de octubre de dos mil veinte, se inició la carpeta de investigación ... contra el quejoso por el delito de trata de personas en su modalidad de alojamiento con fines de explotación y explotación de la mendicidad ajena agravado, cometido en agravio del adolescente de iniciales ... El trece de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Trata de Personas, formuló imputación contra el quejoso como probable responsable de la comisión del ilícito en mención. El veinte de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de término constitucional, en la que se vinculó a proceso al quejoso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El veintidós de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la causa penal... misma que culminó con el auto de apertura a juicio. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, el quejoso interpuso recurso de apelación contra la audiencia intermedia y apeló la institución ministerial. Por proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Magistrado de la Segunda Sala Penal, dentro del toca ****, dictó el proveído en el cual precisó que el juez de control omitió remitir la totalidad de los registros de las actuaciones correspondientes a la etapa intermedia (fase escrita y oral), por lo que se ordenó requerir para que dentro del plazo de tres días remitiera copia de tales actuaciones. En virtud de ello, suspendió el plazo para decidir sobre la admisión de los recursos de apelación interpuestos. Previas gestiones para la remisión de las constancias y registros de actuaciones de la causa penal de origen, el treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal de Alzada levantó la suspensión del plazo sobre la admisión de los recursos de apelación interpuestos, señalando las once horas del trece de junio de dos mil veintitrés, para la audiencia de alegatos aclaratorios. Por escrito de seis de junio de dos mil veintitrés, la defensa del quejoso solicitó al Juez de Control la audiencia de revisión de medida cautelar del quejoso, con la finalidad de que se revoque, sustituya o modifique la impuesta al quejoso. En la misma fecha se acordó la petición y se señalaron las nueve horas con treinta minutos del ocho de junio de dos mil veintitrés, a la cual no compareció la representación social sin causa justificada, por lo que se señalaron las once horas del dieciséis de junio del año en curso para el verificativo de dicha audiencia. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia de mérito, en la que se determinó que no era procedente la modificación de la medida cautelar, bajo el argumento de que los dos años que han transcurrido sin que se dicte sentencia, se deben al ejercicio del derecho de defensa y que por lo que hace a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, la Jueza de control está impedida para pronunciarse al respecto, hasta en tanto el Estado Mexicano haga las adecuaciones a sus disposiciones internas -determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se resolvió el recurso de apelación ordenando la nulidad de la audiencia intermedia de veintidós de junio de dos mil veintidós, así como la reposición del procedimiento a partir de las notificaciones realizadas a las partes procesales del auto en que se tuvo al Ministerio Público comunicando el cierre de la investigación. En audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se dictó audiencia de revisión de medida cautelar, en la que se dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se impuso en su lugar las medidas cautelares previstas en las fracciones I, VI, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se determinó que el quejoso continuará su proceso en libertad, bajo vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Es así, porque de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que mediante audiencia de revisión de medida cautelar de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, la jueza de control dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso en el proceso penal de origen. Y al respecto, determinó imponerle en su lugar las medidas cautelares previstas en las fracciones I, VI, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativas a: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; (.) VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; (.)". Así, la jueza de control determinó que la medida solicitada por la representación social, no está justificada, sino que es la más extrema, cuando debe ser la última ratio, por lo que existen diversas medidas con las cuales se puede contrarrestar el peligro para la víctima, por lo que estimó procedente imponer las medidas cautelares señaladas con antelación, relativas fundamentalmente a: Prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, comunicarse con ella y presentarse de manera semanal ante la Unidad de Medidas Cautelares, bajo apercibimiento que de no hacerlo, podría dar lugar a convocar a una audiencia de revisión de medidas, para imponerle de nueva cuenta la prisión preventiva. Por ende, el imputado, aquí quejoso, llevaría su proceso en libertad, bajo la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares. Luego, del informe justificado del Director del Centro Penitenciario Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que el aquí quejoso, obtuvo su libertad el veintiuno de julio de dos mil veintitrés con motivo de la audiencia de modificación de medida cautelar de esa misma data. Por tanto, fue colmada la pretensión del quejoso en cuanto a que se modificara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta en la causa penal de origen....por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se le hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas, sería irrelevante examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que la revisión de medida cautelar de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en la causa penal de origen...fue en cumplimiento a la suspensión definitiva decretada en el incidente derivado de este juicio de amparo. Ello porque con independencia de que los efectos de la suspensión definitiva, fueron para que la Jueza de Control responsable: "Deje sin efectos la determinación emitida en la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ..., únicamente en la parte relativa en la que negó revocar, sustituir o modificar la prisión preventiva oficiosa derivada de la vinculación a proceso impuesta al quejoso. Señale fecha y hora para llevar una diversa audiencia con intervención de las partes en la que fije una audiencia de revisión de medida cautelar, y prescindiendo de las consideraciones que adoptó en el acto reclamado al imponer la presión preventiva oficiosa, dicte otra diferente a ésta; es decir, que considere razonablemente adecuada, siguiendo los lineamientos de esta interlocutoria, en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento -de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales- podrá imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso". Es decir, los efectos de la concesión de la suspensión definitiva no fueron necesariamente para que no se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sino para que la jueza de control valorara fundada y motivadamente si existían elementos razonables para asegurar la presencia del imputado al procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima, y de considerar lo contrario sí podría imponer la prisión preventiva pero justificada. Elementos que la jueza de control responsable valoró con libertad de jurisdicción para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin sujetar la vigencia de la medida cautelar a la tramitación del presente juicio de amparo, sino a la vigencia del proceso penal (00:19:33 del disco Telmex_2, relativo a la audiencia de revisión de medida cautelar de veintiuno de julio de dos mil veintitrés). Por lo que se concluye, no se trata de una determinación que se encuentre suspendida o paralizada hasta la resolución ejecutoria del presente juicio de amparo, sino más bien, su revocación en su caso, se encuentra condicionada a que el quejoso incumpla con alguna de las medidas que le fueron fijadas en audiencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., contra actos de la Jueza de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y el Director del Centro de Reinserción Número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, por el cual remite en un disco compacto la información que le fue requerida en proveído de dieciocho de septiembre del año en curso. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental el DVD que acompaña, probanza que se admite y desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Déjese a disposición de las partes el citado disco en la Secretaría de este Juzgado para su consulta. Al respecto, tiene aplicación la tesis 1a./J. 43/2013, (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". NOTIFÍQUESE

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