Omar Estudillo Rivera
Expediente 1108/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1108/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Omar Estudillo Rivera
Actuaciones
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual la Sindica Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de la Villa de Zaachila, informa sobre las diversas sesiones de cabildo que fueron convocadas y las cuales por distintas razones no se lograron realizar bajo los lineamientos internos del H. Ayuntamiento de la Villa de Zaachila. Asimismo, informa que presentó formal denuncia contra diversos funcionarios de ese H. Ayuntamiento, por el posible desvío de recursos para el pago de laudos y sentencia, sin embargo, esas circunstancias no son del ámbito de competencia de este Juzgado. De la misma manera, este órgano jurisdiccional no puede requerir solo a unos cuantos integrantes del cabildo para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que todos los integrantes de ese Ayuntamiento deben cumplir en su conjunto, con el pago del laudo correspondiente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Tesorera (NAALLELI MACE VÁZQUEZ), quien ostenta ese cargo y a los demás Integrantes del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila y al tesorero municipal, que se integra de la siguiente manera: Integrantes del H. Ayuntamiento de Zaachila, Oaxaca Nombre RFC Fecha de nacimiento Cargo Domicilio Código Postal Municipio Entidad CÁSTULO BRETÓN MENDOZA BEMC731130J7A 30/11/1973 Presidente Municipal Segunda Privada de Alarii 5, Barrio del Niño 71310 Zaachila Oaxaca CARMELA CORONEL ÁNGELES CDAC780710FF0 10/07/1978 Síndico Municipal Zapotecas sin número 71250/71313 Zaachila Oaxaca LUCIO FLORES MARTÍNEZ FOML671029672 29/10/1967 Regidor de Hacienda Juan N. Álvarez 25, Barrio San Pedro La Reforma 71250/71315 Zaachila Oaxaca ALICIA CRUZ MACES CUMA710623GN7 23/06/1971 Regidora de Obras Tiboot 504, Barrio San Sebastian 71250/71313 Zaachila Oaxaca ANDRÉS ALFONSO BENÍTEZ TORRES BETA8511219T1 21/11/1985 Regidor de Educación Coquiza 12, Barrio del Niño 71250/71310 Zaachila Oaxaca CAROLINA MARTÍNEZ TOMÁS MATC690527537 27/05/1969 Regidora de Turismo Quiengola 208, Barrio San José 71250/71310 Zaachila Oaxaca OMAR CALVO AGUILAR AAGG751015U86 15/10/1975 Regidor de Salud Quiechapa 8, Barrio San José 71250/71310 Zaachila Oaxaca ESAU ZÁRATE LAVARIEGA ZALE750713U4A 13/07/1975 Regidor de Protección Civil Vulcano 225, Barrio La Soledad 71250/71313 Zaachila Oaxaca CARLOS RIGOBERTO CHACON PÉREZ CAPC601104F55 04/11/1960 Regidor de Derechos Humanos Copabitoo 201-B, Barrio del Niño 71250/71310 Zaachila Oaxaca CRESCENCIO SOLANO CORONEL SOCC6204207T8 20/04/1962 Regidor de Vinos y Licores Ñatippa 1002, Barrio la Soledad 71250/71313 Zaachila Oaxaca NAALLELI MACES VÁZQUEZ MAVN930626FW2 26/06/1993 Tesorera Municipal Pipila 104, Barrio la Soledad 71250/71313 Zaachila Oaxaca Para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, acrediten haber realizado el pago de la cantidad de $342,621.09 (trescientos cuarenta y dos mil pesos seiscientos veintiún pesos 09/100 moneda nacional), debiendo acompañar copia certificada de cada una de las constancias que acrediten esa circunstancia, lo anterior, tomando en consideración que en el presente caso, se trata del cumplimiento de una sentencia de amparo en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, la cual no admite demora en su ejecución. Apercibimiento Se apercibe a todos los Integrantes del Ayuntamiento y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de la Villa de Zaachila, Oaxaca, que de no cumplir con la ejecutoria de amparo, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $ 89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), que constituye la Unidad de medida referida y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a las personas físicas que ostenten dicho cargo por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representan; lo cual no se prejuzga. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por OMAR ESTUDILLO RIVERA, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA MESA 3 DEL CAT DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1108/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables y actos siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLES.- señalo como autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras al ciudadano agente del ministerio público de la mesa 3 del CAT de la fiscalía general del estado de Oaxaca; Director de la Policía Municipal del Municipio de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca; Coordinador de la agencia estatal de investigaciones del estado de Oaxaca; COMO EJECUTORAS.- al comisionado de la policía municipal de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; IV.- ACTO RECLAMADO.- reclamo de esta autoridad responsable ordenadora y ejecutoras a integración de una carpeta de investigación en mi contra por los delitos que no he cometido. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia que deviene del contenido interrelacionado de los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, a contrario sensu, en relación con los diversos 5, fracción I, primer párrafo, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" De la referida intelección de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte. En relación con este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 151/2007-PS, sustentó que el juicio de amparo es improcedente contra la determinación que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, pues dicho Alto Tribunal sostiene que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 1a./J. 87/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." Partiendo de esa premisa y razonamientos expuesto por ese alto tribunal, la sola sospecha del quejoso de que el Agente del Ministerio público de la mesa 3 del CAT de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, no afecta el interés jurídico del peticionario del amparo. Para justificar esta afirmación, es oportuno destacar los supuestos constitucionales en los que se autoriza el acceso a los registros de una investigación inicial, pues acorde a lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: "El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación." [.] "B. De los derechos de toda persona imputada:" [.] "VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;" Como es de observarse, existe una restricción constitucional de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: I. El imputado se encuentre detenido; II. Pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, III. Antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. El precitado dispositivo constitucional tiene correspondencia con las restricciones de acceso a los registros de investigación contemplados en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que interesa, establece: "Reserva de los actos de investigación." [.] "La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código". De lo anterior se obtiene que el acceso a los registros durante la etapa de investigación inicial establece una restricción para la persona investigada y a su defensa, pues tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, precisan los momentos a partir de los cuales puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Al tratarse de una restricción constitucional y aun en caso de existir esta circunstancia, se deberá estar a lo que indica la norma suprema. Ahora, si el aquí quejoso OMAR ESTUDILLO RIVERA, no se encuentra detenido ni ha sido citado a la carpeta de investigación ante el Agente del Ministerio público de la mesa 3 del CAT de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; por ende, es evidente que carece de interés jurídico para reclamar en esta instancia extraordinaria de defensa la negativa de acceso a la referida carpeta de investigación. Ello es así, pues es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado, esto es, al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la reserva de los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la investigación. . . Consecuentemente, aun cuando el aquí quejoso aduzca que tiene conocimiento de que la representación social se encuentra integrando una carpeta de investigación, si aún no tienen el carácter de imputado de conformidad con el artículo 218 mencionado, en virtud de que no ha sido citado a comparecer ante el Ministerio Público con esa calidad, ni se ha ocasionado algún acto de molestia en su perjuicio, ellos o su defensa no pueden tener acceso a los registros de la investigación, pues la investigación contenida en la carpeta respectiva, per se, no puede generar un acto de molestia, a que se refiere el artículo 266 de ese código, esto es, en donde la autoridad le informa a una persona sobre los derechos que le asisten y mediante el cual solicita su cooperación, ello antes de que el procedimiento se lleve a cabo. Ello es así, en virtud de que, el hecho de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputado. La anterior afirmación se hace, en atención a que, la denuncia o querella con la que da inicio la fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan su apertura; ello, debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el Agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, la representación social sólo puede recabar en esa fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de Control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que, el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Consecuentemente, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. . En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y por autorizados para recibirlas a las personas que mencionan. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Olivia Sanchez Alarcon891/2023
- Omar Alegria Lopez1152/2019
- Omar Bemol Venegas878/2019
- OMAR CABRERA RODRIGUEZ y Otros.429/2020
- Omar Edgar Avandaño Santiago1043/2021
- Omar Eduardo Zafra Antonio105/2023
- Omar Garcia Garcia418/2017
- OMAR GIOVANI ESTRADA RUGAMA y Otros.758/2019
- Omar Jarquin Diaz699/2023
- Omar Jarquin Diaz816/2022
- Omar Jarquin Diaz721/2023
- Omar Lenin Bautista Solar692/2023