Omar Hernández Rodríguez
Expediente 49/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Omar Hernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
MESA III- A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de marzo de dos mil quince. Vistas la certificaciones que anteceden se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se decretó que causó ejecutoria la resolución de doce de febrero de este año, en la que se sobreseyó en ese juicio de amparo promovido por Omar Hernández Rodríguez; asimismo, que por auto de trece de enero de este año (fojas 4 a 9), se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veintiocho de enero siguiente (fojas 61 a 65), por una parte se negó y por otra se declaró sin materia la suspensión definitiva y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y por una parte se negó y por otra se declaró sin materia la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y toda vez que conforme a la certificación de cuenta no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente el auto de trece de enero de este año (fojas 4 a 9), mediante el cual se concedió la suspensión provisional. Asimismo, se indica conforme a la certificación de cuenta en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA III-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de marzo de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que el quejoso Omar Hernández Rodríguez interpusiera recurso de revisión contra la resolución dictada en este juicio de amparo transcurrió del diecisiete de febrero al dos de marzo de este año, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, párrafo segundo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en virtud que se sobreseyó en el juicio y que tal determinación no fue recurrida se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental en virtud de la inexistencia de los actos reclamados, por lo que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que conforme a la certificación de cuenta en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...
- Principal
VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 49/2015; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Mediante escrito presentado el doce de enero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y al día siguiente en este juzgado, al que correspondió por razón de turno, Omar Hernández Rodríguez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras), procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras) de quienes reclamó la orden de aprehensión por parte de las autoridades judiciales y su ejecución material atribuida a las restantes, que estimó violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por auto de trece de enero de dos mil quince, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformados, 6°, 33 fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, conforme a los artículos primero y tercero transitorios de la misma; la registró en el libro de gobierno con el número 49/2015, solicitó los informes justificados a las responsables y dio intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. TERCERO.- Por determinación de dieciséis de enero de dos mil quince (foja 22), se dejó de tener como autoridad responsable al comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad, por lo que no es el caso de pronunciarse respecto de su inexistencia en los considerandos y resolutivos de esta sentencia, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 1ª/J 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cincuenta y dos, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO.- Previos los trámites del juicio, la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal reformados, en relación con los artículos primero y tercero transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la citada ley fundamental, de tres de junio de dos mil once, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis siguiente y en vigor a partir de cuatro de octubre de dos mil once; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo vigente, conforme a los artículos primero y tercero transitorios de la misma, pues, ésta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día dos de abril de dos mil trece; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado, se trata de un asunto en materia penal, su tramitación corresponde a la primera instancia, y las autoridades responsables ejecutoras tienen su residencia en esta ciudad y en Etla, Oaxaca; esto es, dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO.- Fijación de los actos reclamados. El quejoso Omar Hernández Rodríguez, reclamó de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras), procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras), lo siguiente: La orden de aprehensión librada en su contra por las autoridades judiciales penales y la ejecución material de tal determinación atribuida a las restantes. TERCERO.- Al rendir su respectivo informe justificado los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, secretarios encargados por ministerio de ley de los Juzgados Quinto y Sexto de lo Penal del distrito judicial del Centro y la jefa de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, por orden del coordinador general de la citada institución policiaca, con residencia en esta ciudad (fojas 9, 26, 11, 32, 17, 13, 15 y 19) negaron la existencia de los actos que les atribuyó el quejoso, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra por las autoridades judiciales penales y la ejecución material de tal determinación atribuida a la restante, sin que esa negativa se desvirtuara con prueba alguna; razón por la cual, por inexistencia de tales actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. CUARTO. Al rendir sus informes justificados el juez Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, director de asuntos jurídicos quien firma en representación del procurador General de Justicia del Estado, residente en esta ciudad y jefe de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado de la comandancia establecida en la Villa de Etla, Oaxaca (fojas 37, 28 y 42), aceptaron la existencia de los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad judicial penal y su ejecución material por las restantes. Por su parte, la diversa responsable ejecutora jefa de la unidad administrativa y de carrera policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, residente en esta ciudad, negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión dictada por el juez Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, contra el aquí quejoso. Sin embargo, en virtud que tal responsable está señalada en su carácter de autoridad ejecutora de un acto respecto del cual la autoridad ordenadora aceptó su existencia, esa negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto de ejecución por lo que hace al citado agraviado. Lo que se corrobora con la documental que remitió como justificación a su informe la citada autoridad responsable juez Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, consistente en la orden de aprehensión de nueve de enero de dos mil quince, dictada en la causa penal 06/2015, de su índice. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia doscientos veintiséis, publicada en el Tomo VI, página ciento cincuenta y tres, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. No se analizará el fondo del asunto, ya que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente por ser cuestión de orden público, en atención a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, y en la jurisprudencia número ochocientos catorce, consultable en la página quinientos treinta y tres, del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a continuación se transcribe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de otro diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (listispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque por violaciones constitucionales diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que el quejoso promueva un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente promovió un diverso juicio en que existen las coincidencias mencionadas y se encuentra pendiente de resolución. La improcedencia por litispendencia se trata, entonces, de una institución jurídica que se apoya en los principios de unidad y economía procesal, así como en la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, siempre y cuando la controversia anteriormente planteada se encuentre pendiente de resolución, ya sea en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos, exista identidad en los elementos de litigio planteados en ambos, es decir, en cuanto a sujetos, objeto y pretensión. Para demostrar, en el caso, la actualización de la litispendencia, conviene precisar que la demanda origen de este juicio fue promovida por Omar Hernández Rodríguez, el doce de enero de este año, contra actos de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras), procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras), de quienes reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra por la autoridades ordenadoras atribuida a las restantes. Por otra parte, como se advierte de la lectura de las constancias de autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, específicamente de las que acompañó el secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en este ciudad, a su oficio 850 (fojas 47 a 59), con anterioridad a este juicio de amparo el referido quejoso Omar Hernández Rodríguez, promovió el diverso juicio de amparo 31/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, el nueve de enero de dos mil quince, en el que señaló como autoridad ordenadora al juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca y como ejecutoras al procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca. En el aludido juicio de amparo se señalaron como autoridades responsables al juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras), procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comandante del grupo de aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras), de quienes también reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución, la cual resultó cierta, toda vez que la citada autoridad judicial, al rendir su informe justificado, convino en que con fecha nueve de enero de dos mil quince, en la causa penal 06/2015, libró orden de aprehensión contra Omar Hernández Rodríguez, como probable responsable en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y encubrimiento; juicio de amparo en el se encontraban señaladas las nueve horas con quince minutos del día de ayer para la celebración de la audiencia constitucional, según lo informado por el secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en este ciudad, en su oficio 850 (foja 45). De lo que se advierte que el quejoso Omar Hernández Rodríguez, también señaló como autoridad responsable ordenadora al juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca, quien fue la aceptó el mismo acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de fecha nueve de enero de dos mil quince, en la causa penal 06/2015, de su índice y como este juicio de amparo 49/2015, se inició con posterioridad al diverso juicio número 31/2015, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en este ciudad, resulta claro que al existir esa identidad, en sus elementos formales se concreta la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo en vigor. Todo lo anterior, lleva a concluir que al existir un juicio de amparo en el que se encuentra pendiente de dictar sentencia y en el que se impugnó la orden de aprehensión dictada en la causa penal 06/2014, y su ejecución; y en razón que el mismo quejoso Omar Hernández Rodríguez intenta un diverso juicio de amparo en el que reclama la misma orden de aprehensión, debe considerarse que resulta improcedente este segundo juicio, con motivo de la litispendencia, pues la constitucionalidad de determinados actos respecto de un mismo quejoso sólo puede juzgarse una sola vez, ya que el promovente ya no podría verter nuevos conceptos de violación, debido a que cuando promovió el primer juicio de amparo, ya expresó los motivos de inconformidad respecto de esos actos. En esa tesitura, es inconcuso que existe litispendencia procesal, porque en el juicio de amparo registrado con el número 31/2015, se encuentra pendiente de dictar la sentencia correspondiente. Se invoca en apoyo a la determinación adoptada la tesis con el rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio" . En esas condiciones, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción X del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la parte promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son; "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los acto reclamado de las autoridad responsable, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende también el acto de ejecución reclamado a las autoridades señaladas como ejecutoras, en virtud que, el acto de ejecución que se le reclama, no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Se invoca en apoyo por su contenido, la jurisprudencia siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, del Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO.- En términos de los considerandos tercero y quinto, se SOBRESEE en este juicio de amparo, promovido por Omar Hernández Rodríguez, contra los actos reclamados a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, juez de lo Penal del distrito judicial de Etla, Oaxaca (autoridades ordenadoras), procurador General de Justicia del Estado, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en esta ciudad y comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones destacamentado en la Villa de Etla, Oaxaca (autoridades ejecutoras); consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra por las autoridades ordenadoras y su ejecución material atribuida a las restantes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, asistido del secretario licenciado Juan Martínez Trujillo, dándose por concluida la audiencia el día de hoy, y levantándose para constancia el acta que se autoriza y firma. Doy fe. El Juez Lic. José Luis Evaristo Villegas El Secretario Lic. Juan Martínez Trujillo
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de febrero de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el alegato número 15/2015 firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, recibido ayer, téngase por hechas las manifestaciones que produce, sin perjuicio de que sean relacionadas en la audiencia constitucional, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su artículo 2º, expídasele copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, asistido del licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe.
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