Omar de Jesús Luna Illescas

Expediente 421/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
421/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Omar de Jesús Luna Illescas
  • Delegado de la Fiscalía General de la República

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo; asimismo, que por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutorias pronunciadas el nueve y veintidós de mayo del año en curso, se negó la definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III del citado Acuerdo General. III. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. V. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 421/2023, promovido por ********************, ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como ordenadoras dictaron las órdenes de aprehensión, detención y cateo, mismas que se pretenden cumplir por las autoridades que designó como ejecutoras. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, presentó un escrito el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las órdenes de aprehensión, detención y cateo atribuidas al 1) Delegado de la Fiscalía General de la República; 2) a la Agencia de Investigación Criminal; 3) a la Policía Federal Ministerial; 4) a la Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos; 5) a la Vicefiscalía General Zona Centro; 6) a la Subdirectora de Control y Seguimiento de Averiguaciones Previas; 7) a la Directora de Control de Fiscalías; 8) a la Coordinadora del Sector Metropolitano; 9) a la Coordinadora de las Fiscalías Locales; 10) al Fiscal en Jefe del Área de Género; 11) al Fiscal en Jefe del Área de Alto Impacto; 12) a la Dirección de Averiguaciones Previas Procesos Sector Metropolitano y 13) al Jefe de la Policía Federal Ministerial, Adscrito A la Fiscalía General de La República; así como la ejecución material de dichas órdenes por parte del 14) titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (A.E.I.); 15) Del Titular de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos; 16) y Del Titular de la Sub Dirección de Averiguaciones Previas sin detenido (Sector Central). El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito el veintiocho de abril del año en curso, este órgano jurisdiccional la registró bajo el número de expediente 421/2023; mediante auto de esa misma fecha, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la citada demanda; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Por determinaciones de diecisiete y diecinueve de mayo de esta anualidad, se dejaron de tener como autoridades responsables a 1) la Agencia de Investigación Criminal; 2) a la Policía Federal Ministerial; 3) a la Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos; 4) a la Subdirectora de Control y Seguimiento de Averiguaciones Previas; 5) a la Fiscal en Jefe del Área de Alto Impacto; 6) al Jefe de la Policía Federal Ministerial Adscrito a la Fiscalía General de la Republica; 7) al Titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (A.E.I.); y 8) al Titular de la Subdirección de Averiguaciones Previas sin Detenido (Sector Central); 9) al Delegado de la Fiscalía General de la República; 10) a la Directora de Control de Fiscalías; 11) a la Coordinadora de las Fiscalías Locales; 12) al Fiscal en Jefe del Área de Género y 13) a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos Sector Metropolitano, por lo que no es el caso de pronunciarse respecto de su inexistencia en el resolutivo de esta sentencia, siendo aplicable al respecto la jurisprudencia 1ª/J 111/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página cincuenta y dos, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente", La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido presuntamente por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que produce efectos dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama las órdenes de aprehensión, detención y cateo, y su ejecución material. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza del citado acto reclamado, en relación con las autoridades responsables. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, en los términos que enseguida se describen: Autoridades responsables Sentido Agente del Ministerio Público encargado de la Coordinación del Sector Metropolitano, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Niega Vicefiscal General Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Niega Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Niega Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.). Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." VI. DECISIÓN En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en este fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 421/2023, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES La parte quejosa reclama las órdenes de aprehensión, detención y cateo, así como la ejecución de las mismas. Por ello, estima que las autoridades responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y remitida a este órgano jurisdiccional, por razón de turno el veintiocho siguiente, y admitida a trámite en esa misma fecha, donde quedó registrada con el número 421/2023, se solicitó informe previo a las responsables y se concedió la medida provisional solicitada. Asimismo, es de advertirse que mediante interlocutoria de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se resolvió este incidente de suspensión respecto de la suspensión definitiva solicitada por el aludido quejoso ********************, contra los actos reclamados a la Vicefiscalía General Zona Centro, a la Coordinadora del Sector Metropolitano y al Titular de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, en la cual, se negó al impetrante del amparo la medida precautoria de referencia. La audiencia incidental se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos: 1) Del Delegado de la Fiscalía General de la República; 2) De la Agencia de Investigación Criminal; 3) De la Policía Federal Ministerial; 4) de la Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos; 5) De la Subdirectora de Control y Seguimiento de Averiguaciones Previas; 6) De la Directora de Control de Fiscalías; 7) De la Coordinadora de las Fiscalías Locales; 8) Del Fiscal en Jefe del Área de Género; 9) Del Fiscal en Jefe del Área de Alto Impacto; 10) De la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos Sector Metropolitano. Las órdenes de aprehensión, detención y cateo. 11) Del Jefe de la Policía Federal Ministerial, Adscrito a la Fiscalía General de La República; 12) Del titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (A.E.I.); y 13) del Titular de la Sub Dirección de Averiguaciones Previas sin detenido (Sector Central). La ejecución material de los actos reclamados. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES. En proveídos de quince y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se dejaron de tener como autoridades responsables 1) al Delegado de la Fiscalía General de la República; 2) a la Agencia de Investigación Criminal; 3) a la Policía Federal Ministerial; 4) a la Dirección General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos; 5) a la Subdirectora de Control y Seguimiento de Averiguaciones Previas; 6) a la Directora de Control de Fiscalías; 7) a la Coordinadora de las Fiscalías Locales; 8) al Fiscal en Jefe del Área de Género; 9) al Fiscal en Jefe del Área de Alto Impacto; 10) a la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos Sector Metropolitano; 11) al Jefe de la Policía Federal Ministerial, Adscrito a la Fiscalía General de La República; 12) al titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (A.E.I.); y 13) al Titular de la Sub Dirección de Averiguaciones Previas sin detenido (Sector Central); por tanto, al no existir tales autoridades, menos puede existir el acto que se les atribuye y en ese sentido, lo que procede, es negar la suspensión definitiva respecto de dichas autoridades. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ********************. NOTIFÍQUESE.

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