Omar Hermández Domínguez

Expediente 406/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
406/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Omar Hermández Domínguez
  • Iris Alonso Guillén
  • Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto de la Región del Istmo y Otros.
  • Omar Hermández Domínguez y Otros.
  • Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El Espinal, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído, para los efectos legales procedentes. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso A del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el término legal de tres días otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, con registro 192174, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se concedió la tutela federal solicitada por los quejosos Omar Hernández Domínguez e Iris Alonso Guillen, para los siguientes efectos: ".a) Deje insubsistente la resolución reclamada en la parte materia de impugnación, dictada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la causa penal 504/2019, única y exclusivamente por lo que hace a los quejosos, así como toda actuación subsecuente que dependa de dicha determinación, dado que a partir de esta, se tuvo al ministerio público formulando acusación en su contra, y con base en la misma se desarrolló la audiencia intermedia hasta la emisión del auto de apertura a juicio oral; b) En su lugar, emita otra con plenitud de jurisdicción, en la que siguiendo las reglas del procedimiento atinente a la presentación de la acusación por parte del ministerio público, se pronuncie de manera fundada, motivada, y de manera congruente con los autos, respecto a la extemporaneidad alegada por los ahora quejosos." Por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se requirió su cumplimiento a la Juez responsable, residente en El Espinal, Juchitán, Oaxaca. Por tal motivo mediante oficio CH/SJPA/JCJZ/2416/2021-J, firmado por la Juez de Control de Juchitán, Oaxaca, con sede en El Espinal, remitió copia certificada del auto de siete de septiembre del año en curso, dictado en la causa penal 504/2019, en el que acordó lo siguiente: ".Visto, el estado que guarda la presente causa penal, y toda vez que con esta propia fecha retorno a mis labores jurisdiccionales, esto en atención a que gocé de mi periodo vacacional correspondiente, como les fue informado mediante oficio CJ/SJPA/JCJX50/2194/2021-J, de fecha veinticuatro de agosto próximo pasado, emitido por el maestro Edson Leonardo Sánchez Chávez, por lo que una vez que retornara a mis labores se le daría cumplimiento a la ejecutoria de amparo 406/2020-II-A; es por ello que en este acto doy cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes mencionada del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, promovido por Omar Hernández Domínguez e Iris Alonso Guillen, contra actos de esta autoridad y otras, quien requiere el cumplimiento de la sentencia dictada en se juicio de garantías; en consecuencia, en primer término se deja insubsistente el proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, únicamente en la parte relativa por lo que se refiere a los quejosos Omar Hernández Domínguez e Iris Alonso Guillen, dentro de la causa penal 504/2019, así como toda actuación subsecuente y se procede a dictar nueva determinación en la que siguiendo los lineamiento de la sentencia de amparo de fecha dieciséis de julio del presente año, se provee en los siguientes términos: Respecto a los imputados Omar Hernández Domínguez e Iris Alonso Guillen, se aprecia de la presente causa que mediante acuerdo de fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinte, el ministerio público no había dado cumplimiento con lo establecido en el numeral 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es por ello que en términos del artículo 325 del mismo ordenamiento, se ordenó hacerle del conocimiento al Fiscal General del Estado, para que se pronunciara al respecto, mediante el oficio correspondiente, y ante la suspensión decretada no se advierte de autos que se haya librado el mismo, por lo tanto se ordena dar cumplimiento al mismo; así como para que dentro del término establecido se provea lo correspondiente conforme a derecho. En otro contexto, se da cuenta con el escrito del Agente del Ministerio Público licenciado Josué Flores Batalla, recibido el veintidós de octubre del año dos mil veinte, visto su contenido, mediante el cual refiere que presenta formal acusación en contra de Omar Hernández Domínguez e Iris Alonso Guillen, como probables responsables de los hechos que la ley señala como el delito de robo calificado con violencia moral y asociación delictuosa, cometido el primero en perjuicio patrimonial de Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión Hidalgo Oaxaca, y el segundo en agravio de la Sociedad; en consecuencia no ha lugar a tenerle por formulada la acusación al ministerio público como lo indica, en virtud de que la misma es presentada de manera extemporánea, toda vez que no lo hizo dentro del plazo establecido por el ordenamiento legal 324 del Código Nacional invocado y que al ser un perito en la materia conoce tanto del sistema, como de los plazos que tiene para dar cumplimiento con los mismos, así como de las consecuencias al respecto; por lo que deberá de estarse a lo anteriormente expuesto. Por otra parte, se da cuenta con dos escritos de Omar Hernández Domínguez e Iris Alonso Guillen, quienes promueven con el carácter de imputados en la presente causa penal, recibidos el veintidós de octubre de dos mil veinte, vistos sus contenidos, en cuanto al primero de ellos, y para que esta autoridad este en posibilidades de acordar su petición conforme a derecho, se ordena dar vista a su defensor técnico con dicho escrito, para que dentro del término de tres días al en que quede legalmente notificado, promueva, conforme a derecho y de manera técnica y adecuada, en términos del numeral 117 del Ordenamiento legal antes invocado; apercibiéndolo que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo establecido se hará acreedor a una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, en términos del artículo 104 fracción II inciso b) del Código mencionado. En relación al segundo de los de cuenta, con fundamento en los numerales 324 y 325 del Código que se viene mencionando, dígasele a los ocursantes, que deberán de estarse a lo expuesto anteriormente, en donde se le requiere al Fiscal General del Estado para que se pronuncie dentro del plazo de quince días y no de diez como lo indican y que se refiere el segundo de los numerales; toda vez que el ministerio público no dio cumplimiento con la obligación que le corresponde en términos del primer numeral, aunado a lo anterior debe decírseles también que dicho artículo (324) no cuenta con una fracción V, como lo dicen en el de cuenta, por lo que deberán estar debidamente asesorados de su defensa técnica, para que promuevan conforme a derecho. Así mismo y toda vez que dichos imputados se encuentran privados de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el centro penitenciario Varonil y Femenil de Tanivet Tlacolula, respectivamente, lugares que se encuentran fuera del ámbito de competencia territorial de esta autoridad; luego entonces y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 76 y 77 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena librar exhortos con los insertos necesarios y conducentes al Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet Oaxaca, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda se constituya en los mencionados centros penitenciarios y les notifiquen a los imputados de referencia el presente acuerdo en sus términos, hecho que sea lo anterior, devuelvan el exhorto debidamente diligenciado a la brevedad posible. ." De lo anterior, se advierte que se acató en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que el Juez responsable en auto de siete de septiembre del año en curso, dejó insubsistente el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la parte relativa a los quejosos y con plenitud de jurisdicción se pronunció respecto de la presentación de la acusación del Ministerio Público, esto es ordenó hacer del conocimiento del Fiscal General del Estado la omisión de la representación social en presentarla dentro del plazo establecido para ello. Asimismo, tuvo por recibido el escrito de acusación del ministerio público, sin embargo, no la tuvo por presentada ya que la misma es extemporánea. Y por último, tuvo por recibidos dos escritos de los quejosos, con el primero ordenó dar vista a su defensa para que promueva conforme a derecho; y con el segundo, les hizo de su conocimiento que deberían de estarse a lo acorado en dicho acuerdo, esto es, donde se hace del conocimiento al Fiscal General del Estado la omisión en la presentación oportuna del escrito de acusación por parte de su homologo local. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Control de Juchitán, con sede en El Espinal, Oaxaca, por el que en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada el diecinueve de agosto del año en curso, dictada en este juicio de amparo; remite para tal efecto copia certificada del auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 504/2019. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. *

Quedan 23 actuaciones en este expediente

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