Omar Federico Ruiz Ruiz

Expediente 131/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
131/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Omar Federico Ruiz Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que las partes, no se inconformaron dentro del término de quince días, contra el acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión de oficio y de plano; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO: Además, al tratarse de un asunto que concedió la protección constitucional, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso B) del referido Acuerdo, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se emite mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que no fue aperturado. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. Advirtiéndose de lo asentado en la certificación secretarial que antecede, que dentro del plazo legal que se otorgó a las partes quejosa no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada en este juicio, se concedió la tutela federal solicitada por el quejoso Omar Federico Ruiz Ruiz, para los siguientes efectos: "OCTAVO. Efectos. Por lo antes expuesto, con el objetivo de materializar la concesoria de amparo, una vez que reciba la notificación del auto con el que cause ejecutoria la presente sentencia, el Jefe del Departamento de Personal Salina Cruz, Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime" de Petróleos Mexicanos, de manera inmediata deberá ordenar lo siguiente: 1. Que el quejoso permanecerá en reguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en diabetes mellitus y, que por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. 2. Que se prescinda de exigírsele al impetrante que reanude sus labores en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es el impetrante. 3. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante la responsable, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. 4. Deberá informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral del quejoso y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo." Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia, requiriéndose su cumplimiento a la autoridad responsable. Por tal motivo, por oficio DJ-GJRNE-SJV-RJSC-MSB-00471/2020, firmado por la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, informó que el quejoso Omar Federico Ruiz Ruiz, se encuentra en resguardo domiciliario desde el veinticinco de junio del pasado año, que continuara en resguardo domiciliario sin que se presente a su centro de trabajo, de conformidad al acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros de trabajo retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, así como en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil veinte, en el cual se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo. Que el quejoso va a reanudar hasta en tanto Salina Cruz se encuentre en semáforo verde; sin que el reguardo domiciliario repercuta en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña; asimismo, dicho trabajador deberá permanecer en resguardo en su domicilio, sin que en el caso pueda salir fuera de la jurisdicción de su centro de trabajo, por lo que en caso de que haga caso omiso y tenga algún incidente o accidente, la institución se deslinda de toda responsabilidad; y, que en caso de ser necesario está obligado hacer tareas laborales en casa, de conformidad a sus funciones, por lo que la institución de requerir realice determinadas labores en casa, se le proporcionara el equipo informático necesario. De lo anterior, se advierte que se acató en sus términos la ejecutoria de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se considera cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Es conveniente mencionar, que la jurisprudencia invocada en este acuerdo, es conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, no se opone a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplica con sustento en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que el dieciocho de diciembre del pasado año, se notificó personalmente al quejoso Omar Federico Ruiz Ruiz, el acuerdo en el que se ordenó dar vista con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, notificación que surtió efectos el veintiuno siguiente. Ahora bien, derivado del fenómeno de salud pública por el virus COVID-19, y en términos de la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que comunicó que con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó adoptar medidas especiales a partir del veintiuno siguiente y hasta el once de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado en la SECNO/1/2021, de ocho de enero de esta anualidad, emitida por la referida Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se adoptan las medidas previstas en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la aludida contingencia; en consecuencia, se reanuda el plazo correspondiente para que el quejoso desahogue la vista ordenada por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, el que operará a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación de este proveído, por lo que se procede a hacer de su conocimiento el contenido íntegro del presente acuerdo para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio DJ-GJRNE-SJV-RJSC-MSB-00530/2020, firmado por la apoderada legal de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, residente en Salina Cruz, Oaxaca, por el que en relación al requerimiento formulado el seis de noviembre del año en curso, informa que el quejoso Omar Federico Ruiz Ruiz, se encuentra en resguardo domiciliario desde el veinticinco de junio pasado, que continuara en resguardo domiciliario sin que se presente a su centro de trabajo, de conformidad al acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen los lineamientos técnico específicos para que las empresas y los centros de trabajo retomen o continúen sus actividades bajo protocolos de seguridad sanitaria, así como en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil veinte, en el cual se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo. Que el quejoso va a reanudar hasta en tanto Salina Cruz se encuentre en semáforo verde; sin que el reguardo domiciliario repercuta en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña; asimismo, dicho trabajador deberá permanecer en resguardo en su domicilio, sin que en el caso pueda salir fuera de la jurisdicción de su centro de trabajo, por lo que en caso de que haga caso omiso y tenga algún incidente o accidente, la institución se deslinda de toda responsabilidad; y, que en caso de ser necesario está obligado hacer tareas laborales en casa, de conformidad a sus funciones, por lo que la institución de requerir realice determinadas labores en casa, se le proporcionara el equipo informático necesario. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior y con el contenido del oficio DJ-GJRNE-SJV-RJSC-MSB-00471/2020, signado por la misma autoridad (folio 6767), dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 192174, cuyo rubro y texto son: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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