Omar García Tagle
Expediente 1113/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Omar García Tagle
- OMAR GARCÍA TAGLE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese el oficio de la Sala responsable, como lo solicita se ordena devolver las constancias que allegó con su comunicado 19825, previo desglose. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1113/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento y apersonamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se precisa que la tercera interesada y la asesora jurídica los formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1113/2022, promovido por..., por propio derecho, y en representación de la infante de identidad protegida e iniciales..., contra actos de la Quinta Sala y Juez Vigésimo Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El catorce de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El dieciocho de octubre posterior, se admitió la acción de amparo, se dio intervención al representante social adscrito; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. El cuatro de enero de dos mil veintitrés, se designó representante especial a la infanta relacionada, amén del Instituto Federal de Defensoría Federal, que aceptó el cargo conferido, como fue asentado el doce de enero siguiente. Tercero. Trámite. La representante social de la Federación adscrita no intervino; se rindieron los informes de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta precedente; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso concursal, seguido en un Juzgado Federal con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo los actos reclamados son: La sentencia emitida el trece de septiembre de dos mil veintidós en el toca ..., por la Quinta Sala Familiar de la Ciudad de México, que confirmó la determinación dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el Juez Vigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, en la controversia familiar, guarda, custodia y alimentos..., donde se modificó el régimen de guarda y custodia a favor de la ahora tercera interesada y se establecieron visitas y convivencias para el quejoso. La ejecución. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados y se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno, de registro 394182, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados. I. El uno de abril de dos mil veintidós, se admitió la acción donde el quejoso demandó a la ahora tercera interesada la guarda y custodia de la hija de las partes, la determinación de una pensión alimentaria y su aseguramiento. II. Por auto de diecinueve de abril posterior, se tuvo por emplazada a la parte demandada. III. En tanto que el seis de mayo siguiente, se declaró la rebeldía de la enjuiciada, por no haber contestado la demanda. Se decretó la guarda y custodia provisional a favor del ahora quejoso. IV. El trece de mayo de dos mil veintidós, se dio vista al actor con la solicitud de la progenitora de fijar un régimen provisional de visitas y convivencias. El veinte de mayo siguiente se fijó hora y fecha para llevar a cabo una audiencia conciliatoria entre las partes, se ordenó una plática con la hija de las partes, para resolver sobre su custodia y se requirió al actor presentar a la infanta. V. Dicha actuación, en lo que es materia de revisión, dice lo siguiente: "(.) En la Ciudad de México, siendo las DOCE HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo LA AUDIENCIA DE PLÁTICA DE MENOR EN EL JUICIO DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR (.) la C. JUEZ DECLARÓ ABIERTA LA PRESENTE AUDIENCIA. La Secretaria da cuenta con un oficio. LA C. JUEZ ACUERDA: A sus autos el oficio que remite el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales. Se hace del conocimiento de las partes que la plática se desarrollara en presencia de la Ciudadana Juez, asistente de menor, el Ciudadano Agente del Ministerio Público de la adscripción y Secretaria de Acuerdos (.) Acto continuo se procedió a sostener plática con la menor hija de las partes (.) que cuenta con dos años de edad, y reconoce ambos progenitores, sentándose en las piernas de su madre y abrazándola fuertemente, repitiendo en varias ocasiones que su mamá está en el trabajo, juega con ella y menciona que sabe los colores, por lo que señala algunos objetos que se encuentran sobre la mesa, continua repitiendo que su mamá se encuentra en el trabajo y al preguntarle por sus papás los señala con el dedo, refiriendo quien es su papá y quien es su mamá. Posteriormente toma algunos dulces compartiéndolos con ambos padres y mencionando que la persona que lava sus dientes es su abuelita y su papá, mencionando otra vez y señalando a su mamá que ella está aquí. Por otro lado, atendiendo a la edad de la menor, La Secretaria de Acuerdos A certifica: que se encuentra en buen estado de salud aparentemente y buenas condiciones de higiene, que convive muy animadamente con su progenitora a quien inmediatamente al verla, le extendió los brazos para que la cargara y durante el transcurso del diálogo permaneció abrazada a ella. LA C. JUEZ ACUERDA: se tiene por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar.- en uso de la palabra el C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO MANIFIESTA: quedo enterado de las manifestaciones hechas por la menor (.), mismas que deberán ser tomadas en cuenta en su momento procesal oportuno, atendiendo al interés superior de la menor, así como a la certificación que antecede en relación a la menor citada, vistas y analizadas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, esta representación social es de la opinión que la guarda y custodia provisional se otorgue a favor de la progenitora (.) y se establezca un régimen de visitas y convivencias a favor del progenitor (.) debiendo la primera dar las facilidades a efecto de que se lleven las convivencias, asimismo que se les haga del conocimiento a las partes que deberán de cumplir con sus labores de crianza y que se abstengan de realizar cualquier manipulación que afecte el estado emocional de la menor; por otra parte se tenga a bien practicar estudios psicológicos a las partes a fin de que se tengan mayores elementos a efecto de mejor proveer lo que en derecho corresponda respecto a las medidas provisionales asimismo, se tenga a bien girar atento oficio a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que informen cual es el estado procesal o determinación de las carpetas de investigación (.) y (.), lo anterior solicitado es a efecto de mejor proveer lo que en derecho corresponda (.) LA C. JUEZ ACUERDA: vistas las manifestaciones realizadas por el C. Agente del Ministerio Público, gírese los oficios que solicita, para los efectos que indica; asimismo, visto el resultado de la plática que se llevó acabo con la menor hija de las partes con fundamento en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que es facultad de esta juzgadora modificar las resoluciones que se hayan dictado como provisionales de encontrarlo así necesario atendiendo al interés superior de la menor hija de las partes, se modifica la guarda y custodia provisional decretada en auto de fecha seis de mayo de dos mil veintidós a favor del C. (.) y en su lugar se decreta la guarda y custodia de la menor hija de las partes (.) a favor de la (.) , toda vez que no se advierte que exista peligro o riesgo para que le sea concedida la guarda y custodia de su menor hija, Máxime que los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre con fundamento en los artículos (.), se decreta un régimen de visitas y convivencias de la menor con su progenitor los días jueves de cada semana, para lo cual la recogerá a la salida de la guardería en el local de esta y la devolverá al día siguiente a la misma a la hora de entrada, asimismo cada quince días la recogerá el día jueves a la salida de la guardería y al devolverá el día lunes a la hora de entrada en la guardería en que se encuentre inscrita la menor, misma que dará inicio el día jueves dos de junio del presente año, para tal efecto la parte actora manifiesta que su domicilio actual se encuentra ubicado en (.) y por su parte la demandada manifiesta que su domicilio actual se ubica en (.) EN USO DE LA VOZ LA PARTE ACTORA (.) MANIFIESTA que como tercer persona para que se lleve a cabo la entrega de la menor en caso de que éste no pueda comparecer a efecto de llevar a cabo las visitas y convivencias nombra a (.). EN USO DE LA VOZ LA PARTE DEMANDADA (.) MANIFIESTA que como tercer persona para que se lleve a cabo la entrega de la menor en caso de que éste no pueda comparecer a efecto de llevar a cabo las visitas y convivencias nombra al señor (.). Por lo que, si a la fecha de convivencia de la menor hija de las partes con su progenitor ésta aún no se encuentre inscrita en la guardería que corresponda, la entrega y recepción de dicha menor será en el domicilio que habite con su progenitora y por conducto de las personas designadas anteriormente por las partes debiendo recogerla el día jueves a las quince horas y devolverla el día viernes a las dieciocho horas, únicamente esto es respecto del periodo de tiempo en que aún no se encuentre inscrita la menor en la guardería debiendo dar cumplimiento al régimen ordenado en líneas anteriores, a partir de que se encuentre inscrita dicha menor. LA C. JUEZ ACUERDA: se tienen por nombradas a las personas que refieren para los efectos que indican y en caso de éstas cambien deberán notificarlo a este juzgado. En virtud de lo anterior en este acto se requiere al señor (.) para que haga entrega de la menor a su progenitora (.) en virtud de habérsele otorgado a esta la guarda y custodia provisional, Asimismo, se le requiere para que en el término de TRES DÍAS exhiba a este juzgado las pertenencias personales de la menor de referencia para que le sean entregadas a quien detenta su guarda y custodia; debiendo acreditar ambas partes con documento fehaciente el domicilio en el que habitan (.)" VI. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de apelación, que fue fallado el trece de septiembre de dos mil veintidós bajo el toca ********************, y en cuyo primer punto resolutivo dice: "R E S U E L V E: PRIMERO.- Resultaron INFUNDADOS los agravios expresados por el apelante, en consecuencia, lo procedente es CONFIRMAR el auto dictado en audiencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por la C. Juez Interina Vigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México. (.)" Esta última resolución integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene los derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Federal porque la sala responsable calificó en automático la idoneidad de la progenitora, dado que realizó un análisis novedoso que no se ventiló en primera instancia, pues no se tuvo a la vista la carpeta de investigación, y la decisión se basó en la opinión de la representación social sobre la posible comisión de delitos. Consideración que antagoniza con la garantía de presunción de inocencia, porque no se ejerció acción penal, vinculación a proceso o sentencia condenatoria, ni proporcionan indicios o pruebas sobre la acusación de un solo evento ocurrido cuando la infanta cohabitaba con el quejoso, que no demuestran un riesgo. Los conceptos de violación son infundados y para demostrarlo lo alegado será analizado de forma conjunta, porque integran temas afines, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. En el caso está relacionado una infanta, lo cual implica por sí solo que el análisis de la queja debe considerarlo de forma preponderante, sin que para ello obste la naturaleza de los derechos en controversia o el carácter de quién o quiénes promovieron el juicio de amparo, aunque con ello se llegue a modificar por esta vía cuestiones que no figuran en los agravios de las partes, ofreciendo así una ventana procesal para garantizar los intereses de la infanta, pues el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en lo concerniente a éste, no corresponde en exclusiva a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar su protección sustancial. Además, de considerar la Observación General número 17 (derechos del niño artículo 24), del Comité de Derechos Humanos, que en lo relativo sostuvo: "La obligación de garantizar a los niños la protección necesaria corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado. Aunque el Pacto no indique cómo se ha de asignar esa responsabilidad, incumbe ante todo a la familia, interpretada en sentido amplio, de manera que incluya a todas las personas que la integran en la sociedad del Estado Parte interesado, y especialmente a los padres, la tarea de crear las condiciones favorables a un desarrollo armonioso de la personalidad del niño y al disfrute por su parte de los derechos reconocidos en el Pacto. No obstante, puesto que es frecuente que el padre y la madre ejerzan un empleo remunerado fuera del hogar, los informes de los Estados Partes deben precisar la forma en que la sociedad, las instituciones sociales y el Estado cumplen su responsabilidad de ayudar a la familia en el sentido de garantizar la protección del niño. Por otra parte, en los casos en que los padres falten gravemente a sus derechos o maltraten o descuiden al niño, el Estado debe intervenir para restringir la patria potestad y el niño puede ser separado de su familia cuando las circunstancias lo exijan. En caso de disolución del matrimonio, deben adoptarse medidas, teniendo en cuenta el interés superior de los niños, para asegurarles la protección necesaria y garantizar, en la medida de lo posible, relaciones personales con ambos padres." Precedente que orienta el derecho a la convivencia del infante en la familia de origen, y su separación de forma excepcional al amparo del derecho del menor a vivir y permanecer con su familia ampliada o referentes afectivos, y los deberes de todas las personas vinculadas por un parentesco cercano, y únicamente de manera excepcional fuera del núcleo social de pertenencia o habitual, con el fin de tutelar el derecho humano especifico a vivir en familia. Por ello, como principio orientador del fallo y el tema toral que es la determinación de la guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del menor, que es un principio cuyo fundamento está en la Constitución Federal y en diversos instrumentos internacionales y es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en "todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." El Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el "principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño". Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la importancia del interés superior del menor en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño, ha definido que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, consta en el acto reclamado que la sala responsable dio la razón al apelante en que se resolvió a partir de una presunción de idoneidad a la progenitora, bajo una regla de trato irrazonable e injustificable al establecer una preferencia por el hecho de ser mujer, y que no es una medida idónea para proteger el interés superior de la infanta relacionada. Además, que aunque la demanda se contestó extemporánea, en las copias de la carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia familiar, hay indicios de violencia contra la demandada y la hija de las partes, que motivó la opinión de la representación social de entregar a la niña a su mamá. Empero, que el motivo principal fue la advertencia del representante social sobre los presuntos actos de violencia y no los estereotipos; que acorde a las facultades previstas en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, y por ello la modificación a la custodia está fundada y motivada, que responde al interés superior de la infancia, además, se ordenaron pruebas para conocer la verdad de los hechos; por eso es incorrecto sostener una calificación automática de idoneidad materna. Ahora, como se adelantó es justificada la entrega de la infanta relacionada porque de autos se corrobora que ésta se encuentra en una situación de riesgo, bajo los cuidados paternos, dado que aconteció un hecho que hace inferir, fundadamente y mediante la prueba indiciaria, que es probable la materialización de otro y/o un daño en su integridad. Lo cual se obtiene a partir de las pruebas ofrecidas por la progenitora que es la demandada en el juicio de origen (fojas 107 a 152 del tomo de pruebas); en primer término los acuerdos firmados por las partes tanto para proporcionar pensión alimenticia, como el previsto para retirar y conservar las propias pertenencias. En tales documentos se previó la separación de las partes del último domicilio conyugal, un cronograma de convivencias con la hija de ambos, y los términos en que se podría desenvolver la relación entre ellos, así como las consecuencias físicas y materiales de la ruptura del núcleo social. La prueba marcada con el número IV consistente en la transcripción de diversas conversaciones entre los progenitores, merced de una red social, a partir del veinticinco de marzo de dos mil veintidós, evidencia desacuerdos, incumplimientos a los pactos, reproches, amenazas y recriminaciones mutuas. Asimismo, obran constancias de sendas carpetas de investigación iniciadas el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, por la progenitora contra el ahora quejoso, que refirió los hechos ocurridos el veinticinco de marzo previo, conforme a los cuales atribuyó a su contraparte el ocultamiento de la hija de ambos, la negativa injustificada a cumplir con los acuerdos de convivencias alternadas y evasión de deberes parentales, en complicidad con su círculo familiar. De igual modo, consta en las actuaciones ministeriales la determinación de medidas se seguimiento y protección a la denunciante, quien también denunció conductas de violencia sobre su integridad física, emocional y psicológica, mediante agresiones verbales, físicas, psicológicas, dirigidas a ofender su libertad sexual, cuestionar su integridad y código de valores, mediante actos de celotipia, insultos y agresiones corporales. De esos indicios se obtiene que las partes están sujetos a una dinámica negativa generada por ambos padres, atenta la conflictiva entre aquéllos, quienes no han sabido manejar la separación, creando entre ellos altercados constantes donde ha estado de por medio su hija; violencia que debe entenderse de tipo psicoemocional. De igual modo, se obtiene que si bien en las indagatorias no se ha determinado la configuración de un hecho o conducta ilícita, la denuncia criminal exhibida es apta para generar convicción sobre la realización de la conducta atribuida al quejoso, porque está adminiculada con un diverso indicio obtenido de la demanda inicial del juicio de origen. Esto es, en el párrafo marcado con el número 20 el actor y ahora quejoso confesó bajo protesta de decir verdad, que desde el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, mantiene bajo su cuidado a la hija de las partes, justificada en un reproche indeterminado a la colitigante. De donde se infiere la percepción fundada que el quejoso ejerció un acto unilateral para mantener bajo su cuidado a la hija de las partes, porque en esa conducta no existió acuerdo mutuo, autorización judicial, y se buscó justificar en la creencia de estar optando por una medida de protección para la integridad de la infanta, utilizando sus redes familiares porque se trasladó a vivir al domicilio de sus progenitores, como fue relatado en la carpeta de investigación. Visto en su conjunto, las pruebas aportadas reflejan una conflictiva entre los progenitores, que ha sido asimilada y expresada de diferente forma entre sí y la infanta, que para el caso del progenitor y ahora quejoso generan la firme percepción de haber producido actos de violencia a su hija y expareja, como resultado de las conductas que tenía el deber jurídico de evitar y/o no las impidió habiendo podido hacerlo. En principio porque se contravino el acuerdo suscrito por las partes el diez de agosto de dos mil veintiuno, que es previo a los actos señalados, donde se estableció un régimen de convivencias con la infanta (foja 121 del tomo de pruebas), que no incluye las atribuciones confesadas por el actor ni los hechos denunciados, aunado a que ese acuerdo de voluntades no ha sido cuestionado y contiene la firma de ambos progenitores. De igual modo, si consideramos que el "deber " se manifiesta en el contenido de un mandato, como es el caso de cumplir con una obligación o de una prohibición, por ello, "deber" denota una restricción impuesta a alguien, y el "deber jurídico" es el comportamiento requerido por el derecho, de donde se sigue que todo aquello que es jurídicamente obligatorio constituye un deber jurídico. Por tanto, si el ejercicio de la paternidad conlleva generar condiciones benéficas para la infanta, ante la ruptura del círculo familiar el progenitor custodio debe reforzar de forma positiva los lazos filiales con ambos padres, y contrario a ello, se incumplió de facto ese deber cuando dejó de proceder en forma positiva para inculcar en su hija sentimientos afectivos hacia su progenitora, para beneficiar la salud psicológica de la infanta. De igual modo, esa conducta admite interpretarse como una forma de violencia hacia la mujer, porque de manera injustificada se ha privado el derecho de crianza de los hijos a la madre, dados los indicios que permiten presumir que el quejoso ocultó a la hija de la diversa progenitora, es decir, que en la conflictiva conyugal ha utilizado a la hija de ambos como mecanismo para limitar los derechos al mantenimiento de los lazos maternales. Por ello, es claro que la autoridad tenía el deber constitucional de detectar y visibilizar esa forma de violencia, que tiene un efecto pluriofensivo, porque tanto niega el ejercicio de la maternidad, como el derecho a la vinculación, en perjuicio de la mamá e hija respectivamente; máxime que al existir acuerdos entre las partes que ya regulaban la custodia, el progenitor debió seguir transitando por ellos, y en su caso demostrar su aptitud por medios y hechos diversos. Sin que obste que los hechos recogidos en la carpeta de investigación se hubieren suscitado entre los progenitores, porque la violencia psicológica a menudo se produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima. La violencia psicológica contra la mujer, como una de las formas de violencia más sutil e invisibilizada, tiene fuertes implicaciones individuales y sociales que contribuyen a perpetuar la discriminación histórica contra las mujeres. Sin embargo, dado que en lo tocante a la conducta directamente atribuida al quejoso respecto de su hija, existen indicios que corroboran la noticia criminal, por mayoría de razón da credibilidad también a los hechos narrados por la progenitora que recayeron en su perjuicio, y permiten inferir que el quejoso ha generado actos de violencia también en perjuicio de ambas y el núcleo familiar. Corolario de lo expuesto, es claro que resulta infundado el concepto de violación donde se alega la falta de aptitud de las pruebas, para fundar la modificación de la guarda y custodia; de igual modo, se contesta que los indicios obtenidos del expediente son aptos para sostener la medida confirmada en el acto reclamado, y modificar la titularidad de la custodia que ejercía el progenitor. Justificación que se basa en el estado de riesgo para la infanta, y no a la acreditación de quién pueda detentar de "mejor" manera su guarda y custodia, porque aun dados los medios de prueba existentes en ese momento procesal, se puede corroborar el estado de riesgo que se generaría al mantener a la infanta con su progenitor, de volver a ocultarla de su mamá dado que como se dijo, hay indicios aptos para estimar que ya ha ocurrido esa conducta de forma dolosa, y justifica primar por mantener la estabilidad en la vida de la infante. Bajo esa consideración como premisa, se contesta al quejoso que la incorporación, valoración y consideraciones sobre la carpeta de investigación ofrecida, de modo alguno conlleva desconocer el derecho a la presunción de inocencia por no haberse judicializado. Es así, porque ante una crisis familiar debe ponderarse a quién se otorga la guarda y custodia, y la modificación en la realidad familiar acogida en el acto reclamado, no debe interpretarse como una sanción al padre no custodio ni tiene como consecuencia la pérdida de la patria potestad, porque no la restringió, ni privó del proceso de revinculación, dado que únicamente se emitió una medida acorde a las circunstancias del caso, ante la imposibilidad de que las partes asuman libremente el ejercicio de sus derechos parentales. Y ante la desavenencia y lesión de derechos que puede incrementarse entre las partes, el Estado debe modular las relaciones de los progenitores sobre sus hijos, y para ello el juez debe valorar las circunstancias especiales que concurran y determinar cuál es el ambiente más propicio. Por ello no es necesario esperar a que el proceso de investigación culmine para advertir la necesidad de tomar una medida de protección, que involucre a las partes y de forma preferente a su hija mediante la valoración de su contenido, si adminiculados los indicios obtenidos del expediente, se puede calificar el riesgo de mantener a la infanta con su papá. Aunado, debe considerarse que tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos, para ello se debe valorar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del infante, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre, a condición de que se revele como la más benéfica y no solo la menos perjudicial. Bajo ese contexto, el derecho de la niña involucrada a mantener una relación directa con su progenitor se puede satisfacer, en este momento, mediante un régimen de convivencia, dado que esa medida concilia los derechos de la infanta a mantener estabilidad en su vida y a recibir las atenciones y cuidados necesarios por parte de su progenitor. Respecto, de la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en el amparo en revisión..., citó el texto realizado por la UNICEF intitulado "Desarrollo psicosocial de los niños y las niñas", en el cual en su capítulo II denominado "El niño o niña necesita establecer un vínculo de afecto y amor", que señala: "El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño, cálida y cercana con las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar la seguridad y confianza básicas para sentirse querido. (.) "Para desarrollarse intelectual, emocional, social y moralmente, el niño o niña necesita, en cada una de estas áreas, gozar regularmente y durante un largo periodo de su vida de un vínculo afectivo fuerte, cercano, recíproco y estable, el cual desempeña una función muy importante en su bienestar. "El vínculo o apego es una relación afectiva positiva, incondicional y duradera que se caracteriza por el placer mutuo de estar juntos y el deseo de mantener este cariño. "Las interacciones positivas con personas que lo cuidan de forma estable generan en el niño o niña un sentimiento de bienestar y van creando una seguridad básica. Este sentimiento se ha denominado 'confianza básica' y es fundamental, no sólo para el desarrollo socio-emocional sino también para el desarrollo cognitivo del niño o niña." Documento del cual el propio órgano citado sostuvo que el niño o la niña necesita "Una rutina de vida, un ambiente ordenado y con horarios, permiten al niño o niña ir formando hábitos y desarrollando seguridad para afrontar el mundo, si vive en un ambiente sin orden, sin organización ni rutina clara, el niño o niña se hace más irritable y más inseguro, pues nunca sabe lo que va a pasar, ni cuándo su necesidades serán satisfechas." En consecuencia, contrario a lo alegado se llega a la convicción de que bajo las actuales circunstancias, la persona más apta por el momento para para ejercer la guarda y custodia de la hija de las partes es su madre, dado que no existe indicio respecto de que ésta ejerza violencia en su contra y quien al contrario, ha demostrado que a su lado, la infanta vive en un ambiente en el que ésta puede mantener un equilibrio para su desarrollo integral. Como se corrobora al revisar la intervención de la hija de las partes en el proceso, donde mostró afinidad y sentimientos positivos a su mamá, y un vínculo afectivo a pesar de estar separadas durante el lapso entre la denuncia criminal y la diligencia de entrega, que en su caso pudo generar predisposición o afinidad presupuesta al progenitor y/o la red familiar de apoyo paterno. Además, la modificación en la guarda y custodia de la niña a favor de su progenitora, aporta la posibilidad de tener estabilidad material y espiritual, para proyectar su personalidad y a futuro, dado que la progenitora asumirá los deberes escolares y de cuidado acorde a su edad, y facilitara la intervención del progenitor en ese proceso, pues a ese acuerdo se comprometió ante la autoridad judicial, siendo precisamente éste el entorno más benéfico y propicio para el desarrollo integral de la personalidad de la infanta, particularmente en relación con su derecho humano a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Lo cual revela que contrario a lo alegado, el cambio en la custodia no es automático sino que se sustenta en la revisión del escenario de mayor beneficio a la hija de las partes, que constituye una consideración primordial, ni deja a voluntad de uno u otro progenitor el cumplimiento del régimen de convivencia. De igual modo, es infundado alegar que la litis es novedosa porque recurrió a los anexos que exhibió la demandada adjuntas a la contestación de la demanda, pues aunque este último acto fue extemporáneo para el proceso, no impide recurrir a su contenido y anexos para tomar una decisión. Es así pues como se advierte del criterio invocado en el acto reclamado, la disputa en torno al régimen de visitas y convencías es de litis abierta, y ello permite a la autoridad familiar recurrir y recabar pruebas en beneficio del interés superior de la infanta, como en el caso prescindir de un acto procesal que formalmente pudo dejar fuera de la controversia el contenido de la contestación, empero, materialmente incorporó elementos probatorios que válidamente pueden fundar la decisión; en tal orden de ideas es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la tesis aislada 1a. CLIII/2018 (10a.), de registro digital: 2018664, de la Primera Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, que dice: "GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PROGENITORES HA INCUMPLIDO SISTEMÁTICAMENTE CON EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, ES CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR MODIFICARLA. De acuerdo a la doctrina que ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la convivencia con ambos progenitores es fundamental para el desarrollo de los menores; por lo tanto, en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias. Ahora bien, esta Primera Sala ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia -y en general respecto a las convivencias de los menores con sus padres-, debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daños. De acuerdo con esto, a la larga existe un mayor riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los padres le ocasione más daños al menor que los que pudieran derivar del cambio de la guarda y custodia. A pesar de la importancia de asegurar las convivencias, los tribunales no deben decretar el cambio de guarda y custodia sin antes haber intentado por otros medios que éstas se lleven a cabo. Sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y alguno de los progenitores sigue sin presentar al menor a las convivencias, el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario ya que es la única medida que puede garantizar que las convivencias se llevarán a cabo." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa extensiva a los actos ejecutivos, por no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, conforme a la jurisprudencia 91 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de registro 917625, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., por propio derecho, y en representación de la infante de identidad protegida e iniciales ..., contra actos de la Quinta Sala y Juez Vigésimo Octavo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, indicados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ EL SECRETARIO
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Olivia Morales Paez1349/2022
- Omar Álvaro Ávila Trujillo931/2018
- Omar Antonio Machuca Luna460/2022
- Omar Benjamín Chávez Vega957/2015
- OMAR ESAU PINEDA DÁVILA y Otros.392/2018
- Omar Garcia Hernández1361/2022
- Omar García Vázquez4/2020
- Omar Ivan Carbellido Marín548/2020
- Omar Ivan Carbellido Marín513/2020
- OMAR JUÁREZ ESPINO y Otros.522/2019
- Omar Juárez Espino551/2019
- Omar Loza Barrios134/2015