Omar Garcia Hernández

Expediente 1361/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1361/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Omar Garcia Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de Juez Cuadragésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de la resolución que indica. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1361/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que no se ofrecieron. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que no se formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1361/2022, promovido por..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El quejoso demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la citada autoridad, que considero´ violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 Constitucional. Segundo. Admisión. Este Juzgado admitió´ la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió´ informe justificado, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la autoridad responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; y, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para resolver conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción IV, de la ley de la materia, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza civil, radicado en un tribunal del orden común residente dentro del ámbito de competencia donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. El acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es: El proveído emitido el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, por el Juez Cuadragésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, que desechó los medios preparatorios a juicio oral civil..., Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado: I. El quince de noviembre de dos mil veintidós el quejoso promovió los medios preparatorios a juicio oral civil. II. El dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, el Juez responsable registró el expediente y desechó el procedimiento en los términos siguientes: "CIUDAD DE MÉXICO, A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Con el escrito de cuenta fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número..., que por turno le asignó la Oficialía de Partes Común, Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas de este Tribunal; guárdense en el secreto del juzgado los documentos que se acompañan y un juego de copias simples. DESECHAMIENTO POR INCOMPETENCIA.- En atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal, naturalmente de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda y, por ende, exige ser atendido primordialmente; pues no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha establecido en favor de los particulares la garantía de acceso a la jurisdicción en su artículo 17 a disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal, naturalmente de análisis preferencial a la procedencia o improcedencia de la demanda y, por ende, exige ser atendido primordialmênte; pues no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos ha establecido en favor de los particulares la garantía de acceso a la jurisdicción en su artículo 17 al disponer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, aun cuando todos los órganos dotados de jurisdicción están expeditos para administrar justicia, cada uno de ellos tiene atribuidas, de manera precisa, una serie de facultades que le permiten avocarse tan sólo a determinado tipo de negocios, circunstancia que procesalmente lo convierte en el órgano jurisdiccional competente en un caso concreto. De esta forma, surge la denominada competencia objetiva entendida como el límite y medida de la jurisdicción. En efecto, la competencia es la capacidad del órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional; en otros términos, se puede decir que la competencia es aquella parte de la potestad jurisdiccional que está legalmente atribuida a un órgano judicial determinado frente a una cuestión también determinada. Con base en estos lineamientos, se ha derivado un principio procesal universalmente aceptado que prescribe: "Es nulo todo lo actuado ante juez que fuere declarado incompetente". La ratio legis para el establecimiento de este principio se funda en que los límites dentro de los cuales los órganos encargados de la jurisdicción pueden actuar obligando coactivamente a las partes litigantes, son los mismos dentro de los cuales están facultados legalmente para conocer de las controversias; fuera de esos límites no existe razón que imponga obediencia de sus disposiciones; por esto, lo hecho saliéndose de esos límites no puede surtir efecto alguno en contra de las partes, o sea, es nulo lo que se realice con esa violación, salvo siempre disposición contraria de la ley e incompetencia superveniente. De esta manera, el Juez incompetente no reúne las atribuciones necesarias para resolver el caso concreto ante él planteado y, por tanto, las actuaciones realizadas ante él están viciadas de nulidad. Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ciudad de México señala, en los artículos que regulan la competencia, lo siguiente: "Artículo 152. - Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que la ley les concede, y se sujetan a la competencia del juez en turno del ramo correspondiente." "Artículo 153. - Se entienden sometidos tácitamente: l. El demandante, por el hecho de incurrir al juez en turno, entablando su demanda; II. El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor; III. El que habiendo promovido una competencia se desiste de ella; IV. El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al Juicio." "Artículo 156.- Es Juez competente: I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago; II. El del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Tanto en este caso como en el anterior, surte el fuero no sólo para ejecución o cumplimiento del contrato, sino para la rescisión o nulidad; III. El de la ubicación de la cosa, si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles; IV. El del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción sobre bienes muebles, o de acciones personales o del estado civil." Este órgano jurisdiccional determina que no es competente para conocer el presente asunto por las siguientes razones: Atendiendo a que en actos prejudiciales es competente el juez que lo refiere para el principal, conforme lo ordenado en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México y toda vez, que el domicilio de los demandados se encuentra en ..., es competente para conocer el Juez de este Municipio y Estado, Conforme lo establece el artículo 156 fracción IV de la ley antes citada. En consecuencia, NO ES DE LA COMPETENCIA POR TERRITORIO de este juzgador para conocer del presente procedimiento que pretende instaurar la parte accionante. Por tales motivos este juez se inhibe de conocer del asunto, es por lo que, se desecha la presente demanda; dándose por concluido el presente asunto, devuélvase la documentación exhibida, previa razón que por su recibo obre en autos por conducto de las personas que autoriza en su escrito inicial. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia localizable bajo los siguientes datos: Época: Décima Época. Registro: 2006095 Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a./J. 16/2014 (10a.). Página: 611. "COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL. De acuerdo con los artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y sus similares en otros ordenamientos, los tribunales están facultados para inhibirse del conocimiento de asuntos cuando consideren no tener competencia para ello, siempre y cuando lo hagan en el primer proveído respecto de la demanda. El ejercicio de esa facultad significa desechar ese escrito inicial y ponerlo a disposición del actor con sus anexos, pero no enviarlo a otro tribunal que se considere competente. Lo anterior es así porque en el contexto de la disposición, la palabra "inhibirse" está usada en su acepción más simple de abstenerse o dejar de actuar lo cual se cumple con el abandono del conocimiento del asunto mediante el desechamiento de la demanda, pues considerar que en tal caso debe remitirse el escrito inicial a otro tribunal que se considere competente, conduciría a un contrasentido, porque implicaría suscitar una cuestión de competencia por el propio tribunal, lo cual está prohibido en los citados preceptos." Como consecuencia de lo anterior, se deja de recibir las presentes diligencias, por lo tanto, devuélvanse los documentos base de la acción, a excepción del escrito inicial, por conducto de las personas que se autorizan en la solicitud, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, lo que deberán realizar dentro del término de TRES DÍAS bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se enviarán al Archivo Judicial para su resguardo. La actora deberá recoger sus documentos, con previa cita en días de puerta cerrada, trayendo la persona autorizada para tal efecto, copia simple de su identificación oficial vigente." Esta determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene las garantías previstas en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación a los diversos 151 y 152 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, al dejar de considerar que en el escrito inicial se invocó un pacto de sumisión expresa a los tribunales de la Ciudad de México, contenido en el contrato verbal de prestación de servicios profesionales celebrado con los presuntos demandados. El concepto de violación es infundado por las razones que se señalan a continuación. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto y legalidad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, la competencia es un presupuesto procesal parte de la garantía de legalidad, constituye la suma de facultades que la ley da a determinada autoridad para ejercer ciertas atribuciones, con que cuenta el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De manera que el Juez por el solo hecho de ser titular de la función jurisdiccional, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente, por ello, debe verificar, en cada litigio que se le plantee de manera preeminente, si tiene o no competencia para conocer del asunto, y si considera que no, debe negarse a conocerlo. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles en la Ciudad de México, establece que la competencia será prorrogable bajo los casos y condiciones previstas en sus artículos 151, 152 y 153, que dicen: "Articulo 151 Es juez competente aquel al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable." "Artículo 152. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que la ley les concede, y se sujetan a la competencia del juez en turno del ramo correspondiente." "Artículo 153 Se entienden sometidos tácitamente: I.- El demandante, por el hecho de ocurrir al juez en turno, entablando su demanda; II.- El demandado, por contestar la demanda o por reconvenir al actor; III.- El que habiendo promovido una competencia se desiste de ella; IV.- El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al juicio." Conforme al artículo 151, los litigantes pueden someterse expresa o tácitamente a la competencia de determinado juzgador, se entiende que hay sumisión expresa cuando los interesados hacen una renuncia clara y terminantemente del fuero que la ley les concede, y se sujetan a la competencia del juez en turno del ramo correspondiente. Finalmente, es necesario precisar que tratándose de actos preparatorios del juicio, será competente el juez que lo fuere para el negocio principal. En el caso, el aquí quejoso promovió medios preparatorios a juicio oral civil, con la finalidad de que sus futuros demandados reconocieran un adeudo en su favor, con motivo del incumplimiento de un contrato de prestación de servicios profesionales. Al respecto señaló que celebró con sus próximos deudores, un contrato verbal donde acordaron el monto de sus honorarios, la fecha, forma de pago y la sumisión expresa de someterse a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, para resolver cualquier conflicto que pudiera derivarse de dicho contrato. Sobre esa base, la parte quejosa estima incorrecta la determinación del Juez responsable, ya que aduce que sí existió consentimiento expreso para someterse a la competencia de los tribunales de esta Ciudad, establecido en el contrato verbal celebrado; y ese planteamiento implica la demostración de la existencia del acuerdo de voluntades, así como las clausulas y/o contenido en los términos opuestos por el actor. Empero, no asiste razón al inconforme al afirmar la demostración de la convención verbal, que contiene en su concepto la sumisión del presupuesto procesal calificado en el acto reclamado, dado que las constancias ofrecidas no son aptas para demostrar la existencia de un consentimiento tácito entre las posibles partes del contrato de prestación de servicios profesionales, en cuanto a la sumisión de la competencia. En efecto, si bien la acreditación del apuntado acuerdo de voluntades puede resultar de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, de suerte que si la ejecución de esos servicios es denotativa de la voluntad del profesionista también evidenciará la del cliente que permite ese obrar, lo cierto y jurídicamente relevante es que el solicitante solo presentó documentos en copia simple que son insuficientes para ese fin. Lo cual se corrobora de las actuaciones judiciales remitidas donde obran: tres impresiones de google maps, copia simple en seis fojas del auto de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, copia simple en dos fojas del auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, copia simple en cuatro fojas del auto de diez de junio de dos mil veintiuno y copia simple de la audiencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, constancias que acorde al oferente corresponden al proceso seguido ante el Juez Mixto de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Teotitlán de Flores Magón, Estado de Oaxaca. Empero, tales documentos no pueden demostrar un consentimiento para generar obligaciones por el hecho de constar en copia simple, ya que carecen de todo valor y en su caso, solamente tendrían el de un simple indicio, por tanto, necesariamente amerita ser corroborado con otro elemento de prueba suficiente, el cual no fue aportado. De modo que al tratarse de documentos unilaterales sólo hacen prueba de la existencia de la declaración contenida en ellos, mas no del hecho que contienen, o bien, que les pretende dar el solicitante, consistente en la prestación de un servicio profesional sujeto a una obligación pecuniaria exigible, y sometido a la competencia territorial de los tribunales de la Ciudad de México. Lo cual tiene plena relevancia porque el consentimiento es una expresión de voluntad que necesariamente debe acreditarse de manera plena, y no solamente presumirse, pues constituye un elemento atinente a la legitimación activa que se erige en un presupuesto indispensable para obtener una determinación favorable en un proceso o juicio. Es decir, no basta con solo presumir sobre la existencia de adhesión (de voluntad), sino que se debe evidenciar de manera cierta e ineludible a través de prueba plena, para permitir al juzgador apreciar las normas de manera funcional, con el objetivo de cumplir la finalidad del proceso, que es demostrar la existencia del contrato de prestación de servicios y su contenido que son las cláusulas, particularmente aquella donde se estableció la competencia territorial. Por ello, como se resolvió en el acto reclamado, no puede inferirse de copias simples, la existencia de un pacto de sumisión expresa, ni tenerse por acreditada con la afirmación de existencia afirmada por el quejoso, si los documentos presentados para respaldar esa pretensión tampoco son aptos para tal fin, y por ende tampoco puede exigirse la aplicación de la regla contenida en el artículo 152 de la legislación adjetiva de la materia. Por tal motivo es infundado el concepto de violación. Lo anterior se sustenta en la tesis aislada I.3o.C.959 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 162186, de la Novena Época, que dice: "CONFESIÓN EXPRESA. DEBE ADMINICULARSE CON OTROS MEDIOS DE PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA Y EL RECONOCIMIENTO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN PLANTEADA. El sistema de sana crítica no impide que un solo medio de prueba resulte suficiente para acreditar un hecho, en atención a la naturaleza de dicho elemento convictivo. Por otra parte, para que lo anterior surta eficacia debe atenderse al hecho por demostrar. Así, para comprobar la existencia de un contrato, el medio de prueba debe generar en el juzgador un grado de convencimiento equivalente al que producirían los documentos no objetados, ni impugnados de falsedad. Ahora, aunque la confesión expresa se traduce en la aceptación manifiesta de un hecho, lo cierto es que jurisprudencialmente se ha determinado que aun cuando exista el reconocimiento expreso, la valoración debe efectuarse a partir de las demás probanzas, en términos del artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En consecuencia, la confesión expresa, como reconocimiento de un hecho, aunque no se encuentre contradicha, debe adminicularse a otros elementos de convicción para generar certeza en el juzgador, cuando se pretende acreditar la existencia de un contrato que debió, en un inicio, constar por escrito, como es el caso de la compraventa. Además, el reconocimiento efectuado a través de la confesión debe ser pleno. Esto es, si los elementos esenciales del contrato de compraventa son: consentimiento -conformado por el acuerdo de voluntades entre las partes- y el objeto -integrado por la cosa y el precio-; entonces, el reconocimiento debe referirse a la totalidad de dichos elementos y, al carecer de alguno, no resulta eficaz para demostrar la existencia del contrato." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a ..., por propio derecho, contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por los motivos señalados en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hoy veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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