Omar García Muñoz
Expediente 597/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Omar García Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de junio dos mil dieciocho (fojas 74 a 82), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Omar García Muñoz; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido de los acuerdos del veintidós de junio y la resolución del veintidós de noviembre ambas de dos mil dieciocho, que en la parte que interesa dice: LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA PARTE QUE INTERESA DICE: "PRIMERO. Es fundado el presente incidente de nulidad de notificaciones. SEGUNDO. Se comisiona a uno de los Actuarios de este juzgado, para que realice personalmente la notificación del acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, a la parte quejosa. " EL ACUERDO DEL VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIEICOHO, EN LA PARTE QUE INTERESA DICE: Vista la demanda de amparo que promueve Omar García Muñoz, por propio derecho, contra actos de la Coordinación Estatal de Servicios Profesional Docente, Dirección de Evaluación Educativa y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 597/2018-II. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio constitucional, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esta forma, lo manifiesto se da si el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que si se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por Omar García Muñoz, se advierte que señala como actos reclamados los siguientes: La omisión y en su caso la negativa por parte de las autoridades responsables, de ajustar su actuación en términos de lo que dispone el artículo 68, 4, 59 y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente; La notificación que se le realiza a través de la circular oficio número 045 de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho; La imposición de ser una persona susceptible a evaluarla, por parte de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, Dirección de Evaluación Educativa. En ese contexto, en relación con los actos reclamados, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 373, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193,829, de rubro: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Así, la lectura integral a los citados dispositivos permite identificar la clase de actos reclamables en amparo indirecto, pues se refiere a aquellas resoluciones definitivas por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden, se toma en cuenta que el procedimiento administrativo es un complejo de actos vinculados con una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente; de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva, y si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene o es sujeto de un procedimiento, debe esperar a que sobrevenga la resolución definitiva, y si lo perjudica podrá atacarla en amparo junto con las violaciones al procedimiento. De esta forma, los actos en un juicio tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución Federal por medio de los derechos fundamentales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses en el juicio o procedimiento administrativo. Entonces, si los actos de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por los derechos fundamentales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una resolución definitiva. Por lo tanto, al establecer la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva o actos en el procedimiento que son de imposible reparación, ha de estimarse que por "procedimiento en forma de juicio" deben entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con la garantía de audiencia. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 196, tomo XVII, correspondiente a abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR". En el caso particular, resulta necesario esclarecer que en cumplimiento a la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, se instituyó la evaluación docente obligatoria, cuyo procedimiento lo regulan, de manera particular, los artículos 52, 53 y 54, en relación con el 69, fracciones I y VII, así como el octavo y noveno transitorios, todos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto. Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Artículo 54. Para la Educación Básica, los programas de regularización serán definidos de conformidad con los lineamientos generales que la Secretaría expida. En el caso de la Educación Media Superior los programas de regularización serán determinados por las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados, según corresponda. (.) Artículo 69. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior tendrá, conforme a esta Ley, las obligaciones siguientes: (.) I. Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de Ingreso, Promoción, Permanencia y, en su caso, Reconocimiento, en términos de lo prescrito por esta Ley; (.) VII. Atender los programas de regularización; así como aquellos que sean obligatorios de formación continua, capacitación y actualización, y (.) TRANSITORIOS Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley. Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53. (.)". Pues bien, de los citados preceptos legales se advierte que: a) Las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente; b) Dicha evaluación consta de diversas etapas, pues acorde con el citado artículo 52, por lo menos deberá comprender una evaluación cada 4 años, quedando a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecer su periodicidad; y, c) El personal docente debe someterse a la referida evaluación en la que se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de permanencia sean definidos y autorizados conforme a la indicada legislación, para lo cual será citado por la autoridad educativa correspondiente; en ese sentido, para el desarrollo del proceso de evaluación educativo se requiere previamente la citación del personal docente, lo cual invariablemente marca el inicio de dicho procedimiento, el que se llevará a cabo en sus distintas etapas, según los resultados obtenidos. En tales condiciones, la selección para participar en la evaluación educativa que se prevé en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ciclo escolar 2018-2019, no afecta derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 32/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página: 6, Décima Época, de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA". Por lo tanto, toda vez que los actos reclamados conllevan una ejecución que sea de imposible reparación, ya que forman parte de un procedimiento seguido en forma de juicio que aún no se ha resuelto en definitiva, por lo que no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el aludido artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser de carácter intraprocesal. En efecto, uno de los supuestos bajo el cual procede el juicio de amparo indirecto, es cuando se trata de actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, de un acto que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del promovente, ya sea de carácter real, personal o que ponen fin al procedimiento que está en trámite, impidiendo que se emita la resolución definitiva; en esas condiciones, la selección para participar en la evaluación educativa que se prevé en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ciclo escolar 2018-2019, no le causa un daño de imposible reparación. Lo anterior, ya que sus consecuencias no son de imposible reparación, en función de que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos protegidos en la Constitución Federal. Máxime que, se reitera, es un acto meramente intraprocesal, que en todo caso, si la quejosa considera que le causa un perjuicio, deberá combatirlo en conjunto con la resolución definitiva que, en su momento, se emita en la referida evaluación, en el que se podrán reclamar, además, las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. De esta forma, en el presente juicio no se está en presencia de un acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente alguno de sus derechos sustantivos; y en consecuencia, los actos reclamados no son impugnables mediante el juicio de amparo conforme al artículo 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu. En efecto, la selección para participar en la evaluación educativa que se prevé en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ciclo escolar 2018-2019, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en su perjuicio, en virtud de que no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa; en consecuencia, los efectos jurídicos producidos por el acto impugnado son meramente intraprocesales. De lo que se colige, que la afectación de que se duele la parte promovente versa únicamente en derechos adjetivos que pueden repararse, pues si la parte quejosa obtiene un resultado favorable, la violación no trascendería al secuela del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo, haciendo valer la selección para participar en la evaluación educativa que se prevé en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ciclo escolar 2018-2019. En efecto, el artículo 174 de la Ley de la Materia dispone que en la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron y que las que no se hagan valer se tendrán por consentidas, para lo cual deberá precisarse la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. Dicho numeral establece además que el Tribunal Colegiado de Circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer. Así, con lo anterior se observa que se pretende evitar la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro lado, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese tenor, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara hubiesen sido cometidas. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción III, incisos a) y b), interpretados a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Asimismo, conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que prevenir, admitir y dar trámite a la demanda que se plantea, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Domicilio para oír y recibir notificaciones Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta; esto es, el ubicado en Calle Jardín de los Pinos, número ciento quince, Colonia La Cañada, Apizaco, Tlaxcala. Autorizados Por otra parte, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Israel Calva Corro, en razón de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás profesionistas que menciona, en virtud de que no cuentan con dicho registro. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se trámite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
PRIMERO. Es fundado el presente incidente de nulidad de notificaciones. SEGUNDO. Se comisiona a uno de los Actuarios de este juzgado, para que realice personalmente la notificación del acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia incidental está señalada para esta fecha; sin embargo, el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia y el Secretario Encargado del Despacho, de conformidad con el artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solo puede practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, por lo que se encuentra impedida para resolver el incidente de nulidad de notificación interpuesto. Diferimiento de audiencia incidental. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo.
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