Omar García Espinoza
Expediente 55/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Omar García Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 90 a 95), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Devolución de documentos originales. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrán recoger dentro del plazo de noventa días, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Informes Justificados. Agréguese a los autos los oficios con anexo signado por la Juez y Secretaria adscritas al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus informes justificados. Asimismo, téngasele remitiendo copia certificada de la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 48/2019 de su índice, documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En ese contexto y, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de la lectura de las constancias que acompaña las autoridades responsables al informe justificado, esto es, la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 48/2019. Sobreseimiento fuera de audiencia. De los citados informes se desprende que las autoridades responsables, manifiestan que no es cierto el acto reclamado; asimismo, precisan que con fecha veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se acordó el escrito de catorce de enero de dos mil diecinueve presentado ante ese Juzgado el quince de marzo del año en curso, circunstancia que acredita con la copia certificada de dicha resolución de veintitrés de enero del año en curso, que adjunta a sus informes justificados. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al dictar el proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve en el expediente 48/2019 de su índice, en el que se acordó el escrito de catorce de enero del año en curso, cesó la omisión y retardo injustificado del dictado del auto de radicación correspondiente a su escrito de fecha catorce de enero del año dos mil diecinueve que presentó ante la Oficialía de Partes del Juzgado Familiar Perteneciente al Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del quince de enero del año dos mil diecinueve. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión y dilación de dictar el auto de radicación correspondiente a su escrito de catorce de enero de dos mil diecinueve el cual fue turnado con el número de expediente 48/2019 del índice del Juzgado de Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, relativo al Juicio de Perdida de Patria Potestad en contra de Iliana Romero Cortes; lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Juez de Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza; adjuntó a su informe justificado copia certificada de la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 48/2019 relativo al Juicio de Perdida de Patria Potestad en contra de Iliana Romero Cortes, pues de ello se advierte que emitió la resolución que reclama el quejoso en su escrito de demanda. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su inactividad, durante la tramitación del presente juicio, toda vez que al emitir la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, cesaron los efectos del acto reclamado. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. No pasa inadvertido para este juzgador, que no se haya dado la vista que prevé el artículo 117, de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable; pues con las mismas se acredita fehacientemente la causa de improcedencia antes invocada. Por lo tanto, a nada práctico llevaría agotar el término referido, pues ello nada cambiaría el sentido del fallo en el presente juicio de amparo, y sólo se retrasaría el dictado de la correspondiente sentencia, en perjuicio de la pronta impartición de justicia que establece el artículo 17, de la Constitución Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante circular 25/2019 de veintisiete de marzo de este año, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que el Pleno de ese Consejo, en sesión celebrada en esa propia fecha, acordó declarar como días no laborables el diecisiete, dieciocho y diecinueve de abril del año en curso, por lo que en esas fechas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, no correrán los términos de Ley. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las nueve horas con treinta y dos minutos del dieciocho de abril de la presente anualidad, la misma se difiere desde este momento y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 2467/2019, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite el juicio de amparo 55/2019-III promovido por Omar García Espinoza contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala y otra autoridad, así como la copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 33/2019, de su índice; cuyos punto resolutivo establece lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, provea lo conducente respecto de la admisión de la demanda de amparo indirecto promovida por Omar García Espinoza, por propio derecho y en representación de su menor hija (cuya identidad se protege)." En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); en relación al expedientillo que se formó con motivo de la remisión de los autos, se ordena destruir las copias con las que se integró el mismo, a excepción de las constancias originales las cuales deberán glosarse al presente asunto; asimismo, provéase lo conducente en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Se admite demanda de amparo. En consecuencia y una vez precisado lo anterior, al satisfacer los los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo. Se admite a trámite la demanda de amparo que promueve Omar García Espinoza, por propio derecho, contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 55/2019-III. Acto reclamado. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado el siguiente: ".PRIMERO.- Bajo protesta de decir verdad señalo como acto reclamado el retardo injustificado del dictado del auto de radicación correspondiente a mi escrito de fecha catorce de enero del año dos mil diecinueve mismo que presenté ante la Oficialía de Partes del Juzgado Familiar Perteneciente al Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, a las catorce horas con cincuenta y siete minutos del día quince de enero del año dos mil diecinueve: escrito que fue turnado con el número de Expediente 48/2019 de los del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, mismo retardo que subsiste hasta este momento que presento esta demanda. SEGUNDO.- Bajo protesta de decir verdad señalo como segundo acto reclamado de las responsables la omisión de dictar el auto, donde se ventila el Expediente 48/2019 de los del índice del Juzgado Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza relativo al Juicio de Pérdida de Patria Potestad promovido por el hoy quejoso en representación de mi menor hija cuyas iniciales de su nombre son X. G. R. y por derecho propio en contra de la Progenitora de mi menor hija, misma omisión que subsiste hasta este momento que presento esta demanda.". Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Con base en lo anterior, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia, en el que deberán expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se les reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoye su informe, apercibidas de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado, además de que de no rendirlo o de hacerlo sin remitir las constancias conducentes se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que si al rendir su informe justificado expresan un hecho falso o niegan la verdad, o sin motivo justificado revoquen o dejen sin efecto el acto que se les reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo, o bien, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo, se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo. En el entendido que deberán rendir su respectivo informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contesten, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo, precisando sobre la certeza o no respecto del acto reclamado. En términos del artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se informa a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán manifestarlo de inmediato y de ser posible acompañarán las constancias que lo acrediten, apercibiéndolas que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del diverso 251 de la ley de la materia. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Se reserva proveer sobre existencia de terceros interesados. En otro orden de ideas, resérvese proveer lo relativo a la existencia terceros interesados, hasta que obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para el desahogo de la audiencia constitucional. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que serán relacionadas en la audiencia constitucional; asimismo, realícese la compulsa y certificación de los documentos que en original exhibió y agréguese al incidente de suspensión. Requerimiento a parte quejosa. Ahora, debe destacarse que los artículos 114 fracción I y 128, fracción I de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;." Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y." Atento a lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, aclare su demanda, esto es; Especifique si solicita la apertura del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo y para que efectos lo solicita. Ello, ya que la parte quejosa en su escrito de demanda manifiesta lo siguiente: ". SUSPENSIÓN.- Son aplicables los artículos 125, 128 y demás relativos a la Ley de Amparo vigente Sin embargo, de lo antes transcrito no se advierte la petición de apertura del incidente de suspensión ni tampoco se aprecia para que efectos pretende se otorgue la misma. Lo anterior, para estar en condiciones de proveer lo conducente, en el entendido que deberá anexar las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, así como para el incidente de suspensión en caso de que lo solicite. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se les apercibe que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado, no se ordenara la apertura del incidente de suspensión, de conformidad con los artículos 114 fracción I y 128 fracción I de la Ley de Amparo.
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