Omar García Gómez

Expediente 1277/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1277/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Omar García Gómez
  • Omar García Gómez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    MESA 2.-AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. SE ORDENA ARCHIVO CUADERNOS INCIDENTALES Por otra parte, toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales.

  2. Principal

    MESA 2.-AVISO DESIGNACIÓN DE NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. CAUSA EJECUTORIA se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LOS AVISOS DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1277/2022-2, promovido por **********, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el cuatro siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el cinco del mismo mes, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de aprehensión y detención librada en la carpeta administrativa 1063/2022, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. 2 Agentes de la Policía de Investigación de la Unidad de Policía de Investigación del Centro de Procuración de Justicia, con residencia en Villahermosa, Tabasco. 3 Director de la Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1277/2022-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El dieciocho de agosto y tres de octubre de dos mil veintidós, fueron emplazados con dicho carácter Lucio Trinidad Priego Martínez, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, así como Alejandro Castelán García, respectivamente. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.2 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado.. 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 4 de 35 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama;  La orden de aprehensión y detención librada por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la carpeta administrativa 1063/2022, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido las autoridades responsables en el informe justificado, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió el juez de control, de la videograbación de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de siete de junio de dos mil veintidós. 3 Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, de rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. 5 de 35 publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que a las once horas con veintiocho minutos del siete de junio de dos mil veintidós, se efectuó la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, en la carpeta administrativa 1063/2022. De dicha audiencia, se desprende que el agente del Ministerio Público, Lucio Trinidad Priego Martínez, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó orden de captura en contra de **********, por los hechos que la ley señala como delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 190 fracción IV y 191 fracción V, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Alejandro Castelán García. 4 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 6 de 35 Lo anterior, con base en los hechos y datos de prueba que verbalizó, así como en la necesidad de cautela planteada. Al respecto, se advierte que el juez de control consideró que, conforme a los hechos y datos de prueba verbalizados por la representación social, se actualizaba el presupuesto establecido por la aludida disposición constitucional para librar una orden de aprehensión, porque en su criterio los hechos referidos encuadran en la hipótesis prevista en el numeral 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama la orden de aprehensión y detención librada por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la carpeta administrativa 1063/2022, así como su ejecución. Al respecto, adujo que la aludida determinación infringe lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de los conceptos de violación que formuló, mismos que se omite transcribir de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante, cabe establecer que el quejoso sustancialmente refirió que: (1) No se da el elemento de engaño que exige el delito de fraude, porque no le dijo ninguna mentira al que se dice agraviado, ya que el apoyo que le solicitó fue para invertir en un negocio, donde la víctima tuvo tiempo para decidir si le entraba al negocio, ya que también es empresario, por ello sabía de los riesgos al realizar una inversión en donde puede o no haber utilidad. (2) Estamos en presencia de un acuerdo de voluntades, pues solicitó a la víctima que fungiera como inversionista quien aceptó el trato; por tanto, aduce el ahora quejoso que, como a él no le cumplieron, el agraviado tampoco recibió las utilidades ni el capital invertido, por lo que tal hecho no puede estimarse como prueba apta y suficiente que respalde esa astucia para tramar el error; en todo caso se estaría en presencia de incumplimiento de un negocio de naturaleza civil que puede demandarse en otra instancia. En apoyo de sus argumentos, el impetrante citó las tesis de rubro FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. NO SE CONFIGURA EL ELEMENTO ENGAÑO DE ESTE DELITO, ENTRE EL PROVEEDOR DE INSUMOS Y EL PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR, ANTE EL 8 de 35 INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE EN EL PAGO DE AQUÉLLOS Y DE LAS GANANCIAS PROYECTADAS y FRAUDE GENÉRICO. PARA QUE SE ACTUALICE LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 230, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DETERMINAR QUE SE ENGAÑÓ A DOS O MÁS PERSONAS EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS, ES NECESARIO QUE QUIEN SE CONSIDERA AFECTADO HAYA FIRMADO DICHO DOCUMENTO PUES, DE LO CONTRARIO, SE CONSIDERARÁ ÚNICAMENTE COMO VÍCTIMA INDIRECTA. Al respecto, esta juzgadora considera infundados los aludidos motivos de inconformidad. En efecto, el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, instituye: Artículo 16. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.. Por su parte, los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio 9 de 35 Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. 10 de 35 El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de 11 de 35 aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De los preceptos transcritos se puede deducir que, para librar una orden de aprehensión, se deben satisfacer las exigencias siguientes: (1) Se exprese por escrito; (2) Provenga de autoridad judicial competente; (3) Preceda denuncia o querella; (4) Se trate de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad; (5) Medie solicitud del Ministerio Público, en la que haga una relación de los hechos atribuidos sustentados en los registros correspondientes y en la que se expongan las razones por las que se considere que se actualizaron el delito, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa; (6) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; (7) El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella; y, (8) Dicha determinación se encuentre fundada y motivada. A juicio de esta juzgadora, en la especie, están satisfechos los requisitos enunciados, como se expone a continuación. 12 de 35 (1) La orden de captura se exprese por escrito. Respecto de dicho requisito, ha sido criterio del Máximo Tribunal del país establecer que el proceso penal acusatorio y oral se rige por el artículo 20 constitucional; y si bien el diverso 16 prevé que los actos de molestia deben constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en una audiencia deba plasmarse en papel, sino que basta con que exista un registro (videograbación, como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones), para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 34/2017 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 125, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la 13 de 35 investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. En ese tenor, si la responsable, como justificación a su informe, remitió la videograbación de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión realizada el siete de junio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa 1063/2022, es inconcuso que cumplió con el requisito previsto en el numeral 16 constitucional. 14 de 35 (2) Provenga de autoridad judicial competente. Asimismo, la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como lo es el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, quien se encuentra facultado para ello de conformidad con los numerales 20 fracción I5 y 133 fracción I6 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 687 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad federativa. (3) Preceda denuncia o querella. La actuación de la autoridad responsable está precedida por querella formulada ante el órgano investigador por Alejandro Castelán García, mediante escrito de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, con la comparecencia del referido agraviado, de catorce siguiente, en la que ratificó el escrito de mérito. (4) Se trate de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad. 5 Artículo 20. Reglas de competencia Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: I. Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo.. 6 Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio.. 7 Artículo 68. Los órganos jurisdiccionales del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, tendrán la competencia, facultades y obligaciones que les confieren las leyes respectivas. En específico, conocerán de los delitos del orden común, previstos en el Código Penal para el Estado y leyes especiales, cuando no estén reservados a otra autoridad judicial; así como de aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen les otorguen competencia. Los órganos jurisdiccionales se integrarán con jueces que asuman atribuciones de control o de juicio oral o de ejecución, siempre y cuando los dos primeros no desempeñen ambas funciones en un mismo asunto, los cuales podrán tener competencia en las materias señaladas en el párrafo anterior y ejercerla en todo el territorio estatal, según las necesidades. 15 de 35 De acuerdo con la resolución reclamada, la conducta que se reprocha al ahora quejoso configura el delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco, el cual dispone: Artículo 190. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le aplicarán: [.] IV. Prisión de cuatro años seis meses a once años y multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de setecientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.. Como se puede advertir, los hechos que se atribuyen al investigado están sancionados con pena privativa de la libertad. (5) Medie solicitud del Ministerio Público, en la que haga una relación de los hechos atribuidos, sustentados en los registros correspondientes y en la que se expongan las razones por las que se considere que se actualizaron el delito, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa. De lo verbalizado en la audiencia que nos ocupa, se obtiene que se cumplieron las formalidades requeridas por los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el fiscal, al plantear la 16 de 35 solicitud de orden de aprehensión, relató los hechos que atribuye al indiciado, los cuales sustentó en los registros correspondientes y expuso las razones por las que consideró que se actualizaron las exigencias constitucionales y legales. Esto es, con apoyo en el escrito de querella signado por Alejandro Castelán García, de diez de diciembre de dos mil veintiuno, ratificado por el aludido ofendido el catorce siguiente, la representación social expuso al juez de control, en esencia, que: El veintiséis de febrero del referido año, aproximadamente a las catorce horas, en un lugar llamado Expodiseño, ubicado en Paseo Tabasco número 1101, de la colonia Jesús García, de Villahermosa, Tabasco; En dicho lugar se reunieron el ahora quejoso y la aludida victima con otras personas, entre ellas Félix Alberto Schnabel Suárez, en donde ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía un contrato, fallo o adjudicación, mismo que le exhibieron, en donde constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco, y que el investigado era socio o dueño de la Empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable; ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía relaciones y amistades con la empresa petrolera Perenco y que por eso tenía esa licitación, que consistía en que le iban a suministrar medicamentos y misceláneos a la referida empresa y que esto era por un monto de siete millones 17 de 35 setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, pero necesitaba la inversión de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, asegurándole el investigado que vería la inversión y la ganancia en cuarenta días; La ganancia que le prometieron fue el 80% de la utilidad neta, es decir, de la suma de tres millones novecientos veinticinco mil doscientos ochenta y cinco pesos con sesenta centavos; Con motivo de lo anterior, Alejandro Castelán García solicitó el préstamo a Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando que el depósito se hiciera a la cuenta bancaria de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, perteneciente al investigado; La transferencia de la precitada suma fue realizada el uno de marzo de dos mil veintiuno, según comprobante electrónico de pago spei, de la cuenta 08806200087 de Scotiabank, a la cuenta clabe 014790655071817708 de Santander, cuya recepción adujo el ofendido fue confirmada por el aludido investigado; Vencido los cuarenta días el agraviado aduce que el investigado comenzó a darle evasivas. Por ello, en los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, Alejandro Castelán García se 18 de 35 comunicó a la empresa Perenco, en donde le informaron que no tenían conocimiento ni como proveedor a **********, ni a su empresa. Asimismo, se advierte que el fiscal relacionó lo aducido por el ofendido con el contrato de apertura de crédito simple sin garantía prendaria, de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, celebrado por Luis Fernando Castelán Casados, en su carácter de Administrador Único de la empresa Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Alejandro Castelán García, señalando que en la cláusula primera la acreditante se comprometió a ceder al acreditado la suma de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, para la inversión de capital relacionada con los hechos anteriormente descritos; lo cual se estableció fuera directamente depositada a la cuenta a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, anteriormente precisada. En relación con ello, el fiscal hizo referencia al comprobante electrónico de pago (spei) de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que refiere se hace constar la transferencia del monto de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, en los términos indicados previamente. Concatenado con lo anterior, la representación social se apoyó en la entrevista de Félix Alberto Schnabel Suárez, persona que refiere se reunió con el investigado ********** y Alejandro Castelán García, cuya 19 de 35 declaración, de acuerdo a lo verbalizado por el fiscal, coincide con lo declarado por el ofendido. Con la entrevista de Luis Fernando Castelán Casados, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, el fiscal dijo que se corrobora el préstamo y la transferencia apuntada. De igual forma, con el acta constitutiva de la empresa Suministros y Obras del Golfo, la representación social adujo que se demuestra que el investigado es propietario de ciento cincuenta de trescientas acciones que comprende el total de la referida sociedad mercantil. Con el escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, signado por Salvador Eduardo Guerrero Vinuesa, apoderado legal de la empresa Perenco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el fiscal refiere que se acredita lo dicho por la víctima, ya que aquél manifestó que, de la búsqueda en los registros de la aludida empresa no encontró ningún registro a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, que tuviera alguna negociación, licitación, pagos, alta o contratos de obra alguna a favor de la misma o con el investigado, durante los años 2020 y 2021; que la empresa que representa no se dedica al suministro de medicamentos a empresas particulares o gubernamentales o alguna subcontratación, sino que su giro es la extracción, explotación y comercialización de hidrocarburos. De acuerdo con lo anterior, esta juzgadora considera que la solicitud del Ministerio Público contiene la relación de los hechos atribuidos al ahora quejoso, misma que se 20 de 35 encuentra sustentada en los registros precitados; de igual forma, se advierte que expuso las razones por las que en su criterio se configura el delito en cuestión. (6) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Al respecto, es oportuno puntualizar que, en el nuevo sistema penal acusatorio, para el dictado de una orden de aprehensión no es necesario que existan pruebas formalizadas, esto es, desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndolo por el requisito de que los datos de prueba establezcan el hecho que se imputa a una persona, el lugar, tiempo, circunstancias de ejecución y la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su ejecución. Datos que deberán verbalizarse al momento de la solicitud de la orden de aprehensión, pues el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro en establecer que el fiscal deberá hacer una relación precisa de los hechos atribuidos al indiciado, sustentada en los registros correspondientes, lo cual en el presente caso se encuentra satisfecho en términos de lo plasmado en el apartado que antecede. Es decir, para el dictado de una orden de aprehensión debe contarse con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley establece como delito y que existe la posibilidad de que el imputado lo realizó o participó en él. 21 de 35 Al respecto, por analogía, es aplicable la jurisprudencia 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones ´comprobar´ por ´establecer´ y ´cuerpo del delito´ por ´hecho que la ley señala como delito´, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de ´pruebas´ ni se exige ´comprobar´ que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las 22 de 35 partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado ´cuerpo del delito´, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. También sirve de apoyo la tesis XV.3o.3 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, página 2320, de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un 23 de 35 resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. En el caso, de acuerdo con lo establecido en el apartado que antecede, así como en la resolución reclamada, existen datos de prueba que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que una persona engañando a otra o aprovechándose del error en que ésta se encontraba, alcanzó un lucro indebido en beneficio de un tercero -en el caso la empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual es propietario del 50% de las acciones-, con valor superior a setecientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Datos de prueba a los que el juez de control les concedió valor jurídico, lo cual es acorde con los parámetros establecidos en los artículos 259 y 265 del Código Nacional 24 de 35 de Procedimientos Penales, con base en los cuales consideró establecido que: El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las catorce horas, en un lugar llamado Expodiseño, ubicado en Paseo Tabasco número 1101, de la colonia Jesús García, de Villahermosa, Tabasco, se reunieron el ahora quejoso y la aludida víctima con otras personas, entre ellas Félix Alberto Schnabel Suárez, en donde ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía un contrato, fallo o adjudicación, mismo que le exhibieron, en donde constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco, y que el investigado era socio o dueño de la Empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable; ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía relaciones y amistades con la empresa petrolera Perenco y que por eso tenía esa licitación, que consistía en que le iban a suministrar medicamentos y misceláneos a la referida empresa y que esto era por un monto de siete millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, pero necesitaba la inversión de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, asegurándole el investigado que vería la inversión y la ganancia en cuarenta días; La ganancia que le prometieron fue el 80% de la utilidad neta, es decir, de la suma de tres millones 25 de 35 novecientos veinticinco mil doscientos ochenta y cinco pesos con sesenta centavos; Con motivo de lo anterior, Alejandro Castelán García solicitó el préstamo a Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando que el depósito se hiciera a la cuenta bancaria de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, perteneciente al investigado; La transferencia de la precitada suma fue realizada el uno de marzo de dos mil veintiuno, según comprobante electrónico de pago spei, de la cuenta 08806200087 de Scotiabank, a la cuenta clabe 014790655071817708 de Santander, cuya recepción adujo el ofendido fue confirmada por el aludido investigado; Vencido los cuarenta días el agraviado aduce que el investigado comenzó a darle evasivas. Por ello, en los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, Alejandro Castelán García se comunicó a la empresa Perenco, en donde le informaron que no tenían conocimiento ni como proveedor a **********, ni a su empresa. Al respecto, el juez de control consideró que lo anterior fue corroborado con el escrito de querella verbalizado y las referencias que del mismo realizara el fiscal, así como con el contrato de apertura de crédito simple sin garantía prendaria, de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, 26 de 35 celebrado por Luis Fernando Castelán Casados, en su carácter de Administrador Único de la empresa Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Alejandro Castelán García, en cuya cláusula primera la acreditante se comprometió a ceder al acreditado la suma de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, para la inversión de capital relacionada con los hechos anteriormente descritos; lo cual se estableció fuera directamente depositada a la cuenta a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, anteriormente precisada. En relación con ello, también tomó en consideración el comprobante electrónico de pago (spei) de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se hace constar la transferencia del monto de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, en los términos indicados previamente. Asimismo, el juez de control le dio valor probatorio a la entrevista de Félix Alberto Schnabel Suárez, persona que de acuerdo a lo verbalizado por el fiscal, se reunió con el investigado ********** y Alejandro Castelán García, cuya declaración se dijo coincide con lo declarado por el ofendido. Con la entrevista de Luis Fernando Castelán Casados, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, el juzgador dijo que se corrobora el préstamo y la trasferencia apuntada. 27 de 35 De igual forma, con el acta constitutiva de la empresa Suministros y Obras del Golfo, adujo que se demuestra que el investigado es propietario de ciento cincuenta de trecientas acciones que comprende el total de la referida sociedad mercantil. Con el escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, signado por Salvador Eduardo Guerrero Vinuesa, apoderado legal de la empresa Perenco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el juez de control consideró que se acredita lo dicho por la víctima, ya que aquél manifestó que, de la búsqueda en los registros de la aludida empresa no encontró ningún registro a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, que tuviera alguna negociación, licitación, pagos, alta o contratos de obra alguna a favor de la misma o con el investigado, durante los años 2020 y 2021; que la empresa que representa no se dedica al suministro de medicamentos a empresas particulares o gubernamentales o alguna subcontratación, sino que su giro es la extracción, explotación y comercialización de hidrocarburos. De ahí que, como se dijo, es correcta la decisión del juez de control, porque efectivamente obran datos de prueba que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que probablemente ********** lo cometió o participó en su comisión, valiéndose para ello de un contrato, fallo o adjudicación, mismo que exhibió al ofendido Alejandro Castelán García, en donde supuestamente constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco para el suministro de medicamentos y 28 de 35 misceláneos, lo cual fue desmentido por el representante legal de ésta. El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella. Como se advierte de la audiencia de siete de junio de dos mil veintidós, relacionada con la carpeta administrativa 1063/2022, el juez de control emitió la orden de aprehensión el mismo día en que le fue peticionada, con apoyo en los datos de prueba señalados anteriormente, estableciendo que se actualizaba el presupuesto previsto para ese efecto en el artículo 16 constitucional, porque en su criterio los hechos referidos encuadran en la hipótesis prevista en el numeral 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco. (8) La determinación se encuentre fundada y motivada. Por las consideraciones expuestas anteriormente, esta juzgadora concluye que dicho requisito se encuentra satisfecho, ya que el juez de control, además de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en los artículos 16 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Expuso las consideraciones por las que estimó que los datos de prueba verbalizados por la representación social resultaban aptos y suficientes para revelar que se realizaron los hechos señalados por la ley como delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 190 fracción IV, del 29 de 35 Código Penal del Estado de Tabasco; así como que probablemente el investigado, ahora quejoso, lo cometió o participó en su ejecución en los términos precisados anteriormente. Aunado a lo expuesto, es jurídicamente válida la decisión del juez de control de tener por justificada la necesidad de cautela, ya que coincidió con el fiscal de que hay peligro de sustracción del investigado, debido a la pena elevada, el monto de la reparación del daño y al hecho de que no tiene arraigo en esta ciudad, lo cual estableció con base en los informes de la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, así como en la razón del notificador de ese juzgado, de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, quien se constituyó en el domicilio que tiene registrado en la carpeta de investigación, ubicado en calle Camino Real número 991, del fraccionamiento Puerta Real o Puerto de Hierro Country, en donde no le permitieron el acceso y le informaron que en la base de residentes no lo tienen registrado y que la casa marcada con el número 91 no vive nadie desde hace mucho tiempo. Lo cual se dijo fue corroborado con el informe del policía Carlos Mario Malpica Magaña, quien se constituyó en el referido domicilio, en donde no le permitieron el acceso y el vigilante le dijo que en la casa de referencia no vive nadie y no aparecen en la base de residentes. Por lo que esta juzgadora considera que la orden de aprehensión reclamada, satisface los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, sin que se advierta de oficio 30 de 35 violación alguna a los derechos fundamentales del quejoso que deban ser subsanados. En las relatadas circunstancias, es infundado el motivo de inconformidad en el que el impetrante refiere que no se da el elemento de engaño que exige el delito de fraude, porque en su consideración no le dijo ninguna mentira al que se dice agraviado, ya que el apoyo que le solicitó fue para invertir en un negocio, donde la víctima tuvo tiempo para decidir si le entraba al negocio, ya que también es empresario, por ello sabía de los riesgos al realizar una inversión en donde puede o no haber utilidad. Ello, porque de acuerdo con lo expuesto, el juez de control consideró que el hecho que se le imputa encuadraba en la hipótesis jurídica prevista en el artículo 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco, al haber empleado el investigado un contrato, fallo o adjudicación, mismo que exhibió al ofendido Alejandro Castelán García, en donde supuestamente constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco para el suministro de medicamentos y misceláneos, lo cual se estableció fue desmentido por el representante legal de ésta. Sin perder de vista que para el dictado de una orden de aprehensión el estándar probatorio es mínimo, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. 31 de 35 Aunado a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 87/2016,8 al examinar el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, estableció que dicho texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Consideró que, acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 8 Que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, con número de registro 2014800, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). 32 de 35 Estimó que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, esta juzgadora considera que para dictar una orden de aprehensión y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. De igual forma, es infundado el concepto de violación en el que aduce el impetrante que estamos en presencia de un acuerdo de voluntades, pues solicitó a la víctima que fungiera como inversionista quien aceptó el trato; por tanto, como a él no le cumplieron, el agraviado tampoco recibió las utilidades ni el capital invertido, por lo que considera el impetrante que tal hecho no puede estimarse como prueba apta y suficiente que respalde esa astucia para tramar el error; en todo caso se estaría en presencia de incumplimiento de un negocio de naturaleza civil que puede demandarse en otra instancia. No le asiste la razón al quejoso, porque independientemente de que la parte ofendida haya exteriorizado su voluntad de invertir en el negocio que le propuso, los hechos que se le imputan e investigan se relacionan con la forma en la que obtuvo ese consentimiento para alcanzar un lucro indebido en beneficio de un tercero - en el caso la empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual es propietario del 50% de las acciones-, con valor superior a setecientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En las relatadas circunstancias, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, respecto del acto reclamado y las autoridades señaladas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1277/2022-2, promovido por **********, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el cuatro siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el cinco del mismo mes, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de aprehensión y detención librada en la carpeta administrativa 1063/2022, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco. 2 Agentes de la Policía de Investigación de la Unidad de Policía de Investigación del Centro de Procuración de Justicia, con residencia en Villahermosa, Tabasco. 3 Director de la Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1277/2022-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El dieciocho de agosto y tres de octubre de dos mil veintidós, fueron emplazados con dicho carácter Lucio Trinidad Priego Martínez, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, así como Alejandro Castelán García, respectivamente. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.2 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado.. 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 4 de 35 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama;  La orden de aprehensión y detención librada por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la carpeta administrativa 1063/2022, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido las autoridades responsables en el informe justificado, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió el juez de control, de la videograbación de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión de siete de junio de dos mil veintidós. 3 Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, de rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. 5 de 35 publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De la reproducción de la videograbación remitida por el juez de control, se advierte que a las once horas con veintiocho minutos del siete de junio de dos mil veintidós, se efectuó la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, en la carpeta administrativa 1063/2022. De dicha audiencia, se desprende que el agente del Ministerio Público, Lucio Trinidad Priego Martínez, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 141 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó orden de captura en contra de **********, por los hechos que la ley señala como delito de fraude específico, previsto y sancionado en los artículos 190 fracción IV y 191 fracción V, del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de Alejandro Castelán García. 4 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. 6 de 35 Lo anterior, con base en los hechos y datos de prueba que verbalizó, así como en la necesidad de cautela planteada. Al respecto, se advierte que el juez de control consideró que, conforme a los hechos y datos de prueba verbalizados por la representación social, se actualizaba el presupuesto establecido por la aludida disposición constitucional para librar una orden de aprehensión, porque en su criterio los hechos referidos encuadran en la hipótesis prevista en el numeral 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. Como quedó establecido en el considerando relativo, el impetrante de amparo reclama la orden de aprehensión y detención librada por el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la carpeta administrativa 1063/2022, así como su ejecución. Al respecto, adujo que la aludida determinación infringe lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de los conceptos de violación que formuló, mismos que se omite transcribir de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. No obstante, cabe establecer que el quejoso sustancialmente refirió que: (1) No se da el elemento de engaño que exige el delito de fraude, porque no le dijo ninguna mentira al que se dice agraviado, ya que el apoyo que le solicitó fue para invertir en un negocio, donde la víctima tuvo tiempo para decidir si le entraba al negocio, ya que también es empresario, por ello sabía de los riesgos al realizar una inversión en donde puede o no haber utilidad. (2) Estamos en presencia de un acuerdo de voluntades, pues solicitó a la víctima que fungiera como inversionista quien aceptó el trato; por tanto, aduce el ahora quejoso que, como a él no le cumplieron, el agraviado tampoco recibió las utilidades ni el capital invertido, por lo que tal hecho no puede estimarse como prueba apta y suficiente que respalde esa astucia para tramar el error; en todo caso se estaría en presencia de incumplimiento de un negocio de naturaleza civil que puede demandarse en otra instancia. En apoyo de sus argumentos, el impetrante citó las tesis de rubro FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO. NO SE CONFIGURA EL ELEMENTO ENGAÑO DE ESTE DELITO, ENTRE EL PROVEEDOR DE INSUMOS Y EL PRODUCTOR Y DISTRIBUIDOR, ANTE EL 8 de 35 INCUMPLIMIENTO DE ÉSTE EN EL PAGO DE AQUÉLLOS Y DE LAS GANANCIAS PROYECTADAS y FRAUDE GENÉRICO. PARA QUE SE ACTUALICE LA CALIFICATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 230, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y DETERMINAR QUE SE ENGAÑÓ A DOS O MÁS PERSONAS EN RELACIÓN CON LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS, ES NECESARIO QUE QUIEN SE CONSIDERA AFECTADO HAYA FIRMADO DICHO DOCUMENTO PUES, DE LO CONTRARIO, SE CONSIDERARÁ ÚNICAMENTE COMO VÍCTIMA INDIRECTA. Al respecto, esta juzgadora considera infundados los aludidos motivos de inconformidad. En efecto, el tercer párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, instituye: Artículo 16. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.. Por su parte, los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio 9 de 35 Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. 10 de 35 El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de 11 de 35 aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De los preceptos transcritos se puede deducir que, para librar una orden de aprehensión, se deben satisfacer las exigencias siguientes: (1) Se exprese por escrito; (2) Provenga de autoridad judicial competente; (3) Preceda denuncia o querella; (4) Se trate de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad; (5) Medie solicitud del Ministerio Público, en la que haga una relación de los hechos atribuidos sustentados en los registros correspondientes y en la que se expongan las razones por las que se considere que se actualizaron el delito, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa; (6) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; (7) El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella; y, (8) Dicha determinación se encuentre fundada y motivada. A juicio de esta juzgadora, en la especie, están satisfechos los requisitos enunciados, como se expone a continuación. 12 de 35 (1) La orden de captura se exprese por escrito. Respecto de dicho requisito, ha sido criterio del Máximo Tribunal del país establecer que el proceso penal acusatorio y oral se rige por el artículo 20 constitucional; y si bien el diverso 16 prevé que los actos de molestia deben constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en una audiencia deba plasmarse en papel, sino que basta con que exista un registro (videograbación, como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones), para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 34/2017 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 125, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la 13 de 35 investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. En ese tenor, si la responsable, como justificación a su informe, remitió la videograbación de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión realizada el siete de junio de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa 1063/2022, es inconcuso que cumplió con el requisito previsto en el numeral 16 constitucional. 14 de 35 (2) Provenga de autoridad judicial competente. Asimismo, la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como lo es el Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, quien se encuentra facultado para ello de conformidad con los numerales 20 fracción I5 y 133 fracción I6 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 687 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad federativa. (3) Preceda denuncia o querella. La actuación de la autoridad responsable está precedida por querella formulada ante el órgano investigador por Alejandro Castelán García, mediante escrito de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Asimismo, con la comparecencia del referido agraviado, de catorce siguiente, en la que ratificó el escrito de mérito. (4) Se trate de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad. 5 Artículo 20. Reglas de competencia Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: I. Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo.. 6 Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio.. 7 Artículo 68. Los órganos jurisdiccionales del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, tendrán la competencia, facultades y obligaciones que les confieren las leyes respectivas. En específico, conocerán de los delitos del orden común, previstos en el Código Penal para el Estado y leyes especiales, cuando no estén reservados a otra autoridad judicial; así como de aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen les otorguen competencia. Los órganos jurisdiccionales se integrarán con jueces que asuman atribuciones de control o de juicio oral o de ejecución, siempre y cuando los dos primeros no desempeñen ambas funciones en un mismo asunto, los cuales podrán tener competencia en las materias señaladas en el párrafo anterior y ejercerla en todo el territorio estatal, según las necesidades. 15 de 35 De acuerdo con la resolución reclamada, la conducta que se reprocha al ahora quejoso configura el delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco, el cual dispone: Artículo 190. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le aplicarán: [.] IV. Prisión de cuatro años seis meses a once años y multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de setecientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.. Como se puede advertir, los hechos que se atribuyen al investigado están sancionados con pena privativa de la libertad. (5) Medie solicitud del Ministerio Público, en la que haga una relación de los hechos atribuidos, sustentados en los registros correspondientes y en la que se expongan las razones por las que se considere que se actualizaron el delito, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa. De lo verbalizado en la audiencia que nos ocupa, se obtiene que se cumplieron las formalidades requeridas por los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que el fiscal, al plantear la 16 de 35 solicitud de orden de aprehensión, relató los hechos que atribuye al indiciado, los cuales sustentó en los registros correspondientes y expuso las razones por las que consideró que se actualizaron las exigencias constitucionales y legales. Esto es, con apoyo en el escrito de querella signado por Alejandro Castelán García, de diez de diciembre de dos mil veintiuno, ratificado por el aludido ofendido el catorce siguiente, la representación social expuso al juez de control, en esencia, que: El veintiséis de febrero del referido año, aproximadamente a las catorce horas, en un lugar llamado Expodiseño, ubicado en Paseo Tabasco número 1101, de la colonia Jesús García, de Villahermosa, Tabasco; En dicho lugar se reunieron el ahora quejoso y la aludida victima con otras personas, entre ellas Félix Alberto Schnabel Suárez, en donde ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía un contrato, fallo o adjudicación, mismo que le exhibieron, en donde constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco, y que el investigado era socio o dueño de la Empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable; ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía relaciones y amistades con la empresa petrolera Perenco y que por eso tenía esa licitación, que consistía en que le iban a suministrar medicamentos y misceláneos a la referida empresa y que esto era por un monto de siete millones 17 de 35 setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, pero necesitaba la inversión de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, asegurándole el investigado que vería la inversión y la ganancia en cuarenta días; La ganancia que le prometieron fue el 80% de la utilidad neta, es decir, de la suma de tres millones novecientos veinticinco mil doscientos ochenta y cinco pesos con sesenta centavos; Con motivo de lo anterior, Alejandro Castelán García solicitó el préstamo a Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando que el depósito se hiciera a la cuenta bancaria de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, perteneciente al investigado; La transferencia de la precitada suma fue realizada el uno de marzo de dos mil veintiuno, según comprobante electrónico de pago spei, de la cuenta 08806200087 de Scotiabank, a la cuenta clabe 014790655071817708 de Santander, cuya recepción adujo el ofendido fue confirmada por el aludido investigado; Vencido los cuarenta días el agraviado aduce que el investigado comenzó a darle evasivas. Por ello, en los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, Alejandro Castelán García se 18 de 35 comunicó a la empresa Perenco, en donde le informaron que no tenían conocimiento ni como proveedor a **********, ni a su empresa. Asimismo, se advierte que el fiscal relacionó lo aducido por el ofendido con el contrato de apertura de crédito simple sin garantía prendaria, de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, celebrado por Luis Fernando Castelán Casados, en su carácter de Administrador Único de la empresa Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Alejandro Castelán García, señalando que en la cláusula primera la acreditante se comprometió a ceder al acreditado la suma de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, para la inversión de capital relacionada con los hechos anteriormente descritos; lo cual se estableció fuera directamente depositada a la cuenta a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, anteriormente precisada. En relación con ello, el fiscal hizo referencia al comprobante electrónico de pago (spei) de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que refiere se hace constar la transferencia del monto de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, en los términos indicados previamente. Concatenado con lo anterior, la representación social se apoyó en la entrevista de Félix Alberto Schnabel Suárez, persona que refiere se reunió con el investigado ********** y Alejandro Castelán García, cuya 19 de 35 declaración, de acuerdo a lo verbalizado por el fiscal, coincide con lo declarado por el ofendido. Con la entrevista de Luis Fernando Castelán Casados, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, el fiscal dijo que se corrobora el préstamo y la transferencia apuntada. De igual forma, con el acta constitutiva de la empresa Suministros y Obras del Golfo, la representación social adujo que se demuestra que el investigado es propietario de ciento cincuenta de trescientas acciones que comprende el total de la referida sociedad mercantil. Con el escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, signado por Salvador Eduardo Guerrero Vinuesa, apoderado legal de la empresa Perenco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el fiscal refiere que se acredita lo dicho por la víctima, ya que aquél manifestó que, de la búsqueda en los registros de la aludida empresa no encontró ningún registro a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, que tuviera alguna negociación, licitación, pagos, alta o contratos de obra alguna a favor de la misma o con el investigado, durante los años 2020 y 2021; que la empresa que representa no se dedica al suministro de medicamentos a empresas particulares o gubernamentales o alguna subcontratación, sino que su giro es la extracción, explotación y comercialización de hidrocarburos. De acuerdo con lo anterior, esta juzgadora considera que la solicitud del Ministerio Público contiene la relación de los hechos atribuidos al ahora quejoso, misma que se 20 de 35 encuentra sustentada en los registros precitados; de igual forma, se advierte que expuso las razones por las que en su criterio se configura el delito en cuestión. (6) Obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Al respecto, es oportuno puntualizar que, en el nuevo sistema penal acusatorio, para el dictado de una orden de aprehensión no es necesario que existan pruebas formalizadas, esto es, desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndolo por el requisito de que los datos de prueba establezcan el hecho que se imputa a una persona, el lugar, tiempo, circunstancias de ejecución y la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su ejecución. Datos que deberán verbalizarse al momento de la solicitud de la orden de aprehensión, pues el artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es claro en establecer que el fiscal deberá hacer una relación precisa de los hechos atribuidos al indiciado, sustentada en los registros correspondientes, lo cual en el presente caso se encuentra satisfecho en términos de lo plasmado en el apartado que antecede. Es decir, para el dictado de una orden de aprehensión debe contarse con datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley establece como delito y que existe la posibilidad de que el imputado lo realizó o participó en él. 21 de 35 Al respecto, por analogía, es aplicable la jurisprudencia 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones ´comprobar´ por ´establecer´ y ´cuerpo del delito´ por ´hecho que la ley señala como delito´, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de ´pruebas´ ni se exige ´comprobar´ que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las 22 de 35 partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado ´cuerpo del delito´, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. También sirve de apoyo la tesis XV.3o.3 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, página 2320, de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un 23 de 35 resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. En el caso, de acuerdo con lo establecido en el apartado que antecede, así como en la resolución reclamada, existen datos de prueba que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que una persona engañando a otra o aprovechándose del error en que ésta se encontraba, alcanzó un lucro indebido en beneficio de un tercero -en el caso la empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual es propietario del 50% de las acciones-, con valor superior a setecientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Datos de prueba a los que el juez de control les concedió valor jurídico, lo cual es acorde con los parámetros establecidos en los artículos 259 y 265 del Código Nacional 24 de 35 de Procedimientos Penales, con base en los cuales consideró establecido que: El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las catorce horas, en un lugar llamado Expodiseño, ubicado en Paseo Tabasco número 1101, de la colonia Jesús García, de Villahermosa, Tabasco, se reunieron el ahora quejoso y la aludida víctima con otras personas, entre ellas Félix Alberto Schnabel Suárez, en donde ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía un contrato, fallo o adjudicación, mismo que le exhibieron, en donde constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco, y que el investigado era socio o dueño de la Empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable; ********** le dijo a Alejandro Castelán García, que tenía relaciones y amistades con la empresa petrolera Perenco y que por eso tenía esa licitación, que consistía en que le iban a suministrar medicamentos y misceláneos a la referida empresa y que esto era por un monto de siete millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, pero necesitaba la inversión de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, asegurándole el investigado que vería la inversión y la ganancia en cuarenta días; La ganancia que le prometieron fue el 80% de la utilidad neta, es decir, de la suma de tres millones 25 de 35 novecientos veinticinco mil doscientos ochenta y cinco pesos con sesenta centavos; Con motivo de lo anterior, Alejandro Castelán García solicitó el préstamo a Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitando que el depósito se hiciera a la cuenta bancaria de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, perteneciente al investigado; La transferencia de la precitada suma fue realizada el uno de marzo de dos mil veintiuno, según comprobante electrónico de pago spei, de la cuenta 08806200087 de Scotiabank, a la cuenta clabe 014790655071817708 de Santander, cuya recepción adujo el ofendido fue confirmada por el aludido investigado; Vencido los cuarenta días el agraviado aduce que el investigado comenzó a darle evasivas. Por ello, en los meses de agosto y septiembre de dos mil veintiuno, Alejandro Castelán García se comunicó a la empresa Perenco, en donde le informaron que no tenían conocimiento ni como proveedor a **********, ni a su empresa. Al respecto, el juez de control consideró que lo anterior fue corroborado con el escrito de querella verbalizado y las referencias que del mismo realizara el fiscal, así como con el contrato de apertura de crédito simple sin garantía prendaria, de veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, 26 de 35 celebrado por Luis Fernando Castelán Casados, en su carácter de Administrador Único de la empresa Proveedora de Servicios Materiales Castelán, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Alejandro Castelán García, en cuya cláusula primera la acreditante se comprometió a ceder al acreditado la suma de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, para la inversión de capital relacionada con los hechos anteriormente descritos; lo cual se estableció fuera directamente depositada a la cuenta a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, anteriormente precisada. En relación con ello, también tomó en consideración el comprobante electrónico de pago (spei) de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se hace constar la transferencia del monto de dos millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro pesos con setenta y tres centavos, en los términos indicados previamente. Asimismo, el juez de control le dio valor probatorio a la entrevista de Félix Alberto Schnabel Suárez, persona que de acuerdo a lo verbalizado por el fiscal, se reunió con el investigado ********** y Alejandro Castelán García, cuya declaración se dijo coincide con lo declarado por el ofendido. Con la entrevista de Luis Fernando Castelán Casados, de nueve de marzo de dos mil veintiuno, el juzgador dijo que se corrobora el préstamo y la trasferencia apuntada. 27 de 35 De igual forma, con el acta constitutiva de la empresa Suministros y Obras del Golfo, adujo que se demuestra que el investigado es propietario de ciento cincuenta de trecientas acciones que comprende el total de la referida sociedad mercantil. Con el escrito de veinte de mayo de dos mil veintidós, signado por Salvador Eduardo Guerrero Vinuesa, apoderado legal de la empresa Perenco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el juez de control consideró que se acredita lo dicho por la víctima, ya que aquél manifestó que, de la búsqueda en los registros de la aludida empresa no encontró ningún registro a nombre de Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, que tuviera alguna negociación, licitación, pagos, alta o contratos de obra alguna a favor de la misma o con el investigado, durante los años 2020 y 2021; que la empresa que representa no se dedica al suministro de medicamentos a empresas particulares o gubernamentales o alguna subcontratación, sino que su giro es la extracción, explotación y comercialización de hidrocarburos. De ahí que, como se dijo, es correcta la decisión del juez de control, porque efectivamente obran datos de prueba que razonablemente permiten establecer, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que probablemente ********** lo cometió o participó en su comisión, valiéndose para ello de un contrato, fallo o adjudicación, mismo que exhibió al ofendido Alejandro Castelán García, en donde supuestamente constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco para el suministro de medicamentos y 28 de 35 misceláneos, lo cual fue desmentido por el representante legal de ésta. El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella. Como se advierte de la audiencia de siete de junio de dos mil veintidós, relacionada con la carpeta administrativa 1063/2022, el juez de control emitió la orden de aprehensión el mismo día en que le fue peticionada, con apoyo en los datos de prueba señalados anteriormente, estableciendo que se actualizaba el presupuesto previsto para ese efecto en el artículo 16 constitucional, porque en su criterio los hechos referidos encuadran en la hipótesis prevista en el numeral 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco. (8) La determinación se encuentre fundada y motivada. Por las consideraciones expuestas anteriormente, esta juzgadora concluye que dicho requisito se encuentra satisfecho, ya que el juez de control, además de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas en los artículos 16 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Expuso las consideraciones por las que estimó que los datos de prueba verbalizados por la representación social resultaban aptos y suficientes para revelar que se realizaron los hechos señalados por la ley como delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 190 fracción IV, del 29 de 35 Código Penal del Estado de Tabasco; así como que probablemente el investigado, ahora quejoso, lo cometió o participó en su ejecución en los términos precisados anteriormente. Aunado a lo expuesto, es jurídicamente válida la decisión del juez de control de tener por justificada la necesidad de cautela, ya que coincidió con el fiscal de que hay peligro de sustracción del investigado, debido a la pena elevada, el monto de la reparación del daño y al hecho de que no tiene arraigo en esta ciudad, lo cual estableció con base en los informes de la Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, así como en la razón del notificador de ese juzgado, de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, quien se constituyó en el domicilio que tiene registrado en la carpeta de investigación, ubicado en calle Camino Real número 991, del fraccionamiento Puerta Real o Puerto de Hierro Country, en donde no le permitieron el acceso y le informaron que en la base de residentes no lo tienen registrado y que la casa marcada con el número 91 no vive nadie desde hace mucho tiempo. Lo cual se dijo fue corroborado con el informe del policía Carlos Mario Malpica Magaña, quien se constituyó en el referido domicilio, en donde no le permitieron el acceso y el vigilante le dijo que en la casa de referencia no vive nadie y no aparecen en la base de residentes. Por lo que esta juzgadora considera que la orden de aprehensión reclamada, satisface los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, sin que se advierta de oficio 30 de 35 violación alguna a los derechos fundamentales del quejoso que deban ser subsanados. En las relatadas circunstancias, es infundado el motivo de inconformidad en el que el impetrante refiere que no se da el elemento de engaño que exige el delito de fraude, porque en su consideración no le dijo ninguna mentira al que se dice agraviado, ya que el apoyo que le solicitó fue para invertir en un negocio, donde la víctima tuvo tiempo para decidir si le entraba al negocio, ya que también es empresario, por ello sabía de los riesgos al realizar una inversión en donde puede o no haber utilidad. Ello, porque de acuerdo con lo expuesto, el juez de control consideró que el hecho que se le imputa encuadraba en la hipótesis jurídica prevista en el artículo 190 fracción IV, del Código Penal del Estado de Tabasco, al haber empleado el investigado un contrato, fallo o adjudicación, mismo que exhibió al ofendido Alejandro Castelán García, en donde supuestamente constaba que había ganado una licitación de la empresa Perenco para el suministro de medicamentos y misceláneos, lo cual se estableció fue desmentido por el representante legal de ésta. Sin perder de vista que para el dictado de una orden de aprehensión el estándar probatorio es mínimo, porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión. 31 de 35 Aunado a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 87/2016,8 al examinar el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, estableció que dicho texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Consideró que, acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. 8 Que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Penal, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 360, con número de registro 2014800, de rubro AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). 32 de 35 Estimó que, con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exige que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, esta juzgadora considera que para dictar una orden de aprehensión y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. De igual forma, es infundado el concepto de violación en el que aduce el impetrante que estamos en presencia de un acuerdo de voluntades, pues solicitó a la víctima que fungiera como inversionista quien aceptó el trato; por tanto, como a él no le cumplieron, el agraviado tampoco recibió las utilidades ni el capital invertido, por lo que considera el impetrante que tal hecho no puede estimarse como prueba apta y suficiente que respalde esa astucia para tramar el error; en todo caso se estaría en presencia de incumplimiento de un negocio de naturaleza civil que puede demandarse en otra instancia. No le asiste la razón al quejoso, porque independientemente de que la parte ofendida haya exteriorizado su voluntad de invertir en el negocio que le propuso, los hechos que se le imputan e investigan se relacionan con la forma en la que obtuvo ese consentimiento para alcanzar un lucro indebido en beneficio de un tercero - en el caso la empresa Suministros y Obras del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual es propietario del 50% de las acciones-, con valor superior a setecientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En las relatadas circunstancias, se niega al impetrante el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, respecto del acto reclamado y las autoridades señaladas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

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